Desde hace años, la Fundación Filarmónica de Coquimbo desarrolla un trabajo gratuito de formación musical dirigido a estudiantes de distintos establecimientos educacionales, promoviendo el acceso a las artes sin distinciones y acercando la música a cientos de familias de la comuna.

Al respecto, la parlamentaria señaló que “este proyecto representa una apuesta concreta por la educación, la cultura y el desarrollo de nuestros territorios. La Fundación Filarmónica ha demostrado durante años que el acceso al arte transforma vidas, genera comunidad y abre oportunidades para niños, niñas y jóvenes que muchas veces no tienen acceso a este tipo de espacios”.

La propuesta considera la construcción de un espacio destinado tanto a la formación académica como a la difusión cultural. El proyecto contempla salas para clases y ensayos, además de un anfiteatro con capacidad para 120 espectadores y un escenario apto para presentaciones de hasta 75 músicos.

“La región necesita más espacios culturales abiertos a la comunidad. Este centro no solo fortalecerá la formación artística, sino que también permitirá que músicos y creadores locales cuenten con un lugar para desarrollar y compartir su trabajo. Es una inversión en identidad, inclusión y cohesión social”, agregó Castillo.

La iniciativa busca transformarse en un punto de encuentro para la comunidad, fortaleciendo la identidad cultural local y entregando un espacio permanente para la creación, formación y presentación de artistas de la región.

En el segundo foro regional “Crisis Hídrica y el presente del Campesino”, realizado este viernes en la comuna de Canela, la diputada Nathalie Castillo anunció el ingreso de un proyecto de ley que busca fortalecer la protección de nacientes, vertientes y cabeceras de cuenca, en medio de la grave y prolongada sequía que afecta al país y golpea con especial fuerza a la Región de Coquimbo.

La actividad reunió a autoridades locales y regionales, junto a representantes del Consejo Regional Campesino, quienes abordaron los efectos de la crisis hídrica sobre la agricultura familiar campesina y la permanencia de las comunidades rurales en sus territorios. La iniciativa legislativa busca ampliar las facultades preventivas de la Dirección General de Aguas (DGA), permitiéndole actuar oportunamente frente a riesgos que puedan comprometer “el funcionamiento natural y la disponibilidad hídrica de estas fuentes de especial relevancia territorial, ambiental y comunitaria”, señala el texto del proyecto.

La propuesta pone especial atención en lo que en el mundo rural se conoce como “agua de tejas”, una expresión tradicional utilizada para referirse a pequeños flujos permanentes de agua que permiten la subsistencia de familias campesinas, animales y ecosistemas locales. Se trata de una forma histórica y comunitaria de aprovechamiento del recurso hídrico, fundamental para numerosos sectores rurales de la región y que hoy se encuentra amenazada por el avance de la desertificación y el deterioro de las fuentes naturales de abastecimiento.

Además de su valor patrimonial e histórico, estas vertientes y nacientes cumplen un rol estratégico en el equilibrio de los ecosistemas y en el suministro de agua para localidades alejadas de los grandes centros urbanos. Sin embargo, diversas intervenciones y obras han alterado su funcionamiento natural, afectando caudales, interrumpiendo el abastecimiento humano y provocando, en algunos casos, la desaparición progresiva de estas fuentes.

“En la Región de Coquimbo sabemos lo que significa ver desaparecer una vertiente o secarse una naciente. No estamos hablando solamente de agua, sino de la posibilidad de que las familias permanezcan en sus territorios, de proteger la agricultura familiar campesina y de resguardar ecosistemas fundamentales para la vida rural. Este proyecto busca que el Estado pueda actuar antes de que el daño sea irreversible y no cuando las comunidades ya han perdido sus fuentes de agua”, señaló la diputada Nathalie Castillo.

La parlamentaria agregó que la crisis hídrica exige fortalecer las herramientas de protección sobre aquellos bienes naturales que sostienen la vida de las comunidades rurales. “Durante años hemos visto cómo pequeñas fuentes de agua esenciales para las localidades campesinas quedan expuestas a intervenciones que terminan afectando su funcionamiento natural. Nuestro deber es avanzar hacia una gestión del agua que priorice el consumo humano, la protección de los ecosistemas y el derecho de las comunidades a permanecer en sus territorios”, concluyó.

La querella surge luego de una investigación del medio Reportea, que reveló pagos realizados por la empresa Andes Iron entre marzo y diciembre de 2023 al estudio jurídico Lagos, Vargas & Silber, una de las oficinas vinculadas a la denominada “trama bielorrusa”. Los montos ascienden a $255,5 millones, pese a que la representación legal de la minera estaba radicada en otro estudio jurídico.

“Dominga vuelve a demostrar algo que las comunidades vienen denunciando por años: cuando el poder económico presiona para acelerar proyectos a cualquier costo, quienes terminan pagando las consecuencias son las familias, el medio ambiente y la confianza pública en las instituciones. Lo hemos dicho mil veces, no se trata de un megaproyecto que impacta al Archipiélago de Humboldt también ha destacado por  sus redes de influencia, conflictos de interés y actos de corrupción vinculados a decisiones judiciales y actores relacionados con la tramitación de Dominga”, señaló Castillo.

”Lo denunciamos en la tramitación de la megareforma cuando existen sospechas de corrupción lo mínimo es fortalecer la transparencia, aumentar los controles y robustecer la institucionalidad ambiental. Pero ocurre exactamente lo contrario: quieren acelerar aprobaciones, limitar revisiones y reducir exigencias ambientales en favor del poder económico en Chile”, complementó.

La querella agrega un nuevo antecedente: Cecilia Ramírez, esposa del ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus, habría desempeñado funciones en el estudio jurídico, recibiendo pagos por un total de $18 millones entre 2023 y 2024, periodo que coincide con los pagos realizados por Andes Iron al bufete, según el escrito judicial.

Greenpeace sostiene que este mecanismo habría operado como una “pantalla” para canalizar beneficios económicos hacia el ministro o su círculo cercano. El abogado querellante Mauricio Daza recordó además que Matus votó en dos oportunidades a favor del proyecