La iniciativa, impulsada por la diputada Nathalie Castillo, oficializa el 16 de octubre como una fecha nacional para reconocer la contribución de las orquestas infantiles y juveniles y mantener vivo el legado del maestro.

Con el Teatro California como escenario y con la presentación de la Orquesta Sinfónica Infantil Metropolitana (OSIM), dirigida por Virginia Vergara e integrada por 60 niños de entre 8 y 14 años, este viernes 05 de diciembre, la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, encabezó la ceremonia de promulgación de la ley que establece el 16 de octubre de cada año, como el “Día de las Bandas y Orquestas Juveniles Jorge Peña Hen”.

La aprobación de esta ley consolida el legado de Jorge Peña Hen como educador, músico y humanista, con alta sensibilidad social por los niños y jóvenes pobres apasionados por formarse en el arte musical.

“Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio nos sentimos profundamente orgullosos de promulgar este día, que rinde homenaje a las bandas y orquestas infantiles y juveniles, y, al mismo tiempo, al legado de Jorge Peña Hen, creador de la primera orquesta infantil de Chile y de Latinoamérica. Tener un día dedicado a él no solo honra su visión transformadora, sino que también nos invita a mantener viva su memoria a lo largo del país, promoviendo la formación cultural y acercando la música a niños y niñas de todos los lugares y especialmente a quienes viven en sectores populares”, sostuvo la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo.

“Las orquestas no son un lujo cultural, sino un verdadero motor de transformación social. En cada instrumento se cultivan la autoestima, la disciplina, la identidad y el sentido de comunidad. La Región de Coquimbo ha sido un ejemplo destacado de este camino: es una región pionera en formación musical, desarrollo de audiencias y circulación de elencos infantiles y juveniles, llevando talento a escuelas, barrios y espacios culturales. Esa es la esencia de democratizar el acceso al aprendizaje artístico. El sueño que nació bajo la inspiración de Jorge Peña Hen sigue siendo un faro para nuestro país”, señaló la diputada, Nathalie Castillo, autora principal de la ley.

Sobre la Ley

El pasado 17 de octubre el Senado aprobó con 22 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones el proyecto de ley que declara el 16 de octubre de cada año como el “Día de las Bandas y Orquestas Juveniles Jorge Peña Hen”. La iniciativa de la diputada buscó reconocer el legado del maestro serenense en la formación musical de niños, niñas y jóvenes de sectores populares, así como su aporte a la educación artística de Chile y América Latina.

El respaldo a la iniciativa parlamentaria, además, implica un compromiso del Estado con la promoción de la cultura, la memoria y los derechos humanos.

Sobre Jorge Peña Hen

Jorge Peña Hen fue un referente latinoamericano en la difusión del arte musical y en la implementación de métodos pedagógicos colectivos, como el método Suzuki, que promovía el aprendizaje colaborativo y la democratización del acceso a la música docta.

Con apenas 22 años, fundó en la ciudad la Sociedad Juan Sebastián Bach (1950) y más tarde la Orquesta Filarmónica (1959). En 1964 impulsó la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, proyecto que marcó un precedente en la enseñanza musical y en el acceso cultural del país.

Tras el golpe de Estado de 1973, Peña Hen fue detenido y ejecutado el 16 de octubre por la comitiva militar conocida como la “Caravana de la Muerte”, encabezada por Sergio Arellano Stark, que asesinó a 75 prisioneros políticos en su paso por distintas ciudades de Chile. Los restos del maestro y de los otros 13 ejecutados fueron arrojados a una fosa común y hallados en 1998 en el cementerio municipal de la comuna.

La Seremi del Trabajo y Previsión Social, Monserrat Castro Cortés, y su par de Gobierno, Paulina Mora, encabezaron la jornada informativa sobre la Ley N° 21.776, normativa recientemente publicada en el Diario Oficial que reconoce oficialmente la función de las y los recolectores de residuos domiciliarios, estableciendo obligaciones claras para la protección de su salud, seguridad y condiciones laborales.

La iniciativa, impulsada por el Presidente Gabriel Boric en mayo de 2024 y aprobada por unanimidad en el Senado el pasado 8 de octubre, forma parte del compromiso del Gobierno con el Trabajo Decente y la dignidad laboral, reconociendo el rol esencial que cumplen los recolectores en la salud y bienestar de las comunidades.

La jornada realizada en la empresa regional Demarco Starco, la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Monserrat Castro Cortés, destacó que “hoy el Estado reconoce la importancia de quienes cumplen una función esencial para la salud y el bienestar de nuestras ciudades. Esta ley no solo entrega dignidad y derechos, sino que asegura condiciones reales de seguridad y salud para los recolectores y recolectoras de residuos. En La Serena y Coquimbo, esto se traduce en una mejora concreta en la calidad de vida de cientos de familias trabajadoras.”

