Un nuevo informe pone de relieve que la humanidad y la solidaridad están cobrando impulso frente a los ataques

Ante la reacción global contra la justicia de género, y en pleno escándalo de los archivos Epstein, la delegación de Amnistía Internacional, encabezada por su secretaria general, Agnès Callamard, pedirá en el 70 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que se celebra en Nueva York del 9 al 19 de marzo, redoblar los esfuerzos para proteger y promover los derechos de las mujeres y de las niñas.

La delegación de Amnistía hablará con Estados miembros de la ONU, funcionarios y organizaciones de la sociedad civil asociadas a fin de ejercer presión en favor del refuerzo del acceso a la justicia para sobrevivientes de violencia de género, de la rendición de cuentas significativa para los responsables, de la protección de los derechos sexuales y reproductivos, y de salvaguardias más sólidas para las defensoras de los derechos humanos.

“Este año, el periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer se celebra en un momento de especial urgencia, pues en casi todo el mundo la justicia de género está recibiendo ataques y muchas defensoras de los derechos humanos y organizaciones feministas no pueden entrar en Estados Unidos”, ha declarado Agnès Callamard.

“Movimientos antiderechos bien financiados y muy coordinados, que cuentan con el apoyo y la promoción directos de Estados Unidos, Rusia y muchos otros gobiernos, están trabajando para dar marcha atrás a decenios de avances.”

“Hay Estados poderosos que están empleando el género como arma para justificar la represión y la adopción de leyes punitivas. Empresas y otros actores no estatales están sembrando semillas de pánico moral mediante la difusión de discursos de odio y desinformación. Juntas, esas fuerzas han tratado de controlar la autonomía corporal de las mujeres, imponiendo una violenta negación de derechos, infundiendo miedo y contribuyendo a reducir el espacio de la sociedad civil.”

“Simultáneamente, los llamados ‘Archivos Epstein’ han sacado a la luz la existencia de redes delictivas mundiales conformadas por algunos de los hombres más poderosos del mundo de los ámbitos de la política, las finanzas y la cultura, y que durante decenios han participado con impunidad en la explotación y los abusos sexuales en gran escala de mujeres y niñas, han corrompido gobiernos, mercados y sociedades, y han reforzado al mismo tiempo un poder abusivo. Es realmente repugnante ver los terribles obstáculos que afrontan las sobrevivientes para acceder a la verdad, a reparación y a resarcimiento, y cómo siguen siendo victimizadas mediante la revelación no consentida de datos sensibles. Resulta grotesco que la misma desigualdad estructural, misoginia e impunidad sistémica que les impide acceder a la justicia continúe protegiendo a los responsables de los abusos que han sufrido y de otros más amplios contra los derechos de las mujeres en todo el mundo, incluidos los ataques organizados contra los derechos relacionados con el género.

“El 70 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer supone una oportunidad crucial para que defensoras de los derechos humanos, activistas en cuestiones de género y Estados miembros resistan a los ataques sistemáticos contra la justicia de género y los derechos de las mujeres refiriéndose por su nombre a las fuerzas y los actores que están detrás de esos ataques, organizándose activamente contra ellos a través de acciones colectivas y garantizando que los mecanismos de rendición de cuentas funcionen de la manera prevista, sin miedos ni favoritismos.”

Un nuevo informe pone de relieve la resistencia global

En un nuevo informe publicado hoy, Amnistía Internacional hace hincapié en cómo, en uno de los periodos de la historia reciente más difíciles para los derechos de las mujeres, está cobrando impulso la resistencia global frente a los ataques de los gobiernos contra los derechos de género y frente a su represión de la disidencia.

“En el último año se ha visto que, incluso cuando los Estados no cumplen con sus obligaciones, el poder colectivo de las comunidades puede seguir defendiendo, haciendo valer y promoviendo la justicia de género. Lejos de aceptar la derrota o de acobardarse ante esas amenazas, las mujeres, las niñas, las personas LGBTI y quienes las apoyan se mantienen firmes e intensifican su trabajo para exponer, denunciar y resistir los abusos contra los derechos humanos”, ha manifestado Agnès Callamard.

“Estamos siendo testigos de miles de actos cotidianos de valor, liderazgo y solidaridad. Nuestro informe documenta la dedicación de personas valientes que luchan, por ejemplo, para conseguir una sentencia histórica que ratifica el acceso al aborto de las sobrevivientes de violación en Malawi, para exigir rendición de cuentas por el genocidio perpetrado por Israel contra la población palestina, y para resistir a la censura en Afganistán y en China. Otras personas están luchando para ampliar los derechos sexuales y reproductivos en América Latina y para garantizar que las personas LGBTI puedan ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica en Hungría.”

