Detectives de la Brigada de Investigación Criminal Vicuña, desarrollaron diversas diligencias investigativas tras la denuncia por el delito de Sustracción de Menores, ocurrido el 8 de diciembre recién pasado en la localidad de Peralillo, comuna de Vicuña.

Según los antecedentes iniciales, tres N.N.A. de nacionalidad boliviana habrían sido trasladados por sus abuelos paternos con la intención de llevarlos hasta Bolivia sin el consentimiento de su madre. Ante la situación, los detectives activaron los protocolos correspondientes, gestionando el encargo a nivel nacional y la difusión de imágenes hacia los pasos limítrofes.

En atención a requerimiento de Fiscalía ECOH, durante la madrugada se llevaron a cabo diligencias de análisis criminal con apoyo de unidades especializadas, entre ellas el levantamiento de cámaras de seguridad, empadronamiento, entre otras, en coordinación con unidades policiales de La Serena, Coquimbo, Rancagua y Santiago.

“Los funcionarios policiales lograron ubicar a los tres menores el día 09 de diciembre del presente año, en un hostal cercano al terminal de buses de La Serena, junto a los dos imputados, ambos ciudadanos bolivianos que ingresaron al país como turistas y pretendían sacar a las víctimas hacia Bolivia en contra de la voluntad de su madre. Los oficiales procedieron a la detención en flagrancia de los involucrados, quienes fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Vicuña, mientras que los menores fueron entregados a su madre”, Informó el Subprefecto Alexis Díaz Valdivia, jefe subrogante de la Brigada de Investigación Criminal Vicuña.

Luego de una denuncia por un delito de robo la Fiscalía Local de Vallenar dirigió la investigación con la finalidad de establecer la responsabilidad de este delito y reunir los medios de prueba para solicitar las sanciones en contra del responsable.

De acuerdo con los antecedentes de este caso los hechos materia de la indagatoria ocurrieron en agosto del año 2023 cuando el acusado, Luigino Rojas Gajardo (34), ingresó a una vivienda del sector El Edén de esta comuna luego de abrir una ventana, lugar en que sustrajo especies personales de la víctima además de dinero en efectivo para luego darse a la fuga con un segundo involucrado que ya fue condenado en esta causa.

“El trabajo investigativo de la Fiscalía ordenó diligencias a funcionarios de la SIP de la Tercera Comisaría de esta ciudad, lo que permitió reunir imágenes que fueron relevantes para el esclarecimiento del delito, ya que se pudo acreditar la identidad de los participantes en el hecho y establecer la vestimenta que usaban al momento del robo. Con ello, se llegó hasta el domicilio de uno de ellos quien aún mantenía en su poder las especies sustraídas a las víctimas, además de la ropa que utilizó el día de ocurrido el ilícito”, indicó el fiscal adjunto Nicolás Meléndez que asumió el Juicio.

En la audiencia de Juicio Oral se presentaron las declaraciones de los afectados y funcionarios policiales que participaron del procedimiento y posterior trabajo investigativo, además de set fotográficos y registros de cámaras de seguridad. Con ello, la Fiscalía acreditó la participación consumada del acusado en el delito de robo en lugar habitado siendo condenado y sentenciado a la pena de 5 años y un día de cárcel. Sanción penal que deberá ser cumplida de manera efectiva en la cárcel de esta ciudad.

-El subsecretario Vergara destacó que, a través del programa Denuncia Seguro Comercio, las personas pueden entregar información de manera 100% anónima sobre personas o bandas dedicadas al comercio ilícito y otros delitos asociados.

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) y la Subsecretaría de Prevención del Delito, anunciaron la puesta en marcha de la iniciativa “Denuncia Seguro Comercio”, un programa enfocado en incentivar a los comerciantes a denunciar los delitos, en respuesta a datos preocupantes: según la última encuesta de victimización del comercio, un 60,1% de los locatarios no denunciaron los delitos de que fueron víctimas. Esta encuesta también reveló que solo el 13,4% de los comerciantes que denunciaron delitos, sintieron que obtuvieron los resultados esperados y que la reticencia a denunciar se atribuye mayormente a la desconfianza en la eficacia del proceso (71,8%) y a la naturaleza engorrosa de los trámites (54,5%).

