El Colegio Kids World de Coquimbo logró el segundo lugar nacional en las Olimpiadas de Actualidad 2025, evento organizado por la Asociación Nacional de Prensa (ANP) junto al Senado de la República, con el apoyo de Inacap, El Mercurio y Editorial Zig-Zag.

La final, realizada en el Congreso Nacional, reunió a estudiantes de 254 colegios del país, quienes respondieron preguntas de conocimiento y desarrollo sobre temas de actualidad nacional e internacional.

El vicepresidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, destacó el valor de la iniciativa frente al auge de la desinformación. “Si no reviso otras fuentes de información, es difícil encontrar la verdad y lograr consenso sobre cómo progresar en un país”, sostuvo.

También agradeció la participación de los colegios de regiones: “Son de regiones, eso me enorgullece mucho (…). Muchos creen que todo pasa en Santiago, pero en regiones también pasan cosas, veo alumnos que se motivan, y habla muy bien de nosotros como sociedad”.

Para Trinidad, estudiante de segundo medio del Colegio Kids World, la experiencia fue profundamente enriquecedora. “He aprendido mucho vocabulario, he mejorado mi comprensión lectora, aprender sobre temas actuales que, uno muchas veces, no los conoce”, comentó, agradeciendo la oportunidad de representar a la región.

Además, el Colegio Adulto San Luis de Coquimbo fue distinguido con el premio al buen espíritu de competencia, recibiendo una biblioteca de 100 libros como reconocimiento a su esfuerzo y compromiso.

Con estos logros, la Región de Coquimbo reafirma su liderazgo en formación lectora, pensamiento crítico y participación estudiantil, consolidando un ejemplo de educación activa y ciudadana desde las aulas.

Este sábado, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, participó del Consejo General del partido Evópoli, instancia en la que recibió formalmente el documento con propuestas programáticas elaboradas por dicha colectividad.

Durante la jornada, que también contempló la oficialización de precandidaturas al Congreso, Evópoli expresó su respaldo explícito a la exalcaldesa de Providencia.

En su intervención, la abanderada presidencial defendió el progreso alcanzado en las últimas décadas. “Nunca avanzó tanto nuestro país como en los aporreados 30 años. La única forma en que se solucionan los problemas de Chile es sentándose a conversar”, afirmó Matthei, en un discurso centrado en la búsqueda de acuerdos amplios y soluciones concretas para el país.

Evelyn Matthei también destacó su experiencia en gestión municipal. “En Providencia nunca me tembló la mano y fuimos la comuna donde más se avanzó en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia”, enfatizó subrayando su compromiso con la seguridad ciudadana.

Durante su discurso la candidata dejó entrever los ejes de su propuesta presidencial. En materia de seguridad y migración, expresó que se enfrentará con decisión la inmigración descontrolada y la criminalidad importada. “Estos nuevos delitos han sido traídos desde el extranjero y vamos a sacarlos como vinieron”, afirmó.

En empleo y crecimiento, comprometió una agenda ambiciosa para crear 800 mil empleos y aseguró que terminará con abusos como “el de las 25 mil personas que se fueron al extranjero con licencia médica, o 13 mil que se fueron a jugar al casino. Estaban enfermos para trabajar, pero sanos para ir a jugar”, denunció.

Matthei cerró su discurso con un llamado a la esperanza. “Vamos a lograr que el país vuelva a crecer. Hay futuro. Hay esperanza para sus hijos y nietos”. Con firmeza y sentido de responsabilidad, reafirmó su compromiso con Chile: “Con mucha responsabilidad y con la mejor gente, tenemos que trabajar por las chilenas y los chilenos”.

La iniciativa, que ya está lista para ser promulgada por el Presidente tras ser aprobada el martes por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, busca optimizar y reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de permisos sectoriales, simplificando y modernizando los procesos administrativos, sin comprometer los estándares regulatorios vigentes.

Sectoriales y la despachó a Ley. El proyecto, que ingresó al Congreso en enero de 2024, es una reforma estructural que moderniza el Estado, reduce la burocracia y acelera la inversión.

