Hasta la Contraloría General de la República llegó el senador Daniel Núñez, junto a dirigentes del Sindicato de Trabajadores Independientes de Tripulantes Artesanales Cerqueros de la Región de Coquimbo, para reunirse con la titular Dorothy Pérez y solicitarle un pronunciamiento que obligue a fiscalizar el pago que corresponde a los tripulantes cuando se venden cuotas de pesca a la industria.

La acción se fundamenta en antecedentes que evidencian un incumplimiento reiterado del artículo 55 N de la Ley General de Pesca y Acuicultura, el cual establece que los trabajadores deben recibir una parte de los ingresos generados por la cesión de cuotas pesqueras. El documento ingresado ante Contraloría advierte que, pese a que estas operaciones generan importantes ingresos para los armadores, los tripulantes no han recibido el pago que les corresponde, generando un perjuicio económico directo y sostenido en el tiempo .

El director del sindicato, Eduardo Calderón, explicó que esta situación se arrastra desde hace años en la región:

“Es una venta de cierta cantidad de toneladas de pesca que tienen los armadores, cerco de pesca en la Región de Coquimbo. El problema principal es que esto se ha hecho de años atrás y ahora recién nosotros hicimos las consultas sobre la parte que nos debe tocar a nosotros que se tiene que pagar y eso no se ha hecho nunca. Entonces recién ahora se está incluyendo al pescador artesanal, tripulante de las embarcaciones, para que se le pague lo que corresponda con respecto a la venta”.

El dirigente agregó que, si bien los armadores sí han recibido pagos por estas cesiones, los tripulantes han sido excluidos:

“Esta cuota se vende a la industria. Entonces por esta cesión de pesca se paga una cantidad de dinero y nosotros, los armadores sí recibían el dinero, pero nosotros no recibíamos nada con respecto a las cesiones anteriores y a esta última que se está haciendo. Nosotros con el senador que nos ha apoyado vamos a recibir parte del pago que se está haciendo a ciertos tripulantes, pero no como debiera ser legalmente”.

Por su parte, el senador Daniel Núñez señaló que la presentación busca corregir un vacío de fiscalización que ha permitido este incumplimiento:

“Junto al sindicato de trabajadores tripulantes artesanales de la Región de Coquimbo, hemos solicitado y tenido una reunión con la Contraloría General de la República, Dorothy Pérez, para plantear la necesidad que la Contraloría se pronuncie y establezca el deber que tiene el Servicio Nacional de Pesca de fiscalizar y asegurar que cada vez que se hace una cesión de derechos o una venta desde el sector artesanal, de cuotas de pesca a la industria pesquera se pague la parte que corresponde a los tripulantes artesanales”.

Asimismo, enfatizó que se trata de un problema estructural que afecta la equidad en el sector:

“Acá hay un negocio que genera ganancias para los armadores y la ley estipula claramente que ante esa situación debe también verse beneficiado el tripulante. Eso no se ha respetado desde hace muchos años en la Región de Coquimbo y queremos generar el precedente de que las leyes están para cumplirse”.

El documento ingresado advierte que actualmente no existen mecanismos efectivos de verificación ni fiscalización del pago a tripulantes en estas operaciones, lo que ha permitido que se materialicen cesiones de cuotas con beneficios económicos que no se distribuyen a los trabajadores. Por ello, se solicitó a la Contraloría emitir un dictamen que establezca con claridad que el pago a tripulantes es una obligación legal, que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura debe fiscalizar su cumplimiento y que dicha fiscalización debe incluir la cadena de pagos asociada a estas operaciones.

Finalmente, el senador Núñez subrayó que esta acción busca sentar un precedente en favor de los trabajadores del sector:

“La distribución de los recursos pesqueros tiene que hacerse de forma equitativa, con un sentido de justicia social y en el marco de la legalidad que rige en Chile”.

A pocos días de la última Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal —que agrupa a las principales organizaciones del rubro a nivel nacional— hizo un enérgico llamado al Ejecutivo a cumplir su promesa de terminar con la Ley Longueira, aprobada bajo escándalos de corrupción y ampliamente cuestionada por su sesgo en favor de la gran industria.