En la comuna de San Bernardo se realizó esta actividad donde participaron el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara; el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pakomio y el alcalde de San Bernardo, Christopher White.

La iniciativa busca cambiar la percepción sobre la eficacia de las denuncias y la confianza en las instituciones, abordando las barreras que han impedido a muchos comerciantes denunciar. En la instancia se señaló que con el apoyo de “Denuncia Seguro Comercio”, los locatarios podrán desempeñar un papel activo en la prevención de los delitos, participando activamente en este esfuerzo colectivo para combatir la delincuencia y fortalecer la seguridad en el sector.

Entre los delitos que se pueden informar en Denuncia Seguro está la distribución y venta de productos falsificados, la comercialización de productos ilegales y la existencia de lugares de acopio de productos ilegales. Los datos recibidos por el programa son analizados por un grupo de profesionales quienes luego la derivan al Ministerio Público para iniciar una investigación o agregarla a una ya existente.

La campaña lanzada en San Bernardo se enmarca en la fuerza de tarea contra al comercio ilegal, liderada por la Subsecretaría de Prevención del Delito y tiene entre sus objetivos mejorar las condiciones de seguridad en los sectores donde se desarrolla el comercio, generar un plan nacional de fiscalización, revisar la normativa en torno al comercio ilegal y desarrollar acciones que sensibilicen a la población sobre los riesgos asociados.

El subsecretario Vergara destacó que se han realizado una serie de acciones para enfrentar el comercio ilegal y que se está reforzando el programa Denuncia Seguro con miras a las fiestas de fin de año. “La invitación es a que por medio del *4242 puedan hacer esta denuncia anónima y se encontrarán con un equipo que tendrá una nueva tarea, que es darle una atención especial a los llamados de denuncia del comercio. Porque no queremos amenazas, no queremos extorsiones en el comercio. También cualquier actividad que parezca sospechosa y sobre la cual la persona tenga información para entregar a las autoridades, la estaremos esperando para poder hacer nuestro trabajo y hacer la persecución y previamente la investigación pertinente para llevar a los responsables frente a justicia”, dijo.

A su vez, el presidente de CNC, José Pakomio, relevó la agenda de trabajo levantada por la SPD en la fuerza de tarea y reiteró la importancia de denunciar tanto la presencia de comercio ilegal como los delitos que sufre el comercio establecido. “Hoy día el llamado al comercio de Chile es a que podamos denunciar los delitos y a aquellas bandas criminales organizadas que están detrás de este comercio ambulante que encontramos en nuestras calles, que lamentablemente se están tomando nuestros espacios públicos y que está volviendo inseguras nuestras comunas”, planteó.

En este sentido, también agradeció el nuevo foco que tendrá el programa Denuncia Seguro Comercio para recibir información anónima sobre delitos que afectan al sector. “Sabemos que puede existir mucho temor a denunciar, pero hoy día creo que esta herramienta nos va a ayudar muchísimo a generar cifras, porque la verdad es que necesitamos focalizar los recursos preventivos. Esta herramienta entrega algo que estábamos buscando hace mucho tiempo: garantizar una denuncia anónima. Por eso quiero reiterar el llamado con fuerza a que el comercio que haya sido víctima de algún delito que haga la denuncia”, concluyó.

Por su parte, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, dio cuenta de los esfuerzos que han realizado para luchar contra el comercio ilegal y del trabajo de la SPD a través del Programa Somos Barrio Comercial. Sin embargo, también hizo un llamado a seguir denunciando los delitos.

“Solos no podemos ganar esta pelea, necesitamos la ayuda de nuestros pobladores, de nuestros ciudadanos, que se atrevan a denunciar. El Denuncia Seguro es un mecanismo eficaz, que permite tener más herramientas a la Fiscalía. Y el llamado que hago, hoy día como alcalde, principalmente es uno. No vamos a permitir que el espacio público sea tomado por unos pocos y que, con amenazas, con insultos o con posibles fraudes nos intimide y nos haga retroceder. El espacio público es de todos, no es de unos pocos”, subrayó.

