La actividad, organizada por la Red para la Participación, convocó a 70 personas de diversas organizaciones de la sociedad civil y contó con la participación de Claudia Heiss, académica de la Universidad de Chile; Marcela Ríos, representante asistente para PNUD y Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia.

A través de un encuentro digital a nivel nacional se desarrolló : “La Voz de la ciudadanía en la Convención”, un espacio abierto de reflexión y de deliberación colectiva convocado desde la Red para la Participación, iniciativa integrada por una diversidad de personas, proyectos y organizaciones dedicadas a promover la participación ciudadana y transparencia para el proceso constituyente.

La instancia se centró en la reflexión colectiva sobre los estándares generales que deben cumplirse para que la participación ciudadana y la transparencia hagan del proceso constituyente una instancia democrática, abierta y participativa, los mecanismos específicos de participación que deberían plasmarse en el reglamento de la Convención Constitucional y el rol que se espera de la Red para la Participación durante el proceso. Además, la actividad contó con destacadas panelistas para fomentar el debate y la reflexión.

La presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, órgano garante del derecho de acceso a la información pública, comentó que a partir de los 12 años de experiencia de la entidad en materias de transparencia, probidad y derecho de acceso a la información, trabaja en una nueva versión de un documento con propuestas en estos ámbitos para abrir y colaborar con el debate. Aclaró que no es facultad de esta institución del Estado “decir a la Convención Constitucional qué hacer”. Pero subrayó la relevancia de estos temas para dotar de legitimidad al proceso en el que se definirán cuestiones fundamentales para el futuro del país.

“Lo que viene para adelante es muy largo y cuidar cada uno de los hitos es muy importante” y “como no está resuelta la crisis política institucional, es muy importante cuidar cada uno de sus hitos”, más allá del plebiscito de salida, explicó. Agregó que son definiciones centrales para el país y que nos acompañarán por mucho tiempo y “en este cuadro, es clave pensar cómo garantizamos altos grados de legitimidad, confianza ciudadana sobre estos procesos”.

Claudia Heiss, jefa de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile e integrante de la Red para la Participación y de la Red de Politólogas, analizó el contexto histórico que llevó a Chile al proceso constituyente, valorando la relevancia de la participación ciudadana para la elaboración de la nueva constitución y apuntó que “es un error pensar que la participación va a reemplazar a la representación”.

Sobre la relación de la ciudadanía con las instituciones, agregó que “la desafección tiene que ver con la pérdida de capacidad de dar respuesta que han sufrido las instituciones”, poniendo sobre la mesa el rol del estallido social en la politización de la desigualdad y de la falta de democracia.

Por su parte, Marcela Ríos, representante asistente del Programa de las Naciones Unidas, se refirió a los ejemplos de mecanismos de participación en el mundo, enfatizando que “no existe una receta única, ni una sola forma de promover la participación de la ciudadanía en procesos de reemplazo constitucional. Un ejemplo innovador fue el de Ciudad de México con el uso de crowdsourcing a través del uso de nuevas tecnologías, o en Irlanda con la implementación de asambleas paralelas a la convención con un rol deliberativo cuyos integrantes sean seleccionados de manera aleatoria”. En relación a mecanismos de participación para el proceso constituyente de nuestro país, indicó que “es esencial que los mecanismos tengan claro el diseño del principio hasta el fin, que asegure accesibilidad y trazabilidad para que queden registro accesible para el futuro ”.

Además señaló que “lo central en términos políticos y metodológicos es cómo se complementan mecanismos de participación con una Convención Constitucional que ya ha innovado en un diseño de democracia representativa. Hoy el diseño de la Convención rompe con una visión restrictiva de la representación donde importa no solo las posiciones politico-ideológicas, sino también quienes son las y los representantes; por primera vez tendremos una Convención Constitucional con paridad de género, escaños reservados para pueblos indígenas, presencia de independientes, personas en situación de discapacidad”.

Finalmente, Vicente Martínez, integrante de CONSTI TU+YO y co-coordinador de la Red para la Participación, destacó la importancia de la transparencia y la participación ciudadana como pilares estructurales del proceso constituyente y el contenido de la futura constitución: “Valoramos el compromiso de quienes asistieron al encuentro para generar y de sumarse a estos espacios de debate y deliberación desde las organizaciones sociales y ciudadanía”. Y manifestó que “los resultados de este encuentro serán la base del Compromiso para la Participación, que la Red promoverá entre las candidaturas a la Convención Constitucional para que la necesidad de un Proceso Constituyente democrático, transparente y participativo para su legitimidad y éxito”.

La Red para la Participación (www.redparalaparticipacion.cl) está integrada por:

Ahora Nos Toca Participar, Brigada Constituyente, C80, Centro de Autoformación Cívica, Comunidad de Organizaciones Solidarias, CONSTI TU+YO, Constitución 2021, Contexto, Corporación Humanas, Espacio Público,Fundación Ciudadanía Inteligente, Fundación Multitudes, Laboratorio de Controversias Universidad de Chile, Leasur, Momento Constituyente, Politigram, Vinculante, Claudia Heiss, Camilo Morales, Danae Mlynarz, Federica Sánchez, Gonzalo de la Maza, Javiera Arce, Julieta Suárez, María Jaraquemada y Pablo Valenzuela.

