El tribunal determinó falta de servicio de Gendarmería al no impedir el ingreso y circulación de armas blancas al interior del penal. El Estado deberá pagar $65 millones a la familia de la víctima.
Un duro revés judicial sufrió el Estado luego de que el Tercer Juzgado de Letras de La Serena condenara al fisco a pagar $65.000.000 de indemnización a la familia de un recluso que murió tras ser apuñalado al interior del Complejo Penitenciario de Huachalalume, en marzo de 2023.
La sentencia estableció que Gendarmería de Chile incurrió en una falta de servicio, al no adoptar las medidas de control necesarias para impedir que un interno dispusiera de un arma blanca dentro del recinto penitenciario, situación que terminó desencadenando el ataque mortal.
En el fallo, la magistrada Cecilia Rojas Nogerol concluyó que el organismo responsable del penal no cumplió con su deber de resguardo, permitiendo que el arma que provocó la agresión estuviera disponible dentro de la población penal.
“Si Gendarmería hubiese desplegado las medidas de control y fiscalización que le son exigibles en virtud de sus atribuciones institucionales y su deber de resguardo, habría sido posible impedir que un interno dispusiera del arma cortopunzante que generó la agresión excesivamente lesiva que culminó en el fallecimiento”, señala la resolución judicial.
El tribunal sostuvo además que la omisión del organismo fue determinante para que el ataque se concretara.
“La omisión atribuida consistente en no evitar la presencia y disponibilidad de armas blancas entre la población penal se erige como condición necesaria del resultado dañoso, pues sin dicha omisión el ataque no habría podido perpetrarse con el instrumento que le otorgó su carácter letal”, agrega el fallo.
La justicia también acreditó el profundo daño emocional sufrido por la familia de la víctima, basado en las declaraciones testimoniales presentadas durante el proceso.
Según la sentencia, quedó plenamente probado que los familiares experimentaron angustia, sufrimiento y aflicción, lo que justificó la indemnización por daño moral.
De esta forma, el tribunal ordenó al fisco pagar las siguientes compensaciones:
$20.000.000 para la madre de la víctima
$15.000.000 para el padre
$5.000.000 para la hermana
$5.000.000 para la pareja
$20.000.000 para la hija
La demanda fue acogida parcialmente por el tribunal, que declaró la responsabilidad del Estado por la falta de servicio de Gendarmería, al no impedir que armas blancas circularan dentro del penal donde finalmente se produjo el ataque fatal.
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