Estos hechos ocurrieron en específico en los sectores de Culimo y entre Río Mar y La Palma, donde se produjo la misma situación, en total fueron sustraídos 1.100 mts de cable, lo que impacta directamente los trabajos de reposición del suministro en las localidades.

“El delito de robo de cables es uno de los grandes problemas que afectan a las instalaciones y clientes de la compañía, sobre todo en la región de Coquimbo. Desde CGE hacemos el llamado a denunciar estos delitos, sobre todo en circunstancias como estas, ya que la calidad de servicio y los tiempos de reposición se ven perjudicados por las inclemencias del clima y por estos hechos delictuales siendo los vecinos y vecinas los primeros afectados”, señaló Oscar Facusse, director comercial y de servicio a clientes de CGE.

Las brigadas CGE continúan desplegadas en la región de Coquimbo con el fin de recuperar el servicio en aquellas localidades afectadas por el sistema frontal, coordinando con las autoridades en casos con complicaciones de acceso o conectividad.

Consejo

CGE recuerda a sus clientes que pueden reportar interrupciones de suministro o situaciones de riesgo a través de sus canales de atención disponibles las 24 horas como el Whatsapp + 569 8956 8479, el número de atención gratuito 800 800 767 o la página web www.cge.cl.

El llamado al *4242 permitió entregar información fundamental para sacar de circulación cerca de 3 millones de dosis, generando un millonario perjuicio a una organización dedicada al narcocultivo en la región de Coquimbo.

Un importante golpe al narcotráfico se concretó en la comuna de Punitaqui, luego de un operativo conjunto entre la Fiscalía de Ovalle y la Policía de Investigaciones (PDI), que permitió la incautación de más de 5.500 plantas de cannabis sativa y cerca de 22 kilos de droga en proceso de secado.

El procedimiento, que se desarrolló gracias a información aportada por la comunidad, logró desarticular una estructura dedicada al narcocultivo, generando un perjuicio económico cercano a los 3 mil millones de pesos y evitando la circulación de aproximadamente 3 millones de dosis en el mercado ilícito.

Desde el Gobierno, las autoridades valoraron el trabajo interinstitucional y reiteraron el llamado a la denuncia. La Delegada Presidencial Provincial de Limarí, Ivon Guerra, destacó el compromiso de las policías. “Este trabajo que realiza la Policía de Investigaciones, muchas veces con muy pocos recursos, ha logrado resultados contundentes. Queremos decir que desde esta delegación vamos a seguir trabajando cohesionados, porque esta tarea no es solo de las policías, sino de todos. El llamado es a denunciar de forma anónima para que podamos desbaratar estas mafias”, afirmó.

En la misma línea, la seremi de Seguridad Pública, María José Duarte, enfatizó el rol de la ciudadanía en la prevención del delito. “Como Gobierno tenemos la convicción de que la seguridad es una tarea prioritaria y permanente. Hoy estamos compartiendo resultados concretos del trabajo coordinado entre el Ministerio Público, la PDI y los organismos del Estado. Destacar que el programa Denuncia Seguro es una herramienta efectiva que permite a la ciudadanía aportar antecedentes de manera anónima y avanzar en investigaciones que logren condenas efectivas”, sostuvo.

Por su parte, el Prefecto Inspector Javier González, Jefe Regional de la PDI, subrayó el impacto del operativo en las finanzas de las organizaciones criminales. “Se logró desbaratar e incautar cerca de 5.500 plantas de cannabis y casi 22 kilos en proceso de secado. Esta incautación afecta el patrimonio de quienes estaban cultivando esta droga en casi 3.000 millones de pesos, lo que impacta directamente en las ganancias que pretendían obtener. Con el trabajo conjunto con la Fiscalía de Ovalle hemos logrado neutralizar esta cantidad de droga para evitar que llegue a los mercados y consumidores en la región y más al sur”, señaló.

El fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Ovalle, Maximiliano Krause, destacó la relevancia de la colaboración ciudadana en este tipo de investigaciones. “Lo relevante para el Ministerio Público es, por un lado, la incautación de droga que pudiera llegar a la población, pero también demostrarle a la comunidad que las denuncias que hacen van generando fruto. Probablemente puede llamar la atención que no se haya detenido personas en este caso, sin embargo, estas investigaciones toman bastante tiempo y requieren un importante trabajo de análisis y perfilamiento, el cual ya está en curso”, indicó.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a continuar denunciando este tipo de hechos, destacando que la colaboración ciudadana es clave para avanzar en investigaciones que permitan desarticular organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

La acción se fundamenta en antecedentes que evidencian un incumplimiento reiterado del artículo 55 N de la Ley General de Pesca y Acuicultura, el cual establece que los trabajadores deben recibir una parte de los ingresos generados por la cesión de cuotas pesqueras. El documento ingresado ante Contraloría advierte que, pese a que estas operaciones generan importantes ingresos para los armadores, los tripulantes no han recibido el pago que les corresponde, generando un perjuicio económico directo y sostenido en el tiempo  .

