Una fuerte controversia institucional se desató en La Serena luego del anuncio de desalojo realizado por el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Elqui, en el marco del proceso de traspaso del sistema educacional establecido por la Ley 21.040. El conflicto se centra en el uso y eventual traspaso de inmuebles que, si bien han estado vinculados históricamente al ámbito educacional, cumplen hoy un rol social, cultural y comunitario clave para la comuna y la región.

El punto más álgido de la disputa se vive en el Hogar Femenino de La Serena, edificio emblemático del patrimonio educacional y social de la ciudad. Hasta su frontis llegó el equipo ejecutivo de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, encabezado por su secretario general, el abogado Marcelo Gutiérrez, quien emplazó directamente al SLEP Elqui a frenar lo que califican como una medida injustificada y de alto impacto social.

“Es de público conocimiento que, a partir de mediados de año, los establecimientos educacionales que manejaba la Corporación y, por ende, el municipio de La Serena, fueron traspasados al Servicio Local de Educación, y eso está muy bien. Lo que no corresponde, es que aquellos bienes inmuebles que no tienen un fin educativo pasen al Servicio Local de Educación, cuando son patrimonio de todos los vecinos de la comuna”, señaló Gutiérrez. En esa línea, agregó que el Hogar Femenino “durante todo el año aloja a distintas delegaciones de niños, jóvenes, estudiantes, y personas mayores que provienen de sectores vulnerables de la región o que se encuentran alejadas de La Serena”, subrayando que el recinto fue notificado de desalojo el martes 30 de diciembre, “situación que claramente no permitiremos”.

Desde la Corporación Municipal advirtieron que el conflicto no se limita a un solo inmueble, sino que podría extenderse a otros espacios patrimoniales de alto valor simbólico, como el Teatro Municipal de La Serena. “Este recurso es a favor de la ciudad de La Serena, a favor del patrimonio y a favor de las personas más vulnerables”, afirmó el secretario general, confirmando que ya se han presentado acciones tanto administrativas como judiciales para frenar el traspaso.

En medio de la escalada, la Corporación acusó al SLEP de “faltar a la verdad” respecto de la disposición al diálogo. Gutiérrez sostuvo que sí existe una propuesta concreta de convenio entregada el viernes 26 de diciembre, orientada a colaborar en el proceso de traspaso. “Estamos destinando más de 180 millones de pesos anuales, los cuales van dirigidos al módulo dental para la atención de los estudiantes y, estamos, además, apoyando en la mantención de las áreas verdes y mejorando las rondas de seguridad en los colegios”, detalló.

El abogado de la Corporación Municipal, Gonzalo Pinochet, reforzó el tono crítico, señalando que si bien existe voluntad de acuerdo, hay límites que consideran intransables. “Quiero ser enfático en señalar que, tanto la Corporación Municipal como la Ilustre Municipalidad de La Serena, tienen plena disposición para llegar a todos los acuerdos posibles con el Servicio Local de Educación Elqui. Sin embargo, existe un límite que para nosotros es intransable, que es el respeto a la legalidad vigente y el resguardo del patrimonio de la comuna de La Serena”, afirmó.

Pinochet agregó que el SLEP ha solicitado acciones que, según explicó, ya no serían legalmente financiables por el municipio ni la Corporación, dado que dejaron de ser sostenedores del sistema educacional. Pese a ello, sostuvo que parte de esos apoyos se han mantenido por estar contemplados en el presupuesto 2025, insistiendo en que “seguiremos teniendo la mayor disposición, para sentarnos a negociar todo lo que sea necesario, porque lo que la comunidad necesita en este tipo de situaciones, son acuerdos”.

Desde el ámbito jurídico, la controversia fue calificada derechamente como grave. La abogada de la Corporación Municipal, Olga Guerrero, afirmó que “lo que ocurrió aquí fue de extrema gravedad”, confirmando la presentación de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de La Serena, “en favor de los trabajadores y personas que acá se albergan”.

Guerrero añadió que, de manera paralela, se solicitó un pronunciamiento a la Contraloría General de la República para que determine la legalidad de eventuales situaciones similares que podrían afectar tanto al Hogar Femenino como al Teatro Municipal. “Aquí no existe una disputa política ni administrativa, sino que esto tiene relación directa con el resguardo de los derechos fundamentales de la comunidad”, concluyó.

Luego de una serie de declaraciones en audiencia efectuada por las personas imputadas. El lunes se retoma discusión de medidas cautelares.

La audiencia de formalización de la investigación, declaraciones y discusión de cautelares en el marco de la causa por fraude al fisco, lavado de activos, falsificación de instrumentos públicos y asociación ilícita (en algunos casos de los imputados) continuará este lunes con la discusión de medidas cautelares.

La Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Coquimbo ya expuso los antecedentes de la investigación por fraude al fisco en alrededor de 750 millones de personas, en que cerca de 22 personas son investigadas, pero que se ha formalizado a 17, por los hechos ocurridos en la Corporación Municipal Gabriel González Videla, en que dos ex funcionarias del departamento de salud y el esposo de una de ellas habrían contactado a terceros para una serie de acciones en la obtención de recursos municipales.

Carlos Vidal, fiscal a cargo de la causa, en declaraciones a los medios de prensa, explicó que los hechos formalizados se basan en “querellas interpuestas el año 2022, el arribo de un informe de la Contraloría General de la República el año 2024 y una serie de medidas de información de bancos y otras autorizadas por el tribunal. Se solicitaron órdenes de detención para los involucrados. La actividad consiste en obtener ilícitamente recursos municipales mediante la simulación de personas insertas en la corporación y de esta manera obtener recursos de quienes que no prestaban servicios. Los fondos eran triangulados y reinvertidos en serie de sociedades expuestos en la audiencia”, dijo.

Todas las detenciones fueron declaradas legales. Tras la formalización al menos 12 personas prestaron declaración. “Reconocieron algunos totalmente su participación respecto a relación con otros imputados que facilitaron, permitieron o reclutaron para realizar la actividad y otros han intentado desvincularse mediante su declaración de los hechos”, dijo el fiscal Vidal.

El lunes se retomará el debate respecto a las medidas cautelares.