Gobierno responde a críticas por Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades

Desde el Ejecutivo señalaron que la herramienta apunta a prevenir daños a la infraestructura y reforzar la seguridad de los vecinos, descartando cualquier carácter discriminatorio. “No es una lista negra: es una herramienta para proteger a las familias y sancionar actos vandálicos”.

El Seremi de Gobierno de la Región de Coquimbo, Darwin Cortés, señaló que la iniciativa no busca perseguir ideas ni manifestaciones pacíficas, sino establecer reglas claras frente a hechos de violencia, destrucción de bienes públicos y daños a la infraestructura que afectan directamente a la comunidad.

Ante las declaraciones realizadas por el diputado Bernardo Salinas respecto al proyecto que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades, el vocero regional de Gobierno sostuvo que la propuesta apunta a fortalecer el orden público, proteger los espacios comunes y entregar mayor seguridad a las familias.

“En Chile el derecho a manifestarse pacíficamente está plenamente garantizado y eso no está en discusión. Lo que este proyecto busca es enfrentar los actos vandálicos, la destrucción de bienes públicos, daños a infraestructura y conductas que terminan afectando directamente a vecinos, comerciantes, estudiantes y trabajadores”, afirmó Cortés.

En esa línea, la autoridad regional enfatizó que la iniciativa no está dirigida contra opiniones políticas ni contra el legítimo derecho a manifestarse, sino contra hechos concretos de violencia o vandalismo.

“No se trata de perseguir ideas ni opiniones políticas. Se trata de que quienes cometen actos de violencia o vandalismo respondan ante la ley, con reglas claras y debido proceso. La protesta pacífica se respeta; la violencia y la destrucción no pueden normalizarse”, agregó.

Asimismo, el Seremi indicó que calificar la iniciativa como una “lista negra” no refleja el sentido del proyecto, cuyo objetivo es proteger a las familias, al comercio, a los servicios públicos y a todos quienes se ven afectados cuando una manifestación deriva en hechos de violencia o destrucción.

“Como Gobierno tenemos el deber de garantizar derechos, pero también de resguardar el orden público, la seguridad y el respeto por los espacios comunes. Ese equilibrio es fundamental para una convivencia democrática”, concluyó Cortés.