La normativa beneficiará a cerca de 130 mil trabajadores del sector, en su mayoría mujeres, los que mantendrán una cuenta de indemnización a todo evento, al tiempo que acceden al seguro con los mismos requisitos que se exigen a los trabajadores de contrato indefinido.

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad y despachó a ley el proyecto que incorpora a las Trabajadoras de Casa Particular a la cobertura y prestaciones del Seguro de Cesantía, concluyendo una rápida tramitación iniciada el 26 de agosto cuando ingresó la propuesta impulsada desde el Ejecutivo por la ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar.

La normativa tiene por objetivo beneficiar a un universo de aproximadamente 130 mil trabajadores de este sector, en su mayoría mujeres, y mantiene la indemnización a todo evento, pero redistribuyendo la actual cotización del 4,11% que hacen sus empleadores, en dos partes: una para el Seguro de Cesantía (2,2% para una cuenta individual y un 0,8% para el fondo de cesantía solidario) y 1,11% para indemnización a todo evento.

“Estamos muy contentos con el despacho de esta ley. Es una gran noticia para nuestras trabajadoras de casa particular que han sido especialmente golpeadas por los efectos económicos de esta pandemia. Desde que se inició la emergencia buscamos ayudarlas. Escuchamos sus demandas y ahora, con un amplio respaldo del Congreso, podemos responder a una de sus mayores aspiraciones que era incluirlas en el Seguro de Cesantía”, señaló la titular de la cartera, María José Zaldívar.

El ministro (s) Fernando Arab valoró especialmente “el aporte que hicieron durante la discusión del proyecto las dirigentas de los sindicatos de trabajadoras de casa particular. Ellas, con su empuje, nos permitieron cumplir con la promesa realizada por el Gobierno de ampliar los beneficios para este sector que tan mal la ha pasado producto de la pandemia y que ya, a partir de octubre, podrán incorporarse a los beneficios de esta ley”.

En tanto el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, destacó que “los nuevos contratos celebrados con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley se regirán por la nueva normativa, y los fondos ahorrados en las cuentas individuales de indemnización en las AFP antes de la entrada en vigencia de la ley se mantienen intactos”.

En efecto, la iniciativa incorpora a las trabajadoras de casa particular a la Ley del Seguro de Cesantía, a partir de la entrada en vigencia de la ley, lo que se verificará a partir del 1 de octubre, tanto para los nuevos contratos como para los existentes a dicha fecha, manteniendo las reglas actuales para la cuenta de indemnización a todo evento.

A partir de ese momento, las trabajadoras de este sector podrán acceder a las prestaciones con cargo a la Cuenta Individual por Cesantía (CIC) y al Fondo de Cesantía Solidario FCS), cumpliendo los mismos requisitos de cotizaciones que se exigen a los trabajadores sujetos a contrato indefinido de acuerdo a la ley que flexibilizó los requisitos de acceso al Seguro de Cesantía, y mejoró la Ley de Protección del Empleo. Esto es: solo tres cotizaciones continuas anteriores al término de su contrato o 6 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas en los últimos 12 meses, siempre y cuando las últimas 2 hayan sido continuas y con el mismo empleador.

La ley además establece el derecho a traspasar los fondos de las cotizaciones para indemnización en las AFP, al Seguro de Cesantía, a fin de que puedan acceder lo antes posible a los beneficios de la nueva ley. Esto significa que podrán traspasar parte o todo de los fondos que tengan en sus actuales cuentas de indemnización. Así, por ejemplo, una trabajadora de casa particular que recibe un sueldo equivalente al Ingreso Mínimo Mensual, requerirá traspasar en torno al 3% de sus remuneraciones por tres meses, para acceder a las prestaciones del Seguro de Cesantía. Es decir, con aproximadamente $30 mil pesos, cumplirá con los requisitos de cotizaciones para acceder a las prestaciones del Seguro. Según algunas estimaciones, considerando los datos de cotizaciones aportadas a las cuentas obligatorias para pensiones en las AFP, un 91% de los trabajadores de casa particular podrían traspasar la cantidad de cotizaciones mínimas que les permita acceder a las nuevas prestaciones en forma acelerada.

