Este viernes se concretó el duodécimo vuelo con 67 personas. Los destinos fueron Bolivia, Ecuador y Colombia.

A un 45,3% más que todo el año 2025 llegó hoy el aumento de expulsiones, tras darse cuenta del duodécimo vuelo de la administración de José Antonio Kast. De esta forma, el número desde el 11 de marzo a la fecha llega a 1.840, cifra que contrasta notablemente con los 1.267 del año pasado.

La suma total desde enero al 6 de noviembre es de 2.136. Los destinos del chárter comercial de esta mañana con 67 nuevos expulsados, son Colombia (39 ciudadanos); Bolivia (12); y Ecuador (16). El 78% de los casos corresponden a ingresos por paso no habilitado. Otros obedecen a asociación ilícita; receptación de vehículo motorizado; robo con intimidación; robo con violencia; y siete por microtráfico o tráfico ilícito de drogas.

Cabe mencionar que desde el 23 de octubre -fecha del undécimo vuelo- a hoy, se sumaron 133 expulsados: es decir, un promedio de 9 salidas diarias en 14 días.

La actualización de las cifras migratorias fue entregada por el Subsecretario del Interior Máximo Pavez, junto al Director Nacional del SERMIG Frank Sauerbaum; el nuevo subdirector de Migraciones, Control de Fronteras e Inteligencia Prefecto General Luis Orella; y el recientemente nombrado Jefe Nacional de Migraciones y Policía Internacional Prefecto Jaime Lazo Chandia.

Sobre la gestión en materia migratoria el Subsecretario del Interior, Máximo Pávez destacó que durante los cuatro años del gobierno anterior se registraron 23 vuelos de expulsión, sólo 23, a un ritmo aproximado de uno cada dos meses. “Con el operativo de hoy, el actual gobierno alcanza 12 vuelos en casi ocho meses, triplicando la frecuencia mensual de estas operaciones. Quiero dar un dato respecto a lo que decía anteriormente, 11.625 salidas voluntarias se registraron versus 4.253 en todo el 2025, es decir, acá hay un cambio de mano, y eso se ha ido notando en la gestión del ordenamiento migratorio.

Respecto a las expectativas en materia migratoria el Director Nacional del SERMIG Frank Sauerbaum destacó el uso de los $4 mil millones que se aprobaron en el presupuesto 2026. “Estamos utilizando en este momento 1.700 millones solicitados al Ministerio del Interior, que vamos a utilizar de aquí a diciembre. Pero la buena noticia es que el Congreso Nacional, hace unos días nos ha aprobado en la comisión mixta $11.600 millones solo para expulsiones para el año 2027 (…) Las expectativas son, evidentemente, seguir ejecutando permanentemente estos vuelos de expulsión. Yo quiero recordar que estos vuelos de expulsión que nosotros anunciamos cada cierto tiempo no son los únicos que se hacen”, afirmó.

Salidas Voluntarias

Por otra parte, se dio cuenta que 11.625 personas extranjeras han dejado Chile entre enero y octubre. El 80,5% de ellas (9.360) corresponden a ciudadanos venezolanos, y el 9,1% (1.060) a colombianos.

Así, al sumar las 2.136 expulsiones y las 11.625 salidas voluntarias, se contabilizan 13.761 extranjeros que abandonaron el país durante el año en curso.

Ingresos por paso no habilitado

En cuanto a las personas denunciadas en frontera (no reconducidos), se registran 320 casos entre enero y octubre, lo que representa una caída del 93% respecto de los 4.612 casos de 2025.

Respecto de las fiscalizaciones en todo el país, estas presentan un incremento de 29% con 1.984 inspecciones, frente a las 1.537 de 2025. En estas, se ha controlado a 46.475 extranjeros, lo que representa un 52% más que el año pasado.

Gracias a estas fiscalizaciones en el territorio nacional, se han constatado 14.611 casos de denuncia por ingreso por paso no habilitado.

Detenidos en marcha del 18-O

Sobre los extranjeros detenidos durante los hechos del 18 de octubre fueron objeto de órdenes de expulsión dictadas mediante la facultad extraordinaria del Subsecretario del Interior por razones de seguridad interior. Las autoridades destacaron que las órdenes ya fueron emitidas y actualmente se encuentran en tramitación los procedimientos correspondientes. Sobre esto Sauerbaum destacó que "Hay un procedimiento que se divide en 2. La primera parte tiene que ver con revisar la situación migratoria. La mayoría de ellos (3 peruanos y 2 haitianos) estaba con residencia definitiva, algo que es bien incomprensible para una persona que se le entregue una residencia definitiva termine en marcha, haciendo daño a la propiedad pública o privada, les retiramos la residencia definitiva. Luego de eso se le ordenó y se le instruyó la orden de expulsión, y ellos están notificados. Una vez notificados tienen 10 días para apelar (…) esa apelación la tiene que ver la justicia, si corresponde o no. La notificación de la expulsión ya está entregada, por lo tanto, ellos están haciendo uso de los 10 días que tienen para poder hacer la apelación", aseguró.

