La jornada formativa abordó herramientas para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los equipos, promoviendo una respuesta oportuna, articulada e intersectorial.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, realizó en la comuna de Ovalle, una capacitación dirigida a funcionarios y funcionarias del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia Región de Coquimbo, integrantes de sus programas y organismos del intersector, sobre detección y sensibilización de delitos de trata de personas.

La instancia, enmarcada en el programa anual de trabajo de la Mesa Regional de Trata de Personas, reunió a cerca de 20 asistentes, que contaron con la exposición de la Secretaría Regional Ministerial de Seguridad Pública, representada por quien coordina el Centro de Atención a Víctimas La Serena, Rubén Cortés Sigdman, profundizando conocimientos sobre este grave delito que constituye una vulneración directa a los derechos humanos, y, en este caso, con énfasis en la protección de niños, niñas y adolescentes.

María José Rojas Erbetta, seremi de Justicia y Derechos Humanos señaló la importancia de generar este tipo de encuentros con el intersector, “la lucha contra la trata no es tarea de una sola entidad, requiere del esfuerzo conjunto de múltiples instituciones públicas, así como de las policías, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y del compromiso activo de la ciudadanía, y en este caso quiero destacar el trabajo interinstitucional que se realiza a nivel local y regional que nos ha permitido capacitar a cerca de 20 funcionarios sobre trata de personas de la provincia del Limarí”.

Para Guillermo Muñoz López, coordinador intersectorial regional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, destacó la importancia de proporcionar capacitación en esta temática a los integrantes de los equipos de los programas del servicio, “mientras nuestros servicios puedan de la manera más pronta posible visibilizar este hecho, nos permite a nosotros aminorar las consecuencias de este grave delito en los niños, niñas y adolescentes, minimizar también en medida de lo posible la revictimización y la exposición a nuevos hechos de daño”.

Durante la actividad, la comisario Mariel Barras García de la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones de Ovalle, añadió que, “nosotros como Policía de Investigaciones aprovechamos esta instancia de trabajo conjunto con los distintos organismos que conforman la red de protección de la niñez y adolescencia, lo cual refleja nuestro compromiso común que es prevenir, detectar y enfrentar con firmeza el delito que vulnera gravemente los derechos humanos como es la trata de personas”.

En esa línea, Sebastián Castro, profesional de la Oficina Local de la Municipalidad de Monte Patria y participante del taller, comentó que fue una herramienta valiosa, “creo que es un instrumento súper valioso y necesario de tener, en nuestro caso, nuestra labor, que tiene que ver directamente con vulneraciones de niños y niñas, así que eso lo encontré muy bueno, muy valioso y nos va a poder ayudar a agilizar ciertas acciones que tengan que ver con este tipo de temáticas”.

La Mesa Regional de Trata de Personas ha impulsado avances concretos y sostenidos en el tiempo, entre ellos, destacan las acciones de fiscalización permanente, el fortalecimiento de los mecanismos de asistencia a víctimas, y el desarrollo de iniciativas de prevención, sensibilización y capacitación.

En un desayuno organizado por WTW, se reunieron especialistas en el tema, entre ellos, Gonzalo Medina, quien fue protagonista en la escritura de la nueva legislación. “Chile ha avanzado a ser un país más íntegro del que era”, destaca.

La nueva “Ley contra delitos económicos y atentados contra el medioambiente”, también conocida como “de cuello y corbata”, establece duras penas para la criminalidad económica. Promulgada este mes, busca castigar a aquellas personas que se saltan las reglas y, además, generar más confianza desde la ciudadanía hacia los empresarios.

Para analizar los desafíos de esta flamante legislación, y sus impactos en empresas y directorios, WTW organizó un desayuno con especialistas en el tema. Entre los asistentes estuvo Gonzalo Medina, uno de los redactores del texto, quien profundizó en los alcances de éste.

¿Cuánto ayuda esta nueva ley a la confianza de la ciudadanía en los empresarios?