En seminario organizado por el Consejo para la Transparencia, representantes de la sociedad civil, Ejecutivo y periodismo de verificación reflexionaron sobre riesgos para la democracia que conlleva la desinformación.

El ministro vocero Jaime Bellolio se refirió a las noticias falsas que circularon ayer sobre contagio del Presidente Piñera por Covid-19, tras informarse PCR negativo del mandatario, y que incluyó que habría tenido contacto con sobrinos que participaron en fiesta clandestina.

Ante un tren eleccionario que incluye un importante número de procesos electorales entre 2021 y 2022, el Consejo para la Transparencia (CPLT) organizó un conversatorio sobre el impacto que puede tener la circulación de informaciones falsas, manipuladas o engañosas en redes sociales y los riesgos que implica para la legitimidad de estos procesos y la democracia.

La titular del CPLT, Gloria de la Fuente, contextualizó el fenómeno refiriendo a una crisis de confianza en las instituciones –incluyendo medios que tienen protocolos de verificación-, un incremento del uso de redes sociales e Internet por parte de los chilenos, y a cambios en las formas de generación y consumo de información, lo que incluye un mayor porcentaje de personas que se informan vía redes sociales.

En este marco, explicó es mucho más complejo la difusión de información oficial, dado que entidades clave para el circuito informativo caen en niveles de credibilidad. Por ello, planteó que “desde el Consejo para la Transparencia nuestro interés fundamental es que se promueva que la información pública es muy relevante y la veracidad aún más”.

Detalló que el CPLT inició “un trabajo que involucra a varios actores –académicos, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, autoridades- de manera tal de generar una iniciativa que permita tener una plataforma común en torno a la desinformación y cómo la combatimos como flagelo importante”. Por ello ante un ciclo electoral muy fértil como el que enfrentará Chile este año y el próximo se tomen resguardos para prevenir e informar a la ciudadanía.

Ante la situación del país en esta materia, Marcela Ríos, representante asistente del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile (PNUD), subrayó que Chile es parte de un programa piloto que impulsa el organismo en varias naciones de la región “preocupados por el efecto nocivo que tiene la difusión de información errónea, maliciosa, de desinformación o contaminación informativa y vemos que en muchos países esto está teniendo efectos en las elecciones, en la capacidad de los ciudadanos de tomar decisiones”.

¿Mentir sale barato en Chile?

“El problema es que son muchas elecciones y no hay mucha información de dónde echar mano”, explicó el director del medio de verificación Fastchecking.cl, Fabián Padilla. Asimismo, planteó que los este tipo de periodismo surge porque: “Hay que elevar el costo de la mentira”. “El presidente Trump dijo hasta hoy que su elección fue un fraude y hay gente que elige creer en eso”, “porque mentir es gratis”, dijo. Explicó que iniciativas como la que lidera buscan “elevar el costo” y que a ciertos actores “les salga más caro mentir”.

Jaime Bellolio, ministro Secretario General de Gobierno, comentó que que en un marco de poder más horizontal, las redes sociales facilitan la ocurrencia de ciertos fenómenos y lógicas a nivel mundial como el de las “funas” y las amenazas, y se refirió a una serie de contenidos que han circulado en el último como ejemplos de contenidos falsos. Así refirió a la circulación de información sobre el estado de salud del presidente Piñera y el inicio de una cuarentena, al igual que la primera dama, por contacto estrecho con una persona con PCR positivo para Covid-19: “que habían sobrinos de él que estaban en Cachagua, mentira; que esos sobrinos lo habían contagiado a él, mentira –porque no estaba contagiado-; y tercero, que presentaba síntomas graves”. Y agregó: “eso se transforma en una especie de realidad y es muy difícil combatirla”.

Desinformación y vacunas

A juicio de quien encabeza el Consejo, el desafío no es sólo para la democracia y los procesos eleccionarios “sino también porque estamos enfrentando una situación sanitaria en el mundo que nos desafía”. Por ello, se debe pensar cómo enfrentar el fenómeno de la desinformación y las Fake News de cara a la protección y fortalecimiento de procesos muy sensibles para la vida de la población, como es la estrategia de vacunación por Covid-19.

Desde esta perspectiva, Padilla de Factcheckin.cl subrayó que la desinformación en este ámbito requiere de atención porque “es muy grave. Hoy hay mucha gente que desconfía de las vacunas” y planteó como desafío de qué forma el Estado “se va a hacer cargo de que la gente vuelva a confiar”.

Vacíos regulatorios

De la Fuente del CPLT destacó que la desinformación puede abordarse desde varias aristas, entre ellas destacó el binomio libertad de expresión y poner límites a mensajes de odio y el uso de big data o datos de forma masiva, lo que instala una discusión respecto de la protección de datos personales y los vacíos que evidencia una ley que no se moderniza desde 1999.

“Tenemos que estar alerta porque es la regulación, pero también la educación de la ciudadanía”, dijo la titular del Consejo. Sobre el punto destacan las campañas del CPLT “Descomparte” y “No te Creas Todo” del PNUD, que buscan que las personas colaboren a poner freno a la circulación de contenidos engañosos o maliciosos

La instancia ratificó lo establecido por el Consejo para la Transparencia (CPLT) en amparos en contra de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y de la Superintendencia de Pensiones (SP), entidades que deberán acceder a los requerimientos tras denegar el acceso a los antecedentes por la oposición de las administradoras de fondos de prensiones.