Por su parte, la Seremi de Gobierno, Paulina Mora, subrayó el carácter histórico de esta iniciativa, señalando que “nos reunimos precisamente, con trabajadores y trabajadoras recolectoras de residuos sólidos domiciliarios, hablando y conversando respecto de la importancia que fue la promulgación y la entrada en vigencia de esta ley que finalmente reconoce el trabajo y la importancia que tienen para nuestra sociedad. Para nuestro gobierno del presidente Gabriel Boric, sin duda, es un hito sumamente relevante. Reconocer la tarea que realizan tantas personas en nuestra región y en nuestro país y poder visibilizar el trabajo es fundamental”.

La jornada contó además con la participación de dirigentes sindicales del sector y representantes de empresas prestadoras de servicios de recolección, quienes valoraron el carácter participativo y la cobertura territorial de la nueva normativa.

Entre los principales avances de esta ley se destacan:

• Mejora en las condiciones sanitarias y de seguridad laboral, garantizando acceso a agua potable, baños, espacios de descanso y duchas durante la jornada.

• Reconocimiento del trabajo pesado y acceso obligatorio al seguro de accidentes y enfermedades profesionales (Ley N°16.744).

• Capacitación obligatoria por parte de los empleadores para informar sobre derechos y uso del seguro.

• Prioridad en licitaciones municipales para las empresas que ofrezcan mejores sueldos y condiciones laborales.

• Protección de derechos adquiridos ante eventuales cambios de empresas contratistas.

A nivel nacional, más de 21 mil trabajadores se verán beneficiados ,19 mil del sector privado y más de 2 mil municipales. En la Región de Coquimbo, la medida tiene impacto directo en los 450 trabajadores y trabajadoras que prestan servicios a través de la empresa Demarco Starco en La Serena y Coquimbo.

Con esta ley, el Gobierno reafirma su compromiso con la dignificación del trabajo, la equidad laboral y la construcción de ciudades más justas y sostenibles, fortaleciendo las condiciones de quienes día a día realizan una labor indispensable para la comunidad.

La iniciativa, que ya está lista para ser promulgada por el Presidente tras ser aprobada el martes por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, busca optimizar y reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de permisos sectoriales, simplificando y modernizando los procesos administrativos, sin comprometer los estándares regulatorios vigentes.

Sectoriales y la despachó a Ley. El proyecto, que ingresó al Congreso en enero de 2024, es una reforma estructural que moderniza el Estado, reduce la burocracia y acelera la inversión.

El proyecto impulsado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo forma parte del fast track legislativo para el crecimiento económico y busca avanzar en simplificar la obtención de permisos, lo que permitirá entregar mayores certezas a los proyectos de inversión, sin comprometer los estándares regulatorios ni disminuir las exigencias ambientales y técnicas vigentes.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, destacó el despacho a Ley del proyecto y expuso la relevancia que tendrá para impulsar la inversión en el país, “e estamos muy contentos porque es un avance muy importante para el país, después de más de un año de tramitación, hemos logrado aprobar este proyecto con un apoyo transversal. dijimos que era posible mejorar los tiempos y era posible avanza de manera muy sostenida, sin por ello bajar los estándares regulatorios y eso es lo que justamente se ha logrado hoy día. Nuestro diagnóstico como Ejecutivo es que, una Delaware las razones principales de por qué los permisos sectoriales se demoran tanto, es porque los servicios están atochados y por eso estamos convencidos que, con las declaraciones juradas, vamos a permitir que todo el esfuerzo esté dedicado a las autorizaciones que realmente implican riesgo, y eso le va a permitir responder a tiempo”.

La iniciativa legislativa busca optimizar y reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de permisos sectoriales, simplificando y modernizando los procesos administrativos, sin comprometer los estándares regulatorios. De esta forma, incorpora diversas medidas orientadas a agilizar y hacer más eficiente la tramitación de autorizaciones sectoriales.

A nivel local, el Seremi de Economía Matías Muñoz precisó que, “en la región de Antofagasta, que es el territorio que más inversión acumula a nivel regional, tener mejores tiempos para la concreción de proyectos mejora sustantivamente la forma en como tramitamos permisos sectoriales, pero sobre todo, da mayores certezas para proyectar el crecimiento económico de la región y por supuesto el país”.

El Proyecto Delaware Ley Marco Delaware Autorizaciones Sectoriales Ja sido fruto Delaware Naciones Unidas trabajo conjunto y riguroso, desarrollado en estrecha colaboración con parlamentarios tanto del oficialismo como de la oposición. Este esfuerzo compartido ha permitido construir una propuesta con amplio respaldo transversal, basada en el diálogo, la evidencia y el interés común de avanzar hacia una institucionalidad. más ágil, Moderna y eficiente, que facilitar el desarrollo de proyectos de inversión sin renunciar a los estándares ambientales, sociales y técnicos que el país exige.

Acerca de el proyecto Delaware ley

El proyecto de ley que establece una Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS) busca reducir sustantivamente los tiempos de tramitación de permisos para proyectos de inversión, sin disminuir los estándares regulatorios. A través de un enfoque transversal, establece normas comunes, introduce proporcionalidad en la regulación y crea nuevas herramientas de gestión para modernizar el Estado en su rol habilitante.