Esta ley obliga a las empresas a elevar aún más sus estándares de ética e integridad. En este sentido, es una contribución a que la sociedad los perciba de mejor manera, que entienda que hay un castigo adecuado a aquellos que se saltan las reglas y que, en general, las empresas, si cumplen con los deberes que tienen, van a ser un gran aporte al desarrollo del país.

¿Cuáles fueron los puntos donde fue más difícil llegar a un acuerdo?

Mayores disensos no hubo, fue una ley aprobada por amplia mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. Hubo mucho acuerdo en todos los parlamentarios en que ésta fuera una ley que diera efectivamente una señal al empresariado y a la población de que malas prácticas no son tolerables. Adicionalmente, se tuvo siempre en consideración poner a Chile a nivel de estándares internacionales, o sea, que hacer negocios en Chile cumple los mismos estándares que en países desarrollados.

Hace 10 años, era difícil encontrar a Chile un país corrupto, hoy ha cambiado un poco esa percepción. ¿Se puede decir que Chile es un país corrupto o todavía estamos bajos?

Si uno revisa los índices de percepción de la corrupción a nivel global, Chile se ha mantenido más o menos en el mismo lugar en los últimos años. Lo que existe es mayor investigación, mayores denuncias y más interés de la población por conocer estos hechos. Eso puede hacer que pareciera que hay más corrupción, pero yo creo que Chile ha avanzado a ser un país más íntegro del que era.

¿Cuál es la máxima pena que una persona podría recibir con esta nueva ley?

Depende del delito, hay delitos que van a tener penas muy altas. Por ejemplo, la contaminación medioambiental, generando graves daños a las personas e irreparables al medioambiente, van a tener penas severas, que es como deberíamos haber tenido. En ese sentido, hay cambios.

¿Qué experiencias internacionales sustentan esta nueva ley?

Hay diversas regulaciones internacionales que miramos, como la inglesa y la norteamericana, para guiarnos hacia las mejores prácticas a nivel global en cómo se enfrenta la criminalidad económica. Esas prácticas fueron incorporadas dentro de la ley, por ejemplo, las regulaciones e incentivos a la cooperación eficaz, no sólo en libre competencia o mercado de valores, sino como una regla general en todos los delitos económicos.

“LOS PAÍSES VECINOS NOS RECONOCEN”

En el desayuno también estuvo Manuel Carvallo, socio y gerente general del Estudio Carvallo. El abogado coincidió con Medina, explicando que “Chile tenía que actualizarse y llegar al estándar mundial de la persecución de delitos económicos, comparativamente con lo que se rige en Europa y Estados Unidos. Esto es parte de esa aproximación al mundo empresarial internacional”.

Respecto a la posición chilena en el contexto regional, el especialista fue claro. “Más que la calificación de decir que somos ‘un país corrupto’, es que la corrupción se persiga. Lo bueno es que los países vecinos nos reconocen, es que cuando aparecen casos de cualquier tipo se persiguen, eso es clave. Esta ley permite, a todo nivel público, privado o mixto, que eso ocurra”, comentó.

Otra experta que asistió al encuentro fue Alejandra Schibli, socia fundadora de Schibli Asesores Legales en Seguros Limitada, quien destacó la nueva legislación para elevar la confianza ciudadana. “Le brindará una mayor legitimidad al sector privado, que a veces ha estado tan cuestionado por casos de colusión y eventos de esas características. Sin duda que permitirá al mundo empresarial adecuar sus modelos de prevención de delitos y cambiar también la mirada del riesgo, es decir, asumir una responsabilidad mayor de los riesgos que expone su actividad”, resaltó.

Por su parte, Ricardo Peralta, abogado de Viollier & Asociados Liquidadores de Seguros, señaló que “a nivel de sensaciones, me parece que esta ley debiera marcar un camino para que la ciudadanía vaya cambiando la percepción que hoy tiene del empresariado, sin embargo, habrá que ver cómo se da en la práctica”. Además, tuvo palabras para comparar lo que hoy se vive en la región en torno a los estándares de corrupción: “A diferencia de otros países, me parece que Chile está mucho más bajo, claramente da la impresión de que somos menos corruptos que varios de los vecinos”.

