Actualmente, en Chile hay 120.584 familias viviendo un campamento, según el Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025 de TECHO-Chile. El estudio reveló la existencia de 1.428 asentamientos de este tipo a lo largo del país, alcanzando la cifra más alta desde 1996. Esto representa un aumento del 10,6% respecto a la última medición y equivale a la incorporación de al menos 6.000 nuevas familias a estos lugares entre 2023 y 2025.

“La falta de herramientas y alternativas reales para salir de su condición mantiene a miles de familias estancadas en campamentos. El alto costo de los arriendos, los bajos ingresos y la necesidad de independencia son los principales factores que perpetúan esta tendencia, extendiendo los tiempos de espera por una solución definitiva a más de una década”, explicó Gonzalo Rodríguez, director ejecutivo de TECHO-Chile.

La crisis habitacional es alarmante: un 35% de las familias que viven en campamentos lleva más de 14 años esperando una solución definitiva, de acuerdo con la medición.

Al analizar la evolución del déficit habitacional en las últimas tres décadas, el estudio muestra que, a partir de 2020, todos los componentes del déficit se han reducido o estabilizado, excepto el número de hogares en campamentos, que sigue aumentando de manera sostenida desde 2011.

Además, entre 2023 y 2025 se cerraron 346 campamentos; sin embargo, menos de un 30% de esos cierres corresponde a soluciones habitacionales definitivas. El resto se debe a desalojos, traslados, migraciones entre campamentos u otras estrategias de las familias para encontrar alternativas.

“Aunque Chile ha hecho esfuerzos para disminuir el déficit habitacional en la última década, estos no están logrando impactar en la superación de los campamentos. La mayoría de estas familias sigue sin ser sujeto de política pública. Los campamentos representan hoy el 17% del déficit habitacional, por lo que no podremos enfrentar la crisis de vivienda sin abordarlos”, agregó Rodríguez.

Región de Coquimbo

El catastro arrojó que la región de Coquimbo cuenta con 51 campamentos, 13 más que en la última medición, lo que significa un alza de 41,6%. En estos asentamientos, viven actualmente 3.253 familias en total (aproximadamente 9.108 personas). Con un total de 1.557 niños, niñas y adolescentes menores de 14 años (un 17% del total de la población), 674 adultos mayores y 137 habitantes que se encuentran en situación de discapacidad. Además, habitan 916 familias de origen migrante, correspondiente a un 28,2% del total.

“Hace tres años parecíamos estar cerca de decirle adiós a los campamentos en la región, sin embargo, hoy estamos ante un aumento, especialmente en comunas alejadas de la ciudad y con viviendas más precarias que otras regiones. Parece ser un reflejo de que la institucionalidad dejó de observar de cerca a la región en este sentido, por lo que hay que volver el foco a esta realidad para buscar soluciones”, explicó Francisco González, director regional de TECHO-Chile en Coquimbo.

Orientaciones a la política pública

1. Ajustar los programas de arriendo: en la actualidad, el arriendo no es una solución habitacional viable para la mayoría de las familias en campamentos, debido a los bajos montos entregados por los programas estatales en relación con los altos precios del mercado, se popone adecuar los programas de arriendo a las necesidades económicas de este grupo de la población.

2. Diversificar las soluciones, esto significa, por ejemplo, crear viviendas variadas -de diferente tamaño, funcionalidad y costo-, así como promover soluciones habitacionales transitorias: el crecimiento de la población migrante, el aumento sostenido de los hogares unipersonales, el envejecimiento de la población, entre otros aspectos, dan cuenta de que es crucial diversificar la oferta habitacional en función de las necesidades de cada grupo.

3. Dar continuidad al Plan de Emergencia Habitacional con una respuesta proporcional a la proporción de los campamentos al interior del déficit habitacional: el próximo Gobierno debería continuar con el Plan de Emergencia Habitacional, pero solo podemos hacer frente a esta crisis si incorporamos programas de apoyo a los campamentos de manera más decidida. Si un 17% del déficit habitacional está compuesto por familias de campamentos, al menos se debería considerar esta proporción al momento de diseñar posibles soluciones.

