Esta infraestructura permitiría procesar el material cerca de los yacimientos, optimizando la recuperación de oro grueso y fino.

El caso se remonta a una apropiación indebida de más de 72 millones de pesos por parte de un exfuncionario de la Seremi de Minería, situación que afectó directamente a 27 socios del sindicato. El exfuncionario, Patricio Bolvarán, se habría presentado en representación de la autoridad de la época, Roberto Vega, para posteriormente huir con el dinero, el cual fue cobrado mediante cuatro vales vista endosados a su nombre.

“Estamos hablando de 27 familias que vieron truncadas sus posibilidades de desarrollo producto de un fraude grave. Aquí no solo hay un perjuicio económico, hay un daño social profundo que el Estado tiene que hacerse cargo de reparar”, señaló la parlamentaria.

En esa línea, la diputada anunció una serie de gestiones, entre ellas, solicitar una audiencia en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputadas y Diputados, además de coordinar reuniones con la Fiscalía de Los Vilos y con la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), con el objetivo de gestionar recursos que permitan reactivar la planta.

Como consecuencia de este fraude, el sindicato contrajo una deuda con la Sociedad de Servicios a la Minería Portilla Hermanos Limitada, empresa encargada de ejecutar las obras. El Juzgado de Garantía de La Serena condenó al responsable a tres años de presidio, junto con cinco años de inhabilitación para ejercer cargos u oficios públicos y el pago de una multa de 14 millones 400 mil pesos, por el delito reiterado de fraude al Fisco.

Actualmente, la infraestructura no se encuentra operativa, pese a contar con recursos aprobados por el Gobierno Regional desde el año 2014.

“Vamos a activar todas las instancias institucionales necesarias. Esto no puede quedar solo en una condena judicial. Aquí hay familias que dependen directamente de esta planta para su sustento, y el Estado tiene que estar a la altura para garantizar su recuperación”, enfatizó Castillo.

Desde el sindicato valoraron la disposición de la diputada y subrayaron la urgencia de obtener respuestas concretas tras años de incertidumbre.

“Nosotros venimos de familias pobres pero jamás nuestros padres nos dijeron que estuviéramos metiendo las manos en cosas que no nos corresponde. Nosotros somos humildes y somos pobres. Veremos qué va a pasar de aquí en adelante con las peticiones que nosotros como sindicato estamos haciendo”, señaló Israel Del Carmen Barraza, presidente del sindicato.

La diputada Nathalie Castillo exigió al gobierno y al presidente de la Comisión de Pesca y Acuicultura, Alejandro Bernales, destrabar la tramitación de la nueva Ley General de Pesca (Boletín 16500-21), iniciativa que, pese a haber sido ingresada en enero de 2024, permanece sin avances y estancada en su primera etapa legislativa.

La parlamentaria, integrante de la comisión, emplazó al Ejecutivo a no seguir dilatando la discusión de una normativa clave para el futuro de la pesca artesanal en la región de Coquimbo y en todo el país, advirtiendo que el sector continúa enfrentando incertidumbre y demandas estructurales pendientes. En ese contexto, recordó que la anterior administración impulsó la Ley de Fraccionamiento -publicada en junio de 2025-, que abordó la distribución de cuotas entre el sector artesanal e industrial.

“Le pedimos al gobierno que le ponga urgencia a la tramitación de la Ley de Pesca. Acá no estamos hablando sólo de una ley, estamos hablando de la economía familiar de miles de hombres y mujeres que viven de la pesca artesanal y que sostienen las economías locales a lo largo de Chile. Mientras seguimos esperando la derogación definitiva de la corrupta Ley Longueira, vemos una verdadera ofensiva empresarial para frenar cualquier avance hacia una distribución más justa de los recursos pesqueros, incluso recurriendo al Tribunal Constitucional para defender privilegios”, sostuvo la diputada.

“Chile necesita una ley efectiva que proteja a la pesca artesanal. Hoy, al mantener este proyecto fuera de tabla y sin urgencia en la comisión, lo que se hace es prolongar la incertidumbre y postergar soluciones que el sector lleva años esperando”, concluyó Castillo.

Las dificultades para controlar el incendio forestal en Altovalsol, en La Serena, volvieron a dejar en evidencia un problema que los vecinos vienen advirtiendo hace tiempo: la falta de agua en el sector. El punto más cercano de abastecimiento estaba en Algarrobito, lo que complicó el trabajo de Bomberos y reactivó la urgencia de contar con un cuartel rural en la ruta D-41, camino al Valle del Elqui.

Este proyecto no es nuevo. Lleva más de un año de gestiones impulsadas por la diputada Nathalie Castillo, junto a organizaciones como la UCAM rural, el municipio, autoridades regionales y Bomberos. La idea es mejorar la capacidad de respuesta en sectores rurales que hoy siguen quedando atrás cuando ocurren emergencias.

Como parte de ese trabajo, ya se cuenta con un camión 4×4 para patrullaje en la zona. El año pasado, el MOP se comprometió a realizar un estudio de factibilidad técnica para garantizar el suministro de agua a la futura brigada.

Para la parlamentaria Castillo, “este es un trabajo que venimos impulsando desde 2025 junto a las organizaciones sociales, vecinos y Bomberos, autoridades locales y de gobierno, porque sabemos las brechas que existen en los sectores rurales cuando ocurre una emergencia. Aquí hay una comunidad organizada que ha empujado este proyecto y que necesita respuestas Esperamos que las nuevas autoridades le den continuidad a este esfuerzo, porque en una emergencia el tiempo es clave, y vivir en una zona rural no puede significar menor acceso a una atención oportuna.”

Eduardo Ortega, dirigente de la Junta de Vecinos Rurales, valoró el avance, pero también puso el foco en lo que viene. Recordó, además, con tristeza, la muerte de un adulto mayor en 2025, producto de un incendio que afectó su vivienda en el sector Gabriela Mistral, quien se encontraba en un contexto de vulnerabilidad. “Ahora el desafío es organizar a la comunidad, hacer un llamado al voluntariado y levantar una brigada. Ese es el primer paso para después pensar en un cuerpo de Bomberos rural”, señaló.