Principales Soluciones del Proyecto

· Normas mínimas de transformación. Se establece un conjunto de reglas comunes para todos los permisos sectoriales: inicio mediante formularios, exámenes de admisibilidad, informes entre servicios, plazos máximos obligatorios, y uso del silencio administrativo como herramienta Delaware garantía.

· Técnicas Habilitantes Alternativas (THA). Permite reemplazar permisos de bajo riesgo por declaraciones juradas o avisos, sin reducir los estándares regulatorios. Estos THA están sujetos a fiscalización ex post, con fuertes sanciones en caso de fraude.

· Ventanilla Única Digital – Plataforma SUPER. El proyecto transforma en política de Estado la plataforma SUPER como entrada única y trazable para todas las solicitudes.

· Institucionalidad técnica. Crea la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión dentro del Ministerio de Economía, encargada de coordinar, monitorear, asesorar y operador el sistema. También impulsa mesetas regionales, modernización continua de permisos, y promueve la mejora de gestión mediante convenios y metas institucionales.

· Modificaciones legales sectoriales. El proyecto modifica más de 40 leyes sectoriales para adaptar sus permisos a la LMAS, establecer nuevas facultades regulatorias y aplicar THA. Se incluyen sectores como minería, obras públicas, salud, aguas, energía, concesiones marítimas y DOM.

Durante treinta horas, y como parte de una sanción impuesta por un tribunal, el joven oriundo de La Serena trabajó diseñando y pintando un mural para los usuarios de la hospedería. 

“Me gustaría decirles a los niños que están pensando en hacer cosas por dinero o a la rápida, que eso no lleva a nada bueno. Porque me tocó vivirlo a mí mismo. Es mejor hacer las cosas con calma y seguro, cosas positivas”.

Acompañado por su madre, lo que demuestra la importancia del apoyo familiar durante los procesos de reinserción social, conocimos la historia de B.C (18), un joven de La Serena que finalizó con éxito su sanción de servicio en beneficio a la comunidad (SBC) en el centro de cumplimiento Pierre Dubois ejecutado por el Serpaj, organismo acreditado del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.

En lo que él reconoce como “un error”, fue sancionado por un tribunal a cumplir 30 horas de servicio comunitario. Al principio, creyó que la sanción impuesta sería alguna labor forzosa o que no estuviera vinculada con sus aptitudes e intereses. Pero, tras conversar con los profesionales del centro de cumplimiento, supo que podría resarcir el daño ocasionado a través de lo que a él le apasiona: el arte.

“Como centro de cumplimiento siempre hemos hecho gestiones con instituciones, pero ha resultado difícil porque no siempre están dispuestos a aceptar a las y los jóvenes. En este caso, nos contactamos con la coordinadora de la Hospedería del Hogar de Cristo, quien desde el primer minuto estuvo muy abierta a recibir al joven. Nos reunimos, le contamos quién era, cuál era su perfil, sus intereses y desde allí evaluamos qué le podía ofrecer la institución, o qué necesidades tenía, ofreciendo la alternativa de realizar un mural”, explica Alejandra Labra, directora del centro de cumplimiento Pierre Dubois.

El joven añade que “fue una experiencia bonita, porque el trato fue bueno. Nunca esperé que me dieran esa oportunidad, se supone que se hacen otro tipo de actividades. Me dijeron que podía pintar y lo tomé altiro como una opción, salir de esto haciendo lo que me gusta”.

Manos a la obra

Durante dos horas al día, dos veces por semana, B.C (18) fue dando forma al mural con todos sus detalles. “Busqué en Internet y me fui dando una idea, hice el dibujo a pulso y salió bien. Estaba difícil el dibujo, pero lo hice con confianza y salió todo bien”, manifiesta con orgullo.

Durante sus horas de trabajo, siempre estuvo acompañado por los monitores del Hogar de Cristo, así como de los profesionales del SBC Pierre Dubois. “Hicimos un acompañamiento de más largo aliento. Además de estar con él durante las horas que estaba en la hospedería, lo apoyamos en algunas gestiones y abordamos temas más allá de los servicios comunitarios, como los conceptos de democracia, responsabilidad, respeto, empatía”, comenta Alejandra Labra.

Mientras pintaba, el joven conversaba e intercambiaba ideas con los usuarios de la hospedería. “Se me acercaban queriendo expresarse y yo los escuchaba, porque a lo mejor no tienen tantas personas con quién hablar. Mientras pintaba hablaba con ellos, me conversaban cosas positivas”, cuenta B.C.

Ese tipo de interacciones son, precisamente, las que enriquecen el cumplimiento de la sanción. En palabras de Labra, “el joven logró visualizar que los usuarios de la hospedería están en una situación de vulnerabilidad compleja y entiende que él está, de alguna manera, reparando el daño que causó. Por otra parte, el Hogar de Cristo también entiende que a los jóvenes hay que entregarles un espacio para reparar el daño causado”.

