A nivel nacional, el ajuste presupuestario alcanzará los $413.193 millones, impactando a distintos organismos y a la red hospitalaria pública del país. Entre las instituciones más afectadas se encuentra la Subsecretaría de Redes Asistenciales, encargada del financiamiento de la red de salud, que sufrirá una disminución de $147.715 millones, equivalente al 11% de los recursos contemplados en la Ley de Presupuestos 2026 para esa repartición, según informó The Clinic.

En la región de Coquimbo, el recorte superará los $3.452 millones. El Hospital de La Serena enfrentará una reducción de $1.972 millones, mientras que el Hospital San Pablo de Coquimbo verá disminuidos sus recursos en $1.480 millones, en un contexto marcado por el aumento de las listas de espera y la alta presión que enfrenta la red asistencial.

“Estamos hablando de establecimientos esenciales para miles de familias de toda la región de Coquimbo. Aquí se realizan cirugías, tratamientos complejos, atenciones de urgencia y derivaciones desde distintas comunas. Hay un problema serio que debemos enfrentar: mientras aumentan las listas de espera y los equipos de salud trabajan al límite, el Gobierno decide recortar recursos. Se está debilitando la salud pública y eso significa afectar el acceso de vecinos y vecinas a una atención digna y oportuna”, señaló Castillo.

La parlamentaria agregó que “nos vamos a unir con trabajadores y trabajadoras de la salud, usuarios, usuarias y comunidades, porque esto ya llegó a un límite. La salud pública necesita una reforma estructural y más recursos, no menos. No vamos a permitir que se siga asfixiando financieramente a hospitales que sostienen la vida de nuestras regiones”.

De acuerdo con el mismo medio, otros organismos también sufrirán reducciones presupuestarias. El Fondo Nacional de Salud verá disminuidos sus recursos en $259.512 millones, equivalentes al 1,7% de su presupuesto. A ello se suman recortes por $3.864

millones en la Subsecretaría de Salud Pública, $1.897 millones en el Instituto de Salud Pública y $202 millones en la Superintendencia de Salud.

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Preocupación e incertidumbre existe entre trabajadores y trabajadoras de la educación dependientes del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Elqui, ante una serie de despidos que estarían siendo justificados por una supuesta “sobredotación de personal”, sin que existan criterios claros ni transparentes para determinar las desvinculaciones.

A esta situación se suma una grave vulneración de derechos laborales: múltiples funcionarios no tendrían pagadas sus cotizaciones previsionales ni el seguro de cesantía, lo que ha generado una profunda alarma entre los gremios del sector. De acuerdo con lo señalado por el sindicato SITEDUC, la responsabilidad de esta deuda previsional recaería en el empleador anterior -la Corporación Municipal dependiente del municipio de La Serena- tanto de la administración pasada como de la actual, al no haberse subsanado oportunamente este problema.

En este contexto, dirigentes sindicales de SITEDUC se reunieron con la diputada Nathalie Castillo quien ha acompañado activamente las demandas del gremio. Asimismo, se gestionó un encuentro con la alcaldesa Daniela Norambuena y el ministro de Educación, Nicolás Cataldo .

El presidente del sindicato, Jorge Poblete, explicó que “hay un número significativo de socios que están desvinculados del SLEP Elqui. Nos interesa saber que se paguen las cotizaciones previsionales pendientes que mantiene el antiguo sostenedor, que es la Corporación Municipal, dependiente del municipio de La Serena”.

Por su parte, el tesorero del sindicato, Nicolás Rivera, complementó que “nos preocupa de suma urgencia los despidos que se están haciendo, tanto a docentes como a asistentes de la educación. Muchos de ellos no tienen pagadas sus cotizaciones previsionales. Desde julio a diciembre, el SLEP Elqui tiene todo pagado, pero persisten las deudas anteriores que no ha cumplido la Corporación y que no ha saneado el tema”.

Rivera agregó que desde la Corporación Municipal se comprometió la conformación de una mesa de trabajo con sindicatos y gremios de la educación, iniciativa que estaría a cargo de la entonces secretaria de la entidad. Sin embargo, transcurridos seis meses, dicho espacio de diálogo aún no se ha concretado.

La diputada Nathalie Castillo cuestionó duramente la situación: “Es lamentable que trabajadores y trabajadoras que han apostado por fortalecer la educación pública hoy estén siendo notificados de despidos sin criterios claros ni transparentes, además utilizando figuras que no aparecen dentro de la legislación laboral, más aún cuando muchas personas no tienen siquiera sus cotizaciones previsionales ni el seguro de cesantía al día”.

La parlamentaria añadió que “esta urgencia ya la hemos planteado al ministro de Educación, quien nos va a recibir prontamente, y también a la ex empleadora o sostenedora, Daniela Norambuena, alcaldesa de La Serena, para abordar esta situación y llegar a un buen puerto. Vamos a acompañar siempre a los trabajadores y trabajadoras, defendiendo la educación pública y, principalmente, sus derechos laborales. Si no se logra subsanar esta situación, estaríamos frente a un eventual abandono de deberes, lo que nos parece de extrema gravedad”.