Producto de la masiva llegada de visitantes, personal de la Armada ha realizado estos procedimientos de forma más recurrente. Por ello, autoridades refuerzan el llamado al autocuidado frente al anuncio de marejadas y a utilizar de buena forma el teléfono de emergencias 137

Ya culminada la primera quincena de enero, se va notando el “recambio” de turistas en las playas de la conurbación La Serena-Coquimbo, viéndose gran cantidad de personas que disfrutan del borde costero.

Una masiva presencia de visitantes que ha incidido en el aumento de los rescates costeros. Así lo informó el Gobernador Marítimo de Coquimbo, el Capitán de Navío Jaime Gatica, quien dijo que “tenemos un 13% más de rescates a nivel regional en comparación a las temporadas pasadas, considerando que años anteriores vivimos en medio de la pandemia. Pero hasta ahora, gracias al trabajo conjunto que entre todos hemos planificado, Gobierno, fuerzas de orden y seguridad, municipios y los vecinos, hemos logrado mantener una armonización en la playa sin tener víctimas fatales”.

De 20 rescates en la temporada 2021-2022 pasamos a 26 en el período 2022-2023. Es por ello que el Gobierno y La Armada pusieron el acento en reforzar el llamado al autocuidado y la prevención, evitando que los turistas se arriesguen a cualquier tipo de incidente en las costas de la región.

Al respecto, el Delegado Presidencial, Rubén Quezada, sostuvo que “muchos de ellos se exponen demasiado y La Armada ha incurrido a resguardar su vida y protegerlos. Nuestro mensaje es claro y sobre todo en un contexto en que estamos en una alerta temprana por marejadas que aumenta el riesgo. Creemos que podemos continuar con el turismo y su desarrollo, pero de manera tranquila”.

Las marejadas comenzarán este 18 de enero y se mantendrán todo el fin de semana, agregó el Delegado Quezada. La recomendación es no acercarse al mar debido a la fuerza con la que podría ingresar el oleaje.

Asimismo, y ante cualquier emergencia, se recomienda hacer buen uso del teléfono 137. “Tenemos un registro de un 2% de llamadas reales, el resto solo nos perjudica y quita tiempo de reacción para ir en apoyo de alguien que realmente lo necesite. Este es un número para llamar y dar información efectiva, porque los segundos son valiosos para rescatar a una persona con vida”, enfatizó el Capitán Jaime Gatica.

Y es que son herramientas que forman parte de toda una articulación y planificación en torno a la seguridad de los visitantes, sumadas a los patrullajes, fiscalizaciones y controles que se efectúan diversos puntos turísticos del territorio, que han llevado a disminuir, por ejemplo, en un 20% los delitos en el borde costero.

El Mayor de Carabineros, Sebastián Castillo, detalló que “estamos hablando de una baja en el delito de robo, pero también ha bajado el robo de objetos de vehículos. Y se entiende que por el volumen de vehículos que está llegando es que llamamos a las familias a que estacionen en lugares habilitados, porque de no hacerlo así, se le facilita la acción de los antisociales que sustraen los vehículos de esos espacios que no están aptos para estacionar”.

La labor policial en esta segunda mitad de enero se mantendrá reforzada, acotó el oficial, con personal que ha ido llegando desde las escuelas de formación y funcionarios procedentes de la Región Metropolitana con el objetivo de continuar con el despliegue de temporada estival sin dejar de lado los otros servicios.

Lo anterior debido a demanda presentada por asociaciones gremiales de pescadores de la zona.

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural, en compañía del Departamento de Operaciones Subacuáticas y peritos del Laboratorio de Criminalística Central, y con apoyo de la Armada de Chile, por instrucción emanada del 1°Tribunal Ambiental, se abocaron a desarrollar diligencias investigativas la Playa El Lápiz de esta comuna, relacionadas con el varamiento de machas ocurridos en las semanas recientes, a fin de poder determinar las circunstancias que estarían provocando dicho fenómeno.

“En la inspección al sitio del suceso se realizó una prospección del fondo marino, y a su vez la toma de muestras en el sector del borde costero, con el fin de poder encontrar evidencias que pudieran dar luces sobre el hecho que ocurrió en las semanas recientes”. Señaló el Subcomisario Javier Pérez, de la Bidema Metropolitana.

En este sentido, la PDI, a través del Departamento de Operaciones Subacuáticas, es pionero en aplicar la criminalística subacuática, siendo los encargados del levantamiento de indicios o evidencias desde el sitio del suceso subacuático; los detectives son altamente preparados para la aplicación de métodos y técnicas para el correcto tratamiento de la evidencia física levantada desde este subsistema.

“En los buceos de prospección que se realizaron, se utilizaron tecnologías, como dron y detector de metales, para dar con la ubicación del cable de fibra óptica que presuntamente estaría provocando el daño ambiental en la zona”. Señaló el Subcomisario Sebastián Morales, del Deosub.

Los resultados de las pericias serán enviados al Laboratorio de Criminalística Central para su respectivo análisis y los antecedentes de la investigación serán puestos a disposición del Tribunal, a fin de continuar con las diligencias tendientes a establecer fehacientemente las causas y circunstancias que ocasionan el varamiento de las machas en dicho lugar.

