Las emergencias tienen una particularidad: no distinguen entre comunas, actividades económicas ni colores políticos. Cuando la naturaleza golpea con fuerza, lo primero que queda en evidencia es la vulnerabilidad de un territorio. Pero también aparece algo igual de importante: la capacidad que tenemos para responder juntos.

Eso volvió a ocurrir en la Región de Coquimbo.

El sistema frontal dejó miles de viviendas afectadas, caminos dañados, localidades aisladas y una fuerte presión sobre la agricultura, el comercio, el turismo y las familias que vieron alterada su vida en cuestión de horas. Frente a una situación de esa magnitud, la prioridad nunca puede ser otra que proteger a las personas y recuperar, lo antes posible, las condiciones para que la región vuelva a ponerse en marcha.

Ese esfuerzo comenzó incluso antes de que llegaran las lluvias y continuó durante toda la emergencia. Hubo coordinación entre servicios públicos, municipios, equipos de emergencia, policías, Fuerzas Armadas y cientos de funcionarios que estuvieron en terreno cuando más se les necesitaba. A ello se sumó el trabajo para restablecer la conectividad, levantar los catastros de afectación, mantener albergues para las familias damnificadas, apoyar a los sectores productivos y avanzar en medidas como la declaración de emergencia agrícola y las reuniones con representantes del comercio y el turismo para abordar la recuperación.

Por supuesto, siempre habrá espacio para revisar lo que pudo hacerse mejor. Esa es una obligación de cualquier Gobierno y también una exigencia legítima de la ciudadanía. Pero sería un error quedarnos solo en ese debate. Hoy la tarea es otra: impulsar la recuperación de la Región de Coquimbo.

Eso significa reestablecer infraestructura, apoyar a quienes perdieron parte de sus fuentes de ingreso, acelerar la reposición de servicios y entregar soluciones habitacionales donde sean necesarias. Significa también fortalecer la capacidad de respuesta del Estado y prepararnos mejor para eventos climáticos que, lamentablemente, serán cada vez más frecuentes.

Nuestra Región de Coquimbo ha enfrentado antes sequías, terremotos, incendios y otros temporales. Siempre ha encontrado la manera de salir adelante porque, cuando las circunstancias lo exigen, demuestra que siempre la solidaridad pesa más que la adversidad.

Ese es el desafío que hoy tenemos por delante. No volver al punto en el que estábamos antes del temporal, sino aprovechar este proceso para recuperar con más fuerza nuestra actividad, fortalecer nuestras comunidades y prepararnos para el futuro. Esa tarea requiere tiempo, compromiso y unidad. Tengo la seguridad de que, trabajando juntos, volveremos a demostrar que ninguna emergencia es más grande que la voluntad de una región que sabe levantarse.

Darwin Cortés Palma, Seremi de Gobierno

Transformar el régimen de patentes es sembrar condiciones para más  exploración y producción, más empleo regional y mayor recaudación  futura. Avancemos con decisión y sin demora: dar garantías a los mineros  y recuperar el dinamismo de la industria es más desarrollo, más empleo  y más bienestar para Chile y para todos nuestros compatriotas.

Mara Sedini Viancos, Ministra Secretaria General de Gobierno

Durante los últimos años, la economía chilena ha crecido menos de lo necesario, y Coquimbo ha resentido ese freno. Entre 2013 y 2025, el crecimiento promedio del PIB regional fue de apenas 1,4%. Detrás de esa cifra hay miles de personas que siguen esperando mejores oportunidades: más de 35.000 buscan trabajo, 124.000 trabajan sin contrato ni previsión y seguimos por debajo de los niveles de empleo antes de la pandemia.

Pensando en todos los chilenos, impulsamos el Proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social porque sabemos que el crecimiento económico sigue siendo la herramienta más efectiva para mejorar los salarios, fortalecer el empleo y ampliar las oportunidades para millones de chilenos.