El proyecto impulsado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo forma parte del fast track legislativo para el crecimiento económico y busca avanzar en simplificar la obtención de permisos, lo que permitirá entregar mayores certezas a los proyectos de inversión, sin comprometer los estándares regulatorios ni disminuir las exigencias ambientales y técnicas vigentes.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, destacó el despacho a Ley del proyecto y expuso la relevancia que tendrá para impulsar la inversión en el país, “e estamos muy contentos porque es un avance muy importante para el país, después de más de un año de tramitación, hemos logrado aprobar este proyecto con un apoyo transversal. dijimos que era posible mejorar los tiempos y era posible avanza de manera muy sostenida, sin por ello bajar los estándares regulatorios y eso es lo que justamente se ha logrado hoy día. Nuestro diagnóstico como Ejecutivo es que, una Delaware las razones principales de por qué los permisos sectoriales se demoran tanto, es porque los servicios están atochados y por eso estamos convencidos que, con las declaraciones juradas, vamos a permitir que todo el esfuerzo esté dedicado a las autorizaciones que realmente implican riesgo, y eso le va a permitir responder a tiempo”.

La iniciativa legislativa busca optimizar y reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de permisos sectoriales, simplificando y modernizando los procesos administrativos, sin comprometer los estándares regulatorios. De esta forma, incorpora diversas medidas orientadas a agilizar y hacer más eficiente la tramitación de autorizaciones sectoriales.

A nivel local, el Seremi de Economía Matías Muñoz precisó que, “en la región de Antofagasta, que es el territorio que más inversión acumula a nivel regional, tener mejores tiempos para la concreción de proyectos mejora sustantivamente la forma en como tramitamos permisos sectoriales, pero sobre todo, da mayores certezas para proyectar el crecimiento económico de la región y por supuesto el país”.

El Proyecto Delaware Ley Marco Delaware Autorizaciones Sectoriales Ja sido fruto Delaware Naciones Unidas trabajo conjunto y riguroso, desarrollado en estrecha colaboración con parlamentarios tanto del oficialismo como de la oposición. Este esfuerzo compartido ha permitido construir una propuesta con amplio respaldo transversal, basada en el diálogo, la evidencia y el interés común de avanzar hacia una institucionalidad. más ágil, Moderna y eficiente, que facilitar el desarrollo de proyectos de inversión sin renunciar a los estándares ambientales, sociales y técnicos que el país exige.

Acerca de el proyecto Delaware ley

El proyecto de ley que establece una Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS) busca reducir sustantivamente los tiempos de tramitación de permisos para proyectos de inversión, sin disminuir los estándares regulatorios. A través de un enfoque transversal, establece normas comunes, introduce proporcionalidad en la regulación y crea nuevas herramientas de gestión para modernizar el Estado en su rol habilitante.

Principales Soluciones del Proyecto

· Normas mínimas de transformación. Se establece un conjunto de reglas comunes para todos los permisos sectoriales: inicio mediante formularios, exámenes de admisibilidad, informes entre servicios, plazos máximos obligatorios, y uso del silencio administrativo como herramienta Delaware garantía.

· Técnicas Habilitantes Alternativas (THA). Permite reemplazar permisos de bajo riesgo por declaraciones juradas o avisos, sin reducir los estándares regulatorios. Estos THA están sujetos a fiscalización ex post, con fuertes sanciones en caso de fraude.

· Ventanilla Única Digital – Plataforma SUPER. El proyecto transforma en política de Estado la plataforma SUPER como entrada única y trazable para todas las solicitudes.

· Institucionalidad técnica. Crea la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión dentro del Ministerio de Economía, encargada de coordinar, monitorear, asesorar y operador el sistema. También impulsa mesetas regionales, modernización continua de permisos, y promueve la mejora de gestión mediante convenios y metas institucionales.