10 imputados, entre ellos un extranjero, que transportaban y custodiaban la droga, fueron formalizados por la fiscalía por los delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de armas y municiones. 

100 kilos de cannabis procesada lista para su comercialización eran transportados, en una camioneta que interceptó la PDI, en la ruta 41, en el sector Gabriela Mistral del Valle de Elqui. 4 ocupantes del vehículo, viajaban armados, custodiando el cargamento ilícito con una subametralladora y municiones, desde Vicuña hacia La Serena y Coquimbo.

“Estas personas fueron detenidas mientras trasladaban una importante cantidad de cannabis procesada que obtienen de cultivos en el Valle de Elqui y, posteriormente, en los allanamientos a domicilios de La Serena y Coquimbo, se logra la detención del resto de la organización criminal donde los detectives incautan más evidencia. En total más de 206 kilos de cannabis, 1 kilo de clorhidrato de cocaína, ovoides con la misma sustancia, armas, municiones y más de $7 millones de pesos en efectivo es parte del resultado de la investigación”, informó Guillermo Gálvez, jefe de la Prefectura Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Centro.

La Operación Foresta II surge de la investigación que desarrolla la PDI en conjunto con el Ministerio Público. Además de la ruta, logran establecer el destino que tenía el cargamento de cannabis, en 4 inmuebles ubicados en el pueblo de Las Rojas y sector de Quilacán en La Serena, también en la Herradura y Cruz de Cañas, en Coquimbo, que funcionaban como centros de acopio de las drogas.

“Es un procedimiento exitoso que, tras una investigación, operativos tácticos y estratégicos, hoy permiten que no solamente tengamos droga fuera de circulación sino también armas y municiones, por lo tanto, menos armas en las calles. Más de $1.500 millones de pesos, es el equivalente de esta incautación, y eso significa que son menos recursos para financiar el crimen y el delito en nuestro país. Es importante que los habitantes de la región, sepan que su Gobierno está trabajando por su principal preocupación que es la Seguridad y que la PDI con el Ministerio Público están redoblando los esfuerzos”, destacó el Subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, en su visita a la zona.

“Se hizo una incautación en toda la cadena de producción y distribución de la droga, en domicilios con un total de 10 detenidos, entre ellos un extranjero y cuatro mujeres. Es una demostración importante de este esfuerzo constante de la fiscalía y la PDI para seguir capturando este tipo de ilícitos, y es una señal que el Estado de Chile está funcionando para perseguir el Crimen Organizado”, advirtió el Fiscal Regional, Adrián Vega.

Otras especies que se incautaron fueron 4 vehículos, más de 7 millones de pesos en efectivo, diversas joyas y precursores químicos, que se usan para abultar la droga, además de 184 gramos de ketamina, entre otras especies de interés criminalístico.

“Estos no son delincuentes comunes, tenemos 10 personas puestas a disposición de la justicia, que trabajaban de manera coordinada, de una manera sistemática, muchas veces organizada y más velozmente de lo que se ha ido poniendo al día el aparataje público. Y es decisión de este Gobierno, poder impulsar a todas las instituciones a ponerse al día, porque el Crimen Organizado se combate con un Estado Organizado”, expresó Rubén Quezada, el Delegado Presidencial de la Región de Coquimbo.

El procedimiento se desarrolló el martes 23 de mayo en la tarde y el Ministerio Público solicitó ampliar la detención hasta la jornada de este viernes y fueron imputados en una audiencia que se prolongó por más de 10 horas. “Formalizamos los 10 detenidos por tráfico de drogas, 4 de sexo masculino imputados además por tenencia ilegal de municiones y de arma de fuego prohibida. Una mujer por porte y tenencia ilegal de arma de fuego y munición, y el tribunal consideró dejar a todos en prisión preventiva, porque su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad”, señaló el fiscal de La Serena Nicolás Nicoreanu.

La Operación Foresta II se vincula a una investigación del año pasado y que, a fines de diciembre, permitió a los detectives interceptar un vehículo con dos pasajeros que transportaban cannabis entre la región de Tarapacá, Coquimbo y la Metropolitana.

