El nuevo contingente fue distribuido en diversos establecimientos de la región. En detalle, siete funcionarios fueron destinados al Centro de Detención Preventiva de Illapel, seis hombres y una mujer; cinco funcionarios al CDP de Ovalle, todos hombres; un funcionario al IP IRC; y 19 funcionarios al Complejo Penitenciario de La Serena.

Respecto de esta incorporación, el Director Regional de Gendarmería de Chile, Coronel Francisco Bravo Benavides, destacó que “la llegada de este nuevo contingente viene a reforzar de manera concreta el trabajo operativo que se desarrolla en las distintas unidades penales de la región, fortaleciendo la seguridad, la custodia y el normal funcionamiento del sistema penitenciario, lo que es fundamental para enfrentar las actuales demandas del servicio”.

La autoridad regional agregó que este proceso se enmarca en una planificación institucional permanente, orientada a responder a las necesidades operativas de cada establecimiento penal, considerando criterios técnicos y de seguridad.

Por su parte, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, María José Rojas Erbetta señaló: “El trabajo que realiza Gendarmería de Chile es fundamental para resguardar la seguridad penitenciaria del país. Cada funcionario y funcionaria cumple un rol clave en el control, la vigilancia y el orden al interior de los recintos penales, garantizando condiciones de seguridad tanto para la población penal como para la comunidad en general. La incorporación de un nuevo contingente viene a fortalecer este trabajo, reforzando las dotaciones y permitiendo una gestión penitenciaria más segura, profesional y eficiente, acorde a los desafíos actuales del sistema.”

Informe interno revela que al menos 10 fiscales y 32 funcionarios realizaron viajes mientras estaban con licencia médica entre 2022 y 2025. Los casos se distribuyen en 11 regiones del país, aunque no se precisó cuáles.

Un informe elaborado por la División de Contraloría Interna de la Fiscalía Nacional reveló que un total de 42 funcionarios del Ministerio Público, entre ellos 10 fiscales y 32 trabajadores administrativos, abogados asistentes, abogados asesores, técnicos y auxiliares, viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica activa, entre los años 2022 y 2025.

La investigación surge a raíz de la creciente preocupación por el mal uso de licencias médicas en el sector público, tema que ha generado controversia tras los hallazgos de la Contraloría General de la República. Para elaborar el informe, la Fiscalía Nacional realizó un cruce de datos con información entregada por la Policía de Investigaciones (PDI), con el objetivo de identificar “eventuales casos que contravinieran los principios de probidad y cumplimiento de deberes”.

Aunque el informe no detalla qué regiones están involucradas, se informó que los casos detectados se distribuyen en 11 regiones del país. La Fiscalía ya remitió los antecedentes a cada una de las Fiscalías Regionales respectivas para que se tomen las medidas administrativas correspondientes, como sumarios, solicitudes de informes u otras acciones de verificación.

Desde la Fiscalía Nacional señalaron que esta decisión se enmarca en la política institucional de fortalecer los controles internos y actuar de manera proactiva frente a posibles irregularidades. El informe interno fue emitido luego de que la Contraloría General de la República diera a conocer el noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC), en el que se expuso que más de 25 mil trabajadores públicos habrían salido del país con licencia médica vigente.

La magnitud del fenómeno ha generado una ola de reacciones en distintas instituciones del Estado. En su último informe, la Contraloría destacó casos en organismos como la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y la Fundación Integra, lo que motivó que incluso en la Cámara de Diputados se comenzaran a instruir investigaciones internas.

Por ahora, se desconoce si algunos de los funcionarios involucrados serán objeto de acciones judiciales, pero desde el Ministerio Público se indicó que “los antecedentes están siendo revisados para determinar eventuales responsabilidades administrativas”.

Según la encuesta “Chile Nos Habla” de la Universidad San Sebastián, un 64% de los encuestados exige que se desvincule a los funcionarios públicos que viajaron al extranjero con licencia médica. Aún más: un 70% quiere que devuelvan el dinero. Pero, pese a la indignación, la mayoría cree que no pasará nada.