“Sus ejemplos nos muestran que otro mundo es posible. Sus voces son especialmente importantes este año en que, por motivos de preocupación en torno a la seguridad, la violencia fronteriza, y las restricciones de visados y acceso, a lo que se suma la crisis de financiación causada por los recortes a la ayuda, un gran número de organizaciones asociadas y de defensores y defensoras de los derechos humanos no pueden estar presentes en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer que se celebra en Nueva York. Estas persistentes desigualdades están limitando gravemente el acceso significativo a espacios multilaterales.”

El informe “Humanity Must Win: and it does when we stand together for gender justice” (La humanidad debe triunfar: y lo hace cuando nos unimos en favor de la justicia de género) describe detalladamente campañas e iniciativas de todo el mundo que, a pesar de la reacción sistemática de las autoridades, están denunciando violaciones de derechos humanos, promoviendo la solidaridad y orientando los avances hacia la rendición de cuentas y la justicia.

El informe expone varias iniciativas de derechos humanos en países como:

• Afganistán, donde mujeres periodistas, como Zahra Joya, fundadora de Rukhshana Media, siguen resistiendo ante las restricciones generalizadas impuestas por los talibanes, que han borrado a las mujeres de la vida pública. Su labor periodística da visibilidad a mujeres que no pueden hablar abiertamente y que van desde manifestantes que escriben sus mensajes de resistencia en las paredes de Kabul hasta sobrevivientes de violencia cuyas historias rara vez llegan al mundo exterior.
• Burkina Faso, donde en 2025, tras las persistentes campañas de la sociedad civil, se adoptaron unas reformas largo tiempo esperadas que fijaron en 18 años la edad mínima para el matrimonio y establecieron el consentimiento entre las dos partes como base de cualquier matrimonio.
• China, donde las activistas feministas están oponiendo resistencia a la criminalización y la vigilancia, incluso cuando las autoridades describen su movimiento como amenaza política y lo someten a censura y represión.
• Gaza, donde la valiente labor de las organizaciones de derechos humanos ayudó a denunciar ante el mundo el genocidio cometido por Israel, lo que supone un paso en el largo camino hacia la justicia. En marzo de 2025, la Comisión de Investigación de la ONU concluyó que Israel había ejercido sistemáticamente violencia sexual y reproductiva y otras formas de violencia de género contra personas palestinas y llevado a cabo “actos genocidas” al destruir centros sanitarios de mujeres y de salud reproductiva y bloquear el acceso a atención sanitaria esencial.
• Hungría, donde aproximadamente 300.000 personas desafiaron la prohibición dictada por las autoridades contra la marcha del Orgullo de Budapest de junio de 2025. En aplicación de una nueva legislación, las autoridades pueden prohibir cualquier reunión que promueva los derechos de las personas LGBTI+ y que trate temas relacionados con este grupo de población, multar a sus participantes, penalizar a las personas organizadoras e identificar a manifestantes mediante tecnología de reconocimiento facial.
• Malawi, donde en 2025, en una sentencia histórica, el Tribunal Superior del país resolvió que negar a una sobreviviente de violación de 14 años el acceso a un aborto sin riesgos había vulnerado sus derechos establecidos en la Ley de Igualdad de Género, lo que sienta un importante precedente en un país en el que el aborto sigue en gran medida criminalizado.
• América Latina, donde activistas de toda la región han seguido enfrentándose a los ataques y a los intentos de hacer retroceder los derechos sexuales y reproductivos que tanto ha costado conquistar, en particular el acceso al aborto sin riesgos.

La instancia abre un espacio de trabajo y coordinación intersectorial para dar respuesta a las problemáticas de personas y familias de la zona que han sido afectadas por violaciones de los derechos humanos, torturados y exonerados de la dictadura cívico-militar.

Durante su Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric reafirmó su compromiso con los Derechos Humanos tras enfatizar que “seguiremos buscando incansablemente a los desaparecidos (…) estamos comprometidos con la verdad y la justicia”.

Una convicción que en la Región de Coquimbo hoy se traduce en que la Seremi de Justicia retomara la Mesa Regional de los Derechos Humanos. Un trabajo multisectorial que reúne a agrupaciones de familiares y víctimas de la dictadura cívico-militar de todo el territorio.

