Auditoría reveló que la Central de Abastecimiento concentró el mayor volumen de compras directas del Estado durante la administración anterior. Desde la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos aseguran que llevan años alertando sobre esta práctica y advierten consecuencias para la transparencia y la seguridad del suministro de fármacos.

Una auditoría gubernamental encendió las alarmas en el sector salud tras revelar que la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (CENABAST) realizó compras por cerca de US$700 millones mediante tratos directos durante la administración anterior, convirtiéndose en el organismo público con mayor concentración de adquisiciones sin licitación del país.

La cifra no solo supera ampliamente a otros organismos estatales, sino que también reavivó las críticas de la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos, entidad que asegura haber advertido reiteradamente sobre esta situación tanto a CENABAST como a la Comisión de Salud del Senado.

“El número nos sorprendió por su magnitud”, afirmó Claudia Papic, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos, quien sostuvo que la diferencia entre CENABAST y el resto de las instituciones auditadas “habla por sí sola”.

Según los antecedentes dados a conocer, el segundo organismo con mayor volumen de compras directas fue el Registro Civil, con US$350 millones, mientras que el tercero alcanzó US$56 millones, cifras considerablemente menores a las registradas por la central encargada del abastecimiento de medicamentos e insumos para la red pública de salud.

Alertan sobre falta de competencia y exclusión de la industria nacional

Desde la Cámara cuestionaron que adquisiciones de tal magnitud se hayan realizado sin procesos competitivos amplios y sin una consideración efectiva de la capacidad productiva instalada en el país.

Papic sostuvo que la industria farmacéutica nacional cuenta con infraestructura, conocimiento técnico y capacidad para responder a las necesidades de abastecimiento del sistema público, por lo que considera que el Estado está desaprovechando un activo estratégico para el país.

La dirigente afirmó que cuando se ejecutan compras por cientos de millones de dólares sin licitación ni competencia abierta, no solo se generan dudas respecto de la transparencia de los procesos, sino que también se pone en riesgo la disponibilidad futura de medicamentos para la población.

Temor por dependencia de proveedores externos

Uno de los puntos más sensibles planteados por la industria apunta a la dependencia de proveedores y cadenas de suministro internacionales.

Desde la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos recordaron que durante la pandemia quedaron en evidencia las vulnerabilidades asociadas a depender exclusivamente de mercados externos para el acceso a medicamentos e insumos críticos.

A juicio del gremio, la ausencia de una estrategia que fortalezca la producción nacional podría traducirse en problemas de abastecimiento, retrasos en las entregas y mayores riesgos frente a futuras contingencias sanitarias.

Piden cambios estructurales

La organización aseguró que la investigación de los antecedentes revelados por la auditoría es necesaria, pero enfatizó que el debate debe avanzar hacia una revisión profunda del modelo de compras públicas en salud.

En esa línea, plantearon la necesidad de diseñar una estrategia de abastecimiento que incorpore de manera efectiva a la industria farmacéutica nacional, fortaleciendo la seguridad sanitaria del país y reduciendo la dependencia de proveedores externos.

“La industria local está disponible para dar respuesta a las necesidades de las personas que atiende la red pública de salud”, señalaron desde la entidad, insistiendo en que una mayor participación de los laboratorios nacionales podría contribuir a mejorar la sostenibilidad y resiliencia del sistema sanitario chileno.

La auditoría incluye a municipios como Canela y Paihuano y confirma que ninguna de las 73 instituciones fiscalizadas —del Gobierno Central y del sector municipal— pudo acreditar la confiabilidad de sus estados financieros. El informe expone una crisis nacional que compromete recursos equivalentes a un sexto del presupuesto público 2026.

La Región de Coquimbo quedó directamente expuesta en el Segundo Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA N°2) de la Contraloría General de la República, que revisó los estados financieros de 73 entidades públicas entre los años 2020 y 2024. En el listado figuran municipalidades de la región como Canela y Paihuano, lo que evidencia que el desorden financiero detectado no es ajeno al territorio y podría reflejar una situación más extendida en el aparato público regional.

El resultado del proceso fue categórico: en el 100% de las entidades auditadas la Contraloría se abstuvo de emitir opinión, lo que en términos técnicos significa que no fue posible confirmar que las cifras presentadas fueran razonables ni confiables, debido a la falta de respaldo suficiente y adecuado de los saldos contables.

De acuerdo con el informe, las causas de esta abstención se repiten de manera transversal en ministerios, servicios públicos y municipios. Entre ellas se identifican controles internos débiles o inexistentes, registros contables con inconsistencias que no fueron aclaradas, ausencia de análisis que sustente las cifras informadas y serias deficiencias en los sistemas informáticos y en los controles de tecnología de la información. Estas falencias impidieron garantizar la confiabilidad de los estados financieros y revelan riesgos significativos de mala gestión, errores graves e incluso eventuales fraudes.

La magnitud del problema es de alcance nacional. La Contraloría estimó que $15,9 billones de pesos, equivalentes a US $17.300 millones, están comprometidos en este desorden financiero, cifra que representa aproximadamente un sexto del presupuesto público proyectado para 2026. Del total observado, el 91% corresponde a entidades del Gobierno Central y el 9% a municipalidades, lo que da cuenta de una crisis transversal que afecta a ambos niveles del Estado.

Para los habitantes de la Región de Coquimbo, el informe resulta especialmente relevante considerando que los municipios fiscalizados son responsables de áreas clave como servicios básicos, programas sociales, infraestructura local y apoyo comunitario. Si bien la Contraloría auditó una muestra específica, la reiteración de las mismas fallas permite inferir que esta situación podría ser representativa de una problemática más amplia, que podría extenderse a otras comunas de la región que no fueron incluidas en este proceso.

El impacto del desorden financiero no se limita al ámbito contable. La propia Contraloría advierte que la falta de información financiera confiable afecta la toma de decisiones estratégicas, debilita la planificación del gasto público y erosiona la confianza ciudadana en instituciones que administran recursos destinados a educación, salud, vivienda y desarrollo territorial.

Como consecuencia de los hallazgos, el organismo fiscalizador instruyó 27 sumarios administrativos, 10 procedimientos disciplinarios internos y 10 remisiones de antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, reflejando la gravedad institucional del escenario detectado.

El listado de las 73 entidades auditadas —que incluye ministerios, servicios públicos estratégicos y municipalidades de distintas regiones del país— refuerza una conclusión inquietante: no se trata de casos aislados, sino de una falla estructural en los estándares de control, rendición de cuentas y gestión financiera del Estado chileno.

En un contexto de estrechez presupuestaria y crecientes demandas sociales, el informe instala una señal de alerta para la Región de Coquimbo y el país: sin una reformulación profunda de los sistemas contables, de control interno y de transparencia financiera, la capacidad del Gobierno Central y de los municipios para responder con eficiencia y credibilidad a la ciudadanía queda seriamente cuestionada.

Desde la CONECH A.G., gremio nacional que agrupa a empresas contratistas que ejecutan obras y servicios para el Estado, sostienen que la situación es aún más alarmante. El análisis de la CGR excluye todas las obras re licitadas de manera inmediata, es decir, aquellas que entran rápidamente a un nuevo proceso pero cuya raíz del problema nunca es analizada ni abordada.

Esto plantea a una pregunta fundamental:
¿Cuál es el análisis de causas que la Contraloría realiza sobre esta crisis?
Porque mientras no se identifiquen las razones de fondo, este fenómeno se repetirá año tras año; obras paralizadas, gastos duplicados o triplicados, retrasos que afectan la vida de miles de personas y una utilización ineficiente del dinero de todos los chilenos.

Un problema que supera la estadística

Que Chile tarde 25 meses en promedio en recontratar una obra pública es una señal inequívoca de una falla sistémica. Dos años sin avances significan consecuencias sociales, económicas y comunitarias que no están reflejadas en ningún cuadro estadístico:

¿Cuántas prestaciones de salud no se entregaron por centros inconclusos?
¿Cuántas mujeres vieron truncado su desarrollo por no contar con una sala cuna o jardín infantil?
¿Cuántos barrios quedaron sin áreas verdes, sedes comunitarias o infraestructura básica?

Las cifras más críticas provienen de organismos como JUNJI, municipalidades y diversos Servicios de Salud, donde se concentran obras con largos retrasos, recontrataciones sucesivas y montos que escalan sin control.
Resulta legítimo preguntar:

¿Qué sanciones se aplicarán a los servicios con estos resultados?
¿A los equipos directivos? ¿A los funcionarios responsables de planificación, control y supervisión?
¿O simplemente seguiremos viendo cómo quienes lideran proyectos fallidos son reasignados o ascendidos sin consecuencias?

El Estado existe para brindar bienestar. Hoy, ese bienestar no llega

La evidencia es clara; se está gastando más dinero, se están demorando más las obras y los beneficios para la ciudadanía no llegan de manera oportuna. Este problema ya no puede atribuírsele solamente a los contratistas, como durante años se ha intentado instalar. La causa es más profunda:
Bases administrativas con errores; planificación insuficiente; criterios distintos entre regiones y servicios; ausencia de estándares mínimos de control; falta de supervisión técnica real; nula evaluación de desempeño de los mandantes; inexistencia de mecanismos de aprendizaje institucional.

En consecuencia, es el propio Estado el que hoy está comprometiendo la entrega del bienestar que tiene el deber de garantizar.