· Modificaciones legales sectoriales. El proyecto modifica más de 40 leyes sectoriales para adaptar sus permisos a la LMAS, establecer nuevas facultades regulatorias y aplicar THA. Se incluyen sectores como minería, obras públicas, salud, aguas, energía, concesiones marítimas y DOM.

Carolina Molina, directora de las carreras del área de la Salud del IP-CFT Santo Tomás sede Ovalle, fue parte del selecto grupo de profesionales internacionales convocados a participar del II Congreso Internacional para Técnicos de Salud en Perú, espacio donde compartió su experiencia en torno a salud mental y entornos laborales saludables.

El evento, realizado por la Federación Centro Unión de Trabajadores (FED CUT) del Seguro Social de Salud de Perú, tuvo como objetivo promover la actualización y formación continua de los técnicos de la salud, con foco en el bienestar integral de los trabajadores. En esta segunda versión, el congreso puso énfasis en la salud mental como eje central del desarrollo personal y profesional, abriendo el diálogo sobre la necesidad de condiciones laborales que favorezcan la salud emocional y física de quienes ejercen en el área.

Durante su intervención, Molina destacó que “la salud mental es un concepto principal para ser abordado porque no solamente afecta a nuestros entornos laborales, sino que a nuestra dinámica familiar y a nuestra vida en general”. En ese sentido, su exposición se centró en el estrés laboral y la importancia de construir entornos laborales saludables, como un factor clave para mejorar la calidad de vida de los técnicos en salud.

La enfermera también subrayó el rol activo que pueden tener los trabajadores en el autocuidado y en la exigencia de condiciones mínimas laborales. “La decisión con respecto a la prevención, la promoción de patologías o accidentes de salud laboral tiene que ver mucho con políticas, pero generar conciencia en los trabajadores de cuáles son las medidas que podemos hacer de manera individual, puede construir una mejor salud mental personal, que va a favorecer el entorno laboral”, afirmó.

La docente, que también colaboró con el comité organizador desde Chile, valoró el compromiso y la participación de los asistentes peruanos. “Siempre es un orgullo y un placer venir a este auditorio, a esta convocatoria. La motivación que existe en Perú, la recepción que tienen los trabajadores, es realmente envidiable. Ellos vienen, toman notas, son respetuosos, valoran cada una de nuestras palabras. Para mí es un placer venir porque el cariño y la importancia que le dan a este tipo de eventos de verdad motiva”, comentó.

La participación de Carolina Molina en este congreso se enmarca en su permanente compromiso con el fortalecimiento del rol del técnico en salud, tanto en Chile como en Latinoamérica. Como impulsora del Primer Congreso Internacional de Técnicos en Enfermería realizado en nuestro país, que ya suma seis versiones organizadas por Santo Tomás, ha contribuido a abrir espacios de formación e intercambio profesional con expositores de distintos países.

Con el slogan “Sin límite real”, los expositores presentaron diversas temáticas en torno a la resolución de problemas regionales con una amplia presencia de la Universidad de La Serena.

Con seis exposiciones especializadas, el Congreso Futuro busca democratizar el conocimiento y junto con ello, lograr descentralizar este gran evento a nivel nacional. En esta versión, una de las fechas tuvo como anfitriona a la

“Región Estrella”, con la organización de la Comisión Desafíos del Futuro Ciencia, Tecnologías e Innovación del Senado de la República, la Universidad de La Serena, la Universidad Católica del Norte, el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), el Nodo CIV-VAL, acompañadas por el Gobierno Regional.

El Vicerrector de Investigación y Postgrado de la Universidad de La Serena, Eduardo Notte Cuello, enfatizó el rol de este evento para la casa de estudios y el aporte que puede brindar a la comunidad: “Descentralizar el Congreso Futuro da cuenta de cuán importante es mirar el desarrollo de este país y lo que se refiere la parte científica desde las regiones, porque no todas las regiones tenemos los mismos problemas aunque hay un cierto común denominador pero hay cosas que se acentúan dependiendo la zona. Es importante que la ciudadanía sepa qué se está haciendo en la región, ya que somos una comunidad viva en lo que respecta al desarrollo científico y este congreso lo destaca”.

