La diputada ofició a la Superintendencia de Pensiones para que revise el envío de un correo electrónico a afiliados y afiliadas sobre los efectos del presupuesto en sus finanzas personales y aclare los límites regulatorios para este tipo de comunicaciones.

La diputada Nathalie Castillo (PC) ofició a la Superintendencia de Pensiones para solicitar una revisión de los contenidos difundidos por AFP Modelo sobre el Presupuesto 2027 del Gobierno, luego de que la administradora enviara a sus afiliados y afiliadas un correo electrónico titulado “¿Por qué el Presupuesto 2027 podría ser relevante para tu bolsillo?”, publicación que también se encuentra disponible en su blog institucional.

El contenido aborda materias como empleo, beneficios sociales, educación, infraestructura y actividad económica, vinculandose con sus posibles efectos en las finanzas personales. Frente a ello, la parlamentaria cuestionó que una administradora de fondos previsionales utilice sus canales de comunicación para abordar una discusión de política pública que trasciende la administración de los ahorros de sus afiliados.

“Es impresentable que, en medio de los cuestionamientos al sistema previsional, AFP Modelo utilice sus canales de comunicación para difundir contenidos que pueden interpretarse como favorables al Presupuesto 2027 del Gobierno. Las AFP administran ahorros obligatorios de las y los trabajadores, no una audiencia cautiva para promover posiciones políticas. Que se preocupen de resguardar las pensiones y responder a sus afiliados, en lugar de intentar influir en el debate público”, señaló Castillo.

El oficio recuerda que la normativa del Sistema de Pensiones somete a regulación de la Superintendencia la publicidad y la información que las administradoras entregan a sus afiliados y al público en general.

Entre otras solicitudes, la diputada pidió información sobre si la Superintendencia ha revisado o fiscalizado la publicación de AFP Modelo y su distribución por correo electrónico. También solicitó precisar los límites para el uso de los datos de contacto de los afiliados en comunicaciones que no estén directamente relacionadas con sus fondos de pensiones, prestaciones previsionales o servicios propios de la administradora.