Gracias a las coordinaciones impulsadas entre la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, el Servicio Nacional de Migraciones y Gendarmería de Chile, se desarrolló una capacitación dirigida a funcionarios penitenciarios sobre la subcategoría migratoria “Permiso para extranjeros sujetos a la custodia de Gendarmería de Chile”, establecida en el Decreto N°177 de 2022.

La instancia surgió a raíz de consultas recurrentes desde las unidades penales de la región respecto a la situación migratoria de personas extranjeras privadas de libertad o sujetas a medidas cautelares y sanciones en medio libre, permitiendo entregar orientación técnica y fortalecer el trabajo coordinado entre instituciones.

En ese sentido el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Humberto Bermúdez, destacó que “esta instancia refleja el compromiso interinstitucional que existe para abordar de manera coordinada los desafíos asociados a a la seguridad pública. Como Ministerio seguiremos promoviendo espacios de capacitación y articulación que fortalezcan la labor que realiza Gendarmería de Chile en la región”.

Por su parte, el director regional del Servicio de Migraciones, Rosendo Yáñez, señaló que “estamos muy contentos con la convocatoria, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Gendarmería, en ese sentido, creemos que la capacitación de ellos sea para que puedan efectuar la facultad de que esta persona puedan tener algún tipo de regularidad migratoria mientras cumplen su condena”.

Finalmente, el director regional de Gendarmería, coronel Francisco Bravo manifestó que, “Como Institución, valoramos profundamente este tipo de instancias de capacitación y coordinación interinstitucional. Esta charla, desarrollada por personal del Servicio Nacional de Migraciones, permite fortalecer los conocimientos de nuestros funcionarios y funcionarias en materias vinculadas a normativa migratoria, procedimientos y contextos actuales, entregando herramientas relevantes para el correcto desempeño de sus funciones. Para Gendarmería de Chile, el trabajo colaborativo entre instituciones es fundamental para avanzar en una gestión más eficiente, actualizada y acorde a los desafíos que hoy enfrenta el servicio público”.

La actividad se realizó en dependencias de la Dirección Regional del Servicio Nacional de Migraciones en La Serena y contó con participación de personal de distintas unidades penales de la región.

El sector de Tierras Blancas en la comuna puerto, fue el lugar escogido para la realización de un operativo en terreno dirigido a la población extranjera, con el propósito de darles a conocer a ellos
cuáles son sus derechos, acceso a beneficios sociales, resolver sus inquietudes, entre otros asuntos relacionados con el fenómeno migratorio.

‘’El operativo busca orientar, definir y clarificar las dudas que los migrantes puedan tener respecto a materias como la auto denuncia, las medidas y los servicios que ellos puedan obtener en el país’’ indicó el Subprefecto Germán Cerda, Jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional La Serena.

La realización de esta instancia permitió que se denunciara a 25 migrantes, quienes no contaban con su situación regularizada en territorio nacional. De ellos, 24 corresponden a ciudadanos venezolanos y 1 de nacionalidad cubana, todos por la misma causa, la infracción al Art. 127 de la ley 21.325 de Migraciones y Extranjería.

La actividad fue posible realizarla gracias a la gestión y planificación intersectorial que existe entre diversos organismos tanto públicos como privados, con el objetivo de abordar de mejor manera la situación migratoria. Por último, este tipo de operativos continuarán realizándose a lo largo de la región de Coquimbo.

La academia, Naciones Unidas y las agrupaciones representativas de la población migrante forman parte de este espacio que se desarrolla en todo el país. “Lo prudente es regularizar y ordenar la situación. Queremos ponernos de acuerdo en materias claves”, sostuvo el Delegado Presidencial, Rubén Quezada.

Chile no ha estado exento del fenómeno migratorio y uno de los compromisos del Gobierno del Presidente Gabriel Boric es abordar esta realidad.