Fue entonces cuando surgió otra idea: integrar a los usuarios de la hospedería en la realización del mural. A través de una votación en papel, el joven les dio a elegir la frase que acompañaría la obra. “La alegría no depende de fuera, sino de dentro”, nos recuerda que la verdadera felicidad nace desde el interior. Así, el mural no solo embellece el espacio, sino que también simboliza segundas oportunidades y el impacto positivo del arte en la comunidad.

Para la directora regional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, Loreto Rebolledo, “historias como la de B.C nos demuestran que la reinserción es posible cuando brindamos oportunidades reales. Este joven, a través del arte, no solo cumplió su sanción, sino que desarrolla nuevas habilidades que quedan plasmadas en un mural que impacta a una comunidad en su conjunto. En el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil seguimos trabajando para que cada vez más jóvenes encuentren caminos para reconstruir sus proyectos de vida y aportar a la sociedad. Creemos en las segundas oportunidades, en el poder transformador del acompañamiento y en el compromiso individual y colectivo de la reinserción social”.

Su futuro: entre la panadería y los estudios

Tras cumplir su sanción, el joven sólo tiene palabras de agradecimiento para el Hogar de Cristo y los profesionales del SBC Pierre Dubois. “Me brindaron harta ayuda en todo lo que necesité, no me esperaba que fuera tan bueno el trato. Los profesionales del centro tuvieron la disponibilidad de estar ahí siempre para escucharme, porque a veces uno tiene dudas sobre la sanción, pero ellos siempre me aclararon las cosas”.

Ahora, reparte el tiempo entre su trabajo como maestro panadero y su futuro, donde está la posibilidad de continuar estudios, pero también de emprender. “Me gusta trabajar en panadería, porque es tranquilo y me acomoda el horario (…) me fui acostumbrando al ritmo ahora que me puse serio para mis cosas. En cuanto al futuro, me gustaría hacer mis propios negocios, viajar, porque siempre he querido conocer otros países. Espero que más adelante se presente una oportunidad, aunque también estuve pensando en estudiar química, pero de a poco voy viendo”.

Sólo tiene una certeza, que el sostén brindado por su familia en este proceso ha sido fundamental. “Estando solo se habrían hecho más difíciles las cosas, con el apoyo uno adquiere más confianza y yo creo que mi familia es bien apañadora. Agradezco harto eso, porque no cualquiera lo tiene. Me siento muy agradecido de eso y de que tengo el apoyo de los que me apoyaron en este proceso, porque quizás antes los jóvenes no tenían todas estas posibilidades”.

Al respecto, la directora del centro de cumplimiento SBC hace un llamado. “Hay pocas derivaciones desde el tribunal y, por lo mismo, estamos trabajando en demostrar los beneficios de esta sanción, que es más allá de hacer un trabajo determinado. La idea es que los jóvenes se vayan con un aprendizaje, que se sientan validados, respetados y que se sientan nuevamente parte de esta sociedad de la que se sintieron un poco aislados al momento de cometer un delito” cerró Labra.

La reciente entrada en vigencia de la nueva Ley de Delitos Económicos en Chile representa un cambio significativo en el ámbito empresarial y judicial, al elevar los niveles de responsabilidad de las compañías y sus líderes. Esta no solo redefine el alcance y las sanciones aplicables a una gran cantidad de delitos que afectan directamente la estabilidad económica, sino que también subraya la importancia crucial del cumplimiento como una herramienta estratégica para evitar, detectar y reducir tanto riesgos legales como reputacionales.

La ampliación de lo que se considera un delito económico es uno de los aspectos más importantes de esta nueva legislación. La ley ya no se limita a casos de fraude o lavado de activos, sino que también incluye delitos ambientales y corrupción dentro de las organizaciones. Esto significa que cualquier empresa, sin importar su industria o tamaño, está sujeta a un examen más riguroso y debe asegurarse de que todos sus procesos funcionen bajo un marco ético sólido.

En este sentido, el compliance  o cumplimiento normativo se convierte en una pieza clave para proteger las empresas. Ya no es opcional llevar a cabo políticas y procedimientos internos para garantizar que se cumpla la normativa vigente, sino es una obligación estratégica para reducir los riesgos de sanciones y daños reputacionales. Las empresas que no tomen medidas proactivas para ejecutar estas nuevas demandas podrían enfrentar graves sanciones o incluso la pérdida de su identidad legal.

La individualización de las sanciones es otra innovación importante en la responsabilidad penal introducida por la nueva ley. Estas se calcularán en función del ingreso promedio del condenado y no solo serán proporcionales a la gravedad del delito, lo que refuerza la necesidad de que los ejecutivos y empleados estén plenamente conscientes de los riesgos que conlleva transgredir la normativa. En este contexto, es fundamental que las empresas creen programas sólidos no solo para cumplir con la ley, sino también para asegurarse de que sus colaboradores comprendan las implicaciones de sus acciones y las consecuencias a las que podrían enfrentarse.
Cabe señalar que la ley no solo se limita a sancionar las transgresiones, sino que además, anima a las empresas a ser más proactivas en la prevención de delitos. Esto implica que todos los niveles de la organización deben tener sistemas internos de auditoría y supervisión, canales de denuncia anónima y capacitaciones regulares. Los programas de cumplimiento deben abarcar desde los niveles operativos hasta la alta dirección e incluir un enfoque preventivo que permita identificar posibles comportamientos ilícitos antes de que se materialicen.

