Carabineros detectó el cargamento durante una fiscalización en el peaje de Puerto Oscuro. El imputado no contaba con autorización para transportar ni comercializar los medicamentos.

Un masivo cargamento de jarabes para la tos con componentes controlados fue detectado por Carabineros durante un control carretero en la Región de Coquimbo, procedimiento que terminó con un sujeto detenido y posteriormente enviado a prisión preventiva por el delito de tráfico de drogas.

El hecho ocurrió la noche del 5 de marzo de 2026, cuando personal policial realizaba fiscalizaciones en el peaje del sector Puerto Oscuro, en la comuna de Canela. En ese contexto, los funcionarios controlaron a un conductor que transportaba una gran cantidad de medicamentos.

Tras la revisión del vehículo, Carabineros descubrió que el sujeto trasladaba 2.100 unidades de jarabe para la tos, productos que contenían codeína y pseudoefedrina, sustancias reguladas debido a su potencial uso para la elaboración o consumo indebido de drogas.

La fiscal de Los Vilos, Lady Dubó, explicó que el imputado no contaba con ningún tipo de autorización para transportar ni comercializar estos medicamentos. “La policía incautó 2.100 jarabes para la tos con estos componentes como codeína y pseudoefedrina, sin contar con la autorización para su transporte y comercialización de estos elementos”, señaló la persecutora.

Debido a la gran cantidad de productos incautados y al riesgo que representaba su distribución ilegal, la Fiscalía decidió formalizar la investigación por el delito de tráfico de drogas.

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, argumentando que la libertad del imputado representaba un peligro para la seguridad de la sociedad.

“Su libertad, estimamos, era peligrosa para la seguridad de la sociedad por la cantidad de jarabes que iban a ser puestos a disposición de la población sin ninguna autorización y el tribunal estimó que había una necesidad de cautela en orden a resguardar los intereses de seguridad de la sociedad”, explicó la fiscal Dubó.

El Juzgado de Garantía acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva para el imputado mientras se desarrollan las diligencias del caso.

El tribunal fijó un plazo de 70 días para la investigación, período en que el Ministerio Público continuará reuniendo antecedentes para esclarecer completamente el origen y destino del cargamento incautado.

La Fiscalía formalizó al hombre de 36 años por daños calificados y porte ilegal de arma blanca. El imputado fue detenido tras causar destrozos en la oficina del Registro Civil e Identificación de Salamanca, lo que obligó al cierre temporal del servicio.

El Juzgado de Garantía de Illapel decretó la prisión preventiva para un ciudadano extranjero de 36 años, imputado por los delitos de daños calificados al Registro Civil e Identificación de Salamanca y porte ilegal de arma blanca, tras una audiencia en la que se contó con apoyo de traductor para garantizar su derecho a defensa.

Los hechos ocurrieron el jueves 3 de julio, pasadas las 9:00 horas, cuando el imputado habría comenzado a provocar destrozos ante testigos, lo que motivó su detención por parte de Carabineros.

Durante la formalización, el fiscal (s) de Illapel, Cristian Arcos, sostuvo que “por estos hechos, se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Esto, en atención principalmente a las circunstancias y la gravedad de los delitos, ya que la integridad psíquica de las funcionarias se vio afectada y el servicio público ha cesado momentáneamente debido a los destrozos ocasionados por este imputado”.

El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público, ordenando su reclusión en el centro penitenciario de Illapel y fijando un plazo de 60 días para el desarrollo de la investigación.

Debido a los daños provocados, se informó que la oficina del Registro Civil de Salamanca permanecerá cerrada hasta el lunes 7 de julio, mientras se evalúan los destrozos materiales y se restablecen los sistemas informáticos, además de implementar medidas de seguridad y contención para las funcionarias afectadas.

El fiscal jefe de Vicuña, Nicolás Sherter, dijo que la incautación de máquinas de juego de azar (cerca de 200 segú la PDI), se debe a una investigación que desarrolla la fiscalía previa denuncia de la Superintendencia de Casinos y Juegos, donde se menciona que en Vicuña están funcionando locales con máquinas, “que realmente son casinos disfrazados como máquinas electrónicas, pero finalmente conforme la misma investigación que desarrolló la Policía de Investigaciones, a través de la Brigada de Investigación Criminal, logramos determinar que tres locales distintos funcionaban abiertos al público”, dijo.

El persecutor añadió que algunos de ellos “incluso manteniendo permisos municipales para funcionar como locales de máquinas electrónicas atendían o o mantenían abierto el público para que estas personas llegaran y jugaran. Lo cierto es que no son simples máquinas electrónicas, sino de azar o juegos y son verdaderos casinos ilegales que están funcionando”, añadió.

“Ahora tendremos que solicitar información a la superintendencia de juegos y casinos quienes nos darán informes de calificación de las máquinas incautadas y el Ministerio Público desarrollará también otro grupo de diligencias investigativas porque en algunos locales se incautaron otros elementos que serían constitutivos de otros delitos y en ese sentido estaremos desarrollando estas labores apoyados por supuesto de la Policía de investigaciones de Chile”, agregó.

Es así que, el día de hoy, en horas de la mañana, los detectives especializados, se trasladaron hasta el sector de las compañías, donde se irrumpieron 4 inmuebles, previa orden judicial de entrada y registro, a fin de materializar la detención de los imputados en la causa.

“Durante el procedimiento, se incautaron drogas ilícitas como Ketamina y cannabis procesada, además de un arma, tipo revólver, apta para el disparo. Al ingresar a uno de los domicilios, se encontraba uno de los imputados de la investigación, quien al percatarse de la presencia policial, tomó el arma antes señalada e intentó herir a uno de los detectives, quien haciendo uso de su arma de servicio, efectuó un disparo que hirió al imputado, por lo que los detectives lo trasladaron de forma inmediata al centro asistencial más cercano, donde falleció posteriormente”. Señaló el Subprefecto Christian Makuc, jefe de la Brigada de Investigación Criminal La Serena.

Hasta el lugar de los hechos, y por solicitud del Fiscal de turno, se trasladaron detectives de la Brigada de Homicidios La Serena, en compañía de peritos del Laboratorio de Criminalística Regional, quienes comenzaron las diligencias de investigación, inspección del sitio de suceso y levantamiento de evidencias.