Industria aseguradora espera que la CMF deposite la nueva póliza con cambios de la Ley Jacinta para retomar su comercialización.

En medio del inicio de la temporada, entre el 1 de febrero y el 31 de marzo,  en que miles de conductores comienzan a gestionar el pago de sus permisos de circulación, la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH) informó la suspensión transitoria en la venta del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP).

La medida rige desde ayer y se extenderá hasta que se complete un trámite administrativo exigido por ley para la entrada en vigencia de la nueva póliza del seguro.

¿Por qué se suspendió la venta?

La situación se produce tras la publicación —el sábado 7 de febrero— de la Ley N°21.797, conocida como Ley Jacinta, normativa que introduce mejoras al SOAP, entre ellas el aumento en los montos de las indemnizaciones para las víctimas de accidentes de tránsito.

Para que estas modificaciones comiencen a regir, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) debe depositar oficialmente la nueva póliza en el Depósito de Pólizas y luego publicarla en el Diario Oficial.

Mientras ese procedimiento no se complete, las compañías de seguros están legalmente impedidas de vender el seguro bajo las nuevas condiciones.

Impacto en los conductores

La suspensión ocurre en un periodo clave, ya que febrero y marzo concentran la mayor contratación del SOAP debido al pago del permiso de circulación, trámite en el que este seguro es requisito obligatorio.

Sin el SOAP vigente, los conductores no pueden renovar su permiso ni circular de forma legal.

Situación sería transitoria

Desde la Asociación de Aseguradores señalaron que la industria lamenta los inconvenientes que esta situación pueda generar en los usuarios, subrayando que se trata de una suspensión temporal.

Las compañías aseguradoras se mantienen a la espera de que la CMF concluya el proceso administrativo para retomar a la brevedad la comercialización del SOAP, ya bajo las nuevas condiciones establecidas por la Ley Jacinta.

Una vez cumplido el depósito de la póliza y su publicación oficial, la venta del seguro debería normalizarse.

Dos detenidos fueron capturados en La Serena y, en coordinación con Gendarmería, se allanaron celdas del centro penitenciario local, incautando celulares vinculados a la organización. La investigación apunta a una red criminal que habría defraudado cerca de $1.000 millones.

Entre las víctimas figura la actriz Amparo Noguera, con un perjuicio que ascendería a $700 millones.

En la Región de Coquimbo, y particularmente en La Serena, se desarrolló una de las aristas más sensibles del operativo que permitió desbaratar una organización dedicada a estafas millonarias bajo una modalidad sofisticada: el engaño telefónico con falsos ejecutivos bancarios, sumado a la suplantación de funcionarios públicos y policías.

La investigación, liderada por Bridec Metropolitana con apoyo regional, derivó en 21 órdenes de entrada y registro en diversas comunas del país, incluyendo La Serena, donde se detuvo a dos de los imputados. Pero el punto más relevante para la zona fue la diligencia dentro del propio sistema penitenciario: el subprefecto David Castro informó que “en coordinación con Gendarmería de Chile en la ciudad de La Serena también se hizo un allanamiento en las celdas del centro penitenciario de La Serena, logrando la incautación de nueve teléfonos celulares que están vinculados a tres de los integrantes de esta organización delictual”.

El caso fue abordado públicamente por el subprefecto Castro; la fiscal de Ñuñoa–Providencia, Alejandra Godoy; y el seremi de Seguridad Pública, Alejandro Jiménez.

Castro explicó que “se logró establecer una agrupación delictual que se dedica al delito de estafas en la modalidad cuento del tío, falsos ejecutivos bancarios”, detallando que la banda contactaba a las víctimas para advertirles de supuestos accesos ilegales a sus cuentas, asegurando un trabajo coordinado con instituciones reales: “estaba monitoreando esto junto a personal de la PDI y a personal de la Comisión para el Mercado Financiero”.

El engaño se completaba con una instrucción decisiva: “retiraran su dinero… y que este mismo tenía que ser entregado a personal de la PDI que concurriría a los domicilios a buscarlo”. Una vez captada la confianza, “las víctimas entregaban el dinero además de sus productos bancarios y otra especie de valor”, explicó el jefe policial.

La investigación: de dos teléfonos a una red criminal

La fiscal Alejandra Godoy afirmó que la investigación comenzó “a mediados del mes de octubre del año pasado con la denuncia de la primera víctima”, cuyo perjuicio fue “alrededor de 500 millones de pesos”. En esa etapa, dijo, contaban con “dos números telefónicos” como pista inicial, pero el seguimiento cambió el curso de la indagatoria: “nos percatamos de que estos teléfonos estaban operando desde el interior de la cárcel”.

El hallazgo permitió vincular nuevos casos y comprender la estructura. “Nos dimos cuenta… que no era la típica estafa común… sino… una red criminal… con brazos operativos fuera del penal… absolutamente interconectados, cada uno con roles definidos”, sostuvo.

Según la fiscal, el fraude total se acercaría a los mil millones: “está cercano a los mil millones de pesos, un poco más de los 900 millones de pesos”. En este escenario, la investigación incorpora un antecedente de alta connotación pública: una de las víctimas fue la actriz Amparo Noguera, con un perjuicio que ascendería a $700 millones.

Godoy agregó que, para frenar la operación económica de la banda, se obtuvo autorización judicial: “congelamiento de ocho cuentas bancarias” y “medidas cautelares… sobre tres bienes inmuebles” inscritos a nombre de “palos blancos o testaferros”.

“Casi secuestro psicológico”: horas al teléfono y un segundo aparato

Respecto del modo en que se ejecutaba el engaño, la fiscal describió dinámicas de presión prolongada: “las tenían… nueve horas al teléfono” y “les entregaban un segundo teléfono para que sus familiares no sospecharan”. Según Godoy, la estafa podía extenderse: “cuatro horas, cinco horas, nueve horas conectadas al teléfono con los delincuentes”, con instrucciones de no hablar con terceros o contestar “muy brevemente” a familiares.

En un caso, tras vaciar a la víctima, los delincuentes montaron una escena de “cierre”: “le envían… un vídeo temporal… de la supuesta detención… y le dicen… vaya… a retirar sus especies… y recién en ese minuto la víctima se da cuenta”.

Recomendación clave

El subprefecto Castro resumió la recomendación principal: “si uno recibe una llamada de este tipo, es cortar la llamada y tomar contacto con su banco para verificar”. También recalcó que si solicitan claves, “eso jamás lo va a hacer un ejecutivo”.

Por su parte, el seremi Alejandro Jiménez destacó que “en meses se logra desbaratar una banda que estaba realizando estafas en todo Chile”, subrayando que el caso releva el problema de fondo: “es conocido lamentablemente que las bandas delictuales… también trabajan desde la cárcel”. Y cerró con una evaluación: “el daño patrimonial… ha sido inmenso”.