4. Repensar el programa de Asentamientos Precarios: el programa Asentamientos Precarios, enfocado en campamentos, fue diseñado inicialmente para transferir recursos a las municipalidades. Sin embargo, ante la magnitud del problema, se incorporó la participación de privados. A raíz del Caso Convenios, esta segunda modalidad fue suspendida, lo que ha provocado la paralización y ralentización de acciones clave, como diagnósticos y obras de mejoramiento, fundamentales para el desarrollo de proyectos habitacionales dirigidos a familias que forman parte del déficit habitacional. La baja ejecución presupuestaria registrada en 2023 evidencia la necesidad de repensar este programa, que además ha enfrentado sucesivas disminuciones en su presupuesto, a pesar del aumento general en los recursos asignados al Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

5. Se deben identificar zonas que incentiven la construcción de vivienda de interés social durante el diseño de los Planes Reguladores Comunales, que son los que planifican nuestras ciudades: para enfrentar la crisis habitacional, es necesario cambiar el enfoque reactivo de la planificación urbana a uno proactivo que anticipe las necesidades futuras de vivienda, especialmente atendiendo a grupos vulnerables. Asimismo, es necesario repensar cómo se puede utilizar de manera más eficiente el suelo urbano ya disponible, promoviendo zonas de resguardo e invertir en proyectos de regeneración urbana y recuperación de espacios vacíos.

SANTIAGO, 18 DE NOVIEMBRE DE 2023.- En medio de los trágicos eventos que han tenido lugar en los campamentos de Coronel y Valparaíso, donde ocho niños perdieron la vida en incendios, World Vision Chile se pronuncia sobre la situación de la niñez migrante en el país. Stephanie Coscing, coordinadora de Proyectos Especiales de la organización especializada en niñez vulnerable, enfatiza la necesidad de una protección especial para los niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio.

“Los niños migrantes requieren de una protección especial, considerando también la protección de sus familias. Esta protección no puede estar supeditada a su nacionalidad o estatus migratorio. Con la entrada en vigencia de la Ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, el Estado tiene el deber de diseñar políticas que proporcionen una protección integral a todos los niños, niñas y sus familias que se encuentran en el territorio, aunque en el contexto migratorio se encuentren de manera irregular, reconociendo sus necesidades y vulnerabilidades específicas”, precisa la experta.

Añade que la migración, aunque debería ser un proceso voluntario y regulado, se convierte en una crisis cuando se pierde el control de la situación, exponiendo a muchas personas, especialmente a niños, a riesgos y desafíos significativos.

ESTUDIO

En este contexto, el año 2019 World Vision Chile llevó a cabo junto a otras organizaciones pro-infancia el “Estudio exploratorio de caracterización de niños, niñas y adolescentes migrantes de América Latina y el Caribe y sus familias en Chile”, centrado en explorar el estado de la inmigración infantil en comparación con la población chilena, con foco especial en el ejercicio de sus derechos y el acceso a servicios públicos.

Los resultados del estudio indicaron que, aunque el porcentaje de niños y jefes de hogar en situación migratoria irregular era bajo, existía un considerable número que alguna vez estuvo sin visa vigente o en trámite. El 35% de los niños y el 32% de los jefes de hogar, según el sondeo, han experimentado alguna vez la irregularidad migratoria.

En este contexto, entre los NNA haitianos un 73% estuvo alguna vez en situación migratoria irregular, porcentaje significativamente mayor a lo observado en otras nacionalidades.

En cuanto a la vivienda, el 48% de las familias migrantes arriendan su vivienda con contrato versus un 37% que arrienda sin contrato, según el informe. Además, el 13% de las familias extranjeras viven en tomas o campamentos.

En educación, la encuesta indicó que entre los niños, niñas y adolescentes que se encuentran irregulares un 57% no asiste a la educación formal. Entre los NNA con situación migratoria en trámite, este porcentaje desciende a 37%, siendo – eso sí – una de las formas de inclusión o integración con mayor acceso y demanda.

En salud, en tanto, la indagación de la organización no gubernamental de origen internacional destacó que un 25% de los niños migrantes no tienen previsión, en comparación con un 2% de los niños chilenos.

Con estos números sobre la mesa, los que deben actualizarse más sistemáticamente, World Vision Chile insta a la sociedad y a las autoridades a considerar estas realidades y trabajar en conjunto para garantizar un entorno seguro y adecuado para la niñez migrante en Chile, reconociendo sus derechos y necesidades específicas, en especial, para que no ocurran eventos tan dolorosos y dramáticos como los mencionados.

“La migración es un proceso que todos los seres humanos deberíamos poder hacer de manera voluntaria y regulada.  Sin embargo, cuando se produce una crisis migratoria, se pierde el control de la situación y muchas personas sufren las consecuencias de quedar al margen de la ley y expuestas a un sinfín de riesgos”, precisó Coscing.

Finalmente, la organización reafirma su compromiso de seguir abogando por la protección y el bienestar de todos los niños, independientemente de su origen o estatus migratorio