SANTIAGO, 18 DE NOVIEMBRE DE 2023.- En medio de los trágicos eventos que han tenido lugar en los campamentos de Coronel y Valparaíso, donde ocho niños perdieron la vida en incendios, World Vision Chile se pronuncia sobre la situación de la niñez migrante en el país. Stephanie Coscing, coordinadora de Proyectos Especiales de la organización especializada en niñez vulnerable, enfatiza la necesidad de una protección especial para los niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio.

“Los niños migrantes requieren de una protección especial, considerando también la protección de sus familias. Esta protección no puede estar supeditada a su nacionalidad o estatus migratorio. Con la entrada en vigencia de la Ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, el Estado tiene el deber de diseñar políticas que proporcionen una protección integral a todos los niños, niñas y sus familias que se encuentran en el territorio, aunque en el contexto migratorio se encuentren de manera irregular, reconociendo sus necesidades y vulnerabilidades específicas”, precisa la experta.

Añade que la migración, aunque debería ser un proceso voluntario y regulado, se convierte en una crisis cuando se pierde el control de la situación, exponiendo a muchas personas, especialmente a niños, a riesgos y desafíos significativos.

ESTUDIO

En este contexto, el año 2019 World Vision Chile llevó a cabo junto a otras organizaciones pro-infancia el “Estudio exploratorio de caracterización de niños, niñas y adolescentes migrantes de América Latina y el Caribe y sus familias en Chile”, centrado en explorar el estado de la inmigración infantil en comparación con la población chilena, con foco especial en el ejercicio de sus derechos y el acceso a servicios públicos.

Los resultados del estudio indicaron que, aunque el porcentaje de niños y jefes de hogar en situación migratoria irregular era bajo, existía un considerable número que alguna vez estuvo sin visa vigente o en trámite. El 35% de los niños y el 32% de los jefes de hogar, según el sondeo, han experimentado alguna vez la irregularidad migratoria.

En este contexto, entre los NNA haitianos un 73% estuvo alguna vez en situación migratoria irregular, porcentaje significativamente mayor a lo observado en otras nacionalidades.

En cuanto a la vivienda, el 48% de las familias migrantes arriendan su vivienda con contrato versus un 37% que arrienda sin contrato, según el informe. Además, el 13% de las familias extranjeras viven en tomas o campamentos.

En educación, la encuesta indicó que entre los niños, niñas y adolescentes que se encuentran irregulares un 57% no asiste a la educación formal. Entre los NNA con situación migratoria en trámite, este porcentaje desciende a 37%, siendo – eso sí – una de las formas de inclusión o integración con mayor acceso y demanda.

En salud, en tanto, la indagación de la organización no gubernamental de origen internacional destacó que un 25% de los niños migrantes no tienen previsión, en comparación con un 2% de los niños chilenos.

Con estos números sobre la mesa, los que deben actualizarse más sistemáticamente, World Vision Chile insta a la sociedad y a las autoridades a considerar estas realidades y trabajar en conjunto para garantizar un entorno seguro y adecuado para la niñez migrante en Chile, reconociendo sus derechos y necesidades específicas, en especial, para que no ocurran eventos tan dolorosos y dramáticos como los mencionados.

“La migración es un proceso que todos los seres humanos deberíamos poder hacer de manera voluntaria y regulada.  Sin embargo, cuando se produce una crisis migratoria, se pierde el control de la situación y muchas personas sufren las consecuencias de quedar al margen de la ley y expuestas a un sinfín de riesgos”, precisó Coscing.

Finalmente, la organización reafirma su compromiso de seguir abogando por la protección y el bienestar de todos los niños, independientemente de su origen o estatus migratorio

Riña entre migrantes terminó con venezolano muerto en Terminal Pesquero. El asesinato fue presenciado por pescadores, locatarios y visitantes del lugar durante la tarde del sábado 3 de junio.

En horas de esta tarde, un homicidio fue reportado en el Terminal Pesquero de Coquimbo, a vista y presencia de locatarios, pescadores y visitantes.

A las 14:55 horas Carabineros corroboró en el pasillo del lugar el homicidio de un hombre adulto, quien presentaba un impacto balístico en el costado izquierdo de su cuello, encontrándose su cuerpo de cubito dorsal, sin signos vitales.

De acuerdo a información del Diario El Día, todo habría comenzado con una riña entre inmigrantes, quienes se enfrentaron al interior de la caleta. La situación se habría salido de tono cuando uno de ellos extrae un arma y dispara en contra de otro sujeto, el cual resulta fallecido en el lugar.

No obstante, según antecedentes nuevos entregados por testigos a Carabineros, la víctima deambulaba por el interior del terminal pesquero cuando un hombre se acerca y le provoca la lesión, sin mediar provocación alguna, para posteriormente retirarse del lugar.

Por su parte, la Policía de investigaciones, se encuentra investigando la dinámica de los hechos para esclarecer el homicidio. Así lo señala el Subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios La Serena.

“A petición del Ministerio Público, personal de la Brigada de Homicidios La Serena junto a peritos del Laboratorio Criminalístico están trabajando en el sitio del suceso por un homicidio con arma de fuego de un sujeto de nacionalidad colombiana, de 35 años de edad que fue herido de bala en este lugar (terminal pesquero)”.

El Subprefecto agrega que, “en estos momentos nos encontramos levantando las cámaras del sector, entrevistando a posibles familiares, con el fin de poder establecer la dinámica de los hechos e identificar a los autores”, complementó.

Dirigentes de Terminal Pesquero preocupados por inseguridad

Por otro lado, Diario El Día pudo conversar con Ricardo Vitaly Ledezma, presidente del Sindicato Los Delfines de la Terminal Pesquera, quien aseguró que la situación vivida este sábado fue “desagradable y catastrófica, a mi me llamaron cuando estaba en el supermercado y me contaron que un tipo había ingresado al terminal pesquero y que había disparado a otra persona en los pasillos”.

En este sentido, el dirigente manifiesta su preocupación por el desamparo por parte de autoridades y la poca seguridad del sector, el cual, se ha visto amenazado en el último tiempo.

“Nos encontramos en tierra de nadie, esto lo advertimos hace mucho tiempo y hemos trabajado con todas las autoridades. Nos entrevistamos con el Delegado Presidencial, Rubén Quezada, advirtiéndole verbalmente que en cualquier momento iban a suceder situaciones que no queríamos por la falta de seguridad en el sector”, agregó.