Desde los orígenes de nuestra marina hubo dificultades para dotar a los buques de las tripulaciones necesarias para desarrollar las maniobras elementales que requiere toda nave de guerra.

Los primeros intentos por tener una escuela formadora de las tripulaciones de los buques de la Marina de Guerra de Chile se remontan a 1846, cuando se creaba la “Escuela de Aprendices de Marineros”, la que funcionaría a bordo de los buques mercantes de matrícula chilena, no perdurando en el tiempo.

Los comandantes Juan Williams Rebolledo y José Anacleto Goñi, plantearon la necesidad de contar con un plantel formador para las futuras tripulaciones de los buques de guerra de Chile. De esta manera el 3 de julio de 1868 finalmente se crea la “Escuela Elemental y Profesional de los Aprendices de la Armada”, actual “Escuela de Grumetes”, siendo esta una de las más importantes consecuencias navales de la guerra contra España.

Para ser admitido en la Escuela se requería la edad de 10 a 14 años, es decir niños y entre los requisitos exigidos para el ingreso estaba el que los niños fueran de débil condición económica, con esto se pretendía rescatarlos de la pobreza y convertirlos en hombres útiles a la Patria, en el ámbito naval.

El 9 de abril de 1871, a raíz de un accidente ocurrido en el vapor “Valdivia”, murió ahogado el aprendiz José Olguín, convirtiéndose en el primer caído en servicio del grado de Grumete en una escuela.

Durante Guerra del Pacífico, las labores de la Escuela de Grumetes estuvieron suspendidas, sin embargo, es posible rescatar desde algunos documentos oficiales y relatos de la época el resultado de lo que fue la tarea de formar a las primeras generaciones de Gente de Mar que tuvieron su prueba de fuego en este conflicto armado.

A principio del siglo XX se contaba con un promedio de egresos de 125 grumetes al año, en circunstancias que se necesitaban 300. Analizada esta situación, tras varias opciones, se optó por construir una escuela apropiada en la isla Quiriquina, en la Bahía de Talcahuano.

En 1910 la Armada inició la construcción de los edificios de la escuela el que contaba de dos pabellones, en el medio un patio central, un edificio de administración y enfermería de dos pisos, panadería y cocina.

Hoy en día, los jóvenes que deciden embarcarse en la aventura de ser marinos, ingresan a una Escuela con una sólida educación, basada en seis modelos de formación, acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación y manteniendo, tal como en sus orígenes, su carácter gratuito y sin ningún cobro para los alumnos.

Así la Escuela de Grumetes “Alejandro Navarrete Cisterna”, cumplió este 3 de julio 152 años, siendo año a año la labor de aquellos marinos que hacen Patria transmitir la visión de la Armada en los jóvenes espíritus que atraviesan el portalón y entregar al servicio de la Armada, marineros profesionales y patriotas, forjando un servicio comprometido a Chile.

Este es el segundo caso en tramitación en el mencionado tribunal vinculado con solicitudes de acceso a información sobre viajes de los funcionarios de mayor rango de dicha entidad. Entre los antecedentes requeridos se contemplan fechas de los viajes, costos de pasajes y estadías, montos de viáticos y gastos de representación.

La Armada respondió al requerimiento y aludió que éste implicaba que la institución debía elaborar un informe con lo solicitado dado que dichos antecedentes no se encontraran previamente procesados, solicitud que la institución estaba impedida de entregar “toda vez que se trata de información que se enmarca dentro de los planes de empleo y estándares con que operan las FFAA” (sic), los que se encontrarían bajo reserva –acorde a lo establecido en la Ley Nº 20.424 y en el Código de Justicia Militar-.

Asimismo, señaló que las actividades de su alto mando no sólo se relacionarían con cuestiones protocolares, sino “con aspectos propios vinculados a su función, el manejo adecuado de la institución con el objeto de lograr el estándar y empleo de las FFAA, como asimismo, las relaciones militares internacionales”, afirmando que esto hacía que la solicitud transgrediera la normativa relacionada con el Interés y Seguridad Nacional.

Sin embargo, el CPLT sostuvo que la publicidad de la información no revela de modo directo las acciones o funciones estratégicas que pudiere haber desarrollado el alto mando de la institución en cada uno de sus viajes, sino sólo permite conocer períodos en que se realizaron los viajes y costos institucionales asociados con cargo al presupuesto público, razones por las cuales el Consejo desestimó el argumento de afectación de la Seguridad de la Nación y la Defensa Nacional.

Lo anterior fue ratificado por el tribunal de alzada al concluir que no se aprecia que “pueda poner en riesgo la seguridad nacional, o se refiera a planes de empleo, o a los estándares en los que operan las Fuerzas Armadas, ni mucho menos se refieren a la planta o dotación de su personal”. Asimismo, precisa que: “Más bien, se refiere a rubros presupuestarios específicos y acotados, respecto de determinadas personas y sobre situaciones concretas” y agrega que: “resulta plenamente aplicable el principio de publicidad con que deben operar los órganos del Estado y la obligación de entregar información pública” según lo establecido en la Ley de Transparencia (art. 4 y 11 letra c).

En un caso anterior (Rol C1180-18), la decisión del CPLT en contra de la repartición fue remitida a Contraloría por eventual infracción a la Ley del Lobby, al no informarse por los canales oficiales algunos viajes del alto mando que sí fueron difundidos en la página web de la Armada.