Convocatoria que destacaron las organizaciones, entre ellas la Agrupación de Presos Políticos de Salamanca, cuyo Presidente, José Muñoz Arancibia, señaló que “esto es muy importante, porque pone en el tapete la situación de muchos presos políticos, Detenidos Desaparecidos y Exonerados. Fue una reunión muy amena que demuestra una disposición del Gobierno del Presidente Boric y estamos muy satisfechos de esta convocatoria”.

En tanto, María Saavedra Cortés, Presidenta de los ex Presos Políticos de Coquimbo, añadió que “se ve un compromiso bastante revelador que se haya tomado en serio estos temas. Asuntos que nos estaban preocupando, como terminar los años de silencio, reparar los hechos. Es motivante y nos llena de esperanza ver la voluntad. Se ve que no es un slogan y ojalá lleguemos a buen puerto”.

Este miércoles se desarrolló la primea sesión que busca promover, reparar y mantener la memoria por las víctimas de la dictadura y que fue presidida por el Delegado Presidencial, Rubén Quezada. “Porque sabemos que en nuestro país siguen habiendo deudas y desafíos en materia de Derechos Humanos, y que nuestro Presidente Gabriel Boric ha reiterado el compromiso del Gobierno con las garantías de verdad, justicia y reparación, es que es muy relevante que esta mesa se retome. Las mismas agrupaciones nos indican que en cuatro años no se avanzó y nosotros queremos retomar este trabajo desde una mirada interministerial.”, explicó la autoridad.

De esta manera, se abre un espacio de trabajo y coordinación para para dar respuesta a las problemáticas de personas y familias de la zona que han sido afectadas por violaciones de los derechos humanos, torturados y exonerados.

En este sentido, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Rubén García, puntualizó que “aquí hicimos una invitación a distintas agrupaciones y planteamos una serie de línea de trabajo que abarcan temas como la salud, el rescate de la memoria y otros temas que para nosotros nos parecen muy relevante responder y que están dentro de nuestro programa de Gobierno”.

Y es que esta mesa canalizará las necesidades y solicitudes de las agrupaciones por eso se cuenta con la participación de las secretarias regionales ministeriales de Bienes Nacionales, Vivienda, Educación y Cultura, para apoyar la implementación de políticas públicas en el ámbito de los Derechos Humanos.

Dicha mesa sesionará bimensualmente como parte del compromiso del Gobierno de promoción, respeto y reparación de los derechos humanos, y que se da también en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe militar en Chile.

Firmado por el jefe del Departamento Jurídico y Fiscal de la Dirección del Trabajo, Juan Terrazas Ponce, el dictamen 147/2022 establece que “el trabajador trangénero masculino en estado de embarazo tiene derecho a las garantías que otorgan todas las normas protectoras de la paternidad, maternidad y vida familiar reguladas  en el Título II del Libro II del Código del Trabajo resultando por tanto obligatorio para el empleador (…) proveer el mismo trato conferido a las trabajadoras mujeres en dicho estado”.

De esta manera “el Estado está reconociendo que tanto hombres, como mujeres pueden embarazarse y que ambos grupos merecen igualdad legal, al margen de su identidad de género, lo cual es un avance de gran relevancia que, de paso, reconoce la diversidad familiar”, señaló el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

Añadió que en la práctica, “esto significa que los padres trans tienen derecho a ser contratados o a  permanecer en su trabajo al margen de su estado de gravidez. También tienen derecho a descanso de se seis semanas antes del parto y doce semanas después de él, así como a permisos o subsidios en caso de enfermedad del hijo/a o provocada por el embarazo. Además, si el padre fallece, sus derechos laborables serán traspasables a su pareja si que la misma está cargo del cuidado del hijo/a”.

El nuevo dictamen tuvo como sustento los derechos garantizados en la Ley 21.220 sobre identidad de genero y “muy especialmente los consagrados en la Ley 21.400 sobre matrimonio igualitario, donde después de una ardua lucha y campañas conseguimos  que se reconociera la igualdad laboral para todas las personas gestantes, al margen de su  sexo, identidad de género u orientación sexual. Nos alegra los importantes efectos que está teniendo desde ya el matrimonio igualitario”

En efecto, la ley de matrimonio igualitario establece que “los derechos que corresponden a la madre trabajadora referidas a la protección de la maternidad regulados” en el Código del Trabajo, “serán a aplicables a la madre o persona gestante con independencia de su sexo registral por identidad de género. A su vez, los derechos que se otorgan al padre del presente título también serán aplicables al progenitor no gestante”.