En fallos unánimes, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los reclamos de ilegalidad presentados por las administradoras de fondos de pensiones Capital S.A., Modelo S.A., Cuprum S.A., Habitat S.A. y Provida S.A. que buscaban dejar sin efecto las decisiones del Consejo para la Transparencia (CPLT) que ordenaron la entrega de información sobre las comisiones efectivamente pagadas por fondos de pensiones, por concepto de administración de las inversiones en fondos de origen nacional o extranjeros. 

De esta forma, la Séptima Sala de este tribunal ratificó lo establecido por el CPLT –amparos roles C4807-18 y C4808-18 en contra de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y C6093-18 en contra de la Superintendencia de Pensiones (SP), desestimando la causal de reserva alegada por las AFP sobre la afectación de derechos económicos y comerciales para denegar el acceso a estos antecedentes requeridos de diversos años.  

El fallo de esta instancia judicial confirmó el carácter de públicos de las comisiones requeridas, puesto que éstas son establecidas por la Superintendencia de Pensiones (SP) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), constituyendo fundamento de un acto administrativo conjunto -aportados al ente fiscalizador, la SP, por los particulares- y siendo parte de los procedimientos administrativos de fiscalización y/o de control llevados a cabo por la Superintendencia. Esto acorde con lo establecido en la Constitución sobre la calidad de públicos no sólo de actos y resoluciones de los órganos del Estado, sino también de sus fundamentos y de los procedimientos que se utilicen para su dictación. 

La Corte sostuvo que esto no se ve alterado en el caso de que la información requerida tenga su origen en las administradoras, pues estas empresas si bien tienen una estructura de carácter privado, su cometido y, en especial, el cumplimiento de los deberes son propias del ámbito público, y son vigiladas por organismos del Estado. Asimismo, destacó que el legislador crea un sistema de seguridad social con la finalidad de otorgar pensiones –de vejez, invalidez y sobrevivencia-, estableciendo que serán las AFP las que estarán a cargo de ellas y que todo trabajador que ingrese a desempeñar labores, está obligado a cotizar en una de estas entidades.

Otra de las cuestiones abordadas por la Corte de Apelaciones refirió a que la información requerida es antigua y su publicidad no está prohibida por la ley, además de haber  incluido a todas las administradoras de fondos de pensiones, concluyendo que las empresas que presentaron el reclamo de ilegalidad no aportaron antecedentes para demostrar los perjuicios económicos y comerciales esgrimidos. Esto último también fue considerado en la alegación ante el Consejo para la Transparencia.   

La Superintendencia de Pensiones (SP) denegó acceso a antecedentes relacionados con el cálculo de estas cifras alegando afectación a derechos comerciales o económicos de terceros.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) decidió por unanimidad de sus integrantes ordenar a la Superintendencia de Pensiones (SP), la entrega de información relativa a cálculos de saldos o excedentes de AFP Provida (Rol C7347-19). Lo anterior al acoger, parcialmente, un amparo en contra del organismo, que denegó el acceso a partir de las alegaciones de la entidad previsional basadas en una afectación a sus derechos comerciales o económicos y tras informar que parte de los antecedentes consultados se encuentra disponible en el portal de internet del organismo fiscalizador.

La solicitud involucraba además antecedentes relativos a “los procedimientos actualizados de Provida” para realizar el cálculo de pensiones y excedentes, indicando cada una de las unidades administrativas que participan en estos procesos.

Respecto de esta parte del requerimiento, vinculada a montos, tasas, fórmulas y certificados, el CPLT decidió rechazar el amparo a partir de la constatación de que la SP accedió a su entrega y dispuso su retiro en las oficinas y horarios indicados por la entidad , por tratarse de información que contiene datos de carácter personal –conforme a lo dispuesto en la Instrucción General N°10 del CPLT-.

A su vez, respecto de los trabajadores de la AFP que participaron en los procedimientos consultados, se dispuso su reserva por tratarse de información que forma parte de la esfera privada, puesto que se trata del nombre o identidad de personas naturales que trabajan en una empresa privada, y no corresponde a la identidad de funcionarios públicos.

Asimismo, se desestimó la petición de ordenar a la Superintendencia el cálculo “correcto” de los valores consultados, por tratarse de un requerimiento en el ejercicio del Derecho de Petición establecido en la Constitución, y no de una solicitud de información conforme a la Ley de Transparencia.

La SP presentó a fines de la semana pasada un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia que deberá pronunciarse respecto de la decisión del Consejo sobre procedimientos y cálculos solicitados.

El presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada, subrayó que “las instituciones responsables de estos trámites deben tomar todas las medidas de seguridad disponibles para evitar usos abusivos y no autorizados de los datos de las personas que retiren sus fondos, y además comunicarlas adecuada y oportunamente”.

El titular de Transparencia agregó que “esperamos que los organismos que estarán a cargo de la seguridad de estos procedimientos implementen y refuercen sus mecanismos digitales con miras a la adecuada implementación de este proceso y al resguardo de la información que se recopile”. Explicó que una de las cuestiones clave del retiro de fondos es la autentificación de la identidad, es decir, demostrar que la persona que solicita el retiro del dinero es quien dice ser.