Los beneficios de este proyecto se traducirán en más oportunidades para la región. Más de 102.000 trabajadores serán favorecidos por el crédito tributario al empleo formal. A ello se suma la reducción del Impuesto de Primera Categoría para más de 10.000 empresas ProPyme, con impacto en casi 60.000 trabajadores. Y la agilización de permisos permitirá que 14 proyectos hoy detenidos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental ¾que acumulan 311 días promedio de tramitación¾ puedan movilizar 3.592 millones de dólares y generar hasta 7.159 empleos.

Frente al déficit de más de 19.000 viviendas, la exención transitoria del IVA permitirá movilizar el stock disponible. Y damos un paso de justicia con nuestros adultos mayores: 11.596 propietarios mayores dejarán de pagar contribuciones por su primera vivienda.

Que en La Serena, Coquimbo, Ovalle, Illapel y en cada partede la región el crecimiento vuelva a traducirse en oportunidades para todos. Estamos trabajando por una Región de Coquimbo próspera.

Hoy esa realidad es más urgente que nunca. Vivimos más años, la población envejece aceleradamente, baja la tasa de fertilidad y cambian las estructuras familiares, mientras más mujeres se incorporan al mercado laboral. El resultado es lo que se conoce como “crisis de los cuidados”: aumenta la demanda y disminuye la disponibilidad de personas para asumir esa tarea en soledad. Y ante una urgencia social de esta magnitud, el país no puede seguir respondiendo solo con sacrificio individual.

Por eso, la promulgación de la Ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida, es un paso histórico y, sobre todo, una definición de justicia. Es también una política de gobierno impulsada por el Presidente Gabriel Boric: una apuesta estructural por reconocer un derecho y construir una red pública que sostenga la vida cotidiana. La ley reconoce el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, y establece deberes concretos del Estado para avanzar, de manera gradual y progresiva, hacia una oferta adecuada, necesaria y suficiente de apoyos para las labores de cuidado.

Este cambio de enfoque importa porque ordena lo que por años estuvo fragmentado. El sistema coordina instituciones, programas y acciones; conecta al Estado con familias, comunidades y también con privados; y permite planificar y supervisar servicios, evaluar lo que funciona y mejorar lo que no. En términos simples: el cuidado deja de depender del azar, del bolsillo o de la red familiar disponible; empieza a construirse como un estándar de dignidad.

En la Región de Coquimbo, esta política se entiende mejor cuando se mira lo concreto. Hoy contamos con cinco Centros Comunitarios de Cuidados en funcionamiento: Illapel, Vicuña, Monte Patria, La Serena y Coquimbo. Están próximos a su inauguración los centros de Paihuano y Los Vilos, y en Ovalle el recinto se encuentra en construcción. Con estas obras, Chile Cuida se consolida con presencia en 8 de las 15 comunas de nuestra región. Y eso es clave, porque el cuidado no ocurre en abstracto: ocurre en el barrio, en el campo, en la población, en la casa donde alguien lleva años postergando su descanso, su salud mental o su trabajo.

Los Centros Comunitarios de Cuidados son una expresión nítida del cambio: acercan apoyo, orientación y respiro; ayudan a combatir el aislamiento; y reconocen que cuidar no puede seguir siendo una carga silenciosa que se paga con tiempo, salud y oportunidades. Una ley no resuelve por sí sola la desigualdad, pero sí define qué considera valioso un Estado. Y esta ley dice algo esencial: que el cuidado importa, que la dignidad de quienes requieren apoyos importa, y que quienes cuidan merecen reconocimiento y mejores condiciones.

Chile Cuida no es un gesto simbólico: es un giro de Estado que comienza a saldar una deuda histórica. Como región, y como país, tenemos el desafío de hacer del cuidado una tarea compartida, con corresponsabilidad social y de género, y con presencia territorial. Porque cuando el cuidado se reconoce y se organiza, no solo cambia la vida de quienes cuidan o de quienes necesitan apoyo: cambia el tipo de sociedad que decidimos ser.

