El máximo tribunal finalizó la revisión de los cuadernos de remoción abiertos contra integrantes del Poder Judicial. De los 37 casos que llegaron a votación, resolvió remover a 11 personas y rechazó la salida de otras 26. Otros 11 procedimientos permanecen suspendidos por determinación del Tribunal Constitucional.

La Corte Suprema resolvió remover a 11 integrantes de la judicatura en el marco de los procedimientos abiertos contra miembros del escalafón primario que viajaron fuera del país mientras se encontraban haciendo uso de licencias médicas.

La decisión fue adoptada en votación dividida por el Pleno del máximo tribunal, que este viernes 11 de septiembre concluyó el análisis de los denominados cuadernos de remoción. Según informó la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, se determinó que las 11 personas removidas no mantuvieron un buen comportamiento, conforme a lo establecido en el artículo 80 de la Constitución Política de la República.

En total, inicialmente se ordenó abrir procedimientos respecto de 58 integrantes de la judicatura, entre ministros y ministras de Cortes de Apelaciones, relatores y relatores, además de jueces y juezas.

Sin embargo, 11 casos quedaron suspendidos debido a requerimientos presentados ante el Tribunal Constitucional, mientras que en otros 10 la Corte Suprema determinó que no correspondía analizar una eventual remoción por distintas razones vinculadas al cargo ejercido, la calidad de suplente, una renuncia previa y el cese de funciones de una de las personas involucradas.

De esta manera, fueron 37 los casos que finalmente quedaron en condiciones de ser resueltos por el Pleno.

11 removidos y 26 continúan en la judicatura

Tras analizar individualmente los antecedentes, la Corte Suprema decidió remover a 11 integrantes del Poder Judicial y rechazó aplicar esta medida respecto de otros 26.

Entre estos últimos, en siete casos no se alcanzó el quórum de 11 votos necesario para disponer la remoción; en otros 15, la mayoría del Pleno resolvió rechazarla, mientras que cuatro terminaron con empate en la votación.

La Corte Suprema dispuso además la suspensión inmediata de las 11 personas removidas como medida cautelar, hasta que las respectivas resoluciones queden ejecutoriadas.

La presidenta del máximo tribunal explicó que las decisiones fueron adoptadas luego de revisar individualmente los antecedentes de cada integrante de la judicatura involucrado.

“Respecto de aquellos que se removió es porque se estimó que había habido mal comportamiento, tal cual como lo señala el artículo 80 de la Carta Fundamental para disponer la remoción y en la mayoría de los casos se consideró el criterio de la proporcionalidad”, señaló Gloria Ana Chevesich.

La magistrada precisó que la apertura inicial de los procedimientos se realizó con los antecedentes disponibles en ese momento, pero posteriormente correspondía analizar cada situación en particular.

“Todos los jueces, todas las juezas, informaron, acompañaron antecedentes, se agregó su hoja de vida y esos fueron los antecedentes que se consideraron para tomar una decisión concreta sobre la materia”, explicó.

Chevesich reconoció además la complejidad que significó para el Pleno adoptar decisiones de esta naturaleza.

“Obviamente remover un juez o una jueza igual es complejo. O sea, había cierta emocionalidad incorporada en la decisión”, sostuvo, agregando que cada integrante del tribunal votó de acuerdo con los antecedentes concretos de cada caso.

11 casos continúan pendientes

La revisión todavía no termina completamente. Otros 11 procedimientos permanecen suspendidos por resolución del Tribunal Constitucional y serán examinados por la Corte Suprema una vez que su situación procesal permita retomar su tramitación.

Chevesich recalcó que para resolver las remociones el Pleno no aplicó el auto acordado sobre responsabilidad disciplinaria, sino directamente el artículo 80 de la Constitución.

De esta manera, el proceso originado por los antecedentes sobre viajes al extranjero durante períodos de licencia médica cerró una de sus principales etapas con 11 integrantes de la judicatura removidos, 26 respecto de quienes se rechazó la medida y otros 11 casos que permanecen pendientes de resolución.

● Un total de 165 instituciones del ámbito público y privado, con presencia en Chile y Latinoamérica, participaron del estudio, el cual fue respondido por más de 44 mil 500 trabajadores de distintos estamentos.

● “Los resultados del Barómetro muestran que las organizaciones están trabajando activamente en la construcción de una cultura de integridad, gestionando este valor que es tan importante a partir de la detección de sus fortalezas y flancos débiles que deben reforzar”, sostuvo Janet Awad, presidenta de FGE.