Además, Jaraquemada, especificó que “no sólo se requiere demostrar fehacientemente la identidad del titular de los fondos, sino también determinar la voluntad del afiliado o cotizante que solicita el retiro, procedimientos que requieren de la entrega de datos personales por parte de aquellos que quieran implementarlo”.

El abogado apuntó que este tipo de cuestiones adquiere aún más relevancia en tiempos de emergencia sanitaria por Covid-19, dado que “no se puede exponer a los ciudadanos a riesgos innecesarios. Ellos deben tener información oportuna y clara de cómo proceder para realizar este trámite”.

“La idea es que la gente pueda realizar este procedimiento en línea para evitar trámites presenciales, lo que requiere que se tomen las medidas de resguardo de datos personales de los cotizantes, que se van a recopilar y tratar en el marco de este proceso”, detalló el representante del Consejo.

Recomendaciones a organismos responsables de tratamiento de datos personales

Desde el CPLT informan que las entidades responsables de registrar y almacenar datos personales que serán solicitados en el marco del proceso de retiro de fondos previsionales deben –acorde a lo establecido por la ley de protección de datos datos personales-:

• Implementar todas las medidas necesarias –técnicas y organizativas- para resguardar los datos personales de filtraciones o hackeos, garantizando su confidencialidad y acceso no autorizado.
• Informar adecuada y oportunamente a los usuarios acerca de los procesos y requisitos que se establecerán para cuidar sus datos personales, señalando qué medidas de seguridad van a implementar con este fin.
• En el caso de trámites en línea –que implican levantar y recopilar datos personales- deberán usar sitios con protocolos seguros, que garanticen que los datos introducidos a la web serán cifrados, restringiendo que sean interceptados por personas no autorizadas.
• Establecer medidas que impidan la suplantación del cotizante y que permitan una correcta autentificación de la identidad del afiliado. Es decir, deben tomar resguardos para que terceros no puedan usar datos personales –como el nombre, número de identidad o imagen- a los que accedan mediante sustracción de claves, para hacerse pasar por una persona que solicita retirar sus fondos.

Titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, consideró el hecho como “bien orientado” pero hizo hincapié en la necesidad de avanzar en acciones como: dedicación exclusiva y probidad y control de conflicto de intereses en el Congreso. 

“Más allá del debate sobre el porcentaje de rebaja de los altos sueldos de las autoridades y parlamentarios, me parece que esto está bien orientado. Rebaja las brechas que  existen entre la ciudadanía y los sueldos de estas autoridades, pero no deja de ser un tema más bien de orden simbólico”, así reaccionó el máximo representante del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, a la definición del Consejo de Alta Dirección Pública (CDAP), instancia que anunció este martes la disminución de un 25% de la dieta parlamentaria y de secretarios de Estado y de un 10% de rebaja en el salario del Presidente de la República y otras autoridades.

Lo anterior, dado que acorde a lo expresado por el abogado que encabeza el CPLT, se requiere abordar otros temas relevantes en el caso de los parlamentarios. “Me parece que lo realmente relevante acá tiene que ver con cómo se manejan y se resuelven los conflictos de intereses de estas autoridades”.

A juicio del representante de Transparencia, quien recordó que se trata de un tema en el que el Consejo viene insistiendo desde hace tiempo, es clave la adopción de dos medidas que irían en esta línea: “la primera es que los parlamentarios tengan dedicación exclusiva, es decir, que no puedan recibir otras rentas de origen privado. Y además, que la norma que hoy les prohíbe que puedan promover y votar aquellos asuntos donde tengan interés directo sus parientes más cercanos sea una realidad concreta. Hoy día no lo es básicamente porque no tiene una sanción”, explicó Jaraquemada.

El titular del CPLT insistió además en la necesidad  de implementar acciones orientadas a enfrentar la crisis de confianza que el país está viviendo desde hace décadas y recordó el llamado que realizó como presidente de este organismo en conjunto con el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez: “Chile debe avanzar en sus estándares de transparencia y probidad fuertemente, y como lo hemos señalado con el Contralor General en una publicación de prensa reciente, lo que hay que hacer es construir confianzas donde no las hay y reconstruirlas donde se perdieron”, afirmó.

En tiempos de confinamiento como medida de prevención del contagio, las personas están volviendo a usar masivamente este tipo de apps, esta vez para ver cómo se ven con otro género, práctica que implicaría la entrega de gran cantidad de información personal.

Junto con recordar que la imagen del rostro es un dato personal, el Presidente del Consejo, Jorge Jaraquemada señaló que el fenómeno viral derivado del uso de FaceApp, permite subrayar la necesidad de cuidar esta información privada, esto dado que “quienes usan esta aplicación entregan sus datos biométricos y consienten que estos y otra información sean comunicados a distintas compañías, no sólo a la que desarrolló la aplicación lo que va en desmedro de sus derechos como usuario”.

El Consejo para la Transparencia (CPLT), reiteró su advertencia de los riesgos que conlleva el uso de aplicación “FaceApp”, la que se ha masificado en estos días de confinamiento para reducir el contagio por Covid-19.  Lo anterior, dado que la herramienta permite a la empresa detrás de la aplicación levantar grandes cantidades de datos biométricos, metadatos, información de redes sociales y de otro tipo de los usuarios, pudiendo además transferirlos a empresas fuera del país.