Mientras el país aún digiere el escándalo de las más de 25 mil licencias médicas utilizadas para salir del país, la ciudadanía ya tiene clara su postura: esto no puede quedar impune. Así lo confirma la más reciente edición de la encuesta Chile Nos Habla, elaborada por la Universidad San Sebastián, que revela la creciente indignación de los chilenos ante lo que muchos ya califican como “fraude con fondos públicos”.

El 64,2% de los consultados quiere la desvinculación inmediata de los funcionarios públicos que usaron licencias médicas para vacacionar fuera del país. Pero el repudio va más allá: el 69,9% exige el reembolso del dinero pagado por esas licencias, un castigo que apunta directamente a resarcir el daño fiscal causado.

“Este hecho es de la mayor gravedad, daña la fe pública y la legitimidad del Estado. En momentos de estrechez fiscal, duele constatar que este fraude se financió con los impuestos que pagan todos los chilenos”, advirtió Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la USS.

La indignación también apunta a los médicos: un 44,9% cree que se debe investigar a quienes emitieron esas licencias, mientras que un 41,7% exige acciones legales contra los funcionarios involucrados y un 40,9% solicita la realización de sumarios administrativos.

Pero, pese a la contundencia de las respuestas, la desconfianza ciudadana sobre el desenlace es evidente: un 58,4% cree que no pasará nada con los involucrados. Solo un 11% confía en que se tomen medidas reales y ejemplificadoras.

Para el Dr. Jorge Acosta, director del Instituto de Políticas Públicas en Salud (IPSUSS), los encuestados aciertan al exigir más fiscalización: “Urge evitar la utilización maliciosa de las licencias médicas y que aquello tenga consecuencias, tanto para los que las piden como para quienes las emiten”.

La ciudadanía ya habló: quiere justicia, reembolso y desvinculaciones. Pero teme quedar, otra vez, viendo cómo todo se diluye en la impunidad.

Weber lo resume así: “Este es el momento para sancionar conforme a derecho y, además, repensar un sistema de empleo público que hoy actúa más como un escudo de impunidad que como garante del buen uso de los recursos públicos”.

Chile Nos Habla se realizó entre el 23 y el 27 de mayo de 2025 con 834 casos válidos a nivel nacional.

El ministro Mario Marcel subrayó que los sumarios administrativos son procedimientos breves y claros, que permiten establecer responsabilidades en casos de viajes al extranjero durante licencias médicas. Contraloría, por su parte, solicitó mayores atribuciones para fiscalizar y aplicar sanciones directamente.

En medio del escándalo nacional por las denominadas “licencias all inclusive”, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue enfático al señalar que los sumarios administrativos no son procesos complejos ni extensos, y que permiten aplicar sanciones claras frente al mal uso de licencias médicas.

A la fecha, el Ministerio de Hacienda ha iniciado 6.592 sumarios en 131 servicios públicos. Además, 1.102 funcionarios han abandonado la administración gubernamental, aunque no se ha detallado cuántos lo hicieron por despido o renuncia.

“El procedimiento es sencillo. Se trata de sumarios administrativos, no investigaciones sumarias, y consisten básicamente en responder tres preguntas: cuál fue la causal de la licencia médica, si hubo viaje y cuál fue el motivo del viaje”, explicó Marcel. Añadió que este proceso “no requiere convocar testigos ni realizar indagaciones extensas”.

Entre las sanciones que pueden derivar de estos procedimientos se contemplan la destitución, la suspensión con reducción de sueldo, el rechazo de la licencia médica, la devolución de fondos al empleador, e incluso el sobreseimiento en casos específicos como las licencias maternales.

Marcel también advirtió que cerca del 10% de los funcionarios involucrados ingresaron al Estado a partir del año 2022, destacando que este fenómeno no se restringe a prácticas anteriores.

