Este sábado, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, participó del Consejo General del partido Evópoli, instancia en la que recibió formalmente el documento con propuestas programáticas elaboradas por dicha colectividad.

Durante la jornada, que también contempló la oficialización de precandidaturas al Congreso, Evópoli expresó su respaldo explícito a la exalcaldesa de Providencia.

En su intervención, la abanderada presidencial defendió el progreso alcanzado en las últimas décadas. “Nunca avanzó tanto nuestro país como en los aporreados 30 años. La única forma en que se solucionan los problemas de Chile es sentándose a conversar”, afirmó Matthei, en un discurso centrado en la búsqueda de acuerdos amplios y soluciones concretas para el país.

Evelyn Matthei también destacó su experiencia en gestión municipal. “En Providencia nunca me tembló la mano y fuimos la comuna donde más se avanzó en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia”, enfatizó subrayando su compromiso con la seguridad ciudadana.

Durante su discurso la candidata dejó entrever los ejes de su propuesta presidencial. En materia de seguridad y migración, expresó que se enfrentará con decisión la inmigración descontrolada y la criminalidad importada. “Estos nuevos delitos han sido traídos desde el extranjero y vamos a sacarlos como vinieron”, afirmó.

En empleo y crecimiento, comprometió una agenda ambiciosa para crear 800 mil empleos y aseguró que terminará con abusos como “el de las 25 mil personas que se fueron al extranjero con licencia médica, o 13 mil que se fueron a jugar al casino. Estaban enfermos para trabajar, pero sanos para ir a jugar”, denunció.

Matthei cerró su discurso con un llamado a la esperanza. “Vamos a lograr que el país vuelva a crecer. Hay futuro. Hay esperanza para sus hijos y nietos”. Con firmeza y sentido de responsabilidad, reafirmó su compromiso con Chile: “Con mucha responsabilidad y con la mejor gente, tenemos que trabajar por las chilenas y los chilenos”.

Informe interno revela que al menos 10 fiscales y 32 funcionarios realizaron viajes mientras estaban con licencia médica entre 2022 y 2025. Los casos se distribuyen en 11 regiones del país, aunque no se precisó cuáles.

Un informe elaborado por la División de Contraloría Interna de la Fiscalía Nacional reveló que un total de 42 funcionarios del Ministerio Público, entre ellos 10 fiscales y 32 trabajadores administrativos, abogados asistentes, abogados asesores, técnicos y auxiliares, viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica activa, entre los años 2022 y 2025.

La investigación surge a raíz de la creciente preocupación por el mal uso de licencias médicas en el sector público, tema que ha generado controversia tras los hallazgos de la Contraloría General de la República. Para elaborar el informe, la Fiscalía Nacional realizó un cruce de datos con información entregada por la Policía de Investigaciones (PDI), con el objetivo de identificar “eventuales casos que contravinieran los principios de probidad y cumplimiento de deberes”.

Aunque el informe no detalla qué regiones están involucradas, se informó que los casos detectados se distribuyen en 11 regiones del país. La Fiscalía ya remitió los antecedentes a cada una de las Fiscalías Regionales respectivas para que se tomen las medidas administrativas correspondientes, como sumarios, solicitudes de informes u otras acciones de verificación.

Desde la Fiscalía Nacional señalaron que esta decisión se enmarca en la política institucional de fortalecer los controles internos y actuar de manera proactiva frente a posibles irregularidades. El informe interno fue emitido luego de que la Contraloría General de la República diera a conocer el noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC), en el que se expuso que más de 25 mil trabajadores públicos habrían salido del país con licencia médica vigente.

La magnitud del fenómeno ha generado una ola de reacciones en distintas instituciones del Estado. En su último informe, la Contraloría destacó casos en organismos como la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y la Fundación Integra, lo que motivó que incluso en la Cámara de Diputados se comenzaran a instruir investigaciones internas.

Por ahora, se desconoce si algunos de los funcionarios involucrados serán objeto de acciones judiciales, pero desde el Ministerio Público se indicó que “los antecedentes están siendo revisados para determinar eventuales responsabilidades administrativas”.

Según la encuesta “Chile Nos Habla” de la Universidad San Sebastián, un 64% de los encuestados exige que se desvincule a los funcionarios públicos que viajaron al extranjero con licencia médica. Aún más: un 70% quiere que devuelvan el dinero. Pero, pese a la indignación, la mayoría cree que no pasará nada.

Mientras el país aún digiere el escándalo de las más de 25 mil licencias médicas utilizadas para salir del país, la ciudadanía ya tiene clara su postura: esto no puede quedar impune. Así lo confirma la más reciente edición de la encuesta Chile Nos Habla, elaborada por la Universidad San Sebastián, que revela la creciente indignación de los chilenos ante lo que muchos ya califican como “fraude con fondos públicos”.

El 64,2% de los consultados quiere la desvinculación inmediata de los funcionarios públicos que usaron licencias médicas para vacacionar fuera del país. Pero el repudio va más allá: el 69,9% exige el reembolso del dinero pagado por esas licencias, un castigo que apunta directamente a resarcir el daño fiscal causado.

“Este hecho es de la mayor gravedad, daña la fe pública y la legitimidad del Estado. En momentos de estrechez fiscal, duele constatar que este fraude se financió con los impuestos que pagan todos los chilenos”, advirtió Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la USS.

La indignación también apunta a los médicos: un 44,9% cree que se debe investigar a quienes emitieron esas licencias, mientras que un 41,7% exige acciones legales contra los funcionarios involucrados y un 40,9% solicita la realización de sumarios administrativos.

Pero, pese a la contundencia de las respuestas, la desconfianza ciudadana sobre el desenlace es evidente: un 58,4% cree que no pasará nada con los involucrados. Solo un 11% confía en que se tomen medidas reales y ejemplificadoras.

Para el Dr. Jorge Acosta, director del Instituto de Políticas Públicas en Salud (IPSUSS), los encuestados aciertan al exigir más fiscalización: “Urge evitar la utilización maliciosa de las licencias médicas y que aquello tenga consecuencias, tanto para los que las piden como para quienes las emiten”.

La ciudadanía ya habló: quiere justicia, reembolso y desvinculaciones. Pero teme quedar, otra vez, viendo cómo todo se diluye en la impunidad.

Weber lo resume así: “Este es el momento para sancionar conforme a derecho y, además, repensar un sistema de empleo público que hoy actúa más como un escudo de impunidad que como garante del buen uso de los recursos públicos”.

Chile Nos Habla se realizó entre el 23 y el 27 de mayo de 2025 con 834 casos válidos a nivel nacional.