El fiscal de Valparaíso pedía 47 años de cárcel efectiva para Daniel Cerda Bustos, el tribunal lo sentenció a “17 de presidio por delito reiterado de estupro, delito reiterado de explotación sexual y delito reiterado de violación de menor de 14 años”. Aunque el condenado es absuelto “de tres delitos reiterados de explotación sexual impropia a tres víctimas” entre los años 2018 a 2020 y de otras figuras delictuales, nos parece una sentencia importante e histórica.

Hasta hace no mucho, la mayoría de estos explotadores de niñas, niños y adolescentes, quedaban en la impunidad total, por lo que la gran diferencia que hay entre los 47 años de presidio que pedía el fiscal y los 17 que dictó la Justicia no son 30 años, sino un grandísimo avance en el reconocimiento de un delito que hasta hace poco ni siquiera se nombraba por su nombre: explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA es la sigla con que se le cita en los documentos técnicos). Hace muy poco se le designaba “prostitución infantil” o “facilitación para la prostitución”, conceptos que tendían a que el sistema de justicia estigmatizara y responsabilizara por sus conductas a las víctimas, asimilando sus casos al del comercio sexual adulto, lo que no tiene nada que ver con su realidad.

Para el Hogar de Cristo esta sentencia es particularmente significativa porque fueron las jóvenes de nuestra residencia  de protección Anita Cruchaga las acosadas y explotadas por la red que lideraba Daniel Cerda Bustos. La residencia buscaba establecer estándares técnicos de calidad para el cuidado de jóvenes con historias de vulneración y abusos particularmente complejas. Pero desde su instalación en 2017 hasta que se quemó en un incendio en 2019, cuyo origen aún no está claro, fue asediada de manera permanente por estos sujetos.

El sistema de apoyo ciertamente no fue todo lo eficiente y sensible a la urgencia y reiteración de nuestras denuncias, porque este delito históricamente se ha abordado desde el prejuicio y el machismo, propios de una estructura patriarcal que lo contamina todo. Tanto así, que las víctimas no se consideran tales. Han naturalizado esa condición porque han sido abusadas “desde el útero”, como dice Denisse Araya, la presidenta del directorio de la ONG Raíces, que colaboró con nuestros equipos en el abordaje de este tema del que son especialistas.

Cuatro años tomó el proceso judicial.

Hoy esas niñas son mujeres y algunas siguen sintiendo más culpa por los victimarios que por ellas mismas. Eso es lo más dramático y lo que todos como sociedad debemos revertir. Sucesivos estudios del Hogar de Cristo y de  la ONG Raíces, así como el seguimiento al trabajo de reparación del daño a las víctimas, han permitido profundizar en las modalidades de explotación: relaciones sexuales a cambio de dinero, regalos, favores y, sobre todo, falso afecto; además de pornografía, trata, turismo y viajes, y otros. Los explotadores son de distintas clases sociales y profesiones, predominantemente hombres, sin distinción de edad, con una leve tendencia a ser consumidores o productores de pornografía infantil. Son además maestros en manipulación y seducción, aprovechándose de las carencias afectivas de las jóvenes y del daño que ellas acarrean.

A lo menos son dos los focos en los que debemos poner todas nuestras energías como país: nuestros niños y niñas requieren de acciones efectivas de prevención, detección y abordaje terapéutico de la violencia sexual. Por otro lado, se requiere con urgencia una instancia interinstitucional público-privada, con presupuesto y poder de acción, liderada por la Subsecretaría de la Niñez y con la supervigilancia de la Defensoría de la Niñez, que logre contribuir a la persecución y castigo de delincuentes como los que sedujeron y terminaron explotando sexualmente a las jóvenes de la residencia Anita Cruchaga. Esos que hoy empezarán a pagar su culpa. Ojalá sentencias como ésta resulten ejemplificadoras y contribuyan a desbaratar a estas mafias despreciables.

La ley promulgada por el Presidente Sebastián Piñera impone fuertes sanciones a quienes comercien productos falsificados o robados sin contar con los permisos correspondientes.