“Presidente Boric, usted prometió terminar en su gobierno con la Ley Longueira. La ley de fraccionamiento es un golpe al corazón de la normativa vigente, pero no es su fin. Su cuenta pública es la última oportunidad que tiene de demostrar que está con quienes viven del mar y no con quienes lucraron a costa de él”, afirmó Hernán Cortés, presidente de CONDEPP y vocero de la Alianza.

Uno de los puntos clave y que está en disputa en el debate de la Ley de Fraccionamiento es la redistribución de la cuota de merluza común. Sobre el punto la Alianza exige restituir el 70% para la pesca artesanal, frente al 30% que quedaría en manos de la industria.

“La merluza debe volver a ser la pesca del pueblo. Cada vez es más cara y escasa. Se requiere una política que piense en las ferias, en los hogares y en las mujeres que trabajan en el rubro artesanal”, enfatizó Sara Garrido, presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal.

Otro eje crítico sobre el que esperan el Presidente se pronuncie en su cuenta pública es el financiamiento de la plataforma social para el sector artesanal, propuesta que depende de la aprobación de las licitaciones del 15% de la cuota adicional de jurel asignada recientemente a Chile. Dichas licitaciones han sido bloqueadas en el Congreso por sectores de oposición, incluso por parlamentarios oficialistas como el senador Fidel Espinoza.

“Sin licitaciones, no hay financiamiento responsable. Si el Gobierno habla de responsabilidad fiscal, debe defender este mecanismo que no sólo sostiene el proyecto, sino que asegura dignidad para miles de pescadores”, afirmó Pascual Aguilera, presidente de CORANOR.

Por otro lado y en medio del debate por el cierre de plantas industriales como PacificBlu —filial de Blumar, empresa involucrada en el caso Bruma— los pescadores también exigen transparencia real en el empleo industrial y reconocimiento al aporte económico y social de la pesca artesanal, que genera más puestos de trabajo por tonelada capturada que la industria.

“Hablan de empleo femenino, pero ocultan los contratos por temporada, el subcontrato. ¿Y las miles de mujeres que filetean, encarnan y limpian pescado en las caletas? También merecen protección”, apuntó Miguel Ángel Hernández, dirigente de la Federación Nuevo Amanecer.

Finalmente, la Alianza solicitó al Mandatario que ratifique en su discurso frente al Congreso Pleno su compromiso con la tramitación de la nueva Ley de Pesca, que hoy avanza lentamente en la Cámara de Diputados.

“Esperamos que el Presidente mantenga la urgencia legislativa. Chile no puede seguir con una ley manchada por la corrupción y diseñada para unos pocos”, concluyó Cortés.

La Agricultura Digital se refiere al conjunto de buenas prácticas y uso de recursos tecnológicos para la optimización de los procesos agrícolas, generando conocimiento y valor para quienes se dedican a esta tarea. Se trabaja en un equilibrio entre innovación, productos digitales y soluciones resolutivas en cuanto al análisis de datos para el buen trabajo en el campo, avanzando hacia una actividad sustentable.

“Desde sus inicios la agricultura ha generado gran cantidad de datos. Sin embargo, la mayor parte de ellos permanecían subutilizados. Hoy en día, las herramientas digitales permiten que los agricultores accedan a esta información y, de esta forma, puedan aprovechar las oportunidades sin precedentes que genera para aplicar mejoras que impacten positivamente en la producción agrícola”, señala Fernando González, Product Manager de Agricultura de Precisión de Salfa.

Esta concepción de la agricultura se vale de avances como sensores remotos, drones, GPS y dispositivos de seguimiento para recopilar datos de los equipos en tiempo real. Un ejemplo de las nuevas herramientas digitales es el uso de sensores IoT (Internet of Things) con el cual es posible medir humedad, temperatura, riego y luminosidad.  Otro de los alcances es el análisis de datos gracias a plataformas especializadas, que aprovechan la información que proviene de los sensores, indicadores meteorológicos e historial de comportamiento del equipo, que permiten realizar diagnósticos específicos para tomar decisiones en tiempo real. 

Además, la agricultura digital contribuye a la optimización de recursos naturales como el agua o el uso de la tierra mediante las tecnologías que estudian las variables ambientales. “Mientras los sistemas de detección en el campo y los datos generados proporcionan mejor información para tomar decisiones oportunas, la automatización de tareas puede aumentar la fiabilidad de los procesos e incrementar su rentabilidad”, indica Fernando González, Product Manager de Agricultura de Precisión de Salfa.