De hecho, el dirigente menciona una seguidilla de homicidios reportados en el último tiempo, aumentando aún más la insatisfacción del rubro y de la comunidad coquimbana.

“En pleno verano encontraron una persona fallecida en la playa, posteriormente fue encontrada otra persona en el Anfiteatro de Peñuelas, luego el fallecimiento de una persona que tal vez quiso arrancar de un control de Carabineros y anoche (2 de junio) , se reportó un fallecido en pleno Malgarejo con Portales y ahora esto, acá en nuestro Terminal Pesquero que lamentamos tanto”.

De acuerdo a Vitaly, los hechos fueron advertidos a las autoridades para llegar a compromisos y de esta forma “resguardar el único sector que está quedando popular en el centro de Coquimbo, donde llega gente y turistas todos los días”, asegura.

Según el dirigente, en los alrededores del centro de Coquimbo escasea la seguridad y fiscalización, afectando principalmente a emprendedores y comerciantes del terminal pesquero.

“Estas situaciones no eran habituales en nuestro sector y eso es lo que lamentamos, obviamente condenamos estos actos, pero quienes tienen las herramientas para solucionar estos hechos son ciegos, sordos y mudos y no toman en cuenta la experiencia y los consejos de nosotros como dirigentes”.

Para subsanar de alguna forma la falta de seguridad en el sector, el Sindicato Los Delfines instaló cámaras de seguridad en el terminal pesquero, sin embargo, no dan abasto, pues, de las 56 que existen, solo seis están en buen funcionamiento.

Ya son 14 los extranjeros en la región de Coquimbo que este año accedieron al beneficio que les permitió dejar la cárcel y volver a su país de origen, tras la decisión de cambiar su pena efectiva por la expulsión de Chile, que fue resuelta por los tribunales de Justicia.

Es así como el programa de expulsiones del territorio nacional se reanudó durante este mes, en la región de Coquimbo, con el traslado de un ciudadano colombiano, de 25 años, que cumplía su condena, por tráfico de drogas. Según los antecedentes judiciales, este extranjero fue detenido portando alrededor de 8 kilos de ketamina, a fines de marzo del año pasado en la localidad de Pozo Almonte y fue condenado a pasar 5 años, en prisión.

“Sobre la base de los lineamientos y compromisos que mantiene la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, para dar cumplimiento a las decisiones de los tribunales de Justicia, detectives de este departamento están materializando la expulsión de un ciudadano extranjero que fue retirado desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Huachalalume, en condición de detenido, para trasladarlo en vehículo hasta el Aeropuerto Internacional, y enviarlo en vuelo comercial hacia Colombia”, señaló el subprefecto Germán Cerda, jefe del Departamento de Migraciones y Policía internacional La Serena

Tras la resolución judicial, otras tres expulsiones fueron planificadas por la PDI para este mes de septiembre, en la Región Policial de Coquimbo. “Desarrollamos el mismo procedimiento para trasladar a los extranjeros desde la cárcel, en coordinación con Gendarmería de Chile, hasta un avión comercial que viajará rumbo a Colombia, Venezuela y Bolivia”, señaló el subprefecto Cerda.

Robo con intimidación y robo en lugar habitado, son los distintos delitos que fueron comprobados ante los tribunales cometidos por tres migrantes que recibieron su condena. Ahora también accedieron al beneficio de conmutar la pena por la expulsión y la prohibición de ingresar a Chile, durante diez años. Si los extranjeros no cumplen esta regla y son sorprendidos nuevamente en el país, deberán volver a prisión a terminar de cumplir su condena, en forma efectiva.

Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional La Serena, además del control de identidad, analizaron la situación social de las familias de extranjeros que viven en La Varilla.

Cada semana son decenas los extranjeros que controlan en la PDI, a través de las fiscalizaciones planificadas que desarrollan los detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional La Serena, en zonas urbanas y rurales de la región de Coquimbo.

Desde la policía civil, explican que ya no sólo se concentran en el control de identidad, que se programa en base a la información que procesa la Oficina de Análisis de la Región Policial de Coquimbo, donde detectan los puntos que presentan la mayor concentración de extranjeros y su impacto dentro de un territorio determinado.

“Nuestro rol como PDI, va más allá, tiene un profundo respeto a los derechos humanos. En la práctica, analizamos las condiciones en las que viven los extranjeros para detectar e impedir cualquier vulneración o precariedad que puedan sufrir en nuestro territorio. Hoy estamos desarrollando un control migratorio con un enfoque más integral y humanitario, que no solo apunte a la denuncia de los infractores que detectamos”, señaló el Subprefecto Germán Cerda, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional La Serena.

En este contexto, los detectives se trasladaron al sector de la toma de terrenos La Varilla, al nororiente de la Compañía Alta, como una manera de descentralizar el área de operación de la policía civil y las fiscalizaciones. Esto, principalmente, porque su labor se enfocaba en los centros urbanos, en la vía pública, en los servicios, en el comercio y en predios agrícolas, sectores donde la presencia masiva de extranjeros es más llamativa para la comunidad.

“En esta toma, fiscalizamos la identidad de 44 extranjeros que habitan en el sector. En su mayoría, provienen de Venezuela, Haití y Colombia, y 17 fueron denunciados por ingreso irregular a Chile. Esta vez, pudimos conocer cómo viven, cuáles son sus inquietudes, qué acceso a servicios básicos tienen en salud, educación o cómo postular a una vivienda, entre otros. Es fundamental comprender que son familias con niños, niñas y adolescentes, jefas de hogar y también parejas que buscan una oportunidad y que se esfuerzan para una mejor calidad de vida”, señaló el Subprefecto Cerda, de la PDI.

La información que levantan los detectives en cada procedimiento, hoy resulta clave y estratégica, en especial para otros servicios públicos y organizaciones no gubernamentales, que tienen a su cargo entregar una atención oportuna y de calidad a la población. Desde el Departamento de Migraciones y Policía Internacional La Serena, manifestaron la voluntad para trabajar de manera coordinada con otras instituciones, incluso programando procedimientos en conjunto, a través de una agenda que ayude a disponer un servicio integral para los extranjeros que viven en la región de Coquimbo, además de explicarles cuáles son sus derechos, sus deberes y sus responsabilidades en Chile.