CONECH: tres años denunciando lo mismo que hoy confirma Contraloría

Lo que hoy refleja la CGR no es nuevo. Desde hace tres años, la CONECH ha trabajado incansablemente para visibilizar estas falencias: oficios, reuniones, informes técnicos, presentaciones públicas y acompañamiento directo a decenas de empresas afectadas, donde se ha insistido que:
– Las paralizaciones no son exclusivamente responsabilidad de los contratistas.
– Existen fallas graves de origen en la planificación de los proyectos públicos.
– Los mecanismos de control y fiscalización no están corrigiendo el problema.
– La pérdida de recursos públicos, los sobrecostos y los retrasos se están normalizando.

Hoy, el informe de la CGR confirma públicamente lo que miles de empresas han sufrido en silencio durante años. Por eso, como gremio, la CONECH hace un llamado a establecer responsabilidades administrativas y técnicas reales. Revisar y corregir los procesos de planificación y licitación. Exigir estándares mínimos en fiscalización y control. Incorporar a los contratistas en la discusión técnica, en lugar de responsabilizarse en solitario y transparentar públicamente la información de paralizaciones y recontrataciones.

Desde CONECH señalan: “El país no puede permitir que miles de millones sigan perdiéndose en obras inconclusas mientras las comunidades esperan. A las empresas contratistas que han vivido paralizaciones, retrasos injustificados o recontrataciones interminables, les decimos:
No están solas.
Este es el momento de unirse, de fortalecer la voz colectiva y de exigir un sistema que funcione. En la CONECH A.G. estamos comprometidos en seguir empujando cambios reales, aunque incomoden, aunque revelen verdades difíciles. Porque Chile se construye con hechos, no con obras abandonadas”.

El llamado de CONECh es a afiliarse de forma gratuita: “discutimos tu caso y buscamos soluciones funcionales. Sé parte del gremio que defiende a los contratistas frente al Estado”.

En todo Chile, cientos de empresas —desde grandes constructoras hasta pequeñas firmas proveedoras y de servicios especializados— enfrentan una realidad que se ha vuelto cada vez más recurrente: contratos terminados anticipadamente, pagos retenidos sin justificación y procesos administrativos que dejan a las pymes sin defensa ni respaldo frente al Estado.

De esa necesidad de justicia, transparencia y equilibrio nació la CONECH A.G. (Asociación Gremial de Contratistas del Estado de Chile), una organización abierta a todas las empresas contratistas y proveedoras del Estado, sin importar su tamaño o región, que busca fortalecer la representación gremial, defender los derechos de sus asociados y promover una nueva forma de relación entre la administración pública y el sector productivo.

Inscrita en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo bajo el número 5360/2023, la CONECH A.G. surge como una respuesta organizada ante una problemática estructural que por años ha afectado a quienes ejecutan obras, prestan servicios o proveen insumos al Estado: la falta de equilibrio, transparencia y responsabilidad en la gestión de los contratos públicos.

Representar, acompañar y equilibrar

El propósito de la CONECH A.G. es claro: representar, acompañar y defender los derechos de los contratistas y proveedores del Estado, promoviendo una contratación pública más justa, transparente y eficiente, que equilibre la relación entre el Estado y las empresas que lo hacen posible.

Durante la pandemia, la asociación identificó un patrón de malas prácticas que trascendía sectores: terminaciones unilaterales, retenciones arbitrarias, ejecuciones de garantías y atrasos prolongados, afectando no solo al rubro de la construcción, sino también a empresas de servicios, tecnología, seguridad, mantenimiento, etc. y proveedoras.

Convenios que marcan la diferencia

Uno de los principales hitos de la organización fue la firma del convenio con PRF & Asociados, estudio jurídico especializado en derecho administrativo, que financia la operación de la CONECH A.G. y permite que ser socio no tenga costos de incorporación ni mensualidades.

Gracias a esta alianza, las empresas afiliadas pueden acceder a asesoría y representación jurídica sin costo fijo, bajo un modelo basado exclusivamente en los resultados de recuperación efectiva de los recursos retenidos o adeudados por organismos públicos.

A este avance se suma el convenio suscrito con la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), firmado en marzo de 2025, que brinda respaldo técnico y académico a través de investigaciones en derecho administrativo, análisis de jurisprudencia y el apoyo a la fecha de siete alumnos pasantes de la carrera de Derecho.
Así, la CONECH une la experiencia gremial con el prestigio académico de una de las universidades más importantes del país.

Presencia nacional y representación territorial

Con más de 50 empresas asociadas y una comunidad digital que ha superado los 1.000 seguidores en solo dos semanas, la CONECH A.G. se consolida como un actor gremial con presencia real y proyección nacional.

Para asegurar una estructura descentralizada y cercana, la organización cuenta con delegados regionales que representan al gremio en terreno, canalizan casos y promueven la organización en cada territorio.