El director del sindicato, Eduardo Calderón, explicó que esta situación se arrastra desde hace años en la región:

“Es una venta de cierta cantidad de toneladas de pesca que tienen los armadores, cerco de pesca en la Región de Coquimbo. El problema principal es que esto se ha hecho de años atrás y ahora recién nosotros hicimos las consultas sobre la parte que nos debe tocar a nosotros que se tiene que pagar y eso no se ha hecho nunca. Entonces recién ahora se está incluyendo al pescador artesanal, tripulante de las embarcaciones, para que se le pague lo que corresponda con respecto a la venta”.

El dirigente agregó que, si bien los armadores sí han recibido pagos por estas cesiones, los tripulantes han sido excluidos:

“Esta cuota se vende a la industria. Entonces por esta cesión de pesca se paga una cantidad de dinero y nosotros, los armadores sí recibían el dinero, pero nosotros no recibíamos nada con respecto a las cesiones anteriores y a esta última que se está haciendo. Nosotros con el senador que nos ha apoyado vamos a recibir parte del pago que se está haciendo a ciertos tripulantes, pero no como debiera ser legalmente”.

Por su parte, el senador Daniel Núñez señaló que la presentación busca corregir un vacío de fiscalización que ha permitido este incumplimiento:

“Junto al sindicato de trabajadores tripulantes artesanales de la Región de Coquimbo, hemos solicitado y tenido una reunión con la Contraloría General de la República, Dorothy Pérez, para plantear la necesidad que la Contraloría se pronuncie y establezca el deber que tiene el Servicio Nacional de Pesca de fiscalizar y asegurar que cada vez que se hace una cesión de derechos o una venta desde el sector artesanal, de cuotas de pesca a la industria pesquera se pague la parte que corresponde a los tripulantes artesanales”.

Asimismo, enfatizó que se trata de un problema estructural que afecta la equidad en el sector:

“Acá hay un negocio que genera ganancias para los armadores y la ley estipula claramente que ante esa situación debe también verse beneficiado el tripulante. Eso no se ha respetado desde hace muchos años en la Región de Coquimbo y queremos generar el precedente de que las leyes están para cumplirse”.

El documento ingresado advierte que actualmente no existen mecanismos efectivos de verificación ni fiscalización del pago a tripulantes en estas operaciones, lo que ha permitido que se materialicen cesiones de cuotas con beneficios económicos que no se distribuyen a los trabajadores. Por ello, se solicitó a la Contraloría emitir un dictamen que establezca con claridad que el pago a tripulantes es una obligación legal, que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura debe fiscalizar su cumplimiento y que dicha fiscalización debe incluir la cadena de pagos asociada a estas operaciones.

Finalmente, el senador Núñez subrayó que esta acción busca sentar un precedente en favor de los trabajadores del sector:

“La distribución de los recursos pesqueros tiene que hacerse de forma equitativa, con un sentido de justicia social y en el marco de la legalidad que rige en Chile”.

Ruben Gonzalez, gerente(s) de CGE región de Coquimbo, explicó que es preocupante que este  tipo de hechos delictuales se este haciendo tan reiterativo, afectado especialmente las  operaciones de CGE en la zona norte del país, donde se concentran el mayor número de casos  de este delito.

“Queremos hacer un llamado a las autoridades para que se realicen las diligencias que  correspondan y se de la urgencia y celeridad a las investigaciones que se estan llevando a cabo,  de las que hasta ahora no hemos tenido resultado. Si bien nuestra infraestructura eléctrica  continúa siendo vandalizada por este tipo de delitos, los más afectados son nuestros clientes, que  por la falta de suministro eléctrico se ven gravemente afectados”, señaló.

Tal como en otras ocasiones, CGE realizará la denuncia por este delito ante las policías y el  Ministerio Público.