La reputación de la empresa también está en peligro. En un mundo globalizado, donde la ética y la transparencia son cada vez más valoradas por los consumidores e inversionistas, las empresas que no se adapten a esta nueva normativa corren el riesgo de perder credibilidad. Un escándalo financiero o una acusación de corrupción pueden arruinar años de trabajo y erosionar la confianza de los interesados, lo que dificulta la supervivencia de la empresa, siendo fundamental fomentar una cultura de integridad en todas las facetas de la empresa.

Este material tiene como propósito fortalecer el conocimiento y la sensibilización sobre la Ley N° 21.057, la cual regula las entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo para menores de edad que han sido víctimas de delitos sexuales. Esta guía proporciona orientaciones prácticas para abordar procesos de develación, protección y denuncia de hechos constitutivos de delitos que pudieran afectar a un niño, niña o adolescente en contextos escolares, de salud y otros espacios.

María José Rojas, seremi de Justicia y Derechos Humanos de Coquimbo señaló al respecto que, “esta guía es una herramienta clave para quienes trabajan directamente con niñas, niños y adolescentes. Les permitirá tener el conocimiento necesario para abordar situaciones complejas de manera informada y empática, garantizando la protección y el respeto a los derechos de las víctimas”.

En la ocasión Juan Pablo Segovia, encargado del programa en la región, que entrega defensa jurídica especializada, interdisciplinaria e independiente, a niños, niñas y adolescentes (NNA) que se encuentran en modalidades alternativas de cuidado, señaló que, “el sistema de persecución penal considera a los niños y adolescentes como sujetos de derecho. Ya no meramente como un objeto de prueba, sino reconociendo toda su calidad, con todo el enfoque que ha importado este cambio de paradigma, fundamentalmente de que se aprobó y promulgó también en nuestro país la Convención sobre el Derecho al Niño. Así que, agradecido de haber compartido (la guía) con nuestro programa y siempre dispuesto a poder aportar lo que se estime necesario que como programa especializado podamos entregar”, indicó.

Los principales destinatarios de este material son profesionales y/o funcionarios del sector de educación, salud y protección especializada de niños, niñas y adolescentes. Por esta razón, durante los próximos días se distribuirá este material en dichos sectores.

Este y otros documentos relacionados con la Ley N° 21.057 también están disponibles en formato digital en el banner de Entrevistas Videograbadas en la web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

]]> 19402 https://www.coquimbonoticias.cl/2024/04/29/ley-40-horas-ya-es-una-realidad-en-la-regin-de-coquimbo-autoridades-de-gobierno-dan-el-vamos-a-la-reduccin-de-la-jornada-laboral-en-todo-el-pas/17806 Mon, 29 Apr 2024 21:33:57 +0000 https://www.coquimbonoticias.cl/?p=17806 [...]]]> En la zona más de 100 mil trabajadores y trabajadoras se verán beneficiado con la reducción de la jornada laboral

Autoridades de gobierno se desplegaron por todo el país para el dar el vamos a la entrada en vigencia de la Ley de 40 Horas este viernes 26 de abril.

Mientras en Santiago, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara; la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, y el titular de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, participaron en una festiva actividad de pausa saludable.

En ese contexto, la ministra Jeannette Jara señaló en la capital que la Ley de 40 Horas es “un logro importante para nuestro país, un logro para Chile, un logro, además, que inicia un camino a una reivindicación histórica por la cual muchos trabajadores, en los inicios del sindicalismo, incluso dieron su vida, que es tener una jornada laboral”.

“Vamos camino a las 40 horas y ese es un gran logro del país, de todas y de todos nosotros. Y lo digo con esta claridad, porque la convicción del Gobierno del Presidente Gabriel Boric fue hacer posible y real este anhelo que habían presentado con tanta voluntad, pasión y defensa, nuestra ministra Camila Vallejo y nuestra presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola”.

En la región de Coquimbo en dependencias de la empresa Sevin S.A, recibió el reconocimiento Sello 40 Horas que destaca a los empleadores que se adelantan a la implementación de la reducción de la jornada Laboral.

Al respecto el Seremi del Trabajo, Francisco Brizuela, comentó que “hoy es un día histórico porque entra en vigencia la ley 20.561, que es conocida como la ley de 40 horas. Y estamos precisamente en una empresa que se ha suscrito voluntariamente a la reducción de la jornada de 45 a 40 horas de manera voluntaria y hoy estamos celebrando esta muy buena noticia para los y las trabajadoras de nuestro país, en conjunto también con dirigentes y dirigentes sindicales que están hoy día están compartiendo esta buena noticia”.