Gracias a la información que entrega la Oficina de Análisis de la PDI, con respecto a puntos que aglomeren el trabajo de migrantes en la región. Hoy, en horas de la mañana, un equipo de la PDI, se trasladó hasta la localidad de Gualliguaica, para controlar y fiscalizar a los trabajadores migrantes que integran la dotación laboral de un fundo de la comuna de Vicuña.

“Se logró controlar a un total de 25 extranjeros que realizaban labores en el predio, de los cuales 23 de ellos, todos de nacionalidad boliviana, fueron denunciados por ingreso clandestino al país y por ejercer actividades laborales sin la debida autorización” señaló el Subprefecto Germán Cerda, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional La Serena.

Este departamento realiza semanalmente estas fiscalizaciones, no sólo en los fundos agrícolas del Valle de Elqui, sino también en sectores privados, en instalaciones de otros rubros y en el centro de la conurbación La Serena Coquimbo, además de las unidades correspondientes en Ovalle, Illapel y Los Vilos.

Finalmente “Se dio cuenta a la autoridad administrativa para adoptar las medidas correspondientes. Lo más importante a destacar es que se descarta el delito de Trata de personas que pudiese afectar a los ciudadanos extranjeros” enfatizó el Subprefecto Germán Cerda.

Desde el Departamento de Migraciones y Policía Internacional La Serena reiteran el llamado a entregar cualquier información o realizar cualquier consulta en esta área, escribiendo a los siguientes correos institucionales: polint.sna@investigaciones.cl y a través de pdimigraciones.sna@investigaciones.cl

El 40% pensó en el suicidio a raíz de la homofobia y la transfobia, mientras el 73,8% ha sido víctima de la xenofobia en nuestro país, por lo que para el 52% uno de los principales problemas que enfrentan en Chile es la discriminación, lo que es superado por  el acceso al trabajo (86,6%) y a la vivienda (54,3%). Con todo, la mayoría dice tener una mejor calidad en Chile que en su país de origen.

Encuesta completa aquí: https://www.movilh.cl/wp-content/uploads/2021/01/Encuesta_migracion_LGBTI_Movilh.pdf

La Primera Encuesta Nacional Aplicada a Migrantes Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersex y Queer (LGBTIQ+) arrojó alarmantes índices de discriminación y abusos contra este sector social en razón de su orientación sexual, identidad de género o nacionalidad, aún cuando los atropellos que viven en Chile son inferiores a los de su nación de origen, a un punto que la mayoría se siente satisfecho con habitar en nuestro país.

El pionero sondeo del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) fue dado a conocer hoy junto al director del Departamento Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio,  quien anunció que su entidad, a partir de los resultados del sondeo, capacitacitá a todos/as sus funcionarios/as en la realidad de migrantes LGBTIQ+.

Aplicado a 221 migrantes LGBTIQ+, el estudio arrojó que si bien la mayor razón para salir de su país y llegar a Chile fue de tipo económica, “la discriminación se encuentra entre los principales motivos, a un punto que el 40% de quienes sufrieron la homo/transfobia en su nación de origen intentó suicidarse”.

En efecto, el 39.4% dice que migró porque “en mi en país de origen  se reprime o no se reconoce derechos a las personas LGBTIQ+”, mientras el 80.3% declara que sufrió algún tipo de abuso en razón de su orientación sexual o identidad de género, mientras que en Chile el 48,8% ha vivido situaciones similares. Por ello, para el 52% la discriminación es uno de los principales problemas que los afectan en nuestro país.

En el país de origen, y solo por ser LGBTIQ+, el 15.7% sufrió violencia física,  el 89.8%, verbal; el 70.3% psicológica y, por tal razón, un alarmante 40% dice que pensó en el suicidio.

Si bien en Chile los atropellos por ser LGBTIQ+ siguen afectando a casi la mitad de los migrantes, la discriminación más recurrente es la xenofobia que ha dañado al 73,8%.

“Estamos, por tanto, en presencia de una discriminación interseccional en Chile, donde la vulnerabilidad que afecta a migrantes LGBTIQ+ es más grave y persistente que la de los pares LGBTI chilenos/as, todo lo cual amerita que se implemenenr políticas públicas focalizadas. Más aún al considerar que el 11% de la población LGBTIQ+ migrante dice vivir con VIH y el 41,7% declara haber consumido drogas en el último año”, resumió el encargado de derechos humanos del Movilh, Ramón Gómez.

A lo expuesto, se suma la precariedad económica: el 15% no está estudiando, ni trabajando, el 18% no tiene ninguna red de apoyo, el 15,9% trabaja sin contrato, el 11% es allegado y el 3,9% se encuentra en un situación migratoria irregular.

Pese a ello, la mayoría (83,5%) dice vivir mejor en Chile que en su país de origen y el 41.7% tiene planeado que lleguen más parientes

“Los resultados indicarían que aún cuando en aspectos claves, como la educación, salud y trabajo, la mayoría califica el acceso a estos derechos como “regular”, la casi totalidad se siente aún así “satisfecho/a” en comparación con las condiciones de vida de su propio país”, resumió el estudio”

A continuación se detallan cada uno de los resultados de la encuesta

Vida familiar y social

El 44,1% de los migrantes encuestados/as es soltero/a; el 23,6% tiene pareja sin vínculo legal; el 18.9% es conviviente, pero sin unión legal; el 11% es conviviente civil y el 2.4% está casado/a. Del total, el 95% no tiene hijos/as y el 5% sí.

La mayoría, el 65%, vive con su pareja y/o familiares, por lo que contarían con redes de apoyo cercanas. En efecto, el 32,9% vive con su pareja y el 32,1% con familiares. Estos últimos se dividen en un 15,6% que comparte alojamiento “con familiares que vivían previamente en Chile”;  el 9,4%, “con familiares que llegaron después que yo a Chile” y el 7,1% “con familiares que llegaron conmigo a vivir a Chile”. En tanto, 18,1% vive solo;  el 13,4% con compañeros/as de estudio o trabajo; el 13,2% con conocidos/as  y el 3,1% con “otros/as”.