Actualmente, los delegados regionales son:
•Francisco Ríos – Tarapacá
•Enrique Miranda – Antofagasta
•Alejandro Urquieta – Coquimbo
•Rodrigo Valenzuela – O’Higgins
•Sergio Molina – Biobío
•Rodrigo González – La Araucanía
•Jorge Pávez – Los Lagos
•Patricio Flores – Región Metropolitana

Una causa con impacto social

El presidente de la asociación, Patricio Rojas, ha sido enfático en señalar que el problema no se limita al plano económico, sino que tiene una profunda repercusión social:

“Detrás de cada empresa hay familias, trabajadores y proveedores que han sostenido al país con su trabajo. Nuestro compromiso es que ninguna empresa quede sola frente al Estado”, señala Rojas.

En la misma línea, el secretario de la CONECH A.G., Patricio Flores, resalta la necesidad de construir una red nacional de apoyo gremial: “Cuando una obra se detiene o un contrato se termina injustificadamente, no solo pierde la empresa, sino también la comunidad. Cada jardín infantil que no se entrega, cada centro de salud paralizado y cada proyecto que se retrasa impacta directamente en la calidad de vida de los chilenos. Por eso, nuestro llamado es a unir fuerzas: empresarios, trabajadores, proveedores y profesionales del sector público deben entender que mejorar la contratación pública es mejorar el país.”

Un llamado a las empresas de todo Chile

La CONECH A.G. extiende una invitación abierta a todas las empresas contratistas y proveedoras del Estado, especialmente a aquellas que hayan enfrentado términos anticipados, retenciones injustificadas o atrasos en los pagos, así como a las que actualmente trabajan con instituciones públicas.

“Queremos que más empresas se sumen, no solo para defender lo que les corresponde, sino para construir juntos un nuevo estándar de equidad y responsabilidad en la administración pública”, subraya Flores.

El llamado es a unir fuerzas, organizarse y actuar juntos frente a una situación que afecta no solo a las empresas, sino al bienestar de todos los chilenos. “Cuando las empresas se organizan y colaboran entre sí, el país avanza. Esa es la convicción que mueve hoy a la CONECH A.G.”, declararon.

Contacto y redes

Correo: secretario@conech.cl
Sitio web: www.conech.cl
Redes sociales: @conechag
Asociación Gremial de Contratistas del Estado de Chile – CONECH A.G.
“Unidos por una contratación pública más justa.”

El cede de 40 acciones fue fundamental para que el Estado invirtiera US$81 millones en la construcción del Embalse Valle Hermoso. Su incumplimiento y una propuesta alternativa de la DOH afectaría el limitado recurso hídrico que tiene hoy el pequeño campesinado local.  “El Estado no puede invertir miles de millones y luego permitir que se desconozca el acuerdo que justificó esa obra.. Es un engaño para la comunidad”, dijo la diputada Nathalie Castillo.

El crítico escenario de sequía que atraviesa la región de Coquimbo obligó al Estado a abrir la billetera fiscal e invertir más de US$ 81 millones en la construcción del Embalse Valle Hermoso, inaugurado hace cinco años en Combarbalá. Sin embargo, la diputada Nathalie Castillo y dirigentes campesinos advierten que la negativa de tres regantes mayoritarios a respetar un acuerdo de traspaso de acciones de agua -requisito clave para que el Estado invirtiera en la construcción del embalse que tenía como prioridad el consumo humano de agua- hoy pone en entredicho el abastecimiento para más de 1.200 agricultores y 2.600 personas que dependen de 11 sistemas de Agua Potable Rural (APR).

Según explican, el incumplimiento del convenio original -que contemplaba un APR colectivo para acumular agua y priorizar el consumo humano a 30 pueblos- llevó a que el Consejo de Ministros instruya a la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) a diseñar un proyecto alternativo de abastecimiento, en el marco del nuevo Código de Aguas.

“Lo grave es que el acuerdo que dio origen a la obra no se cumplió, y eso deja en incertidumbre a toda la comuna. En plena sequía, lo mínimo era asegurar el agua para consumo humano. Hoy ni siquiera eso está garantizado. El Estado no puede invertir miles de millones y luego permitir que se desconozca el acuerdo que justificó esa obra”, señaló Castillo.

“El embalse está, pero las familias siguen esperando el agua. Es un engaño para la comunidad”, complementó la parlamentaria.

Entre 2020 y 2022 la DOH presentó una propuesta junto al Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MIDESO), pero esta recibió dos observaciones; carece de derechos de aprovechamiento de agua  y un cálculo insuficiente de consumo 80 litros por persona/día en lugar de los 100 litros exigidos por la normativa vigente. Esto significó que el ministerio no entregara la Recomendación Satisfactoria (RS).

La situación, advierten los dirigentes, ha dejado en una posición crítica a campesinos y campesinas. Aseguran que la alternativa de la DOH es utilizar volúmenes de agua sin dominio legal -equivalentes a 680 m³ anuales- lo que afecta directamente su riego, ya limitado por la escasez hídrica. También recalcan que la subvención parcial del proyecto fue retirada -debido al incumplimiento del acuerdo- obligando a las comunidades a costear el 100% de las obras, las que además permanecen paralizadas.