Por su parte, la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, compareció en el Senado solicitando que se refuercen las atribuciones del organismo para fiscalizar de forma más eficaz. “En otros países, las contralorías acceden directamente a las cartolas bancarias de los servicios públicos. Nosotros debemos pedirlas ‘por favor’ y muchas veces se nos alega secreto bancario”, lamentó.

La contralora también planteó que la entidad pueda aplicar directamente las sanciones derivadas de los sumarios, evitando que sus resoluciones sean revertidas por autoridades superiores, lo que —según señaló— “desmoraliza a la institución y a la ciudadanía”.

Finalmente, Pérez anunció que estas fiscalizaciones se realizarán de forma anual para desincentivar el mal uso del sistema. El objetivo, afirmó, es claro: proteger los recursos públicos y restituir la confianza ciudadana en la probidad del servicio público.

Como una forma de gestionar y apoyar la presentación de querellas, se constituyó en la región una Mesa Regional de Seguridad para la Salud.

De acuerdo a cifras entregadas por el Servicio de Salud Coquimbo, durante el 2023 se reportaron 400 casos de agresiones a funcionarios y funcionarias en diversos establecimientos.

Una realidad que motivó la instalación de una Mesa Regional de Seguridad para la Salud, la que busca implementar planes periódicos y continuos en los diferentes recintos de atención del territorio.

El Delegado Presidencial Regional, Galo Luna Penna, explicó que “este es un asunto muy importante para el Gobierno y por eso estamos muy preocupados de poder aplicar las modificaciones que se hicieron en la ley consultorio seguro. Para eso tuvimos la síntesis de los distintos trabajos que han hecho las mesas provinciales de salud y seguridad y hemos tomado acuerdos para poder estandarizar los procedimientos para denunciar estas agresiones que ocurren en contra de los funcionarios y funcionarias. Nuestro compromiso es trabajar en levantar las necesidades que tienen los distintos centros de salud para poder reforzar su seguridad”.

A través de este espacio también se busca gestionar y apoyar la presentación de querellas. Para ello, se han dispuestos diversos mecanismos para acoger las denuncia.

En esta línea el Director del Servicio de Salud, dr Gabriel Sanhueza, señaló que “esto abarca no solo a los funcionarios de los hospitales, también a los funcionarios de los departamentos de salud municipal. Sectorialmente, nuestro ministerio ha establecido una plataforma especial con un formulario determinado donde se registran y se hace toda una articulación en relación a las denuncias y evaluar hasta qué punto esa situación se termina, en definitiva, transformando en una denuncia formal en fiscalía”.

Estas mesas han sesionado en diversas oportunidades también de manera provincial, en la que han participado Carabineros, la PDI, el Ministerio Público,  la Subsecretaría de Prevención del Delito y organizaciones como el Colegio Médico, AFUSAM, FENATS, FENPRUSS, CONFUSAM, entre otros.

Para Rodrigo Bustamante, dirigente regional de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (CONFUSAM), “para nosotros esta mesa tiene mucho significado, fue muy demandada y muy solicitada por todos los compañeros. Cuando hablamos de la seguridad, lo hablamos desde el punto de vista de la prevención, la infraestructura y los procesos administrativos legales. Tenemos esperanza en poder ir teniendo resultados concretos”.

Mientras que, Fabiola Rojas, Presidenta de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros del Hospital de La Serena (ASENF), “lamentablemente las agresiones cada vez son más en número y tenacidad, por lo tanto, es importante tomar medidas y que sean concretas. La voluntad está, pero también necesitamos recursos para poder implementarlas y sensibilizar a la población que el infringir o agredir a un funcionario sí tiene consecuencias legales”.

Hasta la fecha, esta mesa ha logrado concretar varios avances en beneficio de las y los funcionarios, entre ellos la confección de un protocolo de acción y asesoría legal ante alguna agresión en la Provincia del Choapa.

Asimismo, se levantará una campaña comunicacional, mediante el Servicio de Salud y Gobierno en Terreno, para promover el buen trato y las estrategias de prevención en los recintos de atención.