Finalmente, Caroline Baes, Head of Finex de WTW para Argentina, Chile y Perú, resumió la importancia del nuevo marco legal para las compañías. “Es fundamental que las empresas se protejan, comprendiendo bien las implicancias que va a tener la ley y su funcionamiento. Deben informarse para poder prevenir”, cerró la anfitriona de la cita.

La industria de los seguros en Chile se enfrenta a nuevos desafíos en el contexto de cambios que afectan al país. El clima, las nuevas leyes que afectan a los negocios, la incertidumbre y la mayor efervescencia obligan a los actores de este sector a reinventar constantemente el negocio dice Lionel Soffia, CEO de la corredora de seguros y reaseguros Gallagher Chile.

La industria de los seguros en Chile ha estado experimentando un cambio significativo en los últimos años. El aumento de los desastres naturales que esta semana han arreciado sobre nuestro territorio, la inseguridad y la nueva ley de delitos económicos han tenido un impacto significativo en la forma en que las empresas y las personas se aseguran.

Lionel Soffia, CEO de la corredora de seguros y reaseguros Gallagher Chile, explica cómo estos cambios han afectado a la industria y cómo las personas pueden protegerse de los riesgos.

“La frecuencia de los desastres naturales, como inundaciones, terremotos, huracanes e incendios, ha aumentado significativamente en los últimos seis años. Esto ha tenido un impacto claro en la industria de seguros, que se basa en estadísticas históricas para establecer sus primas”. Sin embargo, señala que “esas estadísticas ya no son relevantes en un mundo en el que los desastres naturales son cada vez más frecuentes y graves. Como resultado, las primas de seguro han aumentado constantemente en los últimos cinco años”. Explica que esto ha llevado a un aumento en el número de reclamos, ya que las personas buscan recuperar sus pérdidas de los desastres naturales.

Soffia agrega que los seguros contra daños causados por la naturaleza, como terremotos, inundaciones y huracanes, han aumentado su costo de forma constante en los últimos años. “El aumento promedio ha sido de entre 15 y 20% anual. Esto ha tenido un impacto significativo en las empresas y las personas, especialmente en las medianas empresas. Los aseguradores también están preocupados por la situación, ya que siguen perdiendo dinero a pesar del aumento de las primas”. Asegura que es probable que los precios de los seguros contra daños causados por la naturaleza sigan aumentando en el futuro.

Respecto de los seguros que cubren un caso como el edificio que quedó al borde de un socavón en las dunas de Cón Cón, explica que seguramente contaba con un seguro para todo tipo de construcción. Eso significa que quien haya hecho edificio contaba con cobertura, pero que es necesario analizar hace cuánto puede haber vencido esa póliza. “Probablemente ya terminó su cobertura. Por otro lado, los propietarios que tienen un hipotecario asociado a esas propiedades cuentan con la póliza de riesgo que tienen todos los bancos contra este tipo de problemas naturales”, explica.

Consultado sobre si las compañías están asegurando bienes en lugares más peligrosos o calientes, como la Araucanía, señala que en general, todo es asegurable, pero a un precio. “En la Araucanía, es más difícil asegurar equipos móviles que trabajan en una zona forestal. Sin embargo, estos equipos están actualmente asegurados”. Explica que los precios de los seguros han subido cinco veces y las pólizas tienen un deducible mucho mayor. En la práctica, los seguros están estructurados para cubrir algo en caso de una eventualidad, para que no se pierda todo.

Soffia explica que Chile es un país atractivo para los seguros y reaseguros, ya que es el mayor comprador de protecciones ante terremotos. “Los límites de cobertura son muy altos, debido a que la economía chilena es fuerte y está muy indexada a los bancos. La cartera hipotecaria está completamente asegurada, y Chile compra más este tipo de coberturas que México y Brasil, países con economías mucho mayores”.