La iniciativa permitirá a las personas desempleadas, que tienen recursos en sus cuentas individuales por cesantía, pero no cumplen con los requisitos de cotizaciones, puedan ahora acceder a las prestaciones del seguro. Además, mejora la actual escala de porcentajes de los giros, elevándola al 55% de su remuneración imponible entre el segundo y cuarto giro, con opción de incrementarse a partir del quinto mes.

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, acompañado de la Ministra el Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar; el Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y del Ministro de la Segpres, Claudio Alvarado, firmó hoy el proyecto que amplía y mejora la Ley de Protección del Empleo y que flexibiliza los requisitos para acceder al Seguro de Cesantía, incrementa temporalmente el monto del beneficio y aumenta las prestaciones de la Ley de Protección del Empleo.

“Este proyecto, pensando en los más vulnerables, también establece un piso absoluto, un mínimo de $225 mil de pago (del Seguro de Cesantía) a los trabajadores. De esta forma, esta mejoría en la Ley significa más y mejor protección para los trabajadores chilenos que por cualquier razón pierdan sus empleos” en los tiempos de emergencia sanitaria que vive el país, agregó el Presidente Piñera.

La iniciativa permitirá que unos 3.131.000 trabajadores puedan acceder a los Fondos de Cesantía, tanto su cuenta individual como el Fondo de Cesantía Solidario que en las condiciones actuales no cumplían con los requisitos de la normativa.

La Ministra Zaldívar, destacó la importancia de esta medida que busca mejorar la ley vigente en el contexto de alza del desempleo, situación que está afectando a miles de trabajadores y sus familias. “Como Gobierno estamos conscientes de la necesidad de ir revisando los impactos de las medidas que estamos tomando y, por eso, este proyecto contempla la posibilidad de que los Ministerios de Hacienda y, de Trabajo y Previsión Social, por decreto, puedan elevar las prestaciones, si las condiciones económicas lo ameritan”, explicó la secretaria de Estado.

Agregó que “queremos llegar a más trabajadoras y trabajadores que necesitan también del apoyo en esta crisis. Sabemos de la urgencia de las necesidades y por eso continuamos trabajando en propuestas que permitan perfeccionar las medidas que hasta ahora hemos lanzado para abordar esta problemática de manera integral, como el Bono Covid-19, la Ley de beneficios a trabajadores independientes a honorarios, y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 2.0, que comenzó a pagarse la semana pasada, concretando la primera transferencia con los nuevos montos aprobados a 404.530 familias, es decir, 1.345.195 personas”.

El proyecto permite que las personas desempleadas, que disponen de recursos en su Cuenta Individual por Cesantía (CIC) pero no cumplen con los requisitos de cotizaciones, puedan acceder a las prestaciones del seguro, rebajando los actuales requisitos (tres cotizaciones continuas anteriores al término de contrato o a seis cotizaciones mensuales continuas o discontinuas en los últimos 12 meses) para equipararlos a las exigencias vigentes para acceder a la Ley de Protección del Empleo.

También aumenta el monto de los pagos, tanto para aquellos que reciben prestaciones del Seguro de Cesantía como a los que están acogidos a la Ley de Protección del Empleo, modificando la actual escala de porcentajes de los giros a partir del segundo giro, dejándolo fijo en 55%, hasta el cuarto pago

Asimismo, quienes accedan a prestaciones del Seguro de Cesantía con cargo a los Fondos de Cuentas Individuales, recibirán el primer mes el equivalente al 70% de su remuneración imponible, el segundo mes un 55%, cifra que se mantendrá fija hasta el quinto mes. A partir del sexto mes, recibirían el 50%, pudiendo ser elevado hasta 55% por decreto de los Ministerios de Hacienda y Trabajo, si se estima pertinente.

Para el caso de prestaciones con cargo al Fondo de Cesantía Solidario (FCS) los trabajadores con contrato indefinido, seguirán recibiendo prestaciones con la misma escala, esto es, el primer pago equivalente al 70% y luego 55% hasta el cuarto mes. Y, en contratos a plazo fijo, los trabajadores recibirán un pago equivalente al 55% de sus remuneraciones entre el primer al cuarto mes. En ambos casos, en el quinto mes recibirán el 45% de su remuneración, pudiendo incrementarse hasta un 55% por decreto de los Ministerios de Hacienda y Trabajo.

El proyecto establece también la extensión de pagos para un sexto y séptimo giro con cargo al FCS, para los trabajadores con suspensión de contrato bajo la Ley de Protección del Empleo. En este caso, el monto del giro según la ley vigente es de 30% pudiendo subir hasta el 45%, por decreto de los Ministerios de Hacienda y Trabajo.

