Según la encuesta “Chile Nos Habla” de la Universidad San Sebastián, un 64% de los encuestados exige que se desvincule a los funcionarios públicos que viajaron al extranjero con licencia médica. Aún más: un 70% quiere que devuelvan el dinero. Pero, pese a la indignación, la mayoría cree que no pasará nada.

Mientras el país aún digiere el escándalo de las más de 25 mil licencias médicas utilizadas para salir del país, la ciudadanía ya tiene clara su postura: esto no puede quedar impune. Así lo confirma la más reciente edición de la encuesta Chile Nos Habla, elaborada por la Universidad San Sebastián, que revela la creciente indignación de los chilenos ante lo que muchos ya califican como “fraude con fondos públicos”.

El 64,2% de los consultados quiere la desvinculación inmediata de los funcionarios públicos que usaron licencias médicas para vacacionar fuera del país. Pero el repudio va más allá: el 69,9% exige el reembolso del dinero pagado por esas licencias, un castigo que apunta directamente a resarcir el daño fiscal causado.

“Este hecho es de la mayor gravedad, daña la fe pública y la legitimidad del Estado. En momentos de estrechez fiscal, duele constatar que este fraude se financió con los impuestos que pagan todos los chilenos”, advirtió Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la USS.

La indignación también apunta a los médicos: un 44,9% cree que se debe investigar a quienes emitieron esas licencias, mientras que un 41,7% exige acciones legales contra los funcionarios involucrados y un 40,9% solicita la realización de sumarios administrativos.

Pero, pese a la contundencia de las respuestas, la desconfianza ciudadana sobre el desenlace es evidente: un 58,4% cree que no pasará nada con los involucrados. Solo un 11% confía en que se tomen medidas reales y ejemplificadoras.

Para el Dr. Jorge Acosta, director del Instituto de Políticas Públicas en Salud (IPSUSS), los encuestados aciertan al exigir más fiscalización: “Urge evitar la utilización maliciosa de las licencias médicas y que aquello tenga consecuencias, tanto para los que las piden como para quienes las emiten”.

La ciudadanía ya habló: quiere justicia, reembolso y desvinculaciones. Pero teme quedar, otra vez, viendo cómo todo se diluye en la impunidad.

Weber lo resume así: “Este es el momento para sancionar conforme a derecho y, además, repensar un sistema de empleo público que hoy actúa más como un escudo de impunidad que como garante del buen uso de los recursos públicos”.

Chile Nos Habla se realizó entre el 23 y el 27 de mayo de 2025 con 834 casos válidos a nivel nacional.