Del total, cerca de un 12,8% declara vivir tanto con familiares, como con pareja, amigos y/o conocidos. Por eso, y por otras razones que requieren de una investigación más específica, el 30,7% vive en un inmueble donde habitan familias distintas a la propia y el 69,3% no

Posición socioeconómica, educacional, laboral y propiedad                                        

En relación al nivel de estudios, el 46.4% tiene enseñanza superior completa; el 21,3% superior incompleta; el 17,3%, media completa; el 13,4%, post grado;  el 0.8%, básica incompleta; y el 0.8%, media incompleta.

El 37,8% se ubica en una posición socioeconómica “media-baja”, seguida por la “media” (36.2%); la “baja” (13,4%), la “media-alta”(11,8%) y la “alta” (0.8%).

El 38.6% gana mensualmente entre $200.001 y 450.000;  el 15,7% entre $450.001 y $800.000; el 9,9 % entre 800.001 y $1.500.000; el 4.7% entre 1.500.001 y 2.500.000;  el 2,7% entre 2.500.001 y 5.000.000; el 12,7% no tiene ingresos mensuales, solo esporádicos; el 9,4%  carece de ingresos y el 6.3% percibe menos de $200.000

El 33,1%  se demoró  menos de un mes en encontrar su primer trabajo en Chile; el  26,8%  entre dos y seis meses;  el 23,6% entre uno y dos meses; el 5,5% entre más de seis meses y un año; el 4,7% más de un año; el 2,4% aún no encuentra su primer trabajo y lleva más de un año en Chile y el 3,9% no ha buscado trabajo aún.

En la actualidad , el 68,5% solo trabaja; el 9,4%, estudia y trabaja; el 7,1% solo estudia y el 15% no está estudiando, ni trabajando.

Del total de quienes trabajan, el 72,6% tiene contrato formal; el 15,9% no tiene contrato y el 11,5% está montando su propio emprendimiento de manera independiente.

Con los ingresos que percibe en Chile, el 63% contribuye al financiamiento de aquellos familiares que viven en su país de origen, el 24,4% lo haría si pudiera y el 12,6% no lo hace.

El 80,3% vive en un lugar que es arrendado, el 11% es allegado; el 7.9% es dueño/a del inmueble y el 0.8% habita en una casa de acogida.

En relación a los servicios o productos con que cuentan los/as encuestados/s, ya sean propios o arrendados, se encuentran teléfono móvil o celular (92,9%), acceso a internet (82,2%), Netflix o Amazon (81,1%), casa o departamento (62,2%), notebook o computador (59,8%), televisión pagada o por cable (49,6%), pieza (27,6%),  autómovil o moto (21,3%) y ninguno (0,8%)

Además, el 81,1% tiene cuenta rut o vista, seguido por cuenta corriente (33,1%); de crédito con grandes tiendas (32%), tarjeta de crédito o bancaria (31,5%); seguro de salud (31,5%); crédito de consumo (14,2%); deuda con familiares o amigos (13,4%); crédito automotriz (7,9%); crédito hipotecario (3,1%); deudas con empresas o lugar de trabajo (3,1%); deudas con prestamistas (0,8%) y ninguno (6,3%).

Situación migratoria y familia

El 45,7%  de los/as migrantes LGBTIq+ lleva viviendo en Chile entre 2 y 4 años;  el 26,8%, más de 5 años; el 23,6% entre 1 y 2 años; el 3,1% más de seis meses y menos de un año y el 0,8%, menos de 6 meses.

El 33,9% tiene visa de permanencia definitiva; el 23,5% está en trámite de su visa de permanencia definitiva; el 19,3% tiene visa temporaria; el 8,7%,  visa de trabajo; el 6.3% está en trámite de visa temporal; el 1,2% está nacionalizado; el 3,9% se encuentra en situación irregular; el 1,6% tiene visa de responsabilidad democrática,  el 0,8% es refugiado y el 0,8% tiene visa de estudiante.

El 94.5% ingresó a Chile por un paso habilitado y el 5,5% por uno no habilitado.

Las personas viajaron o ingresaron a Chile usando uno o más medios de transporte como avión (66,1%), seguido por bus (35,4%), a pie (4.7%), automóvil (3,1%), barco, lancha u otro medio acuático (0,8%) y otros (2,4%).                      

El 55,1% ingresó a Chile solo/a; el 18,1% con su pareja; el 17,3% con familiares, el 5,5% con amigos/as, el 5,5% con personas que fue conociendo durante el viaje y el 1,6% con conocidos/as.

El 5,5% señala que debió pagarle a alguien para ingresar a Chile versus el 94,5% que no lo hizo.

El 41,7% tiene planeado o en mente que más parientes suyos vengan a vivir a Chile y el 58.3% no.

Razones para migrar y evaluación de Chile

El 48.8% el primer país que tuvo en mente para migrar fue Chile; seguido por Argentina (15%), algún país europeo (11,8%), Estados Unidos (9,4%), Canadá (4,7%), Colombia (3,9%), Brasil (2.4%),  Perú, 1,6%, México (1.6%) y Puerto Rico (0.8%).

Las principales razones para llegar a Chile fueron la estabilidad económica (66,9%), seguida por “supuestas mejores posiblidades para encontrar trabajo” (48%), “porque tenía amigos/as o parientes que ya vivían en Chile” (44,9%), “para vivir de manera libre mi orientación sexual o identidad de género” (30,7%), por estabilidad política (26%), “porque era más fácil ingresar en comparación con otros países” (21,3%), “porque siempre me gustó Chile” (16,5%), “porque era la única posibilidad que en ese momento tenía” (13,4%), “porque estimé que era más fácil permanecer en Chile” (12.6%), por “supuestas mejores posibilidades para acceder a salud” (11,8%) y por “supuestas mejores posibilidades para acceder a educación” (10,2%).

En tanto, las principales razones para salir del país de origen fueron “la inestabilidad económica de mi país” (65.4%), “para buscar mejores condiciones laborales” (61.4%), “por la inestabilidad política de mi país (59,8%), “por la represión a las libertades individuales en mi país” (48.8%), “porque  mi en país se reprime o no se reconoce derechos a las personas LGBTI” (39.4%), “para encontrar mejores condiciones de salud (35,4%), “simplemente quería salir de mi país” (24,4%), “para encontrar mejores condiciones en educación (21.3%), “porque ya tenía familiares en Chile y quería estar junto a ellos” (11,8%), “porque mi pareja ya vivía en Chile y quería estar junto a el/ella” (9.4%), “simplemente porque quería vivir en Chile” (6,3%) y “otros” (0,2%).