Leticia Ramírez, representante del Consejo Comunal Campesino, dice que los habitantes de la comuna necesitan una respuesta contundente del Estado. “La DOH dice que hay una figura en el Código de Aguas pero no explicita qué podría construir el sistema (de abastecimiento) sin tener la propiedad”, interpela.

“El volumen de agua se entregaría a todos. A los que tienen muchas acciones, obviamente no les incide. Pero los canales que tienen pocas acciones, evidentemente se van a notar y mucho. Hay regantes que tienen 7 minutos de agua. ¿Cómo van a producir para pagar el costo que significa la administración del embalse? Entonces aquí, en el fondo, se perjudica la agricultura familiar campesina y el sustento de los pueblos, es un tremendo perjuicio porque nosotros buscamos la seguridad alimentaria desde la agricultura familiar campesina que produce para la familia pero también para el entorno”, manifestó Ramírez..

Ambas plantean que mientras no se respeten las 40 acciones comprometidas, el Estado no debería traspasar la administración del Embalse Valle Hermoso.

Una resolución de la Corte de Apelaciones de Talca determinó que sólo la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) tiene atribuciones para sancionar el mal uso de licencias médicas, lo que podría frenar más de 6.500 sumarios administrativos contra funcionarios públicos.

El escándalo por el uso irregular de licencias médicas en el sector público, que estalló tras un informe de la Contraloría General de la República, podría dar un giro inesperado. Un reciente y poco conocido fallo de la Corte de Apelaciones de Talca abrió una puerta de escape para miles de funcionarios sumariados por viajar al extranjero o realizar actividades incompatibles con su reposo médico.

Según el informe del ente fiscalizador, se detectaron 25.078 licencias médicas utilizadas de forma irregular y se abrieron más de 6.500 sumarios administrativos a funcionarios públicos de todo el país. Diversos servicios anunciaron medidas drásticas, incluyendo despidos.

Incluso el presidente Gabriel Boric, señaló el medio El Dínamo, respaldó públicamente la línea dura durante la Cuenta Pública 2025: “Toda persona que haya hecho mal uso del derecho a la licencia médica, debe asumir su responsabilidad y quedar sujeto a sumario administrativo, incluso si renuncia. La sanción que corresponde a una falta grave a la probidad, es la destitución del cargo”.

Sin embargo, el panorama podría cambiar drásticamente tras el fallo favorable a una funcionaria del Hospital de Talca que fue desvinculada luego de que un sumario interno determinara que había trabajado en su emprendimiento durante un periodo de licencia médica.

Pese a que la Contraloría respaldó la medida aplicada por el hospital, la Corte de Apelaciones de Talca consideró que la sanción no era válida, señalando que la única entidad facultada para pronunciarse sobre el uso indebido de licencias médicas es la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN).

Esta interpretación jurídica podría ser invocada por cientos —o miles— de funcionarios públicos para revertir sanciones similares y dejar sin efecto los procesos disciplinarios impulsados por los servicios afectados.

La sentencia ha encendido las alarmas en distintos organismos del Estado, ya que pone en cuestión no solo la validez de las desvinculaciones, sino también los fundamentos legales de los sumarios en curso.

El escenario abre un nuevo debate sobre los límites de las atribuciones institucionales en materia disciplinaria y la necesidad de reforzar la coordinación con organismos como la COMPIN antes de aplicar sanciones de alto impacto.

· Propuso control de las licencias médicas y bajar el ausentismo en el Estado; reducir las compras del Gobierno central, recortar asesores y limitar contrataciones en el sector público para que el dinero llegue a las personas y no se quede en burocracia.

· Esto más medidas anticorrupción, como atacar los “pitutos”, inhabilidad de por vida para ejercer cargos públicos, levantar el secreto bancario de cualquier autoridad formalizada por corrupción y mayores herramientas y poder a la Contraloría.

La precandidata presidencial Evelyn Matthei presentó este martes nuevas medidas para combatir la corrupción y el despilfarro de dinero en el Estado, para asegurar que los recursos vayan en beneficio de los chilenos.

“La plata está. Lo que falta es que llegue a quienes más la necesitan. Y eso parte por cortar la corrupción y el despilfarro”, dijo Matthei en un acto con dueñas de casa en la comuna de San Miguel.

La exalcaldesa destacó que Chile necesita recursos para devolverle la seguridad a los barrios, proteger las fronteras, reducir las listas de espera, mejorar las escuelas y viviendas. Sin embargo, enfatizó que el dinero de los chilenos hoy se está despilfarrando: se gastaron $81 millones de más por cirugías fuera de horario; se han detectado municipalidades comprando remedios 400% por encima de su valor normal; y se pagaron casi $4.000 millones en pensiones de gracia con antecedentes penales o lesiones falsas. Además, 25 mil funcionarios viajaron con licencias médicas al extranjero, mientras el Estado gasta US$350 millones en reemplazos, el equivalente a 10 teletones.

