Tripulantes artesanales piden a la Contraloría intervenir para que se les pague por venta de cuota a la industria

Hasta la Contraloría General de la República llegó el senador Daniel Núñez, junto a dirigentes del Sindicato de Trabajadores Independientes de Tripulantes Artesanales Cerqueros de la Región de Coquimbo, para reunirse con la titular Dorothy Pérez y solicitarle un pronunciamiento que obligue a fiscalizar el pago que corresponde a los tripulantes cuando se venden cuotas de pesca a la industria.

La acción se fundamenta en antecedentes que evidencian un incumplimiento reiterado del artículo 55 N de la Ley General de Pesca y Acuicultura, el cual establece que los trabajadores deben recibir una parte de los ingresos generados por la cesión de cuotas pesqueras. El documento ingresado ante Contraloría advierte que, pese a que estas operaciones generan importantes ingresos para los armadores, los tripulantes no han recibido el pago que les corresponde, generando un perjuicio económico directo y sostenido en el tiempo .

El director del sindicato, Eduardo Calderón, explicó que esta situación se arrastra desde hace años en la región:

“Es una venta de cierta cantidad de toneladas de pesca que tienen los armadores, cerco de pesca en la Región de Coquimbo. El problema principal es que esto se ha hecho de años atrás y ahora recién nosotros hicimos las consultas sobre la parte que nos debe tocar a nosotros que se tiene que pagar y eso no se ha hecho nunca. Entonces recién ahora se está incluyendo al pescador artesanal, tripulante de las embarcaciones, para que se le pague lo que corresponda con respecto a la venta”.

El dirigente agregó que, si bien los armadores sí han recibido pagos por estas cesiones, los tripulantes han sido excluidos:

“Esta cuota se vende a la industria. Entonces por esta cesión de pesca se paga una cantidad de dinero y nosotros, los armadores sí recibían el dinero, pero nosotros no recibíamos nada con respecto a las cesiones anteriores y a esta última que se está haciendo. Nosotros con el senador que nos ha apoyado vamos a recibir parte del pago que se está haciendo a ciertos tripulantes, pero no como debiera ser legalmente”.

Por su parte, el senador Daniel Núñez señaló que la presentación busca corregir un vacío de fiscalización que ha permitido este incumplimiento:

“Junto al sindicato de trabajadores tripulantes artesanales de la Región de Coquimbo, hemos solicitado y tenido una reunión con la Contraloría General de la República, Dorothy Pérez, para plantear la necesidad que la Contraloría se pronuncie y establezca el deber que tiene el Servicio Nacional de Pesca de fiscalizar y asegurar que cada vez que se hace una cesión de derechos o una venta desde el sector artesanal, de cuotas de pesca a la industria pesquera se pague la parte que corresponde a los tripulantes artesanales”.

Asimismo, enfatizó que se trata de un problema estructural que afecta la equidad en el sector:

“Acá hay un negocio que genera ganancias para los armadores y la ley estipula claramente que ante esa situación debe también verse beneficiado el tripulante. Eso no se ha respetado desde hace muchos años en la Región de Coquimbo y queremos generar el precedente de que las leyes están para cumplirse”.

El documento ingresado advierte que actualmente no existen mecanismos efectivos de verificación ni fiscalización del pago a tripulantes en estas operaciones, lo que ha permitido que se materialicen cesiones de cuotas con beneficios económicos que no se distribuyen a los trabajadores. Por ello, se solicitó a la Contraloría emitir un dictamen que establezca con claridad que el pago a tripulantes es una obligación legal, que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura debe fiscalizar su cumplimiento y que dicha fiscalización debe incluir la cadena de pagos asociada a estas operaciones.

Finalmente, el senador Núñez subrayó que esta acción busca sentar un precedente en favor de los trabajadores del sector:

“La distribución de los recursos pesqueros tiene que hacerse de forma equitativa, con un sentido de justicia social y en el marco de la legalidad que rige en Chile”.