La Fiscalía lo acusa de generar pagos indebidos por más de $4.600 millones en subsidios. El profesional se convirtió en el mayor emisor de licencias médicas del país durante 2024.

Un caso que ha encendido las alarmas en el sistema de salud y en el uso de recursos públicos quedó al descubierto en Coquimbo, luego de que el Juzgado de Garantía de la comuna decretara prisión preventiva para un médico acusado de emitir 11.880 licencias médicas fraudulentas en poco más de dos años.

El imputado, identificado como L.R.C.Z., médico cirujano de nacionalidad ecuatoriana, fue formalizado por el Ministerio Público como autor de delitos reiterados de emisión fraudulenta de licencias médicas y fraude de subvenciones, ilícitos que habrían sido cometidos entre enero de 2023 y junio de 2025.

Durante la audiencia de formalización, el magistrado Darío Díaz Peña y Lillo ordenó el ingreso inmediato del facultativo a prisión preventiva, argumentando peligro de fuga, además de fijar un plazo de investigación de 120 días.

Casi 12 mil licencias en dos años

Según los antecedentes presentados por la Fiscalía, el médico emitió 11.880 licencias médicas electrónicas utilizando las plataformas I-Med y Medipass, tanto para afiliados a Fonasa como a isapres.

De ese total:

• 11.239 licencias fueron para afiliados a Fonasa

• 935 licencias para afiliados a isapres

Las licencias eran emitidas bajo su nombre como prestador individual y también a través del centro de salud Surmédica SpA, empresa creada por el imputado junto a su madre y con domicilio en la comuna de Coquimbo.

Lo más llamativo del caso es que solo 275 licencias fueron otorgadas de forma presencial, mientras que 11.065 se emitieron de manera remota, lo que generó fuertes cuestionamientos sobre el control de estos procesos.

De hecho, durante 2024 el imputado llegó a convertirse en el mayor emisor de licencias médicas de todo Chile.

Diagnósticos sin especialidad

Otro elemento que llamó la atención de los investigadores es que la mayoría de las licencias correspondían a patologías mentales y enfermedades osteomusculares, pese a que el médico no cuenta con especialidad registrada en la Superintendencia de Salud.

Funcionarios con licencia… y de viaje

La investigación también detectó situaciones que evidenciarían el uso irregular de estas licencias.

Entre los casos detectados se encuentran:

• 36 licencias otorgadas a 34 funcionarios públicos que viajaron al extranjero durante el reposo médico.

• 6 licencias emitidas a funcionarios que asistieron a casinos de juego mientras estaban con licencia.

Estos antecedentes forman parte de la investigación que busca determinar la magnitud del fraude.

Más de $4.600 millones en pagos indebidos

De acuerdo con la Fiscalía, 10.741 licencias tramitadas en Fonasa generaron pagos improcedentes por $4.639.802.932 en subsidios por incapacidad laboral, recursos provenientes del sistema público.

La cifra ha generado fuerte preocupación debido al impacto que este tipo de prácticas puede tener en el financiamiento del sistema de salud.

Tribunal considera contundentes los antecedentes

Al decretar la prisión preventiva, el juez sostuvo que los antecedentes presentados por la Fiscalía son lo suficientemente sólidos para acreditar la existencia del delito en esta etapa del proceso.

“Básicamente por el número de licencias que el imputado emitió, las circunstancias en que aparentemente se habrían extendido, el número de atenciones diarias, los promedios mensuales y los horarios de emisión de estas licencias médicas. Eso es un antecedente demasiado contundente”, señaló el magistrado.

Además, el tribunal consideró que existe riesgo de fuga, ya que el imputado habría intentado salir del país.

“Sabemos que existen problemas para los controles migratorios en este país y el hecho que el imputado pretendiera salir del país constituye un antecedente objetivo que permite estimar la posibilidad de fuga”, indicó el juez.

Con el médico ahora en prisión preventiva, la Fiscalía tendrá 120 días para profundizar la investigación, en un caso que podría convertirse en uno de los mayores escándalos por fraude con licencias médicas en Chile.

Un grave error médico ocurrido en la Clínica Regional del Elqui SpA (RedSalud Elqui) terminó con una contundente condena judicial que obliga al centro asistencial a pagar una indemnización total de $300 millones por el daño causado a un paciente que quedó con daño neurológico irreversible tras recibir un medicamento equivocado.

La sentencia fue dictada por el Segundo Juzgado de Letras de La Serena, en un fallo emitido por la magistrada Ghisleine Landerretche Sotomayor, quien concluyó que existió un actuar negligente del personal médico de la clínica durante la atención del paciente.

De acuerdo con lo acreditado en el proceso, el afectado sufrió un severo deterioro de conciencia del cual no ha logrado recuperarse. El tribunal estableció que esta condición se originó tras un accidente farmacológico ocurrido al interior del centro asistencial, donde se administró dexmedetomidina, un sedante de uso quirúrgico, en lugar de dexametasona, lo que provocó una intoxicación medicamentosa por dosis tóxica.

En el fallo, la magistrada señala que el tribunal logró formar la convicción de que el deterioro neurológico del paciente se explica directamente por este error en la administración del medicamento. La resolución sostiene que el paciente fue intoxicado y tratado con descuido manifiesto por parte del personal de la Clínica RedSalud Elqui, el cual no actuó con la diligencia que exige la atención médica.

El tribunal concluyó que la negligencia del centro asistencial tuvo consecuencias devastadoras tanto para el paciente como para su familia, especialmente por el impacto permanente que el daño neurológico provocó en su calidad de vida.

Debido a lo anterior, la justicia acogió parcialmente la demanda presentada por la pareja y la hija del afectado, ordenando el pago de $150 millones para cada una de ellas por concepto de daño moral. La sentencia establece que la angustia y el sufrimiento experimentados por la familia resultan plenamente comprensibles, considerando que la atención médica defectuosa agravó gravemente el estado del paciente.

La resolución judicial sostiene que el cumplimiento imperfecto de las obligaciones asumidas por la clínica en el marco de un servicio de urgencia terminó provocando un deterioro irreversible en la salud del afectado, generando además profundas consecuencias emocionales y familiares que el tribunal consideró acreditadas durante el proceso.