“El Estado no es un botín. Es una responsabilidad. Y con nosotros, la corrupción se va a acabar. El que roba recursos públicos debe ir preso, quedar inhabilitado de por vida y perder todos sus privilegios”, dijo Matthei.

Entre las medidas propuestas para reducir el despilfarro de recursos del Estado, se reducirá en US $500 millones el presupuesto del gobierno central con recortes en compra de activos no esenciales, personal, bienes y servicios; y se recortarán en un 70% los asesores a honorarios de las autoridades, limitando a 300 cupos por gobierno y ajustando los sueldos según la Comisión de Altas Rentas.

También se limitará el crecimiento del empleo público a una tasa no superior al crecimiento del empleo privado, con un tope del 1% anual; se reducirá el ausentismo laboral injustificado en el sector público, que hoy triplica al del sector privado, eliminando gastos por reemplazos innecesarios; y se controlarán las licencias médicas falsas mediante cruces de datos y sanciones reales para médicos y funcionarios involucrados.

Además, se fijarán topes de sueldos para que ningún funcionario gane más que el Presidente de la República. Sin bonos escondidos ni asignaciones disfrazadas; y se rediseñará el proceso de compras, contrataciones y licitaciones para cerrar los vacíos que hoy permiten corrupción legalizada.

“Chile necesita orden, transparencia y resultados. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer”, concluyó Matthei.

MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

1. Poner urgencia al proyecto “antipitutos” de Chile Vamos. Regularemos la contratación de parientes directos en el Estado. Será causa de cesación inmediata.

2. Si alguien que trabaja en el Estado roba, queda inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.

3. Transparencia total para fundaciones y ONGs que reciben recursos públicos, con mayor fiscalización en el gasto. Caso Procultura no se repite.

4. Se podrá levantar el secreto bancario de cualquier autoridad formalizada por corrupción, con autorización judicial, en menos de 24 horas.

5. Se reducen los gastos reservados y serán auditados por la Contraloría.

6. Más fuerza a la Contraloría para fiscalizar como corresponde los $88 mil millones del presupuesto nacional, regional y los municipios.

7. Todos los contratos públicos deberán ser publicados y auditables por la ciudadanía

Esta plataforma digital permite revisar en un solo lugar 130 trámites, prestaciones y beneficios del Estado.

Con la finalidad de modernizar la relación entre el Estado y la ciudadanía, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia presentó la Ventanilla Única Social (VUS), una nueva plataforma digital que centraliza más de 130 beneficios, prestaciones y trámites sociales, facilitando a la ciudadanía el acceso a la red de protección social, de una manera simple, rápida y segura, en un solo lugar.

Al respecto, el Seremi de Desarrollo Social y Familia, Celso López, explicó que “es modernizar la gestión del Estado, ponernos en una lógica de vanguardia o emular las buenas prácticas de gobierno de países desarrollados, y en ese sentido, esto es muy importante para la ciudadanía, para evitar esta idea de que vayan a distintos servicios, perdiendo tiempo, en una lógica de un aparato del Estado muy de tiempos pretéritos. Entonces, esto nos pone en una lógica de mucha vanguardia y a la gente le permite hacer buena parte de los trámites más habituales del Estado en esta página”.

Esta plataforma, disponible en www.ventanillaunicasocial.gob.cl, busca mejorar la eficiencia en la entrega de beneficios y garantizar un servicio ágil y accesible, por medio de un mejor uso de la información que el Estado ya tiene de las personas, utilizando la Clave Única, sin necesidad de desplazarse físicamente por diversas oficinas públicas o navegar por múltiples sitios web.

Por su parte, la Seremi de Gobierno, Paulina Mora, destacó que “por medio de esta Ventanilla Única Social estamos acercando los servicios y beneficios del Estado a las personas. Muchas veces hemos escuchado, desde la ciudadanía, sobre la necesidad de contar con una sola plataforma que permita hacer más accesibles los trámites que se realizan. A través de la web ventanillaunicasocial.gob.cl se podrán realizar 130 gestiones, sin tener que visitar o ir oficina por oficina. Estamos avanzando en un Estado más moderno y al servicio de los vecinos y vecinas. Los invitamos a visitar este sitio e informarse”.

En la Ventanilla Única Social se incorporan trámites vinculados a las áreas de la salud, vivienda, pensiones, cuidados y emprendimiento. Todos los ministerios involucrados se coordinaron para ofrecer un acceso único y brindar una atención integral, que se adapta a las realidades de quienes enfrentan mayores barreras burocráticas y teniendo como centro a las personas.

¿Qué se podrá hacer en la Ventanilla Única Social?

