Una fuerte controversia institucional se desató en La Serena luego del anuncio de desalojo realizado por el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Elqui, en el marco del proceso de traspaso del sistema educacional establecido por la Ley 21.040. El conflicto se centra en el uso y eventual traspaso de inmuebles que, si bien han estado vinculados históricamente al ámbito educacional, cumplen hoy un rol social, cultural y comunitario clave para la comuna y la región.

El punto más álgido de la disputa se vive en el Hogar Femenino de La Serena, edificio emblemático del patrimonio educacional y social de la ciudad. Hasta su frontis llegó el equipo ejecutivo de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, encabezado por su secretario general, el abogado Marcelo Gutiérrez, quien emplazó directamente al SLEP Elqui a frenar lo que califican como una medida injustificada y de alto impacto social.

“Es de público conocimiento que, a partir de mediados de año, los establecimientos educacionales que manejaba la Corporación y, por ende, el municipio de La Serena, fueron traspasados al Servicio Local de Educación, y eso está muy bien. Lo que no corresponde, es que aquellos bienes inmuebles que no tienen un fin educativo pasen al Servicio Local de Educación, cuando son patrimonio de todos los vecinos de la comuna”, señaló Gutiérrez. En esa línea, agregó que el Hogar Femenino “durante todo el año aloja a distintas delegaciones de niños, jóvenes, estudiantes, y personas mayores que provienen de sectores vulnerables de la región o que se encuentran alejadas de La Serena”, subrayando que el recinto fue notificado de desalojo el martes 30 de diciembre, “situación que claramente no permitiremos”.

Desde la Corporación Municipal advirtieron que el conflicto no se limita a un solo inmueble, sino que podría extenderse a otros espacios patrimoniales de alto valor simbólico, como el Teatro Municipal de La Serena. “Este recurso es a favor de la ciudad de La Serena, a favor del patrimonio y a favor de las personas más vulnerables”, afirmó el secretario general, confirmando que ya se han presentado acciones tanto administrativas como judiciales para frenar el traspaso.

En medio de la escalada, la Corporación acusó al SLEP de “faltar a la verdad” respecto de la disposición al diálogo. Gutiérrez sostuvo que sí existe una propuesta concreta de convenio entregada el viernes 26 de diciembre, orientada a colaborar en el proceso de traspaso. “Estamos destinando más de 180 millones de pesos anuales, los cuales van dirigidos al módulo dental para la atención de los estudiantes y, estamos, además, apoyando en la mantención de las áreas verdes y mejorando las rondas de seguridad en los colegios”, detalló.

El abogado de la Corporación Municipal, Gonzalo Pinochet, reforzó el tono crítico, señalando que si bien existe voluntad de acuerdo, hay límites que consideran intransables. “Quiero ser enfático en señalar que, tanto la Corporación Municipal como la Ilustre Municipalidad de La Serena, tienen plena disposición para llegar a todos los acuerdos posibles con el Servicio Local de Educación Elqui. Sin embargo, existe un límite que para nosotros es intransable, que es el respeto a la legalidad vigente y el resguardo del patrimonio de la comuna de La Serena”, afirmó.

Pinochet agregó que el SLEP ha solicitado acciones que, según explicó, ya no serían legalmente financiables por el municipio ni la Corporación, dado que dejaron de ser sostenedores del sistema educacional. Pese a ello, sostuvo que parte de esos apoyos se han mantenido por estar contemplados en el presupuesto 2025, insistiendo en que “seguiremos teniendo la mayor disposición, para sentarnos a negociar todo lo que sea necesario, porque lo que la comunidad necesita en este tipo de situaciones, son acuerdos”.

Desde el ámbito jurídico, la controversia fue calificada derechamente como grave. La abogada de la Corporación Municipal, Olga Guerrero, afirmó que “lo que ocurrió aquí fue de extrema gravedad”, confirmando la presentación de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de La Serena, “en favor de los trabajadores y personas que acá se albergan”.

Guerrero añadió que, de manera paralela, se solicitó un pronunciamiento a la Contraloría General de la República para que determine la legalidad de eventuales situaciones similares que podrían afectar tanto al Hogar Femenino como al Teatro Municipal. “Aquí no existe una disputa política ni administrativa, sino que esto tiene relación directa con el resguardo de los derechos fundamentales de la comunidad”, concluyó.

El máximo tribunal instruyó el desalojo de personas que habitan en una franja eléctrica de Interchile S.A., subrayando el peligro vital que enfrentan quienes viven bajo líneas de alta tensión. La resolución exige que el procedimiento se realice con medidas de apoyo y acompañamiento social.

La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por la empresa Interchile S.A. y ordenó el desalojo de un grupo de personas que habita en un terreno de La Serena con servidumbre eléctrica, advirtiendo el riesgo que supone vivir tan cerca de una línea de alta tensión.

El fallo —que revocó una resolución previa de la Corte de Apelaciones de La Serena— destacó que la presencia de viviendas y construcciones en la denominada faja de protección no solo vulnera el derecho de propiedad de la empresa, sino que expone a las familias a un riesgo vital.

“La ocupación de esa faja de terreno por parte de los recurridos implica un riesgo para las personas que se encuentran en el lugar”, señaló Interchile en su presentación ante los tribunales.

La compañía también advirtió las graves consecuencias que puede generar el contacto con líneas de alta tensión: “Al instalar construcciones en la denominada ‘faja de protección’ de la servidumbre, se exponen a heridas de entrada y salida, quemaduras en la piel e incluso en órganos internos, contracturas musculares, fracturas óseas e incluso la muerte”.

El máximo tribunal determinó que la acción fue presentada dentro del plazo legal y estableció que los ocupantes sí participaron en la situación al suscribir promesas de compraventa sobre el terreno afectado.

En su resolución, la Corte Suprema recordó que la Ley General de Servicios Eléctricos prohíbe realizar construcciones u obras que impidan el uso de una servidumbre eléctrica, y que el titular de ésta puede exigir su restitución.

Sin embargo, el tribunal ordenó que el desalojo se ejecute en un plazo de dos meses con medidas de resguardo social, considerando la vulnerabilidad de las personas que habitan el lugar y la necesidad de que las instituciones competentes aseguren un acompañamiento adecuado.