Por Paulina Mora, Seremi de Gobierno de la Región de Coquimbo

Por Andrés Vera Oetiker, director regional del Instituto de Seguridad Laboral.

Las ciudades de Coquimbo, La Serena y Ovalle conforman el eje urbano y productivo más dinámico de la Región de Coquimbo, donde a diario miles de personas transitan por sus vías por motivos laborales, educacionales, familiares o comerciales. Sin embargo, las mismas rutas que nos conectan también concentran los mayores peligros viales de la región, de los cuales tenemos que estar en permanente alerta.

Según la Información Estadística de Siniestros de Tránsito (CONASET, 2024), La Serena y Coquimbo registraron el mayor número de siniestros de tránsito, con 1.169 y 984 respectivamente, además de 12 y 14 personas fallecidas. No obstante, es Ovalle la comuna que presenta el escenario más preocupante, con 16 víctimas fatales y solo 299 siniestros, es decir, cuatro veces menos eventos que La Serena, pero con una mayor letalidad. En términos generales, el balance regional muestra una disminución tanto en la cantidad de accidentes como en las personas fallecidas durante 2024 en comparación con 2023, un dato positivo que, sin embargo, no puede llevarnos a bajar la guardia.

Al analizar los antecedentes entregados en noviembre por la SIAT de Carabineros, las víctimas fatales por siniestros viales aumentaron en un 62%, alcanzando 97 personas fallecidas, frente a las 60 contabilizadas a igual fecha del año anterior. Este incremento se produce, de manera paradójica, en un contexto donde la cantidad total de accidentes ha disminuido en un 4%, lo que confirma que actualmente los siniestros son menos frecuentes, pero considerablemente más graves.

Preocupa especialmente el aumento de motociclistas fallecidos —de 3 a 10 víctimas— y de peatones, cuyas muertes crecieron en un 60%, pasando de 10 a 16 casos, principalmente por cruces en lugares no habilitados. Al respecto, la experiencia investigativa de la SIAT de Carabineros es clara y contundente al indicar que el 98% de los accidentes su causa está asociada a la conducta humana. Entre los principales factores de riesgo se encuentra la velocidad imprudente, distracción al volante, consumo de alcohol o drogas con un alza del 56% en positividad y/o peatones cruzando por lugares no habilitados.

En este escenario, la campaña “Viaje Protegido 2025”, impulsada por la Dirección Regional de Coquimbo del Instituto de Seguridad Laboral (ISL), cobra especial relevancia. La seguridad vial no es solo una tarea policial o normativa, sino una responsabilidad social, laboral y personal, especialmente cuando miles de trabajadoras y trabajadores se desplazan a diario como conductores, copilotos o pasajeros, expuestos a riesgos físicos, ergonómicos y psicosociales.

Conducir con responsabilidad implica respetar las señales del tránsito, planificar los trayectos, respetar los límites de velocidad, evitar el uso del teléfono móvil, mantener el vehículo en buen estado y, sobre todo, comprender que la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas no es compatible con la vida. Además, supone conocer los derechos y deberes que entrega el Seguro Social. Ante un accidente de trayecto, se debe realizar la Denuncia Individual de Accidente de Trabajo (DIAT) dentro de 24 horas y solicitar atención médica inmediata en un prestador en convenio con el ISL.

Estas decisiones pueden marcar la diferencia entre llegar o no a destino y entre recibir o no una atención oportuna tras un siniestro. Por ello, desde el ISL hacemos un llamado a las personas trabajadoras a cuidarse y a conocer el Seguro Social que las protege, fortaleciendo una cultura preventiva en los entornos viales, donde cada desplazamiento esté guiado por la prudencia, el respeto y la conciencia del riesgo.

Viajar protegido es un compromiso diario, porque siempre hay alguien esperando en casa y ningún apuro justifica una vida. Más información en www.isl.gob.cl/accidente-de-trabajo-o-trayecto/.