Sin embargo, los precios de los seguros han aumentado debido a la mayor inseguridad del país. Por ejemplo, el riesgo de actos maliciosos, que antes se incluía en la cobertura de incendio, ahora se cobra aparte a una tasa similar a la de la póliza de incendio. Este es un nuevo costo que las empresas de seguros deben asumir para operar en Chile.

Lionel Soffia agrega que la nueva ley de delitos económicos, que impone mayores exigencias a las personas jurídicas y sus sistemas de cumplimiento interno, así como a los directivos y gerentes de las empresas ha provocado un aumento en la demanda de seguros de responsabilidad de directores y ejecutivos. “Las empresas están más conscientes de la importancia de estos seguros, ya que los directores y ejecutivos están cada vez más expuestos a riesgos legales. Por eso la industria ofrece productos con coberturas estándar que han tenido un boom en los últimos cuatro o cinco año”, añade el CEO de Gallagher en Chile.

El Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera y Carabineros de Chile sostuvieron un provechoso encuentro que permite reforzar el trabajo desarrollado en materia de prevención de delitos en los distintos liceos, escuelas, colegios y jardines de Coquimbo.
 
Para reforzar el trabajo desarrollado en materia de seguridad en los establecimientos educacionales públicos de Coquimbo, representantes del Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera y Carabineros de Chile sostuvieron un provechoso encuentro para coordinar acciones en favor del bienestar de los recintos  educacionales y el resguardo de equipos y materiales pedagógicos que permiten entregar educación a miles de niños, niñas, adolescentes y adultos que forman parte del sistema educativo.
 
En el encuentro participaron funcionarios uniformados responsables de los distintos cuadrantes en donde se ubican los establecimientos educacionales públicos de la comuna puerto para coordinar la labor preventiva, reforzar patrullajes, identificar horarios más frecuentes de hechos delictivos, así como también para profundizar la coordinación en el trabajo colaborativo con las comunidades educativas en la entrega de información en diversas materias, entre ellas la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. “Esta alianza con Carabineros nos permite analizar antecedentes de los establecimientos educativos que han sufrido robos, áreas vulnerables de la infraestructura y sectores donde se debe reforzar la presencia policial, así como revisar lo que debemos mejorar por nuestra parte, llegar a acuerdos y construir un plan conjunto. Los recintos educacionales están abiertos a la comunidad, pero debemos garantizar que sean protegidos y no se interrumpan los procesos educativos con todos los materiales disponibles, muy necesarios para construir educación de calidad”, expresó la directora ejecutiva(s) del SLEP Puerto Cordillera, Carolina Saavedra González.
 
Por su parte, el Comisario de la 2° Comisaría de Coquimbo, Mayor José Ramírez Galdames, convocó a realizar una labor conjunta en la prevención del delito en establecimientos educacionales, tomando en consideración que los grandes perjudicados son niños, niñas, adolescentes y adultos que se forman educativamente. “Lo importante es transmitirle a la comunidad que cuidemos nuestros establecimientos educacionales, ya que es el lugar donde se educan nuestros niños y niñas. Si alguien tiene información es muy importante proporcionarla, aunque sea de forma anónima, de tal forma que podamos dar con el paradero de los responsables”, manifestando igualmente que “el cuidado debe ser transversal, comprometiendo a niños, niñas y a las comunidades educativas en general”.

Más de 100 profesionales y funcionarios, que trabajan en relación con la convivencia escolar y la educación participaron en un seminario para abordar los delitos y amenazas que enfrenta la comunidad.

Los alumnos y alumnas de la enseñanza preescolar, básica y media enfrentan una compleja realidad por una serie de problemas y delitos asociados al uso de las redes sociales y plataformas digitales, que se manifiestan y alteran la convivencia educativa.

Conscientes de la necesidad que tienen las comunidades escolares para contar con información fidedigna y advertir esta amenaza para proteger a niños, niñas y adolescentes, los detectives de la Brigada de Investigación Criminal Ovalle participaron en una nueva jornada de difusión y preparación profesional junto a oficiales especializados del Departamento de Acción Comunitaria, de la Región Metropolitana.