El 83,5% tiene interés de vivir de manera permanente en Chile y el 16,5% no. Esto se explica porque el 75,6% se siente “muy satisfecho” (17,3%) o “satisfecho” (58.3%) en Chile en relación con sus expectativas, mientras el 24,4% se declara insatisfecho. Más aún, en comparación con su país de origen el 83,5% de los/as encuestados/as estima que en Chile su calidad de vida es “mejor” , para el 13,4% es igual y para el 3,1%, peor.

A la par, el 34,6% considera que el acceso y la calidad la salud en Chile es regular; el 33,1%,  buena; el 7,9%, muy buena;  el 17,3%, mala; el 7,1%, muy mala. En relación al acceso y calidad de la educación para el 44.1% es regular; para el 24,4%, buena; para el 4.7% “muy buena”, para el 18,1%, mala y para el 8,7% muy mala. En torno al acceso al trabajo, para el 42,6% es regular; para el 28,3%, bueno; para el 5,5%, muy bueno; para el 18,1%, malo y para el 5,5%, muy malo.

Los resultados indicarían que aún cuando en aspectos claves, como la educación, salud y trabajo, los mayores porcentajes califican el acceso a estos derechos como regulares, la mayoría se siente aún así “satisfecho/a” en comparación con las condiciones de vida de su propio país.

Finalmente, el 61,4% conoce de organizaciones sociales o privadas que ayudan a migrantes en Chile, mientras que el 38,6%, no. En relación a los organismos estatales las cifras son de 74,8% versus 25,2%, en forma respectiva.

Pese al alto conocimiento, pocos han accedido a ayuda. El 78% dice que nunca la ha recibido; el 10,2% que la obtenido de organismos privados o de derechos humanos; el 7,9% de organismos estatales y el 3.9% de ambos sectores. Esto implica que los organismos privados serían más cercanos que los estatales para los migrantes que buscan o requieren algún tipo de ayuda.

Discriminación por orientación sexual, identidad de género y nacionalidad

El 80,3% dice que fue discriminado en su país de origen en razón de su orientación sexual o identidad de género y un 19,7% no tuvo problemas al respecto.

El 53,7% fue discriminado “algunas veces”, el 21.2% “casi siempre”;  el 14.8% “casi nunca o solo una vez” y el 10,3% “siempre”.

Los principales responsables de la discriminación en el país de origen fueron desconocidos en espacios públicos (52%), seguidos por familiares (48.8%); compañeros de estudios, docentes o directivos (46,5%); religiosos o iglesias (44,1%); por conocidos o “amigos/as”, (36,2%); por compañeros/as de trabajo o empleadores (30,7%); por policías (28,9%); por las leyes o políticas públicas (26,8%), por miembros de las Fuerzas Armadas (13,4%); por funcionarios/as de la salud pública (12,6%); por funcionarios/as gubernamentales (11,8%);  por personas que ofrecen productos o servicios  en el ámbito privado (8,7%); por funcionarios/as empresariales (7,9%);  por funcionarios/as que ofrecen productos o servicios en el ámbito público (7,1%) y por funcionarios/as de la salud privada (6,3%).

El 15.7% sufrió  en su país de origen violencia física,  el 89.8%, verbal; el 70.3% psicológica; y el 8.3%, sexual en razón de su orientación sexual o identidad de género

El 53,8% no se auto-infligió daño producto de la discriminación, el 22.2% lo pensó, pero no lo hizo, mientras que el 24% sí se auto-lesionó. De esto/as, el 45,8% se infligió cortes en zonas de su cuerpo; el 45.8% dejó de comer; el 90% se aisló momentáneamente del resto de las personas; el 16,2% recurrió a formas inseguras para expresar su género, el 52,5% abusó del consumo de drogas y el 40% intentó suicidarse.

En Chile, en tanto, el 48.8% ha sido discriminado en razón de su orientación sexual o identidad de género y el 51,2% no.

De quienes han sido discriminados, el 11,2% sufrió violencia física,  el 50%, verbal;  el 40,3% abuso psicológico y el 3,2%, sexual.

Los principales responsables de la discriminación en Chile fueron desconocidos (55,1%) seguidos por compañeros de trabajo o empleadores (22%); por religiosos o iglesias (18,1%);  por conocidos o “amigos” (10,6%); por leyes o políticas públicas (15%); por policías (10,2%); por familiares (6,3%); por funcionarios de la salud pública (6,3%); por compañeros/as de estudios, docentes o directivos (5,5%); por personas que ofrecen servicios o productos privados (4.7%); por funcionarios de la salud privada (3,1%); por funcionarios gubernamentales (3.1%); por funcionarios empresariales (3,1%); por miembros de las Fuerzas Armadas (3,1%) y por personas que ofrecen servicios o productos públicos (2.4%).

De quienes han sido discriminados en Chile en razón de su orientación sexual o identidad de género, el 50% ha vivido eso ”casi nunca o solo una vez”, el 43,4% “algunas veces”, el 4% “siempre” y el 2.6%, “casi siempre”.

El 73,8% reporta además que ha sido discriminado en Chile en razón de su nacionalidad y el 26,2% no. El 5,2% de quienes han vivido xenofobia recibieron violencia física; el 96% verbal; el 43,7%, psicológica y el 1% sexual. Por esta razón, el 44,1% fue discriminado/a “algunas veces”, el 21,3% “casi nunca o solo una vez”; el 24,4% “nunca”; el 9,4% “casi siempre” y el 0,8%, “siempre”.

Los principales responsables de la discriminación por nacionalidad fueron desconocidos (69,9%);  seguidos por compañeros de trabajo o empleadores (30,7%); por leyes o políticas públicas (18,9%); por conocidos/as o “amigos/as” (13,4%); por religiosos o iglesias (11,8%); por funcionarios empresariales (11%); por funcionarios de la salud pública (11%); por personas que ofrecen productos o servicios en el ámbito privado (11%); por compañeros/as de estudios, docentes o directivos (10,2%); por funcionarios/as gubernamentales (8,7%); por personas que ofrecen servicios  o productos públicos (7,1%);  por las policías (6,2%);  por funcionarios/as de la salud privada (4,7%); por las Fuerzas Armadas (2,4%) y por familiares (1,6%).