El Presidente Sebastián Piñera, acompañado del ministro del Interior y Seguridad Pública (S), Juan Francisco Galli; la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez; y el Delegado Presidencial de Los Ríos, César Asenjo, promulgó la ley que fortalece la fiscalización y aumenta las sanciones para el comercio ilegal.

“El comercio ilegal normalmente va asociado a la delincuencia. Donde hay concentración de comercio ilegal hay robos, hurtos, asaltos y mucha violencia. El comercio ilegal daña a los verdaderos comerciantes, a los emprendedores que cumplen con sus deberes, pagan sus impuestos y cumplen con las leyes laborales”, destacó el Presidente Sebastián Piñera.

La ley busca combatir el comercio de productos falsificados, robados y no autorizados. Al respecto, el Delegado Presidencial Ignacio Pinto valoró la normativa al señalar que “esta ley contempla multas del 50% hasta un 400% de los impuestos eludidos para quienes ejercen comercio ilegal e incluso presidio para reincidentes. Sin duda que esto otorga mayor efectividad a la labor que municipios en conjunto con carabineros puede realizar para erradicar el comercio ilegal”.

La ley contempla sanciones para falsificación o edición, reproducción o venta no autorizada de diversas obras literarias, artísticas o científicas, audiovisuales y música protegidas por la ley de propiedad intelectual.

Se sanciona la receptación en general y todo tipo de uso o falsificación de marcas incluido los envases.

Finalmente la nueva ley va contra el comercio ejercido sin que se hayan cumplido las exigencias legales relativas a la declaración y pago de los impuestos correspondientes, y el ejercicio clandestino del comercio y la industria.

En una nueva reunión de seguridad de la provincia del Choapa, las autoridades provinciales y regionales plantearon a la Subsecretaria de Prevención del Delito las gestiones locales y necesidades para el combate contra el tráfico de drogas en la zona.

En lo que va del año 2021, se han incautado 356 kilos de droga procesada, 16.298 plantas de marihuana y se han desarticulado 16 bandas de tráfico en la Provincia del Choapa, según informó el General de carabineros Rodrigo Espinoza.

Sin embargo, las autoridades coincidieron en que las incautaciones corresponden al 10% del negocio de la droga en la provincia con el consecuente aumento de consumo y de conflictos asociados al narcotráfico.

La Subsecretaría de Prevención del Delito María José Gómez recalcó la importancia de coordinación de todos los involucrados en la seguridad de la zona. “Lo más importante es que están representadas todas las instituciones que tienen que participar de lo que llamamos el sistema de seguridad como son las policías, el Ministerio Público que es el encargado de llevar a cabo los focos investigativos y también los alcaldes. Es muy importante porque se pueden conocer así de primera mano las necesidades de los distintos territorios. Se trata de llevar un trabajo coordinado que es muy importante y apunta a los tres factores que hemos señalado que nos producen mayor violencia en los delitos como las bandas criminales, el narcotráfico y el uso de armas de fuego que genera mucha inseguridad en la población”, declaró la Subsecretaria María José Gómez.

Respecto a las necesidades de policías y municipios en materia de recursos para seguridad, la Subsecretaria de Prevención del Delito detalló que “son varios las tareas que me llevo como son apoyar la gestión de un inmueble para instalar un OS-7 en Illapel y requerimientos de las policías que tienen que ver con mayor dotación de equipos y vehículos. Se señaló que hay recursos comprometidos por el Gobierno Regional para 30 vehículos lo que se concretaría el próximo año y que voy a llevar a análisis en Santiago”.

En reuniones sostenidas anteriormente, las autoridades de la provincia explicaron la difícil realidad que viven los vecinos del Choapa debido al aumento de delitos asociados al consumo y tráfico de drogas.

En esta línea, el Delegado Presidencial Provincial de Choapa, Juan Pablo Gálvez destacó que ha habido avances de la mesa al definir algunas tareas a corto y mediano plazo.

“Estamos contentos porque esta mesa ya tiene resultados positivos en el sentido de avanzar en posibles soluciones que se plasmaran en recursos y también en lago importante que es el ataque directo al narcotráfico en la provincia del Choapa y ya estamos trabajando con ambas policías, fiscalía y el importante rol de los municipios y la idea es tener frutos lo antes posible. La próxima semana comenzará un plan para detectar plantaciones de marihuana con uso de tecnología e incluso imágenes satelitales”, señaló el Delegado Gálvez.