“Son más de 100 participantes de la provincia de Limarí que son parte de este nuevo seminario que realizamos en la Escuela América de Combarbalá, y que ya desarrollamos en Monte Patria y Ovalle para difundir nuestro rol investigativo, además de los impactos que tienen estos delitos y los desafíos para advertir a tiempo y abordar las manifestaciones que pueden atentar contra nuestros alumnos, alumnas y sus familias, marcándolas para siempre”, señaló el subprefecto Daniel Leal, jefe de la Brigada de Investigación Criminal Ovalle.

El Bullyng y fenómenos emergentes asociados a la violencia escolar, los derechos y deberes de la nueva Ley de Migraciones y Extranjería en el contexto educativo, además de las agresiones sexuales y sus canales de denuncia con el fin de hacerse cargo de manera eficiente y oportuna son parte de las temáticas que abordaron los relatores de la PDI de la Jefatura Nacional de Delitos Contra Las Personas y de la Brigada de Investigación Criminal Ovalle, de la Sección Migraciones y Policía Internacional, en conjunto con equipos del Departamento de Administración y Educación Municipal de Combarbalá.

Esto forma parte de las estrategias de seguridad que está impulsando la Subsecretaria de Prevención de Delito, el Ministerio de Transportes y los municipios en puntos estratégicos de gran flujo vial, con el objetivo de detectar personas con órdenes pendientes, presencia de armas o tráfico de drogas.

Tres vehículos confiscados y 24 infracciones de tránsito, tanto por parte de Carabineros como fiscalizadores de la Seremi de Transportes, arrojaron las primeras dos horas de la fiscalización que se realizó en la Avenida Islón del sector de Las Compañías en La Serena.

Parte de una acción conjunta entre la Subsecretaría de Prevención del Delito, con los municipios y las policías, para ir detectando cualquier tipo de foco delictual.

Así lo indicó el Subsecretario Eduardo Vergara, quien dijo que “estas fiscalizaciones permiten detectar personas con órdenes vigentes, personas que tienen deudas con la justicia, pero también en muchos casos también podemos detectar armas, drogas y una serie de situaciones que no queremos en las calles de nuestro país”.

Serán despliegues permanentes y ejecutados en puntos estratégicos ligados a las zonas de alta población que buscan también brindar mayor tranquilidad a los vecinos y vecinas de las comunidades aledañas.

Para el Delegado Presidencial Regional, Rubén Quezada, “los problemas de seguridad se resuelven cuando todas las instituciones trabajamos en conjunto. Recibimos un país con muchas dificultades y hoy estamos robusteciendo la prevención y persecución del delito mediante acciones operativas concretas, destinando más presupuesto, entregando más atribuciones, más recursos económicos y sobre todo tener mayor coordinación para poder cumplir esta compleja labor”.

Y es que la prevención de delitos y combate a la delincuencia se ha ido fortaleciendo con mayores acciones de fiscalización y rondas policiales. A esto, se suman los patrullajes mixtos que se han ido concretando en diversas comunas de la región.

“Coquimbo es una de las regiones de Chile que más ha avanzado en los patrullajes mixtos, entonces cuando la ciudadanía hoy transita por las calles y ve que distintas instituciones están trabajando en las calles, se siente más segura, ya que está viendo un Estado que se hace presente para protegerle”, valoró el Subsecretario Vergara.

Por su parte, desde Carabineros, remarcaron que serán estrictos a la hora de controlar, porque “ésta es unas de las acciones que más valora la comunidad, cuando ven que estamos en la calle desplegados haciendo controles que son integrales y que se realizan en forma colaborativa con otras instituciones, ya que nos permite que el Estado esté presente en distintos territorios para brindar seguridad a nuestra sociedad y a nuestra comunidad”, sentenció el General Juan Muñoz, Jefe de la Zona Policial de Coquimbo.