Finalmente, los/as encuestados/as estiman que el principal problema que afecta a los migrantes en Chile es el acceso o permanencia en el trabajo (86.6%), el acceso a la vivienda (54,3%), la dicsriminación (52%), el acceso a la salud (49,6%) y  el acceso a la educación (40,9%).

Salud sexual, VIH y  consumo de drogas

El 22,1% nunca se ha hecho el examen de VIH; el 17.3% se lo hizo hace más de un año; el 14,2% entre siete meses y un año; el 14,2% hace tres meses o menos; el 11,8% entre 4 y 6 meses atrás; el 6.3% hace más de dos años; el 4.7% hace más de tres años, el 4,7% hace más de 4 años y el 4.7% hace más de cinco años.

Del total de personas encuestadas, el 64.6% declara que es VIH negativo; el 11,1% es VIH positivo; el 0,8% prefiere no decirlo; el 1,4% nunca retiró los resultados y el 22,1% jamás se ha practicado el test.

El 70,1% señala que nunca ha tenido ITS, mientras el 29.9% sí. De estos, el 13,4% ha tenido candidiasis; el 13,4%, sífilis; el 11%, condiloma; el 7.9%, gonorrea y el 3,1%, cladimia.

En tanto, en el último año el 13.4% ha tenido alguna ITS. De estos, el 7,1% sífilis; el 5,5%, condiloma; el 3.9%, candidiasis; el 3,1%, gonorrea y el 0.8%, cladimia.

Finalmente, el 60,6% dice que nunca se ha hecho el examen del Covid-19; el 32,3% sí y resultó negativo, el 5.5 % fue positivo y ya se mejoró y el 1,6% nunca se lo ha practicado, pero cree que es positivo.

El 48,8% jamás ha consumido drogas, mientras que el 51,2% sí lo ha hecho al menos una vez en su vida. De éstos, el 49.6% ha consumido marihuana, seguido por la cocaína (13,4%), el éxtasis (12,6%), tranquilizantes o somníferos sin recetas (8,7%),  LSD (7.9%), hongos (5,5%), pasta base (1.6%) y “otras” (8,7%).

En tanto, en los últimos 12 meses el 41.7% ha consumido drogas, versus el 58,3% que no lo ha hecho. El 37% consumió marihuana; el 8.7% cocaína; el 7.9% tranquilizantes o somníferos sin receta; el 5.5%, éxtasis; seguido por hongos (3,1%), LSD (2,4%), pasta base (0.8%) y otras (6,3%),

Características de la muestra

La encuesta fue aplicada de manera digital y presencial entre el 11 de noviembre y el 7 de diciembre a 221 migrantes LGBTI. Su margen de error es de 4% y su nivel de confianza del 95%.

El 45,4% de las personas encuestas pertenece al sexo femenino; el 51,4% al masculino y el 3,2%  es no binario.

En cuanto a la orientación sexual el  44,9% se declara gay; el 36%, lesbiana; el 13%, bisexual; el 3,1%, pansexual y el 3% hetero y trans. En cuanto a la identidad de género el 97% es cisgénero y el 3% trans

El 40,9% tiene entre 30 y 39 años, seguidos por los rangos de 25 a 29 años (29,9%); de  20 a 24 años (11,8%);  de 40 a 49 años (7,9%); de 15 a 19 años (7,1%) y 50 a 59 años (2,4%).

La nacionalidad del 70,9% de los/as encuestados/as es venezolana;  seguida por la colombiana (11%), la peruana (4,7%), la argentina (2,4%), la haitiana (2,4%), la ecuatoriana (2%), la mexicana (1,8%), la brasileña (1%), la boliviana (1%), la española (1%) y otras (1,8%).

El 76,4% vive en la Región Metropolitana; el 5,5%, en Valparaíso; el 3,9% en Aysén;  el 3,7% en el Maule; el 2,4% en O´Higgins; el 1,6% en Los Lagos;  el 1,3% en Magallanes;  el 1% en Tarapacá;  el 0,8% en La Araucanía; el 0.8% en Antofagasta;  el 0,8% en Atacama; 0,8% en Biobío, el 0,8% en Los Ríos, el 0,5% en Arica y Parinacota y el 0,5% en Ñuble.

Con un operativo simultáneo en las comunas de La Serena y Coquimbo, la Mesa Regional de Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes busca frenar que menores de edad sean utilizados por sus padres extranjeros en actividades de mendicidad.

Con la educación y la fiscalización como ejes centrales, Sename, Gobernación del Elqui, Carabineros, Seremi de Justicia, Policía de Investigaciones, Oficinas de Protección de Derechos, Oficinas de Migrantes y organizaciones de la sociedad civil, buscan frenar la vulneración de derechos infantiles de migrantes en la región.

Se trata de una alianza estratégica entre dichas instituciones, que se materializó en dos operativos para realizar acciones preventivas y detección de familias migrantes en las cuales se visibilicen niños y niñas, con motivo de concientizar respecto de los riesgos de la mendicidad y el circuito de calle, así como advertir posibles vulneraciones.

“Es una preocupación que pone la ciudadanía, asociada a la situación de niños migrantes que son utilizados para mendigar. Nosotros como mesa estamos iniciando una campaña, primero para educar a las familias extranjeras, explicarles que en Chile se protegen los derechos de los niños y que no es posible que los utilicen para estos fines. Nosotros vamos a salir también el próximo lunes 28 a conversar con las familias, a educar, pero también a establecer un procedimiento de denuncia con el fin de poder pedir las medidas de protección y las acciones que determinen los Tribunales de Familia, para favorecer la situación de los niños y niñas “, explicó la directora del Sename Coquimbo, Verónica Zárate.

Frente a lo señalado, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Alejandra Valdovinos, añadió que “es sumamente relevante que podamos informar que utilizar a los niños para pedir dinero los coloca en una situación de desprotección y que puede generar un peligro aún mayor, por eso es importante que sepan que van a contar con la protección del Estado y del gobierno chileno”.