“Quienes usan esta aplicación entregan sus datos biométricos y consienten que estos y otra información sean comunicados a distintas compañías, no sólo a la que desarrolló la aplicación lo que va en desmedro de sus derechos como usuario”, afirmó el titular del Consejo, Jorge Jaraquemada.

La recopilación de los datos se realiza a partir del uso de filtros, que a través de un algoritmo informático posibilitan el escaneo de la imagen de la cara, lo que permite modificarla y por ejemplo ver cómo luce el usuario con otro género o más viejo.  El resultado, que para muchos parece divertido, implicaría “un costo alto vinculado a la entrega de demasiados datos personales, bajo condiciones que implican que el titular de los mismos pierda el control sobre ellos”, explicó el presidente del CPLT.

Desde el fin de semana pasado se identificó un aumento en el uso de esta herramienta, lo que para el Consejo es preocupante dado que las políticas de privacidad y términos de uso de la aplicación (cuya última actualización fue el 04/06/2020) permitió constatar que la aplicación puede recopilar metadatos, como la geolocalización, y – en caso de accederse a través de Facebook u otra aplicación de red social-, posibilita recoger información desde redes sociales, como por ejemplo: el alias del usuario, nombre y apellido, lista de amigos, entre otros antecedentes.

El CPLT reiteró su llamado a tomar conciencia sobre el uso de la popular aplicación y agregó que los términos de uso indican expresamente que la compañía puede tener conocimiento de las páginas web que se hubiesen visitado de forma previa al acceso a la app, además de la dirección IP y otra información del dispositivo mediante el cual se accede a ella. Asimismo, establecen que dichos antecedentes pueden ser transferidos a empresas relacionadas, lo que otorga bastante discrecionalidad para tratar los datos que recogen, en desmedro de los derechos de los usuarios. Por ejemplo, si FaceApp es adquirida por otra compañía, dicha información se podría compartir con el nuevo dueño.

Para el CPLT es relevante que los que utilicen la app sepan que se están exponiendo a una mayor desprotección derivada de la escasa y desactualizada regulación con la que cuenta nuestro país, por ejemplo en términos de comunicación transfronteriza de datos. En este caso se contempla transferencia internacional de información personal –a Amazon Web Services y a la plataforma Google Cloud-. “La normativa sobre protección de datos personales no se ha perfeccionado desde 1999, por lo que está lejos de hacerse cargo de los problemas que plantea el uso de este tipo de apps”, dijo el representante del Consejo. “Esperamos que la ley que perfecciona esta normativa salga del Parlamento lo antes posible para poder enfrentar situaciones que exponen a las personas a usos abusivos de su información personal tras dar su consentimiento sólo porque querían usar una app como entretención”.

• En cuanto al pago de bonos o estipendios, es decir, asignaciones especiales vinculadas por ejemplo a viáticos, 34 integrantes de las planas ejecutivas de distintas empresas públicas recibieron un total sobre los 100 millones de pesos el año pasado. Respecto del caso de ENAP, cuestionada por el pago de un bono a parte de su plana de ejecutivos, el CPLT subrayó la necesidad de imponer obligaciones de transparencia a este tipo de empresas, dado que no habría información en fuentes públicas relacionada con el acuerdo al que aludió la compañía.

Casi 2 mil millones de pesos en pago de remuneraciones líquidas, bonos y otras asignaciones para sus directores –vinculadas a conceptos como movilización, viáticos, entre otros- destinaron 27 empresas públicas (EP) el 2019, acorde a lo que evidenció una fiscalización a esta categoría de empresas realizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT) a principios de este año.

Según el informe del Consejo, el monto agregado total percibido por todos los directores de empresas públicas durante el 2019 por concepto de dietas y remuneraciones líquidas fue de $1.973.241.001, percibiendo en promedio $20.135.112 cada uno (si es que se mantuvieron en el cargo durante doce meses).

En el desglose de esta cifra pudo establecerse que las empresas que más dinero pagaron a sus directores fueron: Codelco, que destinó $455.201.088 para estos fines y Banco Estado que informó del pago de $432.632.260, concentrando entre ambas un 45% del monto total de remuneraciones líquidas pagadas a integrantes de directorios de EP. Asimismo, son las dos entidades que más recursos destinaron al pago de los presidentes de sus directorios (ranking elaborado comparando sólo estos cargos entre sí, sin considerar otros como el de presidente ejecutivo -existente en el caso de la cuprífera- que recibe remuneraciones más altas que las pagadas a los presidentes de directorio).

Con una diferencia importante aparece en el tercer lugar la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) con $152.076.340, entidad que ha sido foco de cuestionamientos a raíz del pago a 13 de sus altos ejecutivos de un total de $500 millones de pesos por concepto de bono por “retención de talentos” el pasado mes de enero. Esta obligación contractual, acorde a información de prensa, estaría enmarcada en un acuerdo suscrito en 2017 y que se pagaría cada tres años, con el objetivo de retener a ciertos profesionales.

De acuerdo a lo establecido por el Consejo para la Transparencia en esta situación particular “evidenciamos la necesidad de establecer que las empresas públicas cumplan con ciertas obligaciones de acceso a la información”, explicó el presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada. Esto dado que “no se encontraron menciones al bono para retención de talentos en las fuentes que chequeó la Dirección de Fiscalización de nuestra entidad y que están a disposición de cualquier ciudadano”. “Sólo sería factible inferir que pueden estar asociados a beneficios establecidos en contratos colectivos e individuales”, agregó el abogado.