De acuerdo a la Seremi de Transportes, cerca de un 20% de los controles que se revisan tienen algún tipo de infracción. Las principales observaciones de los fiscalizadores apuntan hacia las condiciones del vehículo, sus conductores y documentación.

Operación “4 Esquinas” surge de la Investigación del equipo especialista Microtráfico Cero que estableció la venta de cannabis y cocaína base en un inmueble de calle Ernesto Aguirre Valin.

La comunidad vivía bajo una amenaza permanente en la zona ubicada en Avda. 4 Esquinas con Avda. Balmaceda, Avda. Estadio y calle Ernesto Aguirre. Los ciudadanos denuncian que, en horas de la tarde, comenzaban a llegar los extraños y deambulaban alrededor de un domicilio para adquirir diversas drogas.

Las molestias, delitos y amenazas en el sector residencial y comercial, no paraban hasta de madrugada, y los habitantes de la población advirtieron que los niños y niñas ya no podían salir ni a los juegos de la plaza. La denuncia ciudadana se realizó en una reunión con diversas autoridades y la Prefectura Provincial Elqui encargó la investigación al equipo especialista Microtráfico Cero.

“Detectives de esta unidad especializada, en conjunto con el Ministerio Público, establecen que un grupo familiar compuesto por tres hermanos, una mujer y dos hombres mayores de edad, se dedican a la venta de drogas en pequeñas cantidades en el domicilio y en sus inmediaciones”, señaló el comisario Pablo Pincheira, de la Brigada Antinarcóticos y el Crimen Organizado La Serena.

La Operación “4 Esquinas, intervino el domicilio con el apoyo de diversas unidades de la Prefectura Elqui pasadas las 17 hrs. Mientras los detectives daban cumplimiento a la Orden Judicial de Entrada y Registro a la vivienda, también se desarrollaron controles de identidad a los automovilistas y transeúntes que ingresaban dentro del perímetro.

“Gracias a la ayuda de la comunidad logramos reunir las evidencias de interés criminalístico, mediante diversas técnicas de investigación, análisis criminal, y dar respuesta al requerimiento social planteado en una reunión. Efectivamente ocurrían diversos delitos relacionados con la venta de sustancias ilícitas y los consumidores que deambulan en el sector”, informó el comisario Pincheira.

Este procedimiento dejó cuatro detenidos, chilenos, entre los 39 y 60 años que estaban al interior del inmueble con otros individuos durante el allanamiento de la PDI que incautó cannabis a granel y cocaína base, además de dinero en efectivo. Este grupo familiar quedó a disposición del Juzgado de Garantía de La Serena, 2 imputados por tráfico de drogas, uno por el porte ilegal de arma cortante, y otro imputado, con una orden de detención pendiente por el porte de arma prohibida.

El Prefecto Inspector, José Carrasco, destacó la labor investigativa de los detectives y sus resultados, durante el primer Consejo Contra el Crimen Organizado, que se desarrolló en la región de Coquimbo.

La Seguridad Pública es una de las principales preocupaciones que tiene la ciudadanía en Chile y en ese contexto, se concretó la visita del Subsecretario del Interior, Mario Monsalve, a la región de Coquimbo, que convocó al Primer Consejo Regional Contra el Crimen Organizado, en La Serena.

Las Fuerzas de Orden y Seguridad, el Ministerio Público, Gendarmería, entre otros intervinientes, dieron cuenta de los avances y desafíos que se presentan al abordar este fenómeno criminal, ante el Delegado Presidencial Regional, Rubén Quezada, en el edificio del gobierno local.

“El Crimen Organizado constituye una amenaza para la seguridad de las personas y, en Chile, hoy es más complejo. Por ejemplo, con la producción de droga en el territorio y su comercialización a otras regiones, en los barrios, llegan organizaciones criminales, bandas, armas, violencia, homicidios, y nosotros tenemos la misión de detenerlo”, señaló el Subsecretario del Interior, Mario Monsalve.