El foco de este trabajo, al menos en una primera instancia, serán los niños, niñas y adolescentes venezolanos, colonia que ha ido en aumento en los últimos meses.

“A nosotros siempre nos van a preocupar los niños, por ende, cuando vemos que los están ocupando en las esquinas para solicitar dinero, nos llama la atención y nos preocupa. Si vemos a niños 8, 12 horas trabajando bajo el sol para que los adultos que los acompañan puedan obtener más ganancias, vemos claramente una vulneración. Como Gobierno acompañamos esta fiscalización para evitar que situaciones como estas vuelvan a pasar y también concientizar a la ciudadanía, porque más allá de un acto de solidaridad, se están ocupando niños para hacer un negocio “, manifestó el gobernador del Elqui, Marcelo Gutiérrez.

En esta primera etapa se acudió a focos activos, como la ruta 5, calle Prat y el sector del Empalme, en Coquimbo, en donde se buscó concientizar e informar, pero también anotar los antecedentes de niños y adultos, puesto que muchos son migrantes irregulares, mientras que otros son ilegales.

“La mendicidad por naturaleza no es un delito, pero cuando se hace con un menor de edad se transforma automáticamente en una vulneración flagrante y que trae como consecuencias otros delitos conexos”, señaló el coronel Carlos Rojas.

En tanto, en la ronda del 28 de diciembre se desarrollará una fiscalización y quienes continúen con las situaciones vulneradoras, serán denunciados al Tribunal de Familia y se solicitará una medida de protección para los niños involucrados.

“Este catastro que estamos realizando es importante para después ir a fiscalizarlos y de no cumplir, hacer las denuncias a los tribunales que correspondan y adoptar los cursos de acción que la ley claramente señalan”, añadió el prefecto de la provincia del Elqui.

En total, se sensibilizó a cerca de 500 personas de La Serena y Coquimbo, a través de la entrega de folletería, y se fiscalizó a familias venezolanas, peruanas y chilenas.

“El trabajo en conjunto es fundamental para asegurar el futuro de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por eso, es importante conocer las distintas visiones y que cada uno aporte desde su experiencia. En nuestro caso, como Carabineros, el compromiso es a educar a la comunidad, a través de campañas preventivas, para que no normalicen las vulneraciones de derechos infantiles, y a fiscalizar, con el objetivo de velar porque cada niño, niña o adolescente tenga un crecimiento y desarrollo adecuado”, indicó el Prefecto de Carabineros Elqui, Coronel Carlos Rojas.

Y el foco de este trabajo, al menos en una primera instancia, serán los niños, niñas y adolescentes venezolanos, colonia que ha ido en aumento en los últimos meses.

“Se formó efectivamente por ver muchas vulneraciones de derechos, sobre todo en personas venezolanas, cuyos padres piden dinero con sus hijos en brazos, muchas veces con temperaturas altas y en lugares como la ruta 5, por ejemplo, lo que puede provocar un accidente”, señala Kimbelen Figueroa, presidenta de la Asociación de Emprendimiento de Desarrollo Social y Laboral, organización de la sociedad civil que trabaja junto a Sename hace algunos meses.

El trabajo, se acordó en la primera sesión de la Subcomisión de Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes, instancia que surge al alero de la Mesa Regional contra el Maltrato y la Explotación Sexual Infantil, que funciona desde el año 2018 y es encabezada por el Sename Coquimbo.

Con la participación de Carabineros, la PDI, oficinas de migrantes de La Serena y Coquimbo, oficinas de protección de derechos (OPD) y organizaciones de la sociedad civil, esta subcomisión nace debido a la preocupación por el aumento de vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes, quienes muchas veces son vistos en las calles pidiendo dinero o vendiendo productos junto a sus padres.

Uno de los primeros acuerdos de la subcomisión fue comenzar a trabajar de manera inmediata, como señala la directora del Sename Coquimbo, Verónica Zárate, “en psicoeducación con adultos, en espacios donde acuden con niños a pedir dinero, exponiéndolos a situaciones de riesgo, y de igual manera se trabajará en la concientización para frenar las vulneraciones“.

El próximo 21 de diciembre se comenzará con focos activos, en donde se espera concientizar e informar, junto a Carabineros, pero también anotar los antecedentes de niños y adultos, puesto que muchos son migrantes irregulares, mientras que otros son ilegales.

En tanto, en la ronda del 28 de diciembre se desarrollará una fiscalización y quienes continúen con las situaciones vulneradoras, serán denunciados al Tribunal de Familia y se solicitará una medida de protección para los niños involucrados.

“Se trabajará en la concientización, pero además en frenar las vulneraciones. Hacemos un llamado igualmente a la comunidad para no ser cómplice y a denunciar”, finalizó la directora del Sename Coquimbo.

Con el fin de generar mayores oportunidades de acceso al mercado laboral y atender sus necesidades inmediatas ante la crisis social, sanitaria y económica, nace Cuatro Vientos, cuyo propósito es articular iniciativas de manera colaborativa, descentralizada en beneficio de la integración socioeconómica a través de la Inclusión Social y Laboral de las personas Migrantes en Chile afectadas por la pandemia.

Para ello se ha generado una alianza entre la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Chile, Red de Equidad de Género Diversidad e Inclusión (RED EG), Red Apis, Acción Social de la Red Alumni Promociona Chile y Social Ace, impulsando Cuatro Vientos con el lema “Migrantes y Vínculos para el Progreso”.

La crisis sanitaria debido al COVID-19 ha generado a su vez una crisis en el mercado de trabajo al haberse reducido sustancialmente la actividad económica, por el cierre de muchos centros de trabajo o por la reducción de sus operaciones. Esta situación está generando despidos, disminución de la oferta de empleos, reducción de los horarios de trabajo, disminución en los ingresos o la privación de estos con la consiguiente imposibilidad de contar con el sustento diario y, por lo tanto, pobreza y desigualdad, impactando a las personas trabajadoras, tanto de las comunidades de acogida como a los migrantes.

Hoy en día muchas de estas familias enfrentan una difícil situación requiriendo apoyo humanitario para cubrir sus necesidades básicas. La pandemia ha generado en las personas

migrantes fuertes barreras de acceso a los beneficios y oportunidades existentes, quedando en una situación de completa vulnerabilidad.

