Un fallo contundente emitió la Corte Suprema al confirmar la condena contra el notario titular Eduardo Fernández Mora y el notario suplente Jhon Gallardo Gómez, por su responsabilidad en la custodia de un vale vista que fue sustraído, suplantado y finalmente cobrado por un tercero desconocido.

La decisión, adoptada de forma unánime por la Primera Sala del máximo tribunal —integrada por los ministros Mauricio Silva Cancino, Mario Carroza Espinosa, María Soledad Melo Labra y las abogadas integrantes Leonor Etcheberry Court y Pía Tavolari Goycoolea— acogió el recurso de casación en el fondo presentado por la parte demandante.

Con ello, la Corte Suprema dejó sin efecto la resolución de la Corte de Apelaciones de La Serena y confirmó la sentencia de primera instancia, que condenó a ambos notarios a pagar solidariamente la suma de $281.331.667 por concepto de daño directo, monto que deberá ser reajustado e incluir intereses hasta su pago efectivo.

Los hechos se remontan al período comprendido entre el 7 de enero y el 6 de febrero de 2020, cuando el vale vista, que se encontraba bajo custodia en la Segunda Notaría de La Serena, fue sustraído y reemplazado por un documento adulterado. Posteriormente, el documento original fue cobrado en la ciudad de Los Andes por una persona desconocida.

El fallo establece que, al momento de los hechos, Eduardo Fernández Mora se desempeñaba como notario titular y había designado como suplente a Jhon Gallardo Gómez, bajo su responsabilidad, conforme a la normativa vigente.

Uno de los puntos clave de la resolución fue descartar que Fernández Mora careciera de responsabilidad por una eventual incapacidad mental, ya que la declaración de interdicción por demencia se produjo con posterioridad a los hechos, el 19 de marzo de 2020, por lo que sus actuaciones previas se presumen válidas.

En ese sentido, la Corte Suprema fue categórica al señalar que la sentencia anterior no valoró adecuadamente la prueba, particularmente documentos oficiales que acreditaban que el notario titular continuaba ejerciendo funciones, solicitando permisos y licencias, e incluso proponiendo a su suplente.

“El fallo de segunda instancia no consideró adecuadamente los instrumentos públicos que acreditaban que el demandado tenía plena capacidad al momento de los hechos”, sostuvo el tribunal.

Con este pronunciamiento, el máximo tribunal reafirma la responsabilidad de los notarios en la custodia de documentos de alto valor y la obligación de garantizar la seguridad en los procesos notariales, especialmente cuando estos involucran instrumentos financieros.

El caso marca un precedente relevante sobre los estándares de diligencia exigidos en notarías, tras un hecho que terminó con la pérdida millonaria de un documento cobrado fraudulentamente fuera de la región.

El máximo tribunal instruyó el desalojo de personas que habitan en una franja eléctrica de Interchile S.A., subrayando el peligro vital que enfrentan quienes viven bajo líneas de alta tensión. La resolución exige que el procedimiento se realice con medidas de apoyo y acompañamiento social.

La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por la empresa Interchile S.A. y ordenó el desalojo de un grupo de personas que habita en un terreno de La Serena con servidumbre eléctrica, advirtiendo el riesgo que supone vivir tan cerca de una línea de alta tensión.

El fallo —que revocó una resolución previa de la Corte de Apelaciones de La Serena— destacó que la presencia de viviendas y construcciones en la denominada faja de protección no solo vulnera el derecho de propiedad de la empresa, sino que expone a las familias a un riesgo vital.

“La ocupación de esa faja de terreno por parte de los recurridos implica un riesgo para las personas que se encuentran en el lugar”, señaló Interchile en su presentación ante los tribunales.

La compañía también advirtió las graves consecuencias que puede generar el contacto con líneas de alta tensión: “Al instalar construcciones en la denominada ‘faja de protección’ de la servidumbre, se exponen a heridas de entrada y salida, quemaduras en la piel e incluso en órganos internos, contracturas musculares, fracturas óseas e incluso la muerte”.

El máximo tribunal determinó que la acción fue presentada dentro del plazo legal y estableció que los ocupantes sí participaron en la situación al suscribir promesas de compraventa sobre el terreno afectado.

En su resolución, la Corte Suprema recordó que la Ley General de Servicios Eléctricos prohíbe realizar construcciones u obras que impidan el uso de una servidumbre eléctrica, y que el titular de ésta puede exigir su restitución.

Sin embargo, el tribunal ordenó que el desalojo se ejecute en un plazo de dos meses con medidas de resguardo social, considerando la vulnerabilidad de las personas que habitan el lugar y la necesidad de que las instituciones competentes aseguren un acompañamiento adecuado.