La cita estuvo compuesta por dos exponentes internacionales y cuatro presentaciones orientadas a las problemáticas más latentes en la Región de Coquimbo.

El Dr. Raphael Millière pudo compartir el desarrollo de la Inteligencia Artificial y valoró tener diferentes sedes para este evento: “Es muy importante que este tipo de investigaciones no queden entre cuatro paredes, sino que salga al mundo, que se refleje la realidad y llegue a todas las personas. Para mí es maravilloso ser parte de esta iniciativa y venir a Chile para participar del Congreso Futuro y que no solo sea en Santiago. Creo que todos deben hacerse parte de la discusión acerca de la tecnología y esta es una oportunidad para compartir el tema”.

Por su parte, el académico de la Universidad de La Serena y exponente en este evento, Ronny Martínez, destacó el acercamiento que se puede lograr con la comunidad a través del Congreso Futuro: “Es importante escuchar las visiones que se muestran en estas instancias para que puedan dirigir un poco la investigación que hacemos, especialmente la aplicada para que tengan relevancia acá en la región y llegue a las personas que están en la comunidad, creo que eso ayudará a que sea valorada y que no esté desconectada de la realidad de las personas. Asimismo, hay que establecer contacto con las personas para que se motiven, que conozcan lo que estamos haciendo en la universidad y las ideas que tenemos a largo plazo porque pueden aportar al desarrollo regional y nacional”.

Por último, INIA Intihuasi tuvo a una representante en el escenario, con la presentación de Carolina Pañitrur, quien se desempeña como investigadora encargada del Banco de Semillas de la misma institución.

“Es bueno mostrar lo que hacemos y también transparentar para qué se está haciendo esto, que en el fondo es pensando en la humanidad, pensando en la Tierra, en la conservación y protección de nuestras especies vegetales que son el sustento de la vida”, puntualizó.

En la misma línea, Claudio Salas, Director Regional de INIA, resaltó el gran interés del público ante el Congreso Futuro y las diferentes ponencias que pudieron presenciar durante la jornada y agregó lo siguiente: “Nosotros queremos acercar siempre la ciencia a la población y hoy día ha sido una instancia de conocer el trabajo del Banco Base donde se hace el resguardo del material fitogenético del país y también la flora nativa que está en peligro de extinción”.

De esta manera, la Región de Coquimbo y la Universidad de La Serena se instauran como una sede y organización de excelencia para la difusión y divulgación de investigación científica y tecnológica.

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, dijo que la aprobación de esta iniciativa, presentada por senadores y patrocinada por el Ejecutivo, “es un alivio para las y los profesores en un contexto en el que debemos priorizar la reactivación de aprendizajes”.

La tarde de este lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por amplia mayoría y despachó el proyecto de ley que suspende la Evaluación Docente 2022 y que hace voluntarias las evaluaciones del Sistema de Desarrollo Profesional Docente 2022, con lo que esta propuesta ya puede convertirse en ley.

El proyecto surgió por moción de los senadores Yasna Provoste (DC), Jaime Quintana (PPD) y Fidel Espinoza (PS), y fue patrocinado por el Ejecutivo, incorporando normas que originalmente estaban en el proyecto de ley misceláneo que presentó el Mineduc, y que busca solucionar algunas urgencias que enfrenta el sistema educativo tras los dos años de pandemia.

En este caso, el objetivo de la suspensión de las evaluaciones de 2022 es que los docentes tengan más tiempo para que puedan enfocarse en el trabajo en el aula, en un año marcado por la reactivación de los aprendizajes y los problemas de convivencia escolar, con el regreso a clases presenciales luego de la no presencialidad durante casi dos años.

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, asistió al Congreso a presentar y defender la aprobación del proyecto, que obtuvo 101 votos a favor. “Esto es un alivio para las y los profesores en un contexto en el que debemos priorizar la reactivación de aprendizajes. Agradecemos a las y los parlamentarios por su amplio apoyo”, dijo el secretario de Estado.