Sobre el trabajo realizado por la PDI, el Jefe de la Región Policial de Coquimbo, destacó el rol de investigaciones efectivas de los detectives, que lograron desarticular diversas bandas criminales. La mayoría de las operaciones por la producción, venta y distribución de cannabis en localidades rurales de Choapa y Limarí, además del microtráfico barrial, mientras que otras fueron vinculadas a robos violentos, en La Serena, Coquimbo y Ovalle. Además, la PDI desmanteló a organizaciones de extranjeros tras establecer, por primera vez en la región, el tráfico de migrantes y trata de personas que trabajaban, en condiciones irregulares e inhumanas, en predios agrícolas de Elqui y Limarí.

“La PDI ha desplegado todos sus equipos, todas sus capacidades investigativas para hacer frente a este flagelo, junto al Ministerio Público, en contra del Crimen Organizado, las bandas criminales y en delitos de alta complejidad. En este trabajo conjunto, aportamos nuestros planteamientos que, desde nuestra experiencia investigativa, pueden ser de mucha utilidad. Nuestros detectives están llevando procesos importantes para abordar esta problemática, incluso desde la dimensión del lavado de activos, porque también apuntamos a una desarticulación económica”, señaló el Prefecto Inspector José Carrasco, Jefe de la Región Policial de Coquimbo.

Mario Monsalve valoró la importancia de sostener este trabajo interinstitucional, en la capital y en regiones, destacándolo como un proceso inédito, porque Chile “nunca ha tenido una política contra el Crimen Organizado. Entre todos los actores involucrados, estamos trabajando juntos para presentarle al Presidente de la República, una propuesta que le permita tener, por primera vez, una estrategia común que la dará a conocer al país, en los próximos días”.

“Más Seguridad + Comunidad” es una iniciativa conjunta de la SUBDERE y la SPD y contempla una inversión de más de $30 mil millones para atender las necesidades más urgentes de los municipios. Gracias a estos recursos se busca recuperar más de 100 espacios públicos para la comunidad, instalar más de 100 proyectos de luminarias públicas y poner en funcionamiento más de 100 proyectos de cámaras de televigilancia.

“La única manera de trabajar de manera efectiva en construir seguridad es que todos aportemos de nuestra parte. Y aquí eso es exactamente lo que se hizo. Y en el programa Más Seguridad Más Comunidad’ es eso lo que se hace también. En ese programa, que era una iniciativa originalmente de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que partió con $2.500 millones, se logró un acuerdo para que, desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que trabaja con los programas de mejoramiento urbano y de mejoramiento de barrios, se trasladarán una serie de recursos que son para inversiones en el espacio público”, explicó la Ministra Carolina Tohá.

“A los $2.500 millones originales se agregaron $30 mil millones que se van a ocupar para proyectos como este, de recuperación de espacio público, o para proyectos de instalación de luminarias o de instalación de televigilancia ¿Por qué? Porque la inversión en la ciudad es también una inversión en la seguridad”, enfatizó.

El subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo hizo un llamado a los municipios a involucrarse en este proceso; “Quiero entregar algunos elementos prácticos que me parecen relevantes para poder transmitirle a quienes tienen que escuchar esta noticia, que no son solo las comunidades, sino también a los alcaldes y alcaldesas del país para poder atender oportunamente este proceso. Lo primero, es que tenemos un plazo hasta el día 21 de octubre para poder elevar todas las postulaciones a través de la plataforma habitual de la SUBDERE, que es www.subdereenlinea.gov.cl . Esa es la plataforma en la cual van a tener que llevar los proyectos para luego entrar en la fase de evaluación técnica”.

Mientras que el subsecretario Vergara destacó que el anuncio de este plan de inversión demuestra el compromiso del Gobierno con una política de prevención del delito efectiva, que valoriza el rol de los municipios en la coproducción de seguridad. “Este fondo en particular ‘Más seguridad Más Comunidad’ nace primero porque el objetivo principal que el Presidente de la República nos pidió cuando llegamos al Gobierno: avanzar en seguridad, como también en justicia territorial. Es nivelar la cancha de recursos para llegar a un mínimo común preventivo, porque en una misma región y en un mismo país conviven comunas que tienen presupuestos que no superan los $150 per cápita en prevención del delito, mientras hay ocho que tienen más de $40.000 per cápita en prevención del delito”, destacó.