Ante ello, dijo el titular del CPLT “necesitamos dar más y mejores herramientas a las personas para ejercer control y monitorear operaciones empresariales, así como hacer un seguimiento a las decisiones que toman los directivos”.

Pero este no es el único caso de ejecutivos que recibieron este tipo de bonos o estipendios, es decir, pagos por asignaciones especiales. El CPLT identificó que 34 integrantes de las planas ejecutivas de distintas empresas públicas habrían recibido este tipo de retribuciones, totalizando poco más de 100 millones de pesos en 2019 ($101.244.980). Según estableció el análisis del Consejo, el monto más alto por asignaciones especiales fue el otorgado al gerente general de la Empresa Portuaria de Valparaíso –bajo el concepto de “renta variable” y contabilizado en la remuneración bruta.  El segundo habría sido el que se entregó al ejecutivo que ocupa el mismo cargo en Casa de Moneda por $8.481.550 y el tercer lugar correspondió al gerente de operaciones de Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) que recibió $8.376.356, estos dos últimos asociado a “viáticos”.

En relación a pagos por asignaciones especiales en el caso de directores de empresas públicas, sólo 7 de ellos –lo que representa un 5% del total de personas que desempeñan estos cargos en esta categoría de entidades- reciben recursos asociados a este concepto. 

Entre los casos destacados aparecen el directorio de la Empresa Portuaria de Antofagasta, constituido por tres directores que recibieron un total de $18.413.173 por concepto de “ingreso adicional líquido”. En tanto, se otorgó el pago de $8.272.000 por “bono de cumplimiento del plan de gestión anual” al director de la Empresa Portuaria de Arica. En ninguno de los dos casos se informa expresamente si dichos pagos son parte de la remuneración líquida anualizada.

Respecto de lo evidenciado por el CPLT Jaraquemada comentó que: “Las empresas públicas enfrentan un gran desafío para conseguir el máximo desarrollo de las áreas en las que intervienen, pero también deben cumplir con ciertas exigencias en planos como la eficiencia administrativa y la ética, o la responsabilidad social”.

“En el contexto en el que estamos, enfrentando de la mejor forma un escenario social y económicamente complejo, nos parece adecuado transparentar los destinos de recursos públicos para permitir el control por parte de la ciudadanía”. Asimismo, subrayó el abogado, “la transparencia ayuda a corregir, en la eventualidad de que se requiera, situaciones que no se condicen con la emergencia que estamos viviendo”, finalizó el titular de Transparencia.

El proceso buscó “caracterizar las remuneraciones, bonos y otros pagos de los directorios y planas ejecutivas de estas compañías durante el año pasado, así como la estructura de sus distintos directorios”, explicó el titular del CPLT. Para ello se revisaron publicaciones que las entidades deben mantener en sus sitios web con acceso público (Transparencia Activa) y en el caso particular de la participación en distintos directorios se levantó información de fuentes abiertas, Comisión para el Mercado Financiero y LinkedIn.

Cabe destacar que la fiscalización del CPLT evidenció además que 6 de las empresas públicas fiscalizadas –de un universo total de 27 que incluyeron tanto a compañías que integran el Sistema de Empresas Públicas (SEP) como las que no- incumplieron obligaciones en materia de transparencia activa. En su mayoría esto deriva de la no actualización de antecedentes sobre “Remuneraciones y/o Dietas de Directorio y Gerentes” o información incompleta relacionada con estos contenidos, por lo que los resultados del proceso se obtuvieron en base a los antecedentes disponibles hasta la fecha de cierre de la revisión realizada por el Consejo.

Directorios: nombres se repiten, no sólo en EP

Con respecto a antecedentes sobre la constitución de los directorios de empresas públicas “de manera de determinar su estructura” -como explicó el máximo representante del Consejo-, el informe del CPLT estableció que en su mayoría (36) están compuestos por personas que a la fecha de la fiscalización integraban más de un directorio (público o privado). En tres casos se evidenció que un director participaba en dicha instancia en más de una empresa pública: Ana Holuigue Barros, Fernando Massú Taré y Víctor Selman Biester. Los dos primeros, además, formaban parte de dos o más directorios de empresas públicas y privadas a diciembre de 2019.

En el caso de Ana Holuigue, además de aparecer como directora en ENAP hasta fines del año pasado también presidía el Directorio de TVN, cargos por los que habría recibido un total de $30.088.812. En paralelo, integraba el directorio de Parque Arauco y la fundación Un Techo para Chile. Un caso similar es el del videcepresidente del directorio de ENAP, Fernando Massú, quien también ocupaba la presidencia del Directorio de Polla Chilena, habiendo recibido $41.559.948 por ambos directorios en el mismo período. Este último además aparecía como parte del directorio de dos entidades privadas, Parque Arauco y BTG Pactual.