Santiago, 25 de enero de 2024.- En un año desafiante para la integridad como fue 2023, marcado por numerosos casos que pusieron en vilo este valor tanto en el ámbito público como privado, las organizaciones están trabajando activamente para prevenir su ocurrencia, pese a lo cual perciben un alto riesgo de que estos puedan suceder. Así lo revelaron los resultados del Barómetro de Valores e Integridad Organizacional de Fundación Generación Empresarial, encuesta en la que participaron 165 instituciones con presencia en Chile y en Latinoamérica, siendo respondida por más de 44 mil 500 trabajadores de distintos estamentos.

Si bien un 78% de los encuestados dijo haber participado en alguna capacitación sobre temas de integridad en el último año, un 32% aseveró que percibe un alto riesgo de que el lugar donde se desempeña se vea envuelto en escándalos de corrupción o faltas a la integridad. Respecto de los temas en los cuales han estado recibiendo formación, los sondeados mencionaron la revisión de buenas prácticas, conducta ética o buen comportamiento (80%); mecanismos de denuncia de comportamientos antiéticos (75%) y prevención de delitos promovidos por la ley (71%) como las principales materias.

Desafío en el que tienen que trabajar y al que se suman otros relacionados con mejorar la comunicación de procesos internos, pues un 49% de los encuestados dijo no estar seguro de si su organización ha aplicado sanciones por la transgresión de normas éticas. Además, un 20% de las personas que sí está al tanto dijo que se enteró a través de medios informales, como rumores o conversaciones de pasillo.

También es fundamental fortalecer confianzas para que las personas se atrevan a alzar la voz. El Barómetro FGE dejó en evidencia que un 39% de quienes han presenciado situaciones al respecto no las ha reportado, debido a que dudan que denunciar tenga algún efecto y temen posibles represalias (55%) y, adicionalmente, desconfían de la confidencialidad de los sistemas de reporte (47%).

“Los resultados del Barómetro muestran que las organizaciones están trabajando activamente en la construcción de una cultura de integridad, gestionando este valor que es tan importante a partir de la detección de sus fortalezas y flancos débiles que deben reforzar. Valoramos que 165 instituciones públicas y privadas se hayan atrevido a hacer un autoexamen en el marco del Reconocimiento, cifra que marcó un récord respecto del año anterior cuando 104 fueron parte de este proceso”, afirmó Janet Awad, presidenta de FGE.

Comunicación de valores y efecto integridad

Así como hay retos que deben abordar las organizaciones, existen situaciones positivas que las animan a seguir adelante en el trabajo que están realizando para construir entornos laborales comprometidos con las buenas prácticas. Así lo muestran cifras como el 87% que afirma que el lugar donde trabaja tiene valores establecidos y los promueve. Principios que, además, inspiran a las personas, pues un 71% de los encuestados dice que se siente muy representado por ellos.

Adicionalmente, un 82% percibe que los valores son difundidos activamente, algo en lo que se involucran los directivos, pues un 72% dijo que estos actúan de acuerdo a ellos, dando el ejemplo, y un 63% que el Gobierno Corporativo comunica sobre ellos.

Señales alentadoras que se suman a la positiva percepción de los trabajadores respecto del efecto que tiene la integridad. El Barómetro FGE mostró que un 75% cree que fortalece la marca, un 70% que refuerza lealtad y el compromiso del personal, un 69% que aumenta lealtad de los clientes y atrae a otros nuevos, y un 66% que genera mayor confianza y otorga credibilidad a la organización.

“Esperamos que estos resultados positivos sean la hoja de ruta sobre la cual las organizaciones puedan trabajar para elevar aún más sus estándares en materia de integridad. No debemos quedarnos en la autocomplacencia, pues construir una cultura organizacional con foco en este valor es un trabajo diario”, aseguró Fernanda Hurtado, gerente general de FGE.

Sobre el Barómetro de Valores e Integridad Organizacional

Esta encuesta que mide la definición, vivencia y comunicación de valores empresariales; el conocimiento de las herramientas de prevención de conductas antiéticas; la presencia de conflictos éticos y el compromiso de las jerarquías con la integridad al interior de las instituciones es aplicada desde hace 17 años por FGE. Un instrumento que cuenta con el respaldo técnico de la Dirección de Estudios Sociales (DESUC) de la Universidad Católica.

En un desayuno organizado por WTW, se reunieron especialistas en el tema, entre ellos, Gonzalo Medina, quien fue protagonista en la escritura de la nueva legislación. “Chile ha avanzado a ser un país más íntegro del que era”, destaca.

La nueva “Ley contra delitos económicos y atentados contra el medioambiente”, también conocida como “de cuello y corbata”, establece duras penas para la criminalidad económica. Promulgada este mes, busca castigar a aquellas personas que se saltan las reglas y, además, generar más confianza desde la ciudadanía hacia los empresarios.

Para analizar los desafíos de esta flamante legislación, y sus impactos en empresas y directorios, WTW organizó un desayuno con especialistas en el tema. Entre los asistentes estuvo Gonzalo Medina, uno de los redactores del texto, quien profundizó en los alcances de éste.

