Luego de que el Impuesto Específico a la Actividad Minera, más conocido como Royalty quedara listo para ser Ley, desde el gremio que agrupa a empresas de una de las zonas con mayor dependencia económica de la actividad minera surgieron varias críticas a esta iniciativa.
Así lo expresó Matías González, presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de la Comuna de Salamanca (ACESA), para quien, si bien ya no hay incertidumbre con respecto a la ley, esta normativa podría afectar de manera negativa a la economía regional.
“Tener la ley de royalty aprobada permite eliminar la incertidumbre, lo que hará que las compañías avancen o frenen sus proyectos ya aprobados internamente. Sin embargo la alta tasa impositiva total que contempla la ley va a impactar negativamente la economía local y regional al desincentivar la inversión para proyectos estructurales, necesarios para generar empleos y mantener las actuales faenas en operación. Esto último se traduce en menos trabajos y menos inversión para comunas como Salamanca y otras decenas de comunas mineras en el país”, advirtió el dirigente.
La Ley de Royalty establece la carga tributaria de los explotadores mineros, tomando en cuenta las toneladas métricas de cobre fino (TMCF), y quienes tengan ventas menores a un 50% de cobre, conservarán la tributación actual.
Por otra parte, la normativa indica que los explotadores que tengan una producción menor a 80.000 TMFC anual tendrán una carga tributaria potencial máxima de 45,5%, y para el resto será de 46,5%.
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