En los últimos días, proveedores del servicio de camiones aljibe advirtieron que suspenderán la entrega si la Delegación Presidencial Regional no regulariza pagos atrasados. Desde el 1 de octubre, sectores rurales de La Serena, La Higuera, Andacollo y Las Cardas podrían quedar sin suministro. Se trata de apenas 350 litros semanales por familia, el mínimo para beber, cocinar e higienizarse. La ecuación es brutal, si el Estado no paga, el agua no llega.

Este episodio no es una simple disputa financiera, es la expresión de un diseño institucional precario. Lo que nació como paliativo frente a sequías excepcionales se ha transformado en una política crónica de abastecimiento. Emergencia hecha rutina. La continuidad depende de burocracias que no pagan a tiempo y de deudas opacas, mientras comunidades rurales terminan pagando más por un servicio caro, discontinuo y con mínima transparencia.

En lo político, los relatos son contrapuestos. Autoridades aseguran que “se está regularizando”; los proveedores responden “no podemos operar sin cobrar”; y las comunidades reclaman “agua hoy, no explicaciones”. Cada retraso erosiona confianza y concentra el mercado en pocas empresas con espalda financiera, marginando a operadores locales y debilitando la competencia.

El problema es estructural. Hay demasiados actores, públicos y privados, sin coordinación real. La normativa (Código de Aguas, Ley de SSR, decretos sanitarios) fue diseñada para tiempos normales, no para crisis prolongadas. Falta un marco que asegure continuidad mínima y transparencia obligatoria.

El caso de Coquimbo refleja procesos más amplios. A nivel global, las “emergencias permanentes” se repiten frente al cambio climático. En Latinoamérica, Lima o Ciudad de México muestran que los más pobres pagan más por el agua de camión que quienes acceden a red. En Chile, Petorca o Malleco ya han sufrido deudas millonarias y dependencia crónica del aljibe. Coquimbo no es excepción, es espejo.

Medidas mínimas serían publicar mensualmente deudas y pagos, crear un fondo regional de liquidez para servicios vitales, establecer cláusulas de continuidad en contratos y generar una ventanilla única hídrica con plazos vinculantes. En simple, que cada familia pueda entrar a una web y saber si tendrá agua la próxima semana.

La imagen final es clara, una familia midiendo litros, pendiente de si el Estado paga. No se trata de camiones, sino de garantías y confianza. Coquimbo tiene la oportunidad de mostrar que no aceptará vivir en emergencia eterna. La pregunta es inevitable ¿seremos capaces de pasar del parche a derecho  garantizado?

La Región de Coquimbo atraviesa un momento decisivo para transformar su dinamismo minero en un crecimiento sostenible. En el trimestre diciembre 2024 a febrero 2025, el sector minero generó 4.470 nuevos empleos, alcanzando un total de 41.781 ocupados y registrando un crecimiento interanual del 12 %, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Esto posiciona a la minería como el segundo mayor empleador regional, con un 10,9 % del total, y ha contribuido a reducir la informalidad laboral en 6,4 puntos porcentuales, situándola en un 29,6 %. A nivel macroeconómico, el Producto Interno Bruto regional creció un 3,5 % durante 2023, siendo la minería el principal motor, seguida por los servicios y la industria manufacturera, de acuerdo con el Banco Central de Chile. Esta tendencia fue aún más marcada en el tercer trimestre del mismo año, donde la región creció un 3,9 % gracias al impulso combinado del sector minero y los servicios.

