El monto promedio de la mora entre los jóvenes pasa de $71 mil a los 22 años a más de $2,3 millones a los 29. Especialista plantea que la falta de educación financiera y el uso del crédito como extensión del ingreso están detrás del fenómeno.

Agosto, 2026. La morosidad de los jóvenes chilenos aumenta con fuerza durante los primeros años de la adultez. Un estudio realizado por Chiledeudas y Maat muestra que la deuda impaga promedio pasa de $71.386 a los 22 años a $2.364.122 a los 29, es decir, se multiplica 33,1 veces. El informe atribuye parte de esta evolución al acceso progresivo a créditos de consumo, automotrices y comerciales, en una etapa en que muchos jóvenes todavía tienen un historial financiero limitado.

Para Sergio Vásquez, director de Ingeniería Comercial de la Universidad del Alba, una de las claves para entender este escenario está en la educación financiera y en la dificultad para distinguir entre lo que una persona puede comprar y lo que efectivamente puede pagar.

“La educación financiera lo que nos permite a nosotros es destinar un porcentaje de nuestro sueldo mensual en consumo”, señala el académico, quien advierte que el acceso al crédito puede llevar a que los jóvenes comprometan ingresos futuros para financiar un nivel de consumo que supera su capacidad económica.

El problema, explica, no está necesariamente en utilizar crédito. “El crédito de por sí no es malo, siempre que se mantenga dentro de los márgenes que yo puedo manejar”, plantea.

La regla del 30%

Una de las recomendaciones de Vásquez es establecer un límite para el endeudamiento: que las obligaciones crediticias no superen el 30% de los ingresos mensuales.

El ejemplo es sencillo: si una persona recibe $100.000 y tiene una cuota de $20.000, esos $20.000 ya forman parte del 30% que puede destinar a compromisos crediticios. Por lo tanto, no debería seguir acumulando cuotas hasta comprometer una proporción mayor de sus ingresos.

“La recomendación es no sobrepasar el 30% de mis ingresos en crédito”, sostiene.

Para el especialista, el riesgo aparece cuando las personas comienzan a utilizar las tarjetas y créditos para mantener un nivel de consumo que sus ingresos no permiten sostener. En ese escenario, cada nueva compra reduce el dinero disponible para los meses siguientes y puede terminar generando una deuda difícil de pagar.

¿Tarjeta de crédito? Pagar el total

Vásquez también apunta a uno de los errores más habituales en el uso de las tarjetas: pagar solo una parte de la deuda y arrastrar el saldo hacia el mes siguiente.

“Si usted va a usar tarjeta de crédito, pague la cuota completa a fin de mes”, recomienda.

La lógica, explica, es evitar que una compra termine convirtiéndose en una deuda que se prolonga en el tiempo producto de los intereses. Por eso, más que demonizar el crédito, plantea que el desafío está en utilizarlo de acuerdo con la capacidad real de pago.

El aumento de la morosidad entre los 22 y 29 años ocurre precisamente durante una etapa en que los jóvenes comienzan a acceder a productos financieros de mayor monto, como créditos de consumo y automotrices.

“Si no se va a transformar en una deuda impagable”, advierte Vásquez respecto de la importancia de no sobrepasar la capacidad de pago mensual.

La recomendación, en definitiva, es simple: antes de asumir una nueva cuota, calcular cuánto del ingreso ya está comprometido y preguntarse si el presupuesto del mes siguiente seguirá siendo suficiente para cubrir gastos básicos, consumo y nuevas obligaciones.

WEComunicaciones.cl

Director Magíster en Derecho Inmobiliario y Registral, UCEN

Los datos demuestran con elocuencia las severas consecuencias que han tenido en el mercado del trabajo y en la economía en general, primero, los gravísimos e inaceptables hechos de violencia ocurridos a partir del estado de disconformidad social manifestado en el mes de octubre del año pasado y, luego, las medidas que ha debido adoptar la autoridad por el Covid-19.

El estado de catástrofe se decreta recién en marzo de 2020; sin embargo, en enero del mismo año, ya el Banco Central preveía una tasa de desempleo superior a los dos dígitos y publicaciones daban cuenta de que la morosidad en el pago de gastos comunes en la Región Metropolitana había aumentado a un 29%.

La morosidad en el pago de gastos comunes, además de los serios problemas que produce a la operación y conservación del respectivo condominio, puede acarrear al deudor el pago de intereses con tasa máxima convencional y multas, corte del suministro eléctrico e, incluso, embargo de bienes para pagarlos con el producto de su remate.

Una pregunta muy recurrente en esta materia es ¿qué sucede cuando el deudor es un arrendatario? La verdad es que frente al condominio casi nada, porque el único obligado al pago de los gastos comunes, al tenor de la Ley sobre Copropiedad Inmobiliaria, es el propietario de la respectiva unidad, independientemente de lo que éste hubiere pactado con su arrendatario en el contrato acerca del pago de los gastos comunes.

En caso de que el arrendatario no cumpla su obligación contractual de pagar los gastos comunes, la demanda ejecutiva de cobro la dirigirá el condominio en contra del propietario de la unidad arrendada -no obstante que se puede discutir el efecto expansivo del contrato de arrendamiento, en la práctica, igualmente, se prefiere demandar al propietario por la posibilidad de embargar la unidad que genera la deuda-. En virtud del contrato, luego el propietario podrá reclamar al arrendatario el reembolso de lo pagado y las indemnizaciones que correspondan.

Además, en caso de incumplimiento de la obligación del arrendatario de pagar oportunamente los gastos comunes, el arrendador, en mi opinión podría demandar antes la terminación del contrato de arrendamiento; especialmente, si se logra establecer de que se trata de un incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.

En el ámbito de la Ley sobre Copropiedad Inmobiliaria y, desde un punto de vista práctico, la única medida cohersitiva que directamente afecta al arrendatario u otro ocupante de la unidad es la suspensión del suministro eléctrico, el que procede en caso de mora en el pago de tres o más cuotas, continuas o discontinuas, de gastos comunes. Algunos reglamentos de copropiedad establecen la posibilidad de suspender otros servicios, lo que no ha estado exento de dudas sobre su legalidad.