¿Cuánto ayuda esta nueva ley a la confianza de la ciudadanía en los empresarios?

Esta ley obliga a las empresas a elevar aún más sus estándares de ética e integridad. En este sentido, es una contribución a que la sociedad los perciba de mejor manera, que entienda que hay un castigo adecuado a aquellos que se saltan las reglas y que, en general, las empresas, si cumplen con los deberes que tienen, van a ser un gran aporte al desarrollo del país.

¿Cuáles fueron los puntos donde fue más difícil llegar a un acuerdo?

Mayores disensos no hubo, fue una ley aprobada por amplia mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. Hubo mucho acuerdo en todos los parlamentarios en que ésta fuera una ley que diera efectivamente una señal al empresariado y a la población de que malas prácticas no son tolerables. Adicionalmente, se tuvo siempre en consideración poner a Chile a nivel de estándares internacionales, o sea, que hacer negocios en Chile cumple los mismos estándares que en países desarrollados.

Hace 10 años, era difícil encontrar a Chile un país corrupto, hoy ha cambiado un poco esa percepción. ¿Se puede decir que Chile es un país corrupto o todavía estamos bajos?

Si uno revisa los índices de percepción de la corrupción a nivel global, Chile se ha mantenido más o menos en el mismo lugar en los últimos años. Lo que existe es mayor investigación, mayores denuncias y más interés de la población por conocer estos hechos. Eso puede hacer que pareciera que hay más corrupción, pero yo creo que Chile ha avanzado a ser un país más íntegro del que era.

¿Cuál es la máxima pena que una persona podría recibir con esta nueva ley?

Depende del delito, hay delitos que van a tener penas muy altas. Por ejemplo, la contaminación medioambiental, generando graves daños a las personas e irreparables al medioambiente, van a tener penas severas, que es como deberíamos haber tenido. En ese sentido, hay cambios.

¿Qué experiencias internacionales sustentan esta nueva ley?

Hay diversas regulaciones internacionales que miramos, como la inglesa y la norteamericana, para guiarnos hacia las mejores prácticas a nivel global en cómo se enfrenta la criminalidad económica. Esas prácticas fueron incorporadas dentro de la ley, por ejemplo, las regulaciones e incentivos a la cooperación eficaz, no sólo en libre competencia o mercado de valores, sino como una regla general en todos los delitos económicos.

“LOS PAÍSES VECINOS NOS RECONOCEN”

En el desayuno también estuvo Manuel Carvallo, socio y gerente general del Estudio Carvallo. El abogado coincidió con Medina, explicando que “Chile tenía que actualizarse y llegar al estándar mundial de la persecución de delitos económicos, comparativamente con lo que se rige en Europa y Estados Unidos. Esto es parte de esa aproximación al mundo empresarial internacional”.

Respecto a la posición chilena en el contexto regional, el especialista fue claro. “Más que la calificación de decir que somos ‘un país corrupto’, es que la corrupción se persiga. Lo bueno es que los países vecinos nos reconocen, es que cuando aparecen casos de cualquier tipo se persiguen, eso es clave. Esta ley permite, a todo nivel público, privado o mixto, que eso ocurra”, comentó.

Otra experta que asistió al encuentro fue Alejandra Schibli, socia fundadora de Schibli Asesores Legales en Seguros Limitada, quien destacó la nueva legislación para elevar la confianza ciudadana. “Le brindará una mayor legitimidad al sector privado, que a veces ha estado tan cuestionado por casos de colusión y eventos de esas características. Sin duda que permitirá al mundo empresarial adecuar sus modelos de prevención de delitos y cambiar también la mirada del riesgo, es decir, asumir una responsabilidad mayor de los riesgos que expone su actividad”, resaltó.

Por su parte, Ricardo Peralta, abogado de Viollier & Asociados Liquidadores de Seguros, señaló que “a nivel de sensaciones, me parece que esta ley debiera marcar un camino para que la ciudadanía vaya cambiando la percepción que hoy tiene del empresariado, sin embargo, habrá que ver cómo se da en la práctica”. Además, tuvo palabras para comparar lo que hoy se vive en la región en torno a los estándares de corrupción: “A diferencia de otros países, me parece que Chile está mucho más bajo, claramente da la impresión de que somos menos corruptos que varios de los vecinos”.

Finalmente, Caroline Baes, Head of Finex de WTW para Argentina, Chile y Perú, resumió la importancia del nuevo marco legal para las compañías. “Es fundamental que las empresas se protejan, comprendiendo bien las implicancias que va a tener la ley y su funcionamiento. Deben informarse para poder prevenir”, cerró la anfitriona de la cita.