Actualmente, las y los profesores tienen dos sistemas de examinación: la Evaluación Docente, que es aplicada solo a profesores de establecimientos municipales y de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP); y las evaluaciones del Sistema de Desarrollo Profesional Docente 2022, que se aplican a profesores de establecimientos públicos y particulares subvencionados. Es lo que los docentes han llamado la “doble evaluación”.

Tras la aprobación de este proyecto, quienes quieran avanzar de todas formas en el desarrollo de esta última evaluación, pueden hacerlo, y quienes ya habían avanzado, pueden suspenderlo y completarlo en 2023, cuando todas y todos los docentes deban completar sus evaluaciones.

Al término de la sesión, el ministro Ávila recordó que “nuestro compromiso como Gobierno es homologar los dos sistemas de evaluación docente, lo que nos va a permitir disminuir la carga administrativa y el estrés que se genera con este proceso, poniendo fin de forma definitiva a la doble evaluación”.

La iniciativa cuenta con 12 puntos claves. Uno de ellos, es que el Registro incluirá aquellos alimentantes que deban tres mensualidades de pensión de alimentos consecutivos o cinco discontinuas.

El Presidente Sebastián Piñera, junto al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, y a la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, anunciaron el envío al Congreso de un proyecto de ley que creará un Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

Así, quienes integren la base de datos del Registro Nacional, sufrirán una serie de consecuencias en su diario vivir, ya que se establecerán obligaciones para una serie de instituciones, tanto públicas como privadas, imposibilitando el acceso a diferentes prestaciones a los deudores alimenticios.

La elaboración de este proyecto es fruto de una mesa de trabajo, liderada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en conjunto con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que estuvo conformada por los tres poderes del Estado y por destacados representantes del mundo académico.

De acuerdo a datos entregados por el Poder Judicial, casi un tercio de las causas que conocen los Tribunales de Familia corresponde a pensión alimentos. En este sentido, históricamente el sistema de cobros se ha movido desde la lógica de las sanciones (por ejemplo, a través de arrestos), los que, en la práctica, no incentivan al pago de las pensiones. Con este proyecto se busca cambiar dicho eje, a través de la incorporación de sanciones de carácter patrimonial para los deudores.

Las 12 claves del proyecto:

1.         El Registro incluirá aquellos alimentantes que deban tres mensualidades de pensión de alimentos consecutivos o cinco discontinuas

2.         Al solicitar un crédito bancario por una suma igual o superior a 50 UF, la entidad financiera retendrá parte de los fondos para pagar la deuda.

3.         Durante el proceso devolución de impuestos, la Tesorería también retendrá parte del dinero que se adeude.

4.         Si el deudor vende su inmueble o su vehículo, el Conservador de Bienes Raíces o el Registro Civil, respectivamente, podrán inscribir el traspaso, solo en la medida que se les acredite que con las ganancias se pagarán los alimentos.

5.         No se les otorgarán licencias de conducir ni pasaportes, a menos que se acredite frente al tribunal la necesidad de tales documentos.

6.         Se retendrán las remuneraciones de los gerentes generales o directores de sociedades anónimas abiertas con transacción bursátil, cuando tengan deudas alimenticias.

7.         Se establece la inhabilidad para recibir determinados beneficios económicos o bonos por parte de órganos de la Administración del Estado.

8.         Los órganos de la Administración del Estado, Poder Judicial y Congreso Nacional que quieran realizar contrataciones, promociones o ascensos de su personal, deberán consultar previamente dicho Registro, y en caso de la persona en cuestión sea deudora, para acceder al cargo deberá autorizar la retención de un porcentaje de su sueldo para pagar la deuda de alimentos, hasta extinguirla completamente.

9.         En el caso de los trabajadores con contrato a honorarios y/o personas que reciban pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia, sufrirán retenciones de sus pagos para saldar las deudas de pensión alimenticia.