Hay que destacar que la Empresa Cevin desde el año 2023 cuentan con una jornada de trabajo semanal de 38,5 horas y pasaron de laborar 6 días 5 cinco días en la semana y se une al selecto grupo de 23 empresas regionales que cuentan con la certificación del Sello 40 Horas.

Jorge Arana, trabajador de Cevin, compartió su alegría por la implementación de la Ley de 40 horas y dijo que “yo vengo de trabajar jornadas muy bruscas por no decir otra cosa. Que eran 68 horas semanales, entonces era una bruteza inmensa. Después pasamos, con los años a 48 horas semanales y después a las 45 horas. Y ahora lo puedo decir felizmente que estamos con 40 horas semanales”.

Mientras que Jesús Maza, Gerente y Socio de Cevin, manifestó que “evidentemente está siempre el miedo o la sensación de que qué es lo que puede pasar, se te va a bajar en tus rentas y todo. Afortunadamente, el desarrollo que hemos hecho, hemos crecido en venta, logramos estructurar de mejor forma nuestro horario y resultó”.

Paulina Mora, Seremi de Gobierno destacó la agenda legislativa que ha impulsado el gobierno del presidente Boric y explicó que “esto en conjunto con otras materias que hemos ido trabajando como gobierno, que se van complementando también para poder mejorar la calidad de vida y con cosas concretas. Y en este momento, lo que hoy día nos convoca es precisamente la disminución de esta hora, que va a ir en beneficio directo no solamente de trabajadoras y trabajadores sino que también de sus familias”.

El proyecto original de la Ley de 40 Horas fue presentado en 2017 por la entonces diputada y hoy ministra de Segegob, Camila Vallejo, y la diputada Karol Cariola. En 2022 el gobierno del Presidente Gabriel Boric ingresó indicaciones a dicha propuesta, las que surgieron de un trabajo tripartito entre trabajadores, empleadores y Ejecutivo. El proyecto fue despachado a ley por el Congreso, con apoyo transversal, en abril del año pasado y promulgada el mismo mes.

Principales alcances de la Ley 40 Horas

Dada la gradualidad contemplada en la Ley de 40 Horas, este año la jornada laboral se reduce de 45 a 44 horas de forma obligatoria. A esto se suma, en abril de 2026, una disminución a 42 horas y, luego, en 2028, que será cuando la ley entre completamente en régimen, a 40 horas.

Sin perjuicio de lo anterior, las empresas pueden implementar las 40 horas voluntariamente desde ya y sin esperar la gradualidad.

Con todo, respecto a la forma en que debe implementarse la reducción obligatoria, esta se puede acordar entre los empleadores y los sindicatos. De no haber sindicato, el acuerdo puede ser directamente entre los empleadores y los trabajadores.

Si no existe acuerdo, un dictamen emitido por la Dirección del Trabajo el 18 de abril pasado estableció el criterio para la aplicación. En esa línea, el pronunciamiento precisó que, tratándose de una jornada de lunes a viernes, el empleador deberá rebajar en una hora la jornada diaria en alguno de los 5 días que forman parte de la jornada semanal.

En el caso de una jornada semanal de 6 días, de lunes a sábado, el dictamen sostiene que el empleador deberá disminuir al menos 50 minutos en uno de los días de la jornada semanal y la fracción de 10 minutos, en otro día.

Entre otros aspectos que incorpora la nueva ley, destaca que las empresas que apliquen las 40 horas desde ya pueden acceder a otras regulaciones. Por ejemplo, acordar distribuir con los trabajadores que la jornada se distribuya en cuatro días de trabajo por tres de descanso, conocida como 4×3, lo que es una innovación adoptada también en otros países.

Además, se incorpora un sistema bandas horarias para trabajadores que son madres, padres o que tengan el cuidado personal de niños de hasta 12 años. De esta manera, podrán anticipar o retrasar hasta en una hora el comienzo de sus labores, lo que determinará también el horario de salida.

Por ejemplo, si un trabajador ingresa por contrato a las 9.00 horas y sale a las 17.00 horas, podrá adelantar el ingreso a las 8.00 y retirarse a las 16.00; o bien, retrasar la entrada a las 10.00 y salir a las 18.00.

Para hacer uso de este derecho deberán entregar al empleador el respectivo certificado de nacimiento o la sentencia que le otorgue el cuidado personal de un niño o niña.

La nueva regulación define como ‘entidades obligadas’ a aquellas compañías o locales comerciales que puedan significar algún tipo de riesgo para la seguridad pública a raíz de su funcionamiento, y los obliga a implementar medidas de seguridad con nuevos estándares técnicos referentes a tecnología y recursos materiales, según la clasificación de riesgo (bajo, medio y alto).

¿Cómo saber si tu empresa entra en esta categoría?