Corporación Municipal Gabriel González Videla organizó significativa ceremonia en homenaje a trabajadores que dejan la institución tras acogerse a jubilación, como también a quienes cumplieron 30 años y más de servicio en la Salud Primaria de la comuna.

En el Liceo Marta Brunet tuvo lugar una significativa ceremonia de reconocimiento a la trayectoria de funcionarios de la salud de La Serena. En ella se rindió homenaje a las y los funcionarios que, al acogerse a jubilación, dejaron una huella imborrable en su paso por los distintos establecimientos de Salud Primaria en los que se desempeñaron. Se trata de Pablo Carrera Peña, José Enrique González, Ximena Letelier Riquelme, Inés Monroy Godoy, Patricia Ordenes Pizarro, Margot Rojas Cortés y Leonor Angel Araya.

A su vez, se brindó un merecido reconocimiento al personal, por más de tres décadas, ha contribuido al bienestar y calidad de vida de los vecinos y vecinas de la comuna.

Lorena Casarín, directora del Departamento de Salud de la Corporación Municipal GGV, valoró a los funcionarios y mencionó tener “palabras de agradecimiento para todos ellos, por toda su entrega, aparte que les tocó en un momento muy difícil como fue la pandemia”.

Por su parte, Carlos Fuster, presidente de la Asociación de Funcionarios de Salud Municipal (AFUSAM) de La Serena, afirmó sentir “orgullo de ver a todos estos funcionarios con más de 30 años, ya que siempre respondieron y entregaron toda su vida a la atención primaria de La Serena, además de su experiencia al personal nuevo”.

DESPEDIDA

Patricia Órdenes Pizarro, del CESFAM Las Compañías y con una larga trayectoria de 41 años, se despidió, señalando que “este ha sido mi único trabajo. Ha sido una bonita experiencia, estuve en todos los servicios, como el área dental, donde me encontraba ahora. Si bien quiero descansar y estar con mi familia, los extrañaré mucho”.

Por su parte, Ivette Hiriart, del CESFAM Cardenal Caro, contó que “llevo 35 años de servicio y, la verdad, se han pasado rápido. A mis colegas les digo: hagan lo mejor que puedan, pues no hay cosa más gratificante que el reconocimiento que te entregan los compañeros”.

Finalmente, Claudia Gallardo, enfermera y directora del CESFAM Dr. Emilio Schaffhauser, también dedicó palabras a los ahora ex-trabajadores. “Siempre fueron un aporte y se los agradecemos. Les deseamos todo el éxito en este tiempo de descanso”.

Una semana de paralización total de sus actividades cumplieron las y los funcionarios de la Secretaría Regional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Coquimbo, agrupados en las asociaciones ANFUCULTURA Y AFUCAP, como protesta al incumplimiento de una serie de requerimientos por parte de la autoridad nacional en materia de condiciones laborales.

En el marco de la visita que realizaron las ministras Carolina Tohá y Camila Vallejo esta semana a la región, la ministra secretaria general de Gobierno realizó un alto en su agenda para reunirse y escuchar las demandas de los trabajadoras y trabajadores de la Seremi de las Culturas, que al igual que sus pares de las 16 regiones del país se mantienen movilizados de forma indefinida.

“Para nosotros fue una instancia súper importante, porque una ministra, que está sentada en el Comité Político junto al Presidente Boric, nos escuchó durante treinta o cuarenta minutos con mucha atención ante lo que estábamos demandando, y ya conocía el caso. Nos manifestó que es prioridad del Presidente la realidad de los trabajadores del Estado y de quienes trabajamos en las culturas. Salimos muy esperanzados de esa reunión”, explicó María Cecilia Cortés, presidenta de ANFUCULTURA Región de Coquimbo.

En la cita, Vallejo manifestó su intención de mediar, a través del ministro de las Culturas, Jaime de Aguirre, en la búsqueda de acuerdos que permitan dar solución a demandas que el ministerio arrastra desde hace años, y que tienen que ver con la ausencia de una orgánica institucional, desnivelaciones en materia salarial, falta de carrera funcionaria y exceso de asesores y asesoras ministeriales con sueldos millonarios en el nivel central, entre otras problemáticas.