Es por ello que se ha impulsado una serie de conversatorios en todo el país para ir recogiendo distintas miradas para la formulación de una Política Nacional de Migración. “Lo prudente es regularizar y ordenar la situación. Existe una Ley que va a derivar en una política migratoria de la cual nos estamos haciendo cargo, llamando no solo al sector académico, también a los ciudadanos y a las personas migrantes, y así ponernos de acuerdo en materias claves, por ejemplo, cómo se va a regularizar el tema o asuntos como el progreso económico, seguridad, entre otros aspectos”, explicó el Delegado Presidencial Regional, Rubén Quezada.

Se trata de una instancia en la que participa un panel de expertos, compuesto por el Director Regional de Migraciones, el Centro de Políticas Públicas de la UCN, la Organización de las Naciones Unidas a través de la Organización Internacional para las Migraciones OMI, y representantes de la población migrante en la región. Estos últimos valoraron la invitación a formar parte de estos espacios.

“Hoy la realidad del migrante es compleja. Estamos estigmatizados y criminalizados. Para hablar de nosotros hay que ponerse en nuestros zapatos, hay que ir a terreno, a los campamentos, a conversar con nosotros. Damos las gracias por habernos incluido”, indicó Mery Cortes, Presidenta de la Corporación de Colectividades Extranjeras.

Y es que Mery lleva 20 años en nuestro país y su agrupación representa a 12 países. Para ella, falta más empatía, respeto y conciencia social. “Todos, cuando nacemos, tenemos derechos humanos inalienables. Necesitamos que se nos reconozcan nuestros derechos, porque también venimos a aportar, en economía, en interculturalidad, en deportes. No todos venimos a hacer maldades, muchos venimos a entregar conocimiento y a trabajar”, expresó.

En la Región de Coquimbo, se estima que reside un 2,4% de la población migrante total en Chile. Es decir, 34.871 de un universo de 1.482.390. El 59,4% de esta población en la zona tiene entre 25 y 44 años.

De ellos, 29,7% son de nacionalidad venezolana, 16,9% colombianas, 14,9% haitianas, 8,8% peruanas, 7,8% bolivianas, 5,8% argentinas y un 16,1% corresponde a otras nacionalidades. En cuanto a su género, 18.340 personas son hombres, mientras que 16.531 corresponde a mujeres.

Elementos claves para una política eficiente._

Para Luis Moncayo, Académico Políticas Publicas Universidad Católica del Norte, una política efectiva en esta materia debe considerar la diversidad territorial, ya que los procesos migratorios adquieren características distintas según las regiones.

“Un segundo elemento es que contenga un diseño institucional que haga partícipe a los distintos niveles del Estado como los Gobiernos Regionales y los municipios porque ellos pueden contribuir a una buena gobernanza”, señaló Moncayo ya que, agregó “el diseño de la Ley es centralista y hace descansar excesivamente en el Servicio Nacional de Migraciones, una serie de funciones que pueden ser compartidas”.

Y una tercera arista es que contemple la realidad sociocultural de los territorios, porque el fenómeno de la migración, explicó el académico de la UCN, no solo depende de las normas o políticas, también de la sociedad civil.

“El desafío es cómo la sociedad civil es capaz de integrar a la población extranjera positivamente, para que contribuya al desarrollo del territorio y el país, creo que una nueva política nacional, debe considerar las fortalezas y debilidades que tiene la sociedad respecto a este tema”, puntualizó Luis Moncayo.

El Departamento de Migraciones y Policía Internacional La Serena desarrolló el procedimiento de control de identidad a decenas de migrantes en el borde costero de Coquimbo.

Hasta el sector de las cocinerías de la Caleta de Pescadores de Peñuelas, en la Avenida Costanera de Coquimbo, se trasladaron los detectives del departamento de Migraciones y Policía Internacional La Serena. En uno de los estacionamientos, comenzaron a realizar el control migratorio a decenas de extranjeros que se encuentran buscando empleo, en el borde costero.

“Con la información disponible en nuestra unidad y en conjunto con la Oficina de Análisis Criminal, planificamos este procedimiento que permitió el desarrollo de 56 controles migratorios y 45 extranjeros fueron denunciados por ingreso clandestino al país, 41 de nacionalidad venezolana y 4 de Colombia”, señaló el Subprefecto Germán Cerda, Jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional La Serena.

Para ver en terreno los detalles del procedimiento policial y atender a la población migrante que se encontraba en el sector de Peñuelas, un equipo del Servicio Nacional de Migraciones, asistió para responder las inquietudes de los extranjeros, y la principal consulta se relaciona con las expulsiones tras las denuncias.