Este contexto favorable se explica por la combinación de operaciones consolidadas y proyectos en desarrollo que reactivan empleo, producción y demanda de servicios. Minera Los Pelambres, con su proyecto INCO y la planta desaladora inaugurada en 2024, representa un modelo de adaptación hídrica de largo plazo. El Espino, de Pucobre, iniciará operaciones en 2027 con una inversión de US$ 490 millones y una proyección de 26 mil toneladas de cobre y 13 mil onzas de oro anuales. A ello se suman la reactivación de Minera Tres Valles clave para la pequeña minería, CMP con Minas El Romeral, el puerto Cruz Grande aún en espera de autorización marítima, y proyectos nuevos como Arqueros en Elqui. Este ecosistema productivo, diversificado entre cobre, hierro y oro, ofrece una base para pensar no solo en crecimiento de producción, sino también en fortalecimiento del valor agregado regional.

Sin embargo, el verdadero salto de escala no vendrá solo de aumentar la extracción, sino de cómo se gestione el entorno que habilita esa producción. Hoy la región carece de infraestructura compartida que permita reducir costos operativos y acelerar proyectos. La desalación, por ejemplo, sigue desarrollándose de forma fragmentada: cada faena planifica su propio sistema, sin una lógica territorial de uso común, lo que eleva la inversión unitaria y reduce la eficiencia. Una infraestructura de agua compartida similar al sistema troncal eléctrico permitiría disminuir el CAPEX de nuevos proyectos, bajar los costos de operación y mejorar la sostenibilidad hídrica del territorio. Lo mismo aplica al sistema energético, donde la alta congestión en horas punta en la zona norte limita la flexibilidad operativa de muchas faenas. Avanzar en soluciones colectivas de almacenamiento y gestión de carga minera no es solo deseable, sino urgente para evitar que la expansión minera se vea restringida por falta de infraestructura crítica.

Otro eje central es el desarrollo de proveedores especializados. Hoy, una parte importante de los servicios estratégicos como mantenimiento predictivo basado en inteligencia artificial, automatización de procesos, operación de plantas de agua y digitalización de plantas concentradoras se contrata fuera de la región. Esto representa una fuga de valor que podría convertirse en empleo calificado, ingresos tributarios locales y nuevas capacidades tecnológicas si se logra fortalecer el tejido de empresas proveedoras regionales. Si se eleva el contenido local del 38 % actual a un 55 % en cinco años, el efecto sobre el PIB regional podría superar los 1,2 puntos porcentuales adicionales, de acuerdo con estimaciones de la Fundación Chile y el Consejo Minero. Esto implica avanzar en formación técnica, certificación de competencias y una política activa de desarrollo de proveedores sofisticados, en alianza con grandes compañías, centros formativos y gobiernos regionales.

En paralelo, la Región de Coquimbo debe redefinir su rol estratégico en el mapa logístico binacional. El paso de Aguas Negras que conecta Coquimbo con San Juan – Argentina, representa una oportunidad histórica para que el puerto de Coquimbo y el futuro Cruz Grande se posicionen como salida natural de exportación para la minería del lado argentino. Esta integración permitiría aumentar los volúmenes de carga, justificar inversiones portuarias de mayor escala y convertir a la región en un nodo clave para el comercio minero del Cono Sur, especialmente en el contexto de creciente demanda asiática por cobre y hierro.

La minería en Coquimbo ha demostrado que puede generar empleo, inversión y crecimiento. El desafío ahora es construir una institucionalidad territorial que no solo extraiga riqueza, sino que retenga y multiplique ese valor. Infraestructura compartida, logística integrada, proveedores especializados y visión binacional son las piezas que faltan para consolidar un modelo de desarrollo con bases productivas, sostenibles y resilientes. El momento es ahora, y la decisión ya no es técnica: es estratégica y profundamente territorial.

Karla Rivera Aguilera, académica Universidad Central sede Región de Coquimbo. En la formación inicial docente, cada vez toma más fuerza la necesidad de transitar desde metodologías tradicionales hacia enfoques pedagógicos que articulen el aprendizaje académico con el compromiso social. En este contexto, la metodología de Aprendizaje y Servicio (A+S) surge como una valiosa herramienta para formar profesionales integrales, especialmente en carreras como Educación Diferencial, donde el compromiso con la equidad y la justicia social son pilares fundamentales.