El Alcalde de Canela Bernardo Leyton y representantes de los demás municipios de Choapa también mencionaron la importancia de fortalecer los equipos SENDA para la prevención del consumo de drogas y crear un centro provincial de rehabilitación del consumo de alcohol y drogas.

La lista de hombres y mujeres más buscados de Chile la componen 12 prófugos de la justicia, que se dedican hace años a cometer delitos de alta connotación social y que tienen una serie de órdenes de detención emanadas desde diversos tribunales del país, por estafas y otras defraudaciones, tráfico de drogas y robo en lugar habitado.

El trabajo de análisis criminal e inteligencia policial de la PDI en la región de Coquimbo, a comienzos de este año, despliega una nueva estrategia en la investigación focalizada junto al Ministerio Público, para la búsqueda de los llamados “delincuentes prolíficos” y presenta un importante resultado para la comunidad.

“Ya contamos con 10 delincuentes prolíficos detenidos y que hoy ya están respondiendo por sus delitos ante la justicia. Este trabajo lo realizamos en conjunto con la fiscalía, a partir de 2021, y es una estrategia que ya nos permite contar con resultados importantes para la seguridad de la población, con más de un 80% de efectividad”, señala el Prefecto Ricardo Navarro, Jefe (s) de la Región Policial de Coquimbo.

Dentro de esta lista de delincuentes clandestinos que fueron ubicados por los detectives de diversas unidades especializadas, se encuentran principalmente los relacionados con una serie de estafas cometidas a nivel nacional, aprovechando el aumento del uso de las plataformas digitales, que se abrió masivamente en el contexto de la pandemia.

Estafas

81 víctimas suma el presunto autor de la Gran Estafa, detenido en Ovalle por la Brigada de Delitos Económicos La Serena, cumpliendo así las 7 órdenes de detención en su contra. El sujeto engañaba ofreciendo empleo a trabajadores cesantes, en empresas mineras del Norte de Chile. Aunque solicitaba a sus víctimas una transferencia para la reserva de pasajes en avión y luego de la entrevista de trabajo, aseguraba que se les reembolsaría el dinero. Algo que finalmente nunca se concretaba y con el dinero en la cuenta, el supuesto reclutador de personal, simplemente desaparecía.

30 víctimas y 16 órdenes de detención de 10 tribunales de Chile, alcanzó a acumular un sujeto detenido por la Brigada de Delitos Económicos La Serena en la ciudad de Antofagasta, que engañaba a sus clientes, supuestamente para confeccionar carritos de comida Food Truck, pero se quedaba con el dinero adelantado y nunca realizaba el trabajo, viviendo en la clandestinidad.

43 denuncias en su contra y 7 órdenes de detención recaen sobre una mujer de Coquimbo que fue ubicada por la PDI en Puchuncaví, por vender productos por internet y arriendo de propiedades, pero que no existían, solo era una pantalla a través de las redes sociales, porque luego de los depósitos a su Cuenta Rut, bloqueaba toda comunicación con sus clientes y nunca más aparecía.

“Esta efectiva contra los delincuentes prolíficos, es el resultado del trabajo que realizamos en la Oficina de Análisis Criminal de la prefectura provincial Elqui, que nos permite realizar la inteligencia policial, a partir de las denuncias y modus operandi, entre otros antecedentes, que se van repitiendo como patrones delictuales en ciertos territorios. Esta labor responde también a la estrategia conjunta con la fiscalía que nos ha permitido cruzar la información de las denuncias y dirigir el trabajo policial de manera más efectiva, mediante el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos”, señala el prefecto Ricardo Navarro como balance del primer semestre.

Estos son algunos ejemplos de los “delincuentes prolíficos” que han sido detenidos por la PDI en este año, criminales que suman diversas denuncias y que son buscados ampliamente por la justicia en todo el territorio nacional, que dejan una serie de víctimas mediante el delito que presenta el mayor aumento en la región, en tiempos de pandemia: La Estafa y otras Defraudaciones Digitales.