Es por esta razón que en una primera etapa del proyecto de ayuda humanitaria, Cuatro Vientos pretende reunir fondos para entregar cajas de alimentos y artículos de higiene a las personas afectadas. Esta ayuda será dirigida a grupos familiares de Antofagasta, Coquimbo y Bío Bío, en coordinación con socios territoriales que tienen los vínculos con las familias para identificar quienes requieren esta ayuda y de concretar la entrega.

Los aportes monetarios serán canalizados a través de SocialAce, plataforma de crowdfunding de proyectos sociales que se encargará de la trazabilidad de las donaciones.

El objetivo es apoyar a 250 familias de cada región, reuniendo 27 millones de pesos.

¿Cómo funciona?

1. Empresas o personas naturales pueden realizar un aporte monetario en la cuenta corriente de Social Ace.

2. Con el dinero aportado se adquieren y gestionan los diferentes kits para ser entregados a familias vulnerables.

3. Se definen las familias beneficiarias a través de los socios territoriales.

4. Se entregan los kits a las familias beneficiarias de cada región.

Una vez realizado el aporte, los donantes reciben un comprobante en su correo electrónico.

“Con esta campaña Humanitaria Cuatro Vientos busca contribuir a la seguridad alimentaria y sanitaria de las familias migrantes y mitigar en parte los efectos económicos a causa del Covid-19. No podemos pensar en inclusión laboral, sin empatizar con la realidad inmediata de las mujeres y familias migrantes especialmente de Venezuela y Haití, por eso hemos decidido convocar a toda nuestra red para ir en apoyo de esta campaña”, señala Lilian Denham, Directora Ejecutiva de REDEG y líder del proyecto Cuatro Vientos.

Richard C. Velázquez, Jefe de Misión de la OIM en Chile, indicó: “como OIM valoramos el desarrollo de Cuatro Vientos pues ella es un ejemplo concreto de que la acción coordinada de diferente actores, con miras a un objetivo común, da frutos y permite ampliar el alcance que tendría la mera acción individual, siendo más efectiva para abordar las necesidades de cientos de familias que hoy necesitan apoyo, familias integradas por nacionales y migrantes, quienes son parte de sus territorios y contribuyen a su desarrollo”.

“Muchas de estas familias además de vivir las consecuencias que está dejando la pandemia del Covid-19, entre sus miembros cuentan con Personas Haitianas que no domina el español, por lo tanto, su acceso a la información se ve muy restringida. Es por ellos, que implementaremos una plataforma llamada “Vi-Sor” que les permitirá tomar contacto con un intérprete de creole/español y este último acompañado de diversos profesionales como

abogados, asistentes sociales y de la salud entre otros, resolverán las dudas de miles de personas haitianas”, señaló Diego Villarroel Director de Red Apis.

“Para SocialAce es muy gratificante poder participar de la iniciativa Cuatro Vientos y usar nuestra plataforma para entregar transparencia y trazabilidad al proceso de donación en esta primera fase. Nos alegra poder compartir conocimientos y experiencias con los demás integrantes de este equipo colaborativo en pro de las familias nacionales y migrantes en Chile. Este proyecto se alinea muy bien con lo que buscamos, crear redes colaborativas y de esta manera generar mayores oportunidades para todas y todos. Así la inclusión laboral tanto de la mujer como de los migrantes es un objetivo que buscamos promover con entusiasmo”, indica Juan Pablo Hernández, integrante de Socialace

“Como Acción Social Alumni Promociona, nos mueve una mirada común que pone a disposición las capacidades, voluntad y redes de este grupo de mujeres en beneficio de quienes necesitan urgente ayuda por los efectos de la pandemia. Gracias a la alianza Cuatro Vientos hemos podido desplegar este propósito.

Esta iniciativa busca, en una primera fase, aportar a la seguridad alimentaria y sanitaria de las familias migrantes afectadas, para luego apoyarlas en su desarrollo e inserción laboral con perspectiva de género”, señala Gerda Bianchini, Acción Social Almuni Promociona Chile.

En las siguientes etapas del proyecto, con una mirada más de largo plazo Cuatro Vientos busca generar una Plataforma de Información de utilidad pública inclusiva, así como la creación de un Programa de intermediación laboral para mujeres migrantes y apoyar así su inserción efectiva.

ENLACE DE ACCESO AL LANZAMIENTO VIERNES 31 DE JULIO A LAS 11.00 A 12.00 HRS.

VÍA @Redeqgenero de Facebook https://www.facebook.com/Redeqgenero/ ABIERTO Y GRATUITO

Sin duda el COVID-19 ha cambiado al mundo por completo, principalmente a la hora de relacionarnos. Sin embargo, el Servicio Jesuita a Migrantes (@sjmchile) ha seguido dando continuidad a sus cursos y programas mediante modalidad online.

Aunque el curso estaba previsto de forma presencial, la contingencia hizo que profesionales y voluntarios de la entidad trabajaran en una serie de videos con contenido pedagógico para enseñar español a personas que no hablen el idioma.

Este material audiovisual, que está disponible en las plataformas del SJM, fue desarrollado por un grupo de personas voluntarias del programa Cursos de Español de la misma organización, quienes daban clases presenciales a las personas no hispanohablantes en distintas comunas. Estos voluntarios participan también en la comisión de Enseñanza de Español como Lengua Extranjera (ELE) del programa, generando así contenidos y guías para los cursos de español que realiza la fundación.

Alexandra Fontilus, Responsable de Cursos de Español del SJM, explicó que “este es un material pensado para personas de la comunidad hablante creole, sin embargo, las personas no hispanohablantes que manejan otro idioma, también pueden usarlo ya que se usaron las mismas guías del programa como base para elaborar cada video”.

En la instancia también participaron algunos estudiantes de cursos anteriores. En ese sentido, Alexandra, se refirió a la importancia de los voluntarios, “nuestro equipo de voluntarios y profesores también harán un acompañamiento a las personas que participen, con el fin de orientarlos en el caso de que tengan dudas o que necesiten algo en específico”.

La propia Alexandra destacó que el objetivo es poner a disposición un material práctico para que quienes quieran acceder y lo puedan usar fácilmente y en los tiempos que más les acomode, llegando a la vez a personas en todas las regiones del país.

Quienes quieran solicitar el contenido lo pueden hacer acá o escribiendo a cursosespañol@sjmchile.org