Un violento asalto ocurrido en pleno centro de Ovalle quedó al descubierto luego que la Fiscalía formalizara a un sujeto acusado de protagonizar un brutal robo con violencia al interior de un centro de distribución de gas.

El hecho se remonta al 25 de noviembre de 2025, cuando el imputado, identificado con las iniciales J.A.R.R., llegó junto a otro individuo hasta un local ubicado en calle David Perry.

Según los antecedentes expuestos en la formalización, el sujeto portaba un arma y no dudó en usar la violencia: golpeó en reiteradas ocasiones a la víctima mientras le exigía abrir la caja registradora, amenazándolo de muerte si no obedecía.

La agresión no terminó ahí. El trabajador fue trasladado a otra oficina del recinto, donde los delincuentes concretaron el robo, llevándose 300 mil pesos en efectivo, tres teléfonos celulares y una máquina para pagos con tarjeta.

Tras cometer el delito, ambos sujetos huyeron del lugar, dejando a la víctima con lesiones de carácter leve, pero con el impacto de haber enfrentado una situación extrema.

La investigación avanzó gracias a una denuncia y al trabajo conjunto de la Fiscalía de Ovalle con Carabineros, específicamente con la unidad especializada OS9, lo que permitió ubicar a uno de los implicados y concretar su detención.

“El imputado fue formalizado y se solicitó la prisión preventiva por constituir su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad”, explicó José Tolosa, abogado de la Fiscalía local de Ovalle.

El tribunal acogió la solicitud y decretó la medida cautelar más gravosa, fijando además un plazo de 60 días para el desarrollo de la investigación.

“De acuerdo al trabajo de análisis criminal e inteligencia policial y en base a la evidencia reunida tras la labor científico técnica de esta unidad especializada, en coordinación con el Ministerio Público, logramos establecer la participación de tres sujetos en el robo con violencia e intimidación que afectó a una tripulación de trabajadores. Mediante el uso de armas de fuego y agresiones contra las víctimas, sustraen la remesa en efectivo que transportaban durante la jornada, para luego huir en un vehículo de alta gama”, señaló el subprefecto Fernando Rojas, jefe de la Brigada Investigadora de Robos La Serena.

Aplicando diversas técnicas de investigación la PDI establece la ubicación del vehículo y la identidad de uno de los antisociales involucrados, de 33 años de edad, que portaba una tobillera telemática por el delito de tráfico de drogas, elemento clave que permite finalmente posicionarlo como imputado en el sitio del suceso y precisar su paradero.

“Con todos los antecedentes reunidos por los detectives y la fiscalía, el Juzgado de Garantía de Vicuña, otorga la Orden de Detención en contra del imputado, por el delito de robo con violencia e intimidación, autorizando la entrada y registro al domicilio donde pernoctaba, incautando también el vehículo que fue usado para cometer el ilícito”, informó el jefe de la Brigada Investigadora de Robos La Serena.

Con los resultados del procedimiento, la Oficina de Análisis Criminal de la Prefectura Elqui, y peritos del Laboratorio de Criminalística Regional continuaron con su labor. A partir de las nuevas evidencias, la PDI logra identificar y ubicar el paradero de los otros dos imputados que participaron en el robo con violencia e intimidación.

Ambos individuos de 22 y 26 años, de nacionalidad chilena, fueron detenidos por los detectives, y uno de ellos es familiar directo del primer detenido. Según los antecedentes de la PDI, al momento de declarar reconocen su participación en los hechos donde están posicionados, cuando golpearon e intimidaron con armas de fuego a la tripulación del camión repartidor de mercaderías y sustrajeron la remesa de la jornada, más de $2.800.000 de dinero en efectivo.

En coordinación con el fiscal del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, SACFI, se logra la orden de detención verbal para el resto de la banda y los tres fueron formalizados por el delito de robo con violencia e intimidación en el Juzgado de Garantía de Vicuña. El tribunal dejó a los tres imputados en prisión preventiva por representar un peligro para la sociedad y fueron autorizados 30 días para el desarrollo de la investigación de la fiscalía, con la unidad especializada de la PDI.