En la Ventanilla Única Social se podrá realizar trámites clave de diferentes instituciones del Estado, como:

Ministerio de Desarrollo Social y Familia

• Acceder a todos los trámites del Registro Social de Hogares.
• Postular a todos los beneficios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y sus seis servicios asociados: SENADIS, SENAMA, SPE, INJUV, FOSIS y CONADI.
• Acceder a la información de 370 prestaciones del Estado y ver el cumplimiento de requisitos para más de 130 prestaciones, con base en los registros administrativos y del RSH.
• Ver la cartola de ayudas por emergencia (FIBE y ayudas recibidas).
• Incorporar archivos claves para los trámites a Mis Documentos.
• Ver el registro de los pagos y ayudas recibidas del Estado en los últimos 5 años.
• Hacer seguimiento del estado de los trámites y saber si están aprobados, rechazados o en proceso.

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

• Solicitar la Pensión Garantizada Universal.
• Consultar el número de cotizaciones previsionales en los últimos 22 meses y de cesantía en los últimos 12 meses, además de la pertenencia a una caja de compensación y/o a una mutualidad de empleadores.
• Solicitar cobros de transferencias monetarias pendientes a través de ChileAtiende.

Ministerio de Salud

• Recibir alertas de inmunización (vacunas) y alertas sanitarias según ficha clínica, tales como, examen preventivo del adulto/a, control de salud cardiovascular, retiro de fármacos, control de salud integral infantil, GES Salud oral integral de personas de 60 años, toma de PAP/VPH, mamografía, entre otras.
• Revisar las horas tomadas para atención en el CESFAM realizadas en la plataforma Telesalud.
• Conocer si la persona está en alguna lista de espera, en qué especialidad, desde cuándo y la mediana de tiempo de espera.
• Acceder a información de salud en el Portal Paciente.
• Comprar bonos de FONASA.
• Obtener certificados de afiliación y cotizaciones de FONASA.
• Solicitar afiliación a FONASA.
• Visualizar información histórica de licencias médicas según registro de la Superintendencia de Seguridad Social.
• Inscribirse en centros de salud.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

• Postular a subsidios habitacionales de MINVU, DS1, dirigido a sectores medios, y DS49, dirigido a grupos en situación de vulnerabilidad.
• 

El concurso del Ministerio Secretaría General de Gobierno se encuentra disponible hasta el 13 de abril.

A través de la plataforma fondos.gob.cl, los medios de la Región de Coquimbo se podrán postular al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación 2024. Esta versión contempla la entrega de más de 171 millones de pesos para apoyar la oferta programática de radios, periódicos, revistas o web de noticias locales.

Durante la presentación de las bases del concurso, la vocera regional, Paulina Mora, destacó que hubo un aumento en la asignación de recursos para la zona, lo que es parte de la Agenda de Fortalecimiento de Medios que impulsa el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

“Estamos muy contentos de la actividad que tuvimos el día de hoy, donde varios medios hicieron sus consultas respecto de estas nuevas modificaciones presentes para las bases del año 2024. Así que todas y todos a los medios regionales, locales y comunitarios, invitados a participar, a revisar la página de fondos.gob.cl para poder ver los fondos disponibles con los que cuenta no solamente nuestro ministerio, sino que también otros ministerios y también otros órganos del Estado”, expresó la vocera regional.

Cabe recordar que el objetivo del Fondo de Medios es financiar, en forma complementaria, proyectos relativos a la realización, edición y difusión de programas o suplementos de carácter regional o local que refuercen el rol de la comunicación en el desarrollo social y cultural de nuestro país, rescatando la identidad propia de cada región, informando sobre su acontecer económico, social y cultural, fortaleciendo los procesos y estrategias educacionales de cada zona.

Por su parte, la consejera regional Paola Cortés, valoró el aporte a la descentralización y al derecho a la comunicación que se da a través de esta iniciativa impulsada por el gobierno.

“Es una buena instancia, donde además de fortalecer los medios, el gobierno y también el consejo regional pueden estar en terreno entregando la información de todas las actividades que va realizando el gobierno, principalmente en la región, y también relevando las cosas que son de nuestra región, como los temas culturales, los temas turísticos, los temas ambientales, para que la gente pueda estar informada y conociendo cada rincón de la región de Coquimbo”, precisó Cortés.

Al mismo tiempo, el consejero Javier Vega destacó el impulso que se le da a los medios de comunicación locales, en especial a los comunitarios, los que muchas veces con recursos limitados son los únicos que logran estar presentes en los territorios.

“Necesitamos que todos los medios de comunicación puedan postular, tanto periódicos, la prensa, como también los medios digitales y radiales. Todos puedan postular a estas líneas de financiamiento, que son grandes aportes, que se han aumentado también los montos comparados con años anteriores, y que, además, hoy día tenemos una línea comunitaria que es bastante relevante que se pueda potenciar”, precisó Vega.

Desde la Asociación Nacional de Radio Difusores (ARCHI), la Vicepresidenta Nacional, Solange Gómez, manifestó la importancia de este concurso para las radios locales, instituciones que son vitales en zonas rurales, como las que encontramos en la Región de Coquimbo.