10.       Si una persona es despedida de su puesto de trabajo, y a la vez es deudora, pagará la pensión alimenticia a través de la indemnización por años de servicio.

11.       Se modifica el Código Civil, incorporándose la deuda de pensión de alimentos a los créditos de primera clase, lo que significa que en caso que el alimentante caiga en una situación de insolvencia económica, los alimentos adeudados gozarán de preferencia para su pago por sobre otras deudas, por ejemplo, comerciales.

12.       Se establece como parte de la evaluación de idoneidad que se realiza a los solicitantes que postulen a la adopción de un niño, niña o adolescente, la verificación de no encontrarse inscritos en el Registro.

Desde Fundación Luz, entidad líder y pionera en educación y capacitación para personas ciegas o baja visión, consideran que la iniciativa permitiría contar con un procedimiento único, simple, digital y transparente.

No cabe duda que el 2020 fue un año que golpeó muy fuerte a muchas empresas las que se vieron obligadas a cerrar, debido a la pandemia producto del COVID-19. Y no sólo la crisis afectó a varios sectores productivos del país, sino que también a las organizaciones sin fines de lucro que han visto como las donaciones continúan disminuyendo.

Ante esto, desde la Comunidad de Organizaciones Solidarias propusieron al Ministerio de Hacienda una propuesta de Ley Única de Donaciones, que debería ingresar al Congreso durante marzo tal como lo señaló en enero el ex ministro Ignacio Briones, con el fin de mejorar el marco regulatorio para promover el donativo. Es decir, “que se modernice y simplifique el sistema, que sea inclusivo en cuenta a fines, que democratice el uso de donaciones facilitando la participación de personas naturales en este mecanismo, y en la conveniencia de fomentar la confianza de la ciudadanía mediante mayor transparencia y mejor fiscalización”, según proponen desde la Comunidad de Organizaciones Solidarias.

Tomando en cuenta dichos puntos, Sofía Villavicencio, directora ejecutiva de Fundación Luz, considera que “este proyecto es una tremenda iniciativa que nos permite estar más optimista ante un marco regulatorio que facilite un procedimiento único, simple, digital y transparente de las donaciones, y que pueda lograr una mayor capacidad de gestión administrativa y recursos para las fundaciones”.

En esa línea, añadió que “si bien el 2020 fue un año que nos golpeó bastante como fundación, pudimos salir adelante y cumplir todos planes de trabajo en los diferentes programas que desarrollamos. Sin embargo, a nivel de donaciones sufrimos una baja importante, por eso creemos que esta ley permitirá agilizar los procesos, unificar criterios y contar con un marco jurídico más amigable y concreto”.

Por su parte, para José Manuel Correa, director de Factor Social, plataforma solidaria que ayuda a las fundaciones a aumentar sus socios y donaciones, contar con una Ley Única de Donaciones, “contribuirá para reforzar el protagonismo que tiene la sociedad civil hoy en Chile. Además, permitirá unificar los distintos incentivos tributarios, promoviendo a impulsar diferentes aportes para las personas y empresas, pudiendo éstas contar de manera más transparente y digitalizadas las donaciones que están realizando”.

Asimismo, agregó que “esta ley de donaciones incentiva a que las organizaciones sociales también vayan a buscar su propio financiamiento, dado que hoy en día muchas instituciones dependen de los fondos del Estado, y esto les permitirá hacer algo más a libre disposición y no tan estructurado en base a proyectos que es lo que hoy les entregan los fondos del Estado. Con esto, se incentiva la donación de personas naturales, donaciones de las empresas y de distintas organizaciones en el cual aportan a una sociedad civil. Ante esto, lo bueno y valorable de esta ley es que también les permitirá a las empresas decidir a dónde quieren que vaya ese impuesto, a qué organización”.