Cabe destacar que estos robos se han hecho habituales en la región de Coquimbo, y en especial  en la comuna de La Higuera, por lo que también se hace un llamado a la población a denunciar  en caso de tener antecedentes respecto a este tipo de delitos, ya sea ante las policías o en los  canales de atención al cliente de CGE, lo son el número de atención gratuito 800 800 767, el  Whatsapp + 56 9 8956 879 o el sitio web www.cge.cl.

En el marco del fortalecimiento de la red de urgencia y la entrega de conocimientos especializados en el área medicolegal, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, en colaboración con el Servicio Salud Coquimbo, realizaron una capacitación crucial sobre un tema de alta relevancia social: la Trata de Personas. Este grave acto criminal representa una vulneración directa de los derechos humanos.

En la capacitación participaron cerca de 50 personas de distintos establecimientos de salud de las provincias de Elqui, Choapa y Limarí, incluyendo representantes de dispositivos de atención primaria y de urgencias como Cesfam, SAPU y SAR, además de unidades de emergencia de hospitales.

“La trata de personas es un delito que está íntimamente conectado con el crimen organizado. Por eso, hemos dispuesto una serie de capacitaciones a funcionarios públicos, en este caso a funcionarios del Servicio de Salud de toda nuestra región, para que ante una situación de una persona que se acerca a un establecimiento de salud, ellos puedan contar con el conocimiento necesario para reconocer a una víctima del delito de trata de personas y de esta manera se puedan accionar todos los mecanismos que establece la ley y los protocolos de trata de personas para que se haga efectiva la denuncia ante las policías o ante el Ministerio Público y se pueda hacer justicia ante estos casos”, señaló Rubén García, seremi de Justicia y Derechos Humanos.

Sebastián Prieto, subdirector de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Coquimbo, destacó la dificultad de detectar la trata de personas y resaltó que, “nuestra red es habitualmente una de las que tiene más capacidad de poder (detectar el delito) hacerlo por las características de las entrevistas que hacemos, de las condiciones en las que llegan las personas a consultar en nuestra red están en una condición de especial vulnerabilidad. Por lo tanto, además de servirles de protección, tenemos también la posibilidad de detectar aquella situación”.

Para abordar esta problemática, se programó una jornada de capacitación completa en la que participaron diversos actores que forman parte de la Mesa de Trata de Personas, liderada por la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos de Coquimbo, incluyendo Fiscalía, Sernameg, Defensoría de la Niñez y el Centro de Atención a Víctimas de La Serena.

Ricardo Soto, Fiscal Adjunto de la Sección de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), expuso sobre el delito de trata e investigación penal. “Expusimos sobre los delitos que se configuran y la labor de la Fiscalía, desde el punto de vista investigativo y proteccional. Esto incluye la denuncia, las diligencias que establece la ley que regula la trata de personas y tráfico de migrantes, las penas aplicables y la posición de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos, así como sus canales de derivación y denuncia”, explicó.

Claudia Montesinos, trabajadora social del Cesfam Santa Cecilia de la Parte Alta de Coquimbo y asistente a la capacitación, manifestó que “ha sido fundamental, ya que nuestro rol implica dirigir adecuadamente cada caso. Detectamos muchos casos donde no sabíamos cómo o dónde derivar, y esta capacitación nos ha brindado el conocimiento necesario para actuar correctamente ante sospechas de trata de personas”.

Finalmente, Sergio Galleguillos, referente red de urgencia Servicio de Salud de Coquimbo, reflexionó en torno al tema y destacó que, “es importante que los equipos clínicos tengan conocimiento de cómo abordar. ¿Qué es lo importante hacer desde el punto de vista de salud y cuáles son los canales de derivación también y cuáles son nuestros caracteres legales? que, como funcionarios públicos, debemos cumplir al poder establecer o poder identificar algún tipo de situación que pueda tener algún carácter penal o criminal”, concluyó.

Cabe destacar que esta capacitación forma parte del plan de trabajo anual de la Mesa de Trata de Personas de la Región de Coquimbo.

● La recarga de café instantáneo que se comercializa, y que utiliza ilegalmente la marca Nescafé, es falsificada y representa un riesgo tanto para la integridad de las personas consumidoras como para la reputación de la marca.

● SERNAC inició un proceso de fiscalización transversal, junto con la SEREMI de Salud Metropolitana, para verificar los antecedentes sobre esta alerta.

● “Solicitaremos el apoyo del Ministerio Público para que quienes cometen este tipo de delitos puedan responder no sólo frente a los consumidores, sino que frente a la justicia por los eventuales delitos que han cometido”, señaló el Director Nacional, Andrés Herrera.