A+S permite a las y los estudiantes aplicar sus conocimientos en contextos reales, colaborando con comunidades o instituciones que enfrentan desafíos concretos relacionados con la mejora de la calidad de vida y el desarrollo integral de las personas y comunidades, desde una perspectiva inclusiva y de equidad educativa. Esta experiencia no solo fortalece las competencias profesionales, también exige una profunda reflexión y compromiso a nivel personal, ético y valórico, generando aprendizajes profundos.

Un ejemplo concreto y valioso de esto lo han protagonizado las estudiantes de quinto año de la carrera de Educación Diferencial, quienes se han vinculado activamente con diversas organizaciones comunitarias —como agrupaciones de personas mayores, colectivos de personas en situación de discapacidad y clubes infantiles— para poner a su servicio el conocimiento técnico adquirido durante su formación. A partir de este relacionamiento, elaboran propuestas de proyectos que responden a necesidades reales del territorio, demostrando que la educación puede y debe tener un impacto directo en la calidad de vida de las personas y comunidades.

Esta experiencia no solo enriquece la formación de nuestras estudiantes, sino que también reafirma una convicción: el conocimiento cobra verdadero sentido cuando es compartido y puesto al servicio del bien común. La posibilidad de diseñar propuestas en conjunto con la comunidad, desde una lógica colaborativa y no asistencialista, permite comprender que la inclusión no se decreta, sino que se construye desde la práctica, la escucha activa y el respeto por los saberes locales.

Frente a un sistema educativo que todavía reproduce barreras, segmentaciones y exclusiones, formar docentes capaces de leer críticamente la realidad y actuar con compromiso se vuelve una urgencia ética y política. Por ello, integrar la metodología A+S en la formación de Educadoras Diferenciales no es solo una estrategia innovadora, sino una responsabilidad con las infancias, las comunidades y el país que queremos construir.

La universidad, al vincularse activamente con el medio, no solo cumple con una función pública, sino que se convierte en un espacio de transformación, donde el conocimiento se construye en diálogo con la realidad. En este proceso, las estudiantes no solo aprenden sobre inclusión, sino que la viven, la sienten y la hacen posible.

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La Cumbre “Democracia Siempre”, organizada en nuestro país, no es un evento más del calendario diplomático. Es una declaración firme de principios, una reafirmación de convicciones que compartimos profundamente desde el Gobierno del Presidente Gabriel Boric: la democracia como proyecto colectivo, como compromiso ético, como instrumento de dignidad y justicia social.
Desde nuestra Región de Coquimbo —diversa, participativa, con una ciudadanía activa— celebramos que Chile haya liderado este encuentro internacional. Porque entendemos que la democracia no solo se defiende desde las instituciones, sino que también se construye desde la base: en los medios comunitarios, en las juntas vecinales, en las aulas, en los territorios rurales y urbanos donde la ciudadanía exige ser escuchada.
Esta Cumbre, que reúne a los mandatarios de Brasil, España, Uruguay y Colombia; ocurre en un momento clave, donde a nivel global vemos surgir amenazas a la convivencia democrática: la desinformación, el extremismo, el crimen organizado, la desigualdad, la polarización. En ese escenario, Chile ha optado por el multilateralismo, el diálogo y los derechos humanos como ejes de su política exterior y de su acción interna.
Esta Reunión de Alto Nivel da continuidad a la primera reunión de la iniciativa “En defensa de la democracia, luchando contra el extremismo” organizada en 2024 por los presidentes de Brasil y España y traza un camino conjunto hacia el próximo hito de esta iniciativa: la celebración de la II reunión en el marco del 80° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se desarrollará en septiembre de este año.
Reafirmamos nuestra convicción de que el fortalecimiento de la democracia debe ir acompañado de una inserción estratégica en el mundo, con soberanía, cooperación y visión de futuro, y este encuentro es una oportunidad clave para consolidar espacios compartidos de reflexión y acción frente a los desafíos contemporáneos de nuestras democracias.
Chile dialoga desde el sur global, se sienta a la mesa con potencias y economías emergentes y plantea con claridad su visión: la democracia no puede ser sacrificada en nombre del orden, ni el desarrollo económico puede desligarse de la justicia social y territorial.
La democracia no es solo una forma de administrar el poder y que no se limita exclusivamente a los procesos electorales, sino que se debe construir día a día desde los territorios como un proyecto colectivo de justicia, de dignidad y de igualdad.
Desde la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno, saludamos esta cumbre y reafirmamos este compromiso con fuerza. En cada fondo concursable, en cada medio regional que recibe apoyo del Estado, en cada comunidad organizada que empuja desde sus territorios, vemos la democracia viva y pulsante.
Porque, como dijo el Presidente Boric en su discurso de apertura: “La política no es solamente buscar estar de acuerdo con quienes piensan parecido. La democracia reconoce el disenso, y se construye con diálogo, responsabilidad y empatía”.
Nuestra tarea como Estado es cuidar esa democracia todos los días, y ofrecer desde Chile una respuesta a las voces del odio y el autoritarismo. Y más aún una propuesta hecha de participación, verdad, justicia, derechos y futuro.