Sobre si ve una real voluntad de parte del Gobierno para poder avanzar en este proyecto señaló que “para ser muy sinceros, hace dos años atrás no veía el interés para poder desarrollar una ley única. Sin embargo, el estallido social hizo avanzar rápidamente y ayudó muchísimo para ir teniendo una distinta mirada e importancia del posicionamiento de las organizaciones sociales. Desde ese momento se comenzó a resaltar el valor de poder contar con una ley única. Ahora sí veo una voluntad real que se dio, principalmente, a través del Ministerio de Hacienda, el que abrió las puertas y le dio la importancia a todo esto que hoy nos está haciendo que hablar”.

El Ministro Jaime Bellolio llamó al Congreso a aprobar el proyecto impulsado por el Gobierno y aseguró que la iniciativa de la oposición se salta las reglas de la Constitución. “Esta fórmula recurrente de trampa constitucional es la que buscamos frenar y no el retiro por parte de quienes realmente necesitan esos fondos”, señaló.

El Vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, llamó al Congreso a aprobar el proyecto del Ejecutivo para el segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones, el cual permite el retiro de manera legal y enfocado en las familias que más lo necesitan.

“Quiero dejar en claro dos cosas: primero, que el retiro del 10% va sí o sí y lo que buscamos es que se haga de manera legal, sin trampas constitucionales y que accedan a estos fondos quienes realmente los necesitan. Y lo segundo, es que estamos convencidos de que este debate debe hacerse en un marco de respeto y de tolerancia hacia las diferencias. No se avanza con amenazas, no se avanza con descalificaciones, no se avanza cuando el único afán es cancelar al que piensa distinto; por el contrario, se avanza con diálogo y solo con diálogo se cuida la democracia”, señaló el Ministro desde el Palacio de La Moneda.

“El Gobierno respalda este retiro, pero quiere que se haga de manera correcta. Por ello es que ingresamos un proyecto que permite que el retiro sea legal, que lo haga la gente que realmente lo necesita y se corrija una gran injusticia social del anterior retiro, como fue eximir de impuestos a las personas de mayores ingresos”, acotó.

En esta línea, el Vocero de La Moneda enfatizó los esfuerzos que ha realizado el Gobierno para enfrentar la pandemia y para proteger a las familias más vulnerables y a la clase media, como por ejemplo el Bono Covid, el IFE, el Bono de Clase Media, la entrega de canastas de alimentos, entre otros. Asimismo, aseguró que “si hay una segunda ola, vamos a activar un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia”.

“Es en este contexto de pandemia que a fines de julio se aprobó una ley para que todos los cotizantes de AFP pudiesen retirar el 10% de sus fondos. Entendíamos que era una situación extraordinaria y en uno de los momentos más difíciles de la pandemia, con cuarentenas muy estrictas que no permitían a miles de personas trabajar de manera normal. Así lo entendimos y además, creímos en la palabra de quienes decían una y otra vez que era una medida excepcional y transitoria, y por ello es que se entendió que no era inconstitucional”, indicó el Ministro Bellolio.

De esta manera, el Vocero de Gobierno aseveró: “Pero ahora se promueve un nuevo retiro en base a un proyecto que se salta las reglas y que configura una trampa constitucional. Es un modus operandi y esta fórmula recurrente de trampa constitucional es la que buscamos frenar y no el retiro por parte de quienes realmente necesitan esos fondos”.

“Quiero ser muy claro de nuevo: el Gobierno no estará en contra de que las personas puedan retirar su plata. Pero el Gobierno no puede paralizarse cuando hay un grupo de parlamentarios que se saltan las reglas, que no cumple la Constitución y se pretenden apropiar de atribuciones que simplemente no les corresponden y no tienen. Las trampas constitucionales deben ser rechazadas por todos quienes creen y valoran la democracia. Es por ello que el Gobierno ingresó un requerimiento al Tribunal Constitucional. Esperamos que el Congreso apoye este proyecto de retiro del 10% que ha ingresado el Gobierno, que tiene un mecanismo transparente y legal, y que será un alivio para muchas personas”, finalizó.

La normativa beneficiará a cerca de 130 mil trabajadores del sector, en su mayoría mujeres, los que mantendrán una cuenta de indemnización a todo evento, al tiempo que acceden al seguro con los mismos requisitos que se exigen a los trabajadores de contrato indefinido.