“Sin duda es un tremendo apoyo, una tremenda ayuda para nosotros que somos radiodifusores, entendiendo que lo regional hoy día toma un valor demasiado importante. Tenemos la satisfacción de contar con credibilidad ante nuestra audiencia y eso se valora. Por eso, se agradece y que nos consideren”, expresó la representante gremial.

El plazo de postulación al Fondo de Medios 2024 termina el próximo 13 de abril a través de la página web www.fondodemedios.gob.cl. Para plantear dudas o requerimientos sobre el concurso puede dirigirse a las oficinas de la Seremi de Gobierno, ubicadas en Brasil 330, La Serena o comunicarse al teléfono 512211646.

Esto es parte los resultados que arrojó la encuesta de satisfacción de usuarios con los servicios públicos, que consultó a 90 mil personas en el país. En la región, este 57% le ponen nota 6 y 7 a su última experiencia de realización de trámites en el servicio público, cifra que es mayor en 5 puntos porcentuales a la satisfacción promedio en el país, que está en el 52%.

Por sexto año consecutivo la Secretaría de Modernización del Ministerio de Hacienda realizó la medición de la satisfacción de usuarios con los servicios públicos. La primera medición se llevó a cabo el 2015 con 5 instituciones evaluadas.

Desde 2019 el Ministerio de Hacienda decidió dar un salto cuantitativo y expandir significativamente el número de organismos medidos. Para ello, en 2020 se encuestaron a casi 90 mil personas, las que representan la realización de cerca de 130 millones de trámites en 49 instituciones del Estado.

En esta medición, la Región Coquimbo registró un alto nivel de satisfacción de usuarios con los servicios públicos en el país. Un 57% de las personas consultadas le pusieron nota 6 o 7 a su última experiencia con un servicio público. En tanto un 22% se declaró insatisfecho con la atención recibida, con nota entre 1 y 4.

“Sabemos que la experiencia de servicio está relacionada con la confianza que la ciudadanía tiene en el Estado. La confianza se construye con experiencias concretas y esta encuesta es una herramienta útil para que como Estado podamos ofrecer un mejor servicio, con la oportunidad y calidad que exigen los ciudadanos”, expresó el Subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber.

El sondeo también reflejó que en la región un 54% de los usuarios realiza trámites en el Estado en forma digital, cifra menor a la de la Región Metropolitana (65%). En tanto, el 34% de los usuarios de la zona prefiere el canal presencial y un 27% la atención telefónica.

Para Amaya Fraile, Directora de la Secretaría de Modernización del Estado del Ministerio de Hacienda, “los resultados de esta encuesta han movilizado a las instituciones públicas a poner más atención a la experiencia de sus usuarios y rediseñar sus canales de atención. La digitalización de los trámites del Estado es un camino sin vuelta atrás”.

La encuesta contó con la colaboración del Departamento de Sociología de la Universidad Católica (DESUC-UC), Cadem y Datavoz, y el resultado completo se encuentra disponible en https://satisfaccion.gob.cl/.

Resultados de la Encuesta de Satisfacción en todo el país

A nivel país se observó una disminución en promedio de 4 puntos porcentuales en la satisfacción de los usuarios con las instituciones del Estado Central en que realiza trámites. En el 2020 el 52% de los usuarios declaró sentirse satisfecho en relación a la institución de la última experiencia o trámite realizado en el Estado mientras que el 27% se declaró insatisfecho. El 2019 estas cifras ascendían a 56% y 22%, respectivamente.

Al analizar la satisfacción de los usuarios por tipo de canal (telefónico, digital o presencial) utilizado se observa una leve disminución en todos los canales durante el período de pandemia. En el canal digital la satisfacción pasa de 64% en 2019 a 58%, algo similar ocurrió con el canal presencial, cuya evaluación positiva pasó de 67% en 2019 a 65% en 2020. El canal telefónico mostró un fuerte impacto bajando de 59% a 51% en un año.

Asimismo, se aprecia que las personas tienen una mayor valoración en las áreas de “Salud y Previsión” (68% de valoración positiva); “Ciudadanía” (54%) y “Economía” (con 52%). En tanto, el tipo de institución con mayor nivel de insatisfacción son las instituciones de “Fiscalización” (40% de insatisfacción) como los reguladores, revisores de cumplimiento de normas y receptores de denuncias y reclamos contra otros.

Agenda de Modernización del Estado

La transformación digital ha sido una prioridad para el Gobierno del Presidente Piñera siendo una de las tres estrategias transversales contenida en la Agenda de Modernización del Estado anunciada en julio de 2019, con el propósito de hacerle la vida más fácil a las personas y poner a la ciudadanía en el centro. Además, ese mismo año en noviembre, fue publicada la Ley de transformación digital, poniendo un horizonte de 5 años para lograr la plena digitalización de la administración pública.