El café es un producto consumido a diario por millones de chilenas y chilenos en sus diferentes tipos. Por tal razón resulta preocupante que la empresa Nestlé Chile haya alertado a SERNAC sobre un producto en formato recarga, que utiliza ilegalmente su marca, que se comercializa en diversas ferias libres y establecimientos comerciales de la Región Metropolitana, y que resulta ser falsificado.

Ante esta situación, el Servicio inició un proceso de fiscalización transversal, junto con la SEREMI de Salud Metropolitana, para verificar los antecedentes sobre el origen del producto, su cadena de distribución, las condiciones y modalidades en las cuales se ha puesto a disposición de las personas consumidoras, así como las medidas tomadas para atender los diferentes reclamos.

El Director Nacional de SERNAC, Andrés Herrera, enfatizó que este tipo de situaciones “no afecta sólo a la empresa que debe producir con altos estándares los productos alimenticios, sino que es un agravio enorme a pequeñas empresas que, de buena fe, puedan adquirir productos para la comercialización a sus clientes sin saber el daño que puede provocar aquello, pero por sobre todo, que afecta a las personas consumidoras”.

La autoridad sostuvo, además, que el caso se derivará ante Fiscalía. “Derivaremos y solicitaremos el apoyo del Ministerio Público para que quienes cometen este tipo de delitos puedan responder no sólo frente a los consumidores, sino que frente a la justicia por los eventuales delitos que han cometido”, señaló.

Sobre esta situación tan preocupante, Herrera hizo un llamado a las personas consumidoras a “exigir garantías y verificar la autenticidad de los productos que adquieren”, así como “a los minoristas a asegurarse de obtener productos de distribuidores legales y certificados, porque es fundamental que todos los proveedores que hayan adquirido productos falsificados los reporten de inmediato a través de los canales habilitados para ello”.

Si alguna persona adquirió este producto debe dejar de consumirlo y solicitar la devolución del dinero o el cambio del producto en el lugar de compra, acreditando la adquisición de una falsificación. “Es importante destacar que estos productos no son de Nestlé, y los responsables de su falsificación y distribución deben ser identificados y llevados ante la justicia”, cerró la autoridad del ente fiscalizador.

¿Cómo saber que este producto es falso?

– Primero que todo, la empresa asegura que: no existe un formato de “recarga” de 50 gramos que esté asociado a la línea de su café instantáneo (no hay Nescafé doypack, por lo que si se encuentra uno: es falsificado).

– También se incluye en el producto una etiqueta obsoleta, la cual hace más de 5 años no está presente en productos de café de la marca implicada.

– Además en la etiqueta no se identifica número de lote, ni código de barra del producto.

– Frente a consultas o reportes sobre este u otros productos, puedes escribir seguridaddeproductos@sernac.cl

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal Illapel y Los Vilos realizaron el procedimiento en un cité, control que surge de los diálogos de seguridad pública con los vecinos de la provincia de Choapa.

Durante dos días se desarrolló el operativo masivo de la PDI, en la localidad “El Tambo” de la comuna de Salamanca, luego del análisis criminal e inteligencia policial que desarrollaron los detectives en base a información relevante que aportó la comunidad sobre un cité donde residían extranjeros.

“El procedimiento surge de los diálogos ciudadanos que desarrollamos junto a la Delegación Presidencial en el territorio, logrando detectar la presencia de 28 ciudadanos de nacionalidad boliviana que ingresaron a Chile por un Paso No Habilitado y todos se encuentran en forma irregular por lo que serán denunciados a la autoridad administrativa”, señaló el Prefecto Luis Romero, jefe (s) de la Prefectura Provincial de Choapa.

Durante la fiscalización, planificada por los detectives de la Sección Migraciones y Policía Internacional Illapel, se estableció que los migrantes viven en precarias condiciones en el inmueble de residencia, en un sitio de la calle Luis Cruz Martínez, en la comuna minera y agrícola.

“Las diligencias investigativas continúan para ubicar a los responsables que habrían ofrecido esta residencia a los extranjeros que viven en un cité”, señaló tras el procedimiento, el Subcomisario Víctor Muga de la Sección Migraciones y Policía Internacional Illapel.

Además de mantener el seguimiento del caso, la PDI hace un llamado para realizar las denuncias oportunamente y de forma presencial, en el complejo policial más cercano, y también se invita a los vecinos para que participen en las convocatorias comunales de seguridad pública, donde la comunidad y las autoridades pueden proporcionar la mayor cantidad de antecedentes que ayuden a detectar delitos o iniciar investigaciones efectivas.