La dirigenta regional añadió que “estamos en conversaciones y las manifestaciones se evaluarán día a día con la asamblea. Tenemos reunión este jueves y viernes, y la próxima semana esperamos tener novedades para lograr destrabar esta complicación”.

En el encuentro junto a la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se acordó además establecer una mesa de trabajo local, junto a el Consejo Regional de Coquimbo, Vocería Coquimbo, Seremi de las Culturas y las respectivas asociaciones de funcionarios y funcionarias, con el fin dar respuesta a diferentes necesidades locales agrupadas en una agenda regional de condiciones laborales. Esto, mientras las y los trabajadores de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes de todo el país esperan novedades desde nivel central respecto a la solución de sus demandas a una semana de iniciar el paro total indefinido de sus funciones.

La organización sin fines de lucro coronó las actividades por el vigésimo aniversario mediante la celebración y firma del contrato con la municipalidad de La Serena.

20 y hasta más de 30 años en la escena del crimen, al servicio de la comunidad, a través de la investigación profesional de los delitos. Así es la mayor parte de la historia que escribieron hombres y mujeres como detectives, trabajando de día o de noche, en búsqueda de la verdad, hasta poder aclarar y establecer responsabilidades ante la Justicia.

Son oficiales que dedicaron su vida a una institución fundamental para la Seguridad del Estado, que el próximo 19 de junio conmemora 90 años de trayectoria. 55 socios y socias, integran el Círculo de Funcionarios en Retiro de la Región de Coquimbo, y el pasado fin de semana la organización formalmente conmemoró sus 20 años, con un almuerzo de camaradería.

“Un detective nunca deja de serlo. La institución nos entrega principios y valores, nos cría igual que una madre a sus hijos, con más de 30 años de experiencia. Eso crea unión, mística, y nos motiva a seguir trabajando, igual cuando uno empieza en la institución. Hoy tenemos varios proyectos, el más importante es un terreno en comodato que ya dispuso la municipalidad de La Serena, para proyectar la construcción de nuestra sede”, destacó el prefecto (r) Segundo Leyton, presidente del Círculo de Funcionarios en Retiro de la PDI, en la región de Coquimbo.

En la Avenida Estadio con el pasaje Frutillar de la capital regional, se encuentran los 500 m2 que fueron cedidos formalmente al Círculo. Un logro significativo para los socios y socias que quisieron seguir vigentes y aportar de manera voluntaria en los desafíos y compromisos que trabajan en conjunto con cada directiva, desde el 21 de abril de 2003.

En este contexto, los jefes activos de las diversas unidades de la Región Policial de Coquimbo, también se reunieron con la mayoría de los miembros de la organización, para compartir un desayuno en el nuevo complejo de calle Pinto. Así pudieron reconocer los logros y desafíos institucionales, los avances y la complejidad que viven los detectives en el contexto de la Seguridad Pública nacional, además de informarse sobre los beneficios que siguen a su disposición en salud y bienestar, entre otros.

“El legado y aporte de los detectives de antaño, es una pieza clave que valoramos y agradecemos dentro de esta construcción institucional.  Su labor es el reflejo del presente que enorgullece a todos los que conformamos y pertenecemos a la Policía de Investigaciones de Chile. Hoy la PDI es reconocida, no sólo en el país, sino también en el mundo, por nuestro desempeño de excelencia investigativa y profesional, a cargo de los delitos de alta complejidad y de mayor connotación social”, expresó el prefecto inspector José Carrasco, jefe de la Región Policial de Coquimbo.

Dentro de la conmemoración por el vigésimo aniversario del Círculo de Funcionarios en Situación de Retiro de la PDI, la directiva entregó una distinción simbólica a sus socios y socias, por su activa participación. También agradecieron a la Municipalidad de La Serena, todas las gestiones de sus equipos que ayudaron a celebrar el contrato con sus representantes, proyectando el gran desafío de trabajar en el diseño y materializar la construcción de la sede que albergará a la organización.