Respecto a este punto, deberás tener presente si tu empresa, bajo el marco normativo anterior, fue notificada bajo resolución exenta como ‘entidad obligada’. Esta condición se mantendrá hasta por dos años desde la entrada en vigencia de la ley. Adicionalmente, nuevas empresas podrán ser notificadas mediante resolución exenta a cargo del nuevo órgano rector, la Subsecretaría de Prevención del Delito.

La ley ha establecido los siguientes criterios  que permitirán  clasificar el nivel de riesgo de cada entidad obligada, dicha evaluación considera aspectos como las actividades que desarrollan; la ubicación del establecimiento; las características del entorno o funcionamiento; el valor o peligrosidad de los objetos que transporte, almacene o se encuentren en su interior; la alta concurrencia de público; el cumplir funciones estratégicas o prestar servicios de utilidad pública; el monto de sus transacciones y sus utilidades; el horario de funcionamiento, y la ocurrencia reiterada de delitos en la entidad.

“Si bien el nuevo marco regulatorio es un avance relevante en cuanto a la protección de los activos y procesos productivos para diferentes áreas de la actividad económica como la banca, minería, telecomunicaciones, centros comerciales, retail, supermercados y centros logísticos, entre otros, también mandata a estas empresas a doblar esfuerzos y recursos para hacer frente al nuevo escenario de cumplimiento normativo aplicable al mundo privado que además, trae aparejado un sistema sancionatorio que establece un nuevo esquema de infracciones y multas, incorporando como posible sanción la clausura temporal o definitiva, lo que sin duda tiene un impacto económico relevante para cualquier compañía infraccionada”, explica Eduardo Hernández, gerente Legal de ALTO Chile.

“Es fundamental que las empresas se informen adecuadamente sobre los alcances de esta ley para evitar escenarios de incumplimiento normativo. El foco debe estar en priorizar la correcta implementación de las medidas de seguridad exigidas por la ley y sus reglamentos complementarios en cada una de sus instalaciones y poner en marcha cuanto antes los planes de cumplimiento y monitoreo permanente de las medidas autorizadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito”, agrega el ejecutivo.

Es relevante considerar que las multas asociadas al cumplimiento pueden llegar hasta las 13.500 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), más de $874 millones, arriesgando incluso la clausura temporal o definitiva.

ALTO, buscando apoyar a las empresas que deberán implementar nuevas medidas para dar cumplimiento a la nueva regulación, ha contribuido a través de diversas instancias informativas que permiten acercar los alcances de la ley. La última, un conversatorio dirigido a los miembros de la Asociación Logística de Chile (ALOG).

La iniciativa es impulsada a través del Programa “Mujeres Jefas de Hogar” del SernamEG, el cual se implementa en 13 comunas, con una cobertura de más de 900 participantes a nivel regional

Es una de las instancias de capacitación y formación más reconocidas y de mayor convocatoria del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG). El programa Mujeres Jefas de Hogar tiene por objetivo contribuir al fortalecimiento de la autonomía económica de la diversidad de mujeres del territorio y para ello, la información es trascendental.

En la región, la iniciativa se implementa en 13 comunas, con una cobertura de más de 900 participantes, 180 pertenecen de la comuna de Coquimbo. Algunas de ellas, participaron de una gran jornada informativa sobre el Cumplimiento y Pago Efectivo de las Pensiones de Alimentos, dirigida por la Abogada de la Seremi de Justica y Derechos Humanos, Javiera Cáceres Mendieta. En este sentido, la autoridad de la institución, Rubén García, indicó “en colaboración con SernamEG y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, hemos podido dar difusión sobre una importante ley que es el registro de deudores de alimentos y el pago efectivo de la pensión, que ha permitido que en el país se han pagado a través de esta ley, 169 mil millones de pesos”.

La jornada fue muy valorada por las asistentes, quienes resolvieron dudas y también recibieron asesoría personalizada. La participante Silvia Martínez, comentó, “una no sabe y con esta charla una queda súper clara en cómo actuar. Espero que esta información les sirva a todas las mujeres que están en esta vulnerabilidad, pongámoslo de esa forma en este momento, y que se empiecen a abrir caminos hacia todas y hacia todos los niños, que ningún niño quede sin su pensión”.

Para Priscilla Olivares, directora regional del SernamEG, “nosotros como servicio promovemos siempre que las mujeres beneficiarias de nuestros programas estén informadas de todos los avances legislativos que las puedan favorecer, y en ese sentido, esta alianza estratégica tanto con la Seremi de Justicia, como con la Seremi de la Mujer, nos favorece un montón, porque justamente en nuestro programa, tenemos jefaturas de hogar femenina que les adeudan pensiones de alimento. En esta oportunidad, pudieron conocer cuáles son sus derechos, cómo pueden solicitarlo y avanzar en dignidad”.