Según el experto, los desafíos para este cambio pasan por el constante acompañamiento que deben brindar a los agricultores, ya que la barrera principal es cultural y de conectividad en zonas rurales. Sin embargo, una vez que está el interés, la adopción es natural y gradual.

La experiencia de Salfa

Los clientes de Salfa pueden acceder a la agricultura digital a través de la plataforma gratuita Operations Center de John Deere, acompañado de capacitaciones del equipo de Agricultura Digital y la tecnología de las máquinas de agricultura de precisión para su óptimo uso en el campo. Cabe acotar que estas tecnologías de agricultura digital de John Deere son compatibles para todas las marcas de maquinaria.

John Deere es una de las marcas líderes en la Agricultura de Precisión gracias a su amplia gama de tractores y maquinaria equipados con tecnología de última generación. El Sistema de Gestión Agrícola (AMS) ayuda a los agricultores a gestionar sus operaciones de forma más eficiente y eficaz. Incluye componentes como receptores de posición para determinar la ubicación del tractor, sistema de guiado y herramientas de gestión de datos.

Desde Salfa también destacan la comunicación ISOBUS entre los distintos implementos agrícolas y tractores. Esto permite obtener datos de las labores ejecutadas por cada uno de ellos, beneficio que impacta en la toma de decisiones.

· La empresa promueve la participación femenina de forma activa, asegurando que al menos el 50% de los candidatos a un puesto sean mujeres.

Indura, perteneciente al Grupo Air Products, celebra la obtención del Sello Mujer por primera vez para la empresa. Claudia Sánchez asumió como gerente general a fines de 2023, marcando un hito en la compañía y el inicio de esta certificación.

“Es un reconocimiento del Estado de Chile hacia las empresas que promueven el liderazgo femenino y la equidad de género”, destaca Sánchez. Este nombramiento considera los actuales números con los que la empresa ya cuenta: el 28% de representación femenina en roles de jefatura y gerencia, y el 25% en el total de colaboradoras.

El camino hacia la inclusión femenina ha estado marcado por un compromiso constante y un trabajo de todo el equipo. “En la compañía se ha impulsado por años la diversidad, la inclusión y la igualdad de género. Valoramos el papel de la mujer en la industria y buscamos mejorar su participación”, agrega Claudia.

Una de las primeras medidas en este camino fue asegurar la equidad en los procesos de selección. La empresa se compromete a tener al menos un 50% de candidatas mujeres en cada proceso. En 2020 se implementó El Proyecto Atenea por el cual se obtuvo el Sello “El Otro MBA” de la Fundación Emplea, este reconocimiento busca destacar a las empresas que están comprometidas con potenciar el empleo femenino y darle una oportunidad a las miles de mujeres en Chile que tienen el incentivo y el talento, pero que necesitan apoyo y herramientas para insertarse laboralmente.

“Ha sido un proyecto exitoso gracias al compromiso y apoyo de los trabajadores. Air Products a nivel mundial se impuso la meta con un porcentaje mínimo de un 25% de representación femenina y en Chile hoy ya alcanzamos el 28% de mujeres en funciones de jefatura. Si bien en algunas áreas todavía tenemos una brecha, hay otras en las que estamos por sobre este rango. Seguimos trabajando con el foco de impulsar esta equidad”, menciona la gerente general.

Una meta general y un recorrido personal

La historia personal de Claudia Sánchez refleja el compromiso de la empresa con la igualdad de género. Desde sus inicios como alumna en práctica en 2006 hasta su posición actual como gerente general, ha sido testigo del cambio. “Siempre me sentí cómoda en la empresa. Ahora, como gerente general, estoy feliz de liderar un equipo comprometido con la equidad de género”, señala.

“El Sello Mujer refuerza nuestro compromiso con la diversidad, la inclusión, la igualdad de género y el liderazgo femenino”, concluye Claudia. Es un reconocimiento del valor que las mujeres aportan a la industria y a la sociedad en general.