“Fue lo primero que les indiqué y dejé en claro. No necesariamente la expulsión es consecuencia de la autodenuncia o denuncia de la policía civil. Si bien es facultativa por parte de la autoridad, corresponde hacer un análisis acabado de mucha información, por ejemplo, con quién se encuentran en el país, si tienen vínculo con chilenos, si permanecen con niños, niñas o adolescentes, si están arraigados en el país, entre otros puntos importantes de evaluar antes de tomar la decisión”, señaló Ricardo Spronhle, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional La Serena.

Las fiscalizaciones continuaron durante la semana en el Terminal de Buses de La Serena, donde los detectives controlaron la identidad de 20 extranjeros, entre trabajadores y transeúntes. El procedimiento terminó con 8 denunciados, 5 venezolanos y 2 colombianos debido al ingreso por un paso no habilitado y una colombiana por tener vencida su visa de residencia.

El Intendente de Coquimbo, Pablo Herman, indicó que dicho trámite lo podrán realizar aquellas personas que ingresaron al país, a través de pasos habilitados y que se encuentren con su visa vencida, a través del portal del Departamento de Extranjería.

Con la nueva Ley de Migración impulsada por el Presidente Sebastián Piñera, se busca garantizar una migración segura, ordenada y regular, generando todo un cambio para promover los derechos de los extranjeros, así como también sus deberes y obligaciones.

Y es que una vez que este nuevo marco legal este publicado en el Diario Oficial, se iniciará un proceso de regularización de visas, tal como lo informó el Intendente de la Región de Coquimbo, Pablo Herman, quien indicó que este trámite lo podrán realizar las personas que ingresaron al país, a través de pasos habilitados y que se encuentren con su visa vencida.

“Muchas personas llegaron a Chile buscando una mejor calidad de vida para ellos y sus familias, y lamentablemente, por la pandemia, no han podido regularizar su situación. Por eso que esta nueva Ley les entregará una oportunidad para regularizarse y seguir aportando al país”, sostuvo.

En estos casos, detalló, quienes ingresaron antes del 18 de marzo del 2020, tendrán 180 días, a partir de la publicación de la Ley, para solicitar un visado de residencia temporal sin sanción administrativa.

“Una vez ingresada la solicitud, se les concederá este permiso temporal por un año para que puedan desarrollar sus actividades, durante el tiempo que demore su tramitación. Mientras que las personas que hayan ingresado después del 18 de marzo del 2020, podrán pagar la multa de manera digital y solicitar un nuevo documento. Esta visa se solicita a través del portal del Departamento de Extranjería y será 100% digital”, indicó el Intendente Herman.

En tanto, a las personas que ingresaron de manera clandestina, una vez que se publique la Ley de Migraciones, se les autorizará salir del país en un plazo de 180 días, sin sanción ni prohibición de ingreso a Chile. Una vez fuera, deberán solicitar residencia temporal en cualquier consulado de Chile en el exterior.

Han aumentado significativamente las quejas por las demoras que se producen en las tramitaciones básicas que los inmigrantes deben efectuar en el Departamento de Extranjería del Misterio del Interior y Seguridad Pública.

Si consideramos los antecedentes que entregan instituciones dedicadas al tema migratorio, como el Instituto Católico Chileno de Migración, el Servicio Jesuita a Inmigrantes o la Fundación Red de Inmigrantes; la demora en el otorgamiento y renovación de visas llega a ocho meses mínimo y comúnmente un año. Por otra parte, la tramitación de permanencia definitiva dura en promedio un año y medio llegando frecuentemente a los dos años, más del doble de lo que ocurría con anterioridad.

Se ha detectado como una causa de lo descrito la digitalización de los trámites, toda vez que esta vía no ha significado en la práctica una simplificación de ellos, sino una traba y constituye fuente de dilaciones. Las consecuencias de esta situación son graves ya que personas con permanencia regular han quedado indocumentadas y con el riesgo de ser declaradas irregulares. Se observa que frecuentemente las propias instituciones oficiales hacen caso omiso del documento que certifica que una visa se encuentra en trámite. Fundadamente se denuncia la producción de un círculo vicioso, esto es, “si no hay visa no hay trabajo y como no se tiene trabajo, tampoco se posee visa”.

Los efectos sociales negativos que agudizan la vulnerabilidad de los inmigrantes son evidentes: no se pueden perfeccionar contratos de trabajo, no se puede postular a subsidios del Estado, se ve obstaculizado el retiro del 10% de los fondos previsionales, no se pueden realizar firmas públicas, entre otros.

Todo indica que es perentorio establecer un protocolo que fije plazos efectivos de respuestas a lo menos respecto a solicitudes de visas, prórroga de ellas y permanencia definitiva. Ello solo será posible si se asume una conducta acogedora y no refractaria respecto al fenómeno migratorio.