La iniciativa permite además que los ingresos por acceso al seguro a cesantía sean compatibles con el Ingreso Familiar de Emergencia, y se suma al proyecto que amplía la cobertura de la Ley de Protección del Empleo a madres, padres y cuidadores de niños y niñas en edad preescolar, mejorando igualmente los beneficios determinados en el marco de dicho proyecto, que fue presentado la semana pasada.

•          La Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, agradeció el respaldo de los parlamentarios a esta iniciativa, que “nos va a entregar herramientas para proteger las fuentes de ingreso, y dar certeza a los trabajadores de que durante la cuarentena tendrán garantizados parte importante de sus ingresos”. Proyecto será visto ahora por la Cámara de Diputados.

A su segundo trámite constitucional pasó el proyecto de Ley de Protección al Empleo, iniciativa impulsada por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, que busca disminuir el impacto en el mercado laboral de la situación sanitaria que vive el país a raíz del Coronavirus y garantizar los ingresos de miles de trabajadores chilenos.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, destacó el amplio respaldo que tuvo la iniciativa tanto en las comisiones de Trabajo, Hacienda y en la Sala de la Cámara Alta, y que ahora deberá ser analizada por la Cámara de Diputados. “Agradezco a la oposición, porque estamos logrando avanzar en la tramitación de un proyecto que nos va a entregar herramientas para proteger las fuentes de ingreso, y dar certeza a los trabajadores de que, durante la cuarentena, tendrán garantizados parte importante de sus ingresos, con cargo al seguro de cesantía”, declaró.

“Nos interesa proteger los contratos de trabajo y buscar los mecanismos para evitar que el desempleo aumente”, agregó la secretaria de Estado, quien explicó que el proyecto propone suspender la relación laboral, pero no terminarla, así se mantienen los derechos de los trabajadores y sus ingresos a través del Seguro de Cesantía, medida que también incluye a las trabajadoras de casa particular.

“Sabemos que los ingresos no van a ser los mismos, porque el Seguro de Cesantía establece que el primer giro es de un 70% de la remuneración de los tres últimos meses y así baja paulatinamente. Pero lo importante es que vamos a tener ingresos para los trabajadores, los que no existirían si tuviésemos que poner término a la relación laboral”, recalcó la Ministra.

El proyecto de Ley de protección de los ingresos laborales establece que, cuando por mandato de la autoridad sanitaria se ordene la cancelación de las actividades en el país o en una zona específica-, un trabajador deba permanecer en su hogar sin posibilidad de realizar sus labores, se permitirá la suspensión temporal de sus funciones en la empresa, pero manteniendo el vínculo contractual y todos los derechos laborales correspondientes. De esta forma el trabajador pasará a recibir ingresos desde el seguro de cesantía de acuerdo a las reglas del mismo y bajo criterios más flexible. A su vez, el empleador mantendrá la obligación de pagar las cotizaciones previsionales y de salud del trabajador.

“A través de esta iniciativa, lo que estamos haciendo es proteger al trabajador en esta circunstancia especial, por la vía de asimilar la “suspensión” a un finiquito. De esta manera, el trabajador tendrá derecho a las mismas prestaciones del seguro de cesantía que habría obtenido si tuviera un finiquito, pero manteniendo suspendida su relación laboral y no terminada.

Esto, explicó la secretaria de Estado, tiene la ventaja de que asegura la relación laboral (cuidando todos los derechos en relación al feriado, antigüedad laboral, etc.); pero, además, establece la obligación de que el empleador continúe pagando cotizaciones previsionales, por lo tanto, ese trabajador seguirá contando con seguridad social.

Además, el proyecto contempla la posibilidad de pactar la reducción de la jornada laboral, compensando la disminución de la remuneración con un suplemento adicional equivalente al 25% de su salario, con cargo a los recursos provenientes del fondo solidario del seguro de cesantía.

Estas dos medidas buscan evitar que se destruyan empleos, al tiempo que se mantiene el vínculo y los derechos laborales del trabajador, y se le asegura una fuente de ingreso extraordinaria mientras dure esta situación de emergencia. Al final de este período, la empresa y el trabajador podrán retomar su relación laboral normal, manteniendo intactas las remuneraciones y todos sus derechos laborales.