La industria de los seguros en Chile se enfrenta a nuevos desafíos en el contexto de cambios que afectan al país. El clima, las nuevas leyes que afectan a los negocios, la incertidumbre y la mayor efervescencia obligan a los actores de este sector a reinventar constantemente el negocio dice Lionel Soffia, CEO de la corredora de seguros y reaseguros Gallagher Chile.

La industria de los seguros en Chile ha estado experimentando un cambio significativo en los últimos años. El aumento de los desastres naturales que esta semana han arreciado sobre nuestro territorio, la inseguridad y la nueva ley de delitos económicos han tenido un impacto significativo en la forma en que las empresas y las personas se aseguran.

Lionel Soffia, CEO de la corredora de seguros y reaseguros Gallagher Chile, explica cómo estos cambios han afectado a la industria y cómo las personas pueden protegerse de los riesgos.

“La frecuencia de los desastres naturales, como inundaciones, terremotos, huracanes e incendios, ha aumentado significativamente en los últimos seis años. Esto ha tenido un impacto claro en la industria de seguros, que se basa en estadísticas históricas para establecer sus primas”. Sin embargo, señala que “esas estadísticas ya no son relevantes en un mundo en el que los desastres naturales son cada vez más frecuentes y graves. Como resultado, las primas de seguro han aumentado constantemente en los últimos cinco años”. Explica que esto ha llevado a un aumento en el número de reclamos, ya que las personas buscan recuperar sus pérdidas de los desastres naturales.

Soffia agrega que los seguros contra daños causados por la naturaleza, como terremotos, inundaciones y huracanes, han aumentado su costo de forma constante en los últimos años. “El aumento promedio ha sido de entre 15 y 20% anual. Esto ha tenido un impacto significativo en las empresas y las personas, especialmente en las medianas empresas. Los aseguradores también están preocupados por la situación, ya que siguen perdiendo dinero a pesar del aumento de las primas”. Asegura que es probable que los precios de los seguros contra daños causados por la naturaleza sigan aumentando en el futuro.

Respecto de los seguros que cubren un caso como el edificio que quedó al borde de un socavón en las dunas de Cón Cón, explica que seguramente contaba con un seguro para todo tipo de construcción. Eso significa que quien haya hecho edificio contaba con cobertura, pero que es necesario analizar hace cuánto puede haber vencido esa póliza. “Probablemente ya terminó su cobertura. Por otro lado, los propietarios que tienen un hipotecario asociado a esas propiedades cuentan con la póliza de riesgo que tienen todos los bancos contra este tipo de problemas naturales”, explica.

Consultado sobre si las compañías están asegurando bienes en lugares más peligrosos o calientes, como la Araucanía, señala que en general, todo es asegurable, pero a un precio. “En la Araucanía, es más difícil asegurar equipos móviles que trabajan en una zona forestal. Sin embargo, estos equipos están actualmente asegurados”. Explica que los precios de los seguros han subido cinco veces y las pólizas tienen un deducible mucho mayor. En la práctica, los seguros están estructurados para cubrir algo en caso de una eventualidad, para que no se pierda todo.

Soffia explica que Chile es un país atractivo para los seguros y reaseguros, ya que es el mayor comprador de protecciones ante terremotos. “Los límites de cobertura son muy altos, debido a que la economía chilena es fuerte y está muy indexada a los bancos. La cartera hipotecaria está completamente asegurada, y Chile compra más este tipo de coberturas que México y Brasil, países con economías mucho mayores”.

Sin embargo, los precios de los seguros han aumentado debido a la mayor inseguridad del país. Por ejemplo, el riesgo de actos maliciosos, que antes se incluía en la cobertura de incendio, ahora se cobra aparte a una tasa similar a la de la póliza de incendio. Este es un nuevo costo que las empresas de seguros deben asumir para operar en Chile.

Lionel Soffia agrega que la nueva ley de delitos económicos, que impone mayores exigencias a las personas jurídicas y sus sistemas de cumplimiento interno, así como a los directivos y gerentes de las empresas ha provocado un aumento en la demanda de seguros de responsabilidad de directores y ejecutivos. “Las empresas están más conscientes de la importancia de estos seguros, ya que los directores y ejecutivos están cada vez más expuestos a riesgos legales. Por eso la industria ofrece productos con coberturas estándar que han tenido un boom en los últimos cuatro o cinco año”, añade el CEO de Gallagher en Chile.