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad y despachó a ley el proyecto que incorpora a las Trabajadoras de Casa Particular a la cobertura y prestaciones del Seguro de Cesantía, concluyendo una rápida tramitación iniciada el 26 de agosto cuando ingresó la propuesta impulsada desde el Ejecutivo por la ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar.

La normativa tiene por objetivo beneficiar a un universo de aproximadamente 130 mil trabajadores de este sector, en su mayoría mujeres, y mantiene la indemnización a todo evento, pero redistribuyendo la actual cotización del 4,11% que hacen sus empleadores, en dos partes: una para el Seguro de Cesantía (2,2% para una cuenta individual y un 0,8% para el fondo de cesantía solidario) y 1,11% para indemnización a todo evento.

“Estamos muy contentos con el despacho de esta ley. Es una gran noticia para nuestras trabajadoras de casa particular que han sido especialmente golpeadas por los efectos económicos de esta pandemia. Desde que se inició la emergencia buscamos ayudarlas. Escuchamos sus demandas y ahora, con un amplio respaldo del Congreso, podemos responder a una de sus mayores aspiraciones que era incluirlas en el Seguro de Cesantía”, señaló la titular de la cartera, María José Zaldívar.

El ministro (s) Fernando Arab valoró especialmente “el aporte que hicieron durante la discusión del proyecto las dirigentas de los sindicatos de trabajadoras de casa particular. Ellas, con su empuje, nos permitieron cumplir con la promesa realizada por el Gobierno de ampliar los beneficios para este sector que tan mal la ha pasado producto de la pandemia y que ya, a partir de octubre, podrán incorporarse a los beneficios de esta ley”.

En tanto el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, destacó que “los nuevos contratos celebrados con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley se regirán por la nueva normativa, y los fondos ahorrados en las cuentas individuales de indemnización en las AFP antes de la entrada en vigencia de la ley se mantienen intactos”.

En efecto, la iniciativa incorpora a las trabajadoras de casa particular a la Ley del Seguro de Cesantía, a partir de la entrada en vigencia de la ley, lo que se verificará a partir del 1 de octubre, tanto para los nuevos contratos como para los existentes a dicha fecha, manteniendo las reglas actuales para la cuenta de indemnización a todo evento.

A partir de ese momento, las trabajadoras de este sector podrán acceder a las prestaciones con cargo a la Cuenta Individual por Cesantía (CIC) y al Fondo de Cesantía Solidario FCS), cumpliendo los mismos requisitos de cotizaciones que se exigen a los trabajadores sujetos a contrato indefinido de acuerdo a la ley que flexibilizó los requisitos de acceso al Seguro de Cesantía, y mejoró la Ley de Protección del Empleo. Esto es: solo tres cotizaciones continuas anteriores al término de su contrato o 6 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas en los últimos 12 meses, siempre y cuando las últimas 2 hayan sido continuas y con el mismo empleador.

La ley además establece el derecho a traspasar los fondos de las cotizaciones para indemnización en las AFP, al Seguro de Cesantía, a fin de que puedan acceder lo antes posible a los beneficios de la nueva ley. Esto significa que podrán traspasar parte o todo de los fondos que tengan en sus actuales cuentas de indemnización. Así, por ejemplo, una trabajadora de casa particular que recibe un sueldo equivalente al Ingreso Mínimo Mensual, requerirá traspasar en torno al 3% de sus remuneraciones por tres meses, para acceder a las prestaciones del Seguro de Cesantía. Es decir, con aproximadamente $30 mil pesos, cumplirá con los requisitos de cotizaciones para acceder a las prestaciones del Seguro. Según algunas estimaciones, considerando los datos de cotizaciones aportadas a las cuentas obligatorias para pensiones en las AFP, un 91% de los trabajadores de casa particular podrían traspasar la cantidad de cotizaciones mínimas que les permita acceder a las nuevas prestaciones en forma acelerada.