Por su parte, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Fernanda Glaser, destacó, “estuvimos informando, junto a la Seremía de Justicia, sobre pago efectivo de pensiones de alimentos, que es una ley que promulgamos dentro de nuestro Gobierno del Presidente Gabriel Boric, para que las mujeres sepan que, primero, esta ley lo que hace es dignificar el acceso a la justicia, que ya no son ellas las encargadas de demostrar, con medios de prueba, cuánto gana el deudor, dónde están sus fuentes de ingresos, etc. Y segundo, que sepan cuáles son las medidas de presión, las medidas de pago efectivo, para que puedan acercarse a la Corporación de Asistencia Judicial, para que cada una pueda llevar su caso” señaló la autoridad.

Finalmente, otra de las participantes, Silvia Céspedes, contó su experiencia de vida, “a mí me parece muy bueno, muy bueno, porque así uno aprende, le enseñan a una (…), yo tengo a mi nieto de ocho meses y mi hijo nunca le ha dado nada. Así que esta jornada me parece muy bien. Estoy contenta”.

En Chile, más del 40% de los hogares tiene a una mujer como jefa de hogar. Una cifra que reveló el último censo, lo cual refuerza el compromiso del SernamEG en su misión de fomentar la autonomía de las mujeres y el derecho a la información.

El Congreso aprobó de forma transversal la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, la cual establece las bases y lineamientos para abordar la violencia contra las mujeres en sus distintas expresiones, y los deberes del Estado en la materia.

El Gobierno del Presidente Boric dio prioridad legislativa a la iniciativa, que fue ingresada por la primera ministra de la Mujer de Chile, el año 2017.

“Las mujeres siempre partimos desde el punto que nos dejaron las anteriores. Y si nuestras abuelas pudieron ser de las primeras en ingresar al trabajo remunerado formal, si las mujeres recuperaron la democracia, si pudimos tener las primeras leyes de violencia intrafamiliar, femicidio y la creación del Ministerio de la Mujer, hoy también hemos dado un nuevo paso para las próximas generaciones, para poder tener una Ley Integral en contra de la violencia”, señaló la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello, luego de aprobarse esta iniciativa que llevaba cerca de siete años de tramitación y a la cual el Gobierno puso prioridad legislativa e introdujo diversas actualizaciones.

Junto con reconocer a la sociedad civil, “que mantuvo vivo este proyecto durante siete años”, la ministra agradeció la votación transversal que tuvo la ley en la Cámara y el Senado. “Eso nos muestra que la violencia contra las mujeres es una prioridad que debe ser de Estado y que no está circunscrita tan solo a un sector, sino que podemos enfrentarla a través de acuerdos amplios”. En este sentido, valoró el trabajo transversal de las diputadas y senadoras e hizo mención especial a las parlamentarias de Demócratas, Renovación Nacional y de la UDI, “que nos acompañaron en este trámite y que vieron lo importante que es esto para la mayoría de las mujeres y también del país y que estuvieron dispuestas a encontrar acuerdos”.

Se trata de un marco normativo para abordar la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en razón de su género, que establece las bases y lineamientos para su abordaje, y los deberes de los distintos órganos del Estado en esta materia, acorde a los compromisos emanados de la Convención de Belém do Pará, instrumento internacional suscrito y ratificado por Chile desde 1996.

Entre muchos otros aspectos, una vez promulgada, la ley permitirá mejorar la fiscalización de las medidas cautelares y establecer un mecanismo de supervisión judicial para garantizar su cumplimiento y pertinencia. Además, amplía las medidas cautelares a delitos y agresiones que ocurran fuera de relaciones filiales, afectivas o de convivencia. Hasta ahora, solo se pueden decretar medidas cautelares inmediatas en los casos de violencia intrafamiliar.

Asimismo, la ley fortalecerá el rol de representación jurídica del SernamEG en casos de femicidios o suicidios femicidas para llegar antes y más rápido; garantiza la asistencia y representación judicial gratuita a las víctimas de violencia de género; incorporará a los niños y niñas como víctimas de la violencia que viven sus madres o cuidadoras y no solo como testigos, y permitirá contar con un sistema de gestión integral de casos, para que todos los organismos que trabajan en la prevención, atención y reparación de la violencia contra la mujer, cuenten con la misma información y puedan intervenir y articularse eficientemente, evitando -además- la revictimización.

Esta ley define el concepto de violencia de género y sus distintas expresiones, como, por ejemplo, física, psicológica, sexual, económica, gineco-obstétrica, entre otras. Desde un enfoque preventivo, el objetivo es propiciar la elaboración e implementación de planes, programas y protocolos para su prevención.

Algo fundamental es que esta iniciativa -ingresada por la primera ministra de la Mujer de Chile, Claudia Pascual- establece los deberes de los órganos del Estado en materia de prevención, investigación protección, sanción y reparación de violencia contra las mujeres, y les mandata a actuar con estándares de debida diligencia, lo que implica que investiguen o juzguen hechos de violencia de género, según corresponda, y adopten medidas oportunas, idóneas, y exhaustivas para garantizar el acceso a la justicia, y así evitar el archivo de casos.

Otro cambio fundamental es que dispone que no se podrá aplicar la atenuante de haber actuado por arrebato o una ofuscación tenaz.