¿Cómo funciona “Más seguridad + equidad”?

Se financiarán proyectos a través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) de Seguridad, incluyéndose proyectos que ya están formulados (de FNSP + PMU-seguridad), por ejemplo, iluminación, recuperación de espacios públicos, sistemas de teleprotección. Se presentarán iniciativas hasta por $75 millones.

Para ello, se emitirá una circular a todos los municipios del país invitando a presentar proyectos en las tipologías indicadas.

Las restricciones de movilidad y el confinamiento social como medidas sanitarias, por el avance de la pandemia, a partir de 2020, se convirtió en una oportunidad para la población mediante el uso de las plataformas digitales, y así seguir con las actividades comerciales y educacionales, entre otras tendencias, que también aprovecharon los delincuentes.

Las estafas y otras defraudaciones contra particulares a través de plataformas y medios digitales, representan los principales delitos que afectaron a miles de víctimas, a nivel nacional, y la región de Coquimbo también refleja esta tendencia sobre el fenómeno delictual conocido como Cibercrimen.

Los delitos económicos, material con contenido de explotación sexual infantil y los delitos informáticos superan los 1320 casos, de mediana y alta complejidad, que fueron investigados por los detectives durante el año pasado en la región Policial de Coquimbo, en conjunto con el Ministerio Público.

“La Policía de Investigaciones tiene un rol significativo al identificar y adaptarse a las nuevas amenazas delictuales, anticipándose, diseñando e implementando estrategias y mecanismos para mejorar y fortalecer la investigación, en base al análisis criminal. Como resultado de esta labor, vamos detectando nuevos “modus operandi” y los nuevos delitos que afectan a la población, trabajo que contribuyó a generar cambios, incluso a nivel legislativo, para aumentar nuestras facultades y ampliar las sanciones contra los responsables y facilitadores del cibercrimen”, señaló el subcomisario Lorenzo Macaya, coordinador de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos La Serena para los delitos informáticos.

La Ley 21.459, promulgada el mes pasado en Chile, permite aplicar el Convenio de Budapest y sus alcances para la investigación de delitos complejos relacionados con la defraudación informática, acceso ilícito a estos sistemas, el ataque a la integridad de la información y datos informáticos, además de su receptación, falsificación e interceptación ilícita.

Los investigadores ahora pueden actuar, a solicitud del Ministerio Público y con la autorización del Juzgado de Garantía pertinente, como agentes encubiertos en investigaciones relacionadas al cibercrimen. Además de la identidad supuesta, también los detectives podrán interceptar las comunicaciones, obtener imágenes y grabaciones, entre otras técnicas de inteligencia policial.

“La evolución de los delitos informáticos requiere de investigadores altamente preparados, y además con amplias facultades para desarrollar su labor. En este sentido, la implementación de la nueva Ley es muy importante para el desarrollo de las funciones policiales, porque autoriza técnicas especiales de investigación que favorecen el éxito de las diligencias, coordinados con el Ministerio Público y la autorización del tribunal pertinente, incluso se obliga a resguardar la información como evidencia, manteniendo los archivos digitales entre 90 y hasta 180 días”, señaló el subcomisario Macaya, encargado del cibercrimen en la región.

En cuanto a las conductas que agravan la responsabilidad penal, se incluye también a los desarrolladores de aplicaciones y plataformas que favorecen la comisión de los delitos computacionales o informáticos. Además, se sanciona el abuso de posición de confianza en la administración de un sistema informático o custodia de datos, cometer el delito abusando de la vulnerabilidad o desconocimiento sobre todo de niños, niñas o adultos mayores, interrumpir servicios públicos de utilidad para la población como abastecimiento de electricidad, gas, sanitario, transporte, entre otros, que son considerados dentro de la infraestructura crítica para el funcionamiento normal del país.