Carabineros detectó el cargamento durante una fiscalización en el peaje de Puerto Oscuro. El imputado no contaba con autorización para transportar ni comercializar los medicamentos.

Un masivo cargamento de jarabes para la tos con componentes controlados fue detectado por Carabineros durante un control carretero en la Región de Coquimbo, procedimiento que terminó con un sujeto detenido y posteriormente enviado a prisión preventiva por el delito de tráfico de drogas.

El hecho ocurrió la noche del 5 de marzo de 2026, cuando personal policial realizaba fiscalizaciones en el peaje del sector Puerto Oscuro, en la comuna de Canela. En ese contexto, los funcionarios controlaron a un conductor que transportaba una gran cantidad de medicamentos.

Tras la revisión del vehículo, Carabineros descubrió que el sujeto trasladaba 2.100 unidades de jarabe para la tos, productos que contenían codeína y pseudoefedrina, sustancias reguladas debido a su potencial uso para la elaboración o consumo indebido de drogas.

La fiscal de Los Vilos, Lady Dubó, explicó que el imputado no contaba con ningún tipo de autorización para transportar ni comercializar estos medicamentos. “La policía incautó 2.100 jarabes para la tos con estos componentes como codeína y pseudoefedrina, sin contar con la autorización para su transporte y comercialización de estos elementos”, señaló la persecutora.

Debido a la gran cantidad de productos incautados y al riesgo que representaba su distribución ilegal, la Fiscalía decidió formalizar la investigación por el delito de tráfico de drogas.

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, argumentando que la libertad del imputado representaba un peligro para la seguridad de la sociedad.

“Su libertad, estimamos, era peligrosa para la seguridad de la sociedad por la cantidad de jarabes que iban a ser puestos a disposición de la población sin ninguna autorización y el tribunal estimó que había una necesidad de cautela en orden a resguardar los intereses de seguridad de la sociedad”, explicó la fiscal Dubó.

El Juzgado de Garantía acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva para el imputado mientras se desarrollan las diligencias del caso.

El tribunal fijó un plazo de 70 días para la investigación, período en que el Ministerio Público continuará reuniendo antecedentes para esclarecer completamente el origen y destino del cargamento incautado.

La intervención interinstitucional permitió la restitución de estos inmuebles ubicados en el centro de la comuna.

Gracias al trabajo conjunto de la Delegación Presidencial Regional, la Seremi de Seguridad Pública y la municipalidad de Andacollo, el Ministerio de Bienes Nacionales finalmente concretó la recuperación tres inmuebles fiscales ubicados, en el centro de la comuna, que estaban siendo ocupados de manera ilegal desde hace varios años.

Se trata de un inmueble fiscal ubicado en calle Urmeneta y dos en calle Alfonso, que estaban siendo utilizados como bodega y estacionamiento particular, sin contar con ninguna autorización por parte del Ministerio de Bienes Nacionales.

Una vez finalizado el operativo, la Seremi de Bienes Nacionales Mabel Iturrieta explicó que “estamos en Andacollo recuperando tres inmuebles fiscales, es un procedimiento que ha durado muchos años, y que hoy podemos culminar con la restitución de la propiedad fiscal, para justamente destinarlo luego, a proyectos comunitarios, que con la ayuda del municipio y la Delegación Presidencial, se ha podido concretar hoy. La verdad que esto era muy añorado por la municipalidad, el poder obtener la restitución de estos inmuebles, que se encuentran ubicados en calle Urmeneta y Alfonso y esperamos que sean proyectos que beneficien a toda la comunidad andacollina”.

Por su parte, el Delegado Presidencial Regional de Coquimbo Regional Galo Luna, destacó que esta acción es parte del trabajo para continuar reforzando la seguridad en los territorios.

“Como Gobierno estamos actuando con decisión para recuperar espacios que nos pertenecen a todas y todos. La restitución de estos tres inmuebles en Andacollo es una señal clara de que no vamos a permitir la ocupación ilegal de bienes públicos. Cuando el Gobierno, el municipio, trabaja de manera coordinada, avanzamos en orden, seguridad y mejor calidad de vida para las vecinas y vecinos de Andacollo”, puntualizó la autoridad.

Finalmente el alcalde Juan Carlos Alfaro señaló que
“valoramos mucho esta iniciativa de Bienes Nacionales, de recuperar un inmueble que fue hace mucho tiempo de una organización que ya no existe y por lo tanto pasa a propiedad fiscal. Valoramos que lo haga y nosotros como municipio también, desde ya iniciamos las acciones para que nos puedan transferir esta propiedad para el municipio, de tal manera de poder hacer un proyecto ahí que vaya en directo beneficio de las organizaciones de nuestra comuna, organizaciones sociales, que podamos hacer algo comunitario en este lugar que permita dar solución también, a muchas organizaciones sociales que lo merecen y de esta manera también usar este inmueble, de manera productiva, de manera positiva, para nuestra comunidad”.

Tras reunirse con representantes de ese organismo público, la autoridad, quien integra el Comité Ejecutivo de la AChM, planteó que “es urgente atacar la asociación ilícita y las líneas de abastecimiento del comercio ilegal. Nosotros hemos marcado un precedente desde Puerto Montt con una ordenanza que impide el comercio ambulante en el centro de la ciudad, pero ahora tenemos que ir por las asociaciones ilícitas y para ello necesitamos la presentación de querellas por parte del Servicio de Impuestos Internos”.

Ello permitiría identificar a quienes están detrás de esta actividad ilícita, atacando el problema en el origen.

Por su Parte, Gustavo Alessandri, presidente de AChM señaló que “el abordaje de este problema requiere con urgencia, la generación de una estrategia nacional unificada que articule a los diversos actores públicos involucrados y eso incluye a los municipios y Carabineros con la fiscalización directa en las calles, seguimiento judicial efectivo del pago de las multas cursadas ante los Juzgados de Policía Local y el ataque directo a las líneas de suministro, a través de querellas del SII por delitos de comercio ilegal y clandestino”.

Es en este último eje, donde el rol del Servicio de Impuestos Internos resulta insustituible, la ley n° 21.426, vigente desde 2022, amplió las posibilidades de persecución penal del comercio ilegal, permitiendo que las policías puedan denunciar y que los municipios, a su vez, puedan hacerse parte en los procesos, pero siempre y cuando el SII actúe como querellante.

En ese marco, el edil advirtió que “cualquier acción que implementemos requiere que se concrete el desmantelamiento de las estructuras organizadas que operan detrás del comercio ambulante ilegal que muchas veces son controladas por verdaderos grupos delictuales, afectando la recaudación tributaria pero también la seguridad de las comunas”.