Por Paulina Mora, Seremi de Gobierno – Región de Coquimbo

¿Puede un hospital público obligar a los padres de un recién nacido a vacunarlo contra su voluntad? Esto es lo que recientemente resolvió la Corte de Apelaciones de La Serena al conocer de un recurso de protección interpuesta por el hospital San Pablo de Coquimbo en contra de los padres de un niño recién nacido que se negaban a vacunarlo contra la hepatitis B, la que forma parte del Plan Nacional de Vacunación.

El hospital arguyó que la negativa era ilegal y que afectaba el derecho a la vida del niño. Por su parte, los padres fundaron su rechazo a la vacuna en que les preocupaba los efectos colaterales de ella y su relación con el autismo, sin dar más antecedentes.

La Corte de Apelaciones le dio la razón al hospital, señalando que la negativa era ilegal, al infringir la Convención de los Derechos del Niño, en particular el principio del interés superior de niño y la norma que reconoce el derecho de los niños a las inmunizaciones contra enfermedades prevenibles, así como diversos preceptos legales, como la ley de derechos y deberes de los pacientes (la Ley 20.584) que dispone que todos tienen derecho a negarse a un tratamiento, pero que ello no aplica cuando se ponga en riesgo la salud pública. Respecto a esto último, el Hospital argumentó en su recurso que la no vacunación puede producir daños tanto al paciente como a la población, al no contribuir con el “efecto rebaño” de las vacunas. Agregó además que Ley de Garantías y Protección Integral de la Niñez, la Ley 21.430, señala en su artículo 38 que todos los niños y niñas tienen derecho a la inmunización contra enfermedades prevenibles, sin discriminación alguna.

Al respecto, la Corte expresamente indicó que es “de suma relevancia en el contexto actual, siendo precisamente la madre del niño de autos, migrante, ya que se garantiza que todos los niños, niñas y adolescentes independientemente de su estatus regular o irregular, tengan el mismo derecho a ser vacunados que los niños chilenos”.

El fallo es sin duda una eficaz aplicación de normas internacionales y nacionales relativas a la salud de niños y niñas, reforzando el carácter garante que tiene el Estado sobre los derechos y los deberes respeto a ellos, aun en casos de condición migrante. Pero, sin duda, la resolución del caso se vio facilitada por la falta de efectiva argumentación de parte de los padres, no hubo siquiera respuesta a la petición de información de la Corte. En este sentido una objeción de conciencia más fundada habría podido producir un debate más complejo y que, eventualmente, habría llegado hasta la Corte Suprema. En todo caso, hay que hacer notar que las cortes han, en general, fallado en favor de los deberes de vacunación en contra de las objeciones de los progenitores.