En el grupo de directores que desempeñaba este rol en más de una empresa pública, destacan algunos ex funcionarios de Gobierno como Hernán De Solminihac Tampier y Pedro Pablo Errázuriz Domínguez. En ambos casos integraban en 2019 el directorio de una EP –Codelco y EFE respectivamente- y además participaban de dicha instancia en entidades privadas. En el caso del ex ministro de Minería y de Obras Públicas, Solminihac era parte de los directorios de Clapes UC, Cruzados y el Club Deportivo Universidad Católica (CDUC). En tanto, el ex jefe de la cartera de Transportes, aparecía asociado al directorio de la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel SA,  EVERIS,  FESUR y Tren Central Grupo EFE.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) puso bajo la lupa las políticas de privacidad de algunas de las plataformas de ocio que han incrementado su uso en el contexto de la emergencia sanitaria y el encierro para prevenir contagios por Coronavirus.

Entre los resultados destaca que no informan sobre medidas de ciberseguridad como el cifrado "punto a punto", lo que impide descartar que pueda haber accesos a la información personal que se comparte al usar algunas de estas plataformas.

El aislamiento, autoimpuesto u obligatorio, está llevando a las personas a modificar sus rutinas. Desde las formas de abastecerse, las actividades de ocio y las formas de comunicarse están cambiando. “La gente busca nuevas formas de socializar, de reunirse, de compartir actividades conjuntas que sean lo más parecido a las interacciones cotidianas y por ello este tipo de plataformas, que permiten crear comunidades, se están masificando. Tienen una serie de funcionalidades que permiten interactuar como lo hacemos presencialmente”, comenta el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada.

Dicha entidad analizó las políticas de privacidad y términos de uso de algunas aplicaciones que han registrado un alza importante en el número de usuarios con la pandemia por Covid-19, destacando entre ellas las que permiten crear grupos virtuales o comunidades para desarrollar actividades sincronizadas, como ver una película, como es el caso de Discord y Netflix-Party.

En el caso de la primera, permite crear y gestionar servidores –privados, semi-privados- en los que se puede intercambiar información con uno o más integrantes de la comunidad, las que pueden ser pequeñas o estar integradas por muchas personas que se conectan y comunican al mismo tiempo. La app opera a partir de la tecnología VoIP – o Voice Over IP, es decir, voz sobre IP, que posibilita conversaciones telefónicas en una red IP-.

Si bien tuvo mucho éxito en los circuitos de gammers en sus inicios, hoy se masifica dado que cualquier grupo que requiera canales de conversación puede usarla, lo que ha llevado a la compañía a ampliar la capacidad de los canales de 10 a 50 personas. “Puede usarse, por ejemplo, para ver el mismo contenido en línea mientras uno de los integrantes de la comunidad transmite vía streaming, y comentarlo”, explica el presidente del Consejo.

Sin embargo, subraya Jaraquemada “a partir de la revisión de las políticas de privacidad de esta aplicación pudimos establecer que recopilan información personal sobre los usuarios –nombre, correo electrónico- y además podrían acceder a cualquier mensaje, imagen u otro tipo de contenidos que las personas envíen a través del chat”. Pese a que el análisis permitió establecer que es una política que informa dónde y cómo procesan la información, éstas no establecen expresamente sobre el uso de tecnologías de cifrado end-to-end que impida el acceso a datos que son personales y sensibles, por ejemplo, los asociados a prácticas habituales de los usuarios o a sus preferencias y gustos.

A juicio del CPLT esto podría implicar “una afectación importante de la privacidad de los usuarios”. Lo anterior, dado que para la empresa no habría comunicación privada propiamente tal.

Lo antes dicho adquiere especial relevancia si se piensa que en el caso de Discord, la app tiene una función de chat que puede estar activa todo el tiempo y cuyos canales de voz permiten a los usuarios hablar con otros en tiempo real. “Los contenidos de esas conversaciones podrían ser eventualmente recopilados y no ser considerados parte de una conversación privada”, precisa el titular del CPLT. “Esto puede generar inconvenientes importantes en el caso de las comunicaciones de menores de edad, quienes podrían verse expuestos a ciberataques o podrían ser víctimas de delitos relacionados a pornografía infantil”, precisó Jaraquemada.

Medios de comunicación han informado respecto de ataques a comunidades, casos de violencia en línea, promoción de contenidos ilegales o nocivos y, también, el uso de esta plataforma por parte de organizaciones criminales como medio de intercambio de información ilegal, en términos muy parecidos a los realizados en sitios de la deep web, aprovechando la masividad de la plataforma y la facilidad de uso.

En el caso de Netflix-Party al ser un complemento del navegador Chrome, usado para chatear mientras comparten sincronizadamente un mismo contenido audiovisual en el sitio de Netflix, la plataforma no exige demasiados datos personales para poder usarla.

Sin embargo, al igual que Discord tampoco explicita en sus políticas de privacidad si cuenta con cifrado punto a punto (end-to-end) en su chat. Por ende, no hay forma de garantizar que las comunicaciones privadas que ahí se desarrollan no sean compartidas con terceros. Asimismo, lamentablemente las referencias a la seguridad de los datos son insuficientes y se limitan a señalar que no ofrecen garantía sobre el adecuado resguardo de la información de los usuarios.

“La pandemia ha evidenciado muchas falencias, una de ellas es la falta de protección en la que están nuestros datos personales y sensibles, como pueden ser preferencias, hábitos o gustos”, afirmó el abogado del CPLT. En este contexto y con el importante aumento que han registrado las descargas de estas plataformas “no hacemos más que amplificar los riesgos de que nuestros datos sean compartidos sin tener conciencia de que lo autorizamos. Como usuarios, si no se moderniza la ley de protección de datos, no nos queda más que ser cuidadosos con la información que entregamos al usar cualquier aplicación”, finalizó Jaraquemada.

¿Cómo evaluar las condiciones de apps para pasar el rato?

El Consejo para la Transparencia hace un llamado a poner especial atención en:

• Las políticas de privacidad con el fin de tener claro qué uso pueden darle las compañías a la información que se comparte y cuáles son las autorizaciones que se están entregando al descargar y utilizar dicha red.
• Qué datos personales recolecta la herramienta o software, sea directamente (por ejemplo, al crear una cuenta de usuario) o a través del uso de la aplicación. En este caso debe evaluarse tanto la recopilación pasiva y automática de datos de la cual muchas veces no se es consciente y que puede estar vinculada al seguimiento de la actividad del usuario, por ejemplo ubicación, preferencias, hábitos alimentarios. 
• Las posible comunicación de los datos recabados a terceros, es decir, a otras empresas o prestadores de servicios y los fines que se persiguen con dicha transferencia. Una aplicación práctica de esto es verificar si se mencionan fines de publicidad directa, puesto que esto último autoriza a la empresa a enviar información comercial no sólo de la aplicación sino de otras compañías, filiales o no.
• Criterios de ciberseguridad como los permisos que solicita la herramienta para operar en un determinado dispositivo y  las medidas de seguridad que contempla (por ejemplo si cuenta con cifrado de extremo a extremo).
• Considerar que por intermedio de los cookies de Internet se puede acceder al historial de navegación. Las páginas web y las aplicaciones usan esta información, las que pueden ser utilizadas, entre otros fines, para publicidad dirigida en base a los sitios que visita con más frecuencia.
• La  posibilidad que tienen los titulares de los datos de ejercer los derechos ARCO, conjunto de derechos que permiten al titular mantener el control sobre ellos.: Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición., y la indicación del mecanismo cómo poder ejercerlos.

La plataforma permite acceder a registros básicos de la institución –como nombres, defunciones, fallecimientos-, lo que es considerado un avance por el Consejo para la Transparencia (CPLT).

Ante críticas que apuntan a que permite acceder sólo a cifras totales y no a causales de muerte, Jorge Jaraquemada, presidente de la entidad, sostuvo que para entregar datos desagregados estos deben pasar por un proceso de “anonimización”, considerando el peligro que reviste para la protección de datos sensibles, como el estado de salud, en particular en comunas pequeñas donde podría ser factible asociar el fallecimiento de una persona al Coronavirus.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, consideró un avance la implementación por parte del Servicio de Registro Civil e Identificación (SRC) de un portal de datos que permitirá acceder a información en línea de la entidad, como por ejemplo nacimientos y defunciones. Sin embargo, ante las críticas que apuntan a que no se publican datos como las causales de fallecimiento, la entidad planteó que para hacerlo se requiere profundizar el anonimato, impidiendo que se entregue información que permita identificar o hacer identificable a la persona.

“El Consejo reconoce la voluntad del Servicio de Registro Civil de disponibilizar, de manera proactiva, información agregada y actualizada sobre sus registros, contribuyendo a transparentar datos estadísticos, empleando un lenguaje claro y una interfaz simple”, afirmó el titular del CPLT.  En paralelo recordó que “el acceso a la información pública es un derecho fundamental” haciendo hincapié en que “la disponibilización de datos que obran en poder de los órganos de la Administración del Estado debe hacerse velando por la adecuada protección de los datos personales, especialmente cuando éstos revisten el carácter de sensibles”.

En este sentido, consultado por los cuestionamientos de algunas entidades vinculado a que la plataforma no informa sobre causales del deceso, el titular del Consejo comentó que ahora es adecuado no publicar en este portal cifras totales y no desagregadas por causales “porque, por ejemplo, al entregar el dato de la causa de muerte en comunas pequeñas podría disponibilizar un dato no anonimizado”. Lo anterior, advierte el CPLT, podría conllevar riesgos de discriminación o ataques -como ocurrió en Vallenar- para las familias de la persona fallecida.

Al mismo tiempo, el Consejo plantea que la salida para permitir la difusión de la información con el nivel de detalle requerido en el contexto de la emergencia sanitaria es profundizar el anonimato de los datos haciéndolo irreversible, impidiendo de esta forma que se pueda identificar a una persona o entregar un dato que permita hacerla identificable.

A juicio del CPLT la medida del servicio adquiere mayor relevancia en un contexto en el que las cifras de fallecidos por Covid-19 ha generado muchas interrogantes y debate público. Al respecto el máximo representante del Consejo afirmó que: “Teniendo presente las especiales y complejas circunstancias en las que nuestro país se encuentra inserto, existe una alta demanda por parte de la ciudadanía y diversos sectores de la sociedad civil de información relativa a la emergencia sanitaria provocada por el brote de COVID-19”.

Los datos del Servicio de Registro Civil han sido cuestionados en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19 a partir de diferencias en los casos de fallecidos cuya causa corresponde al Coronavirus contabilizados por esta institución –que fueron entregados tras una solicitud de acceso a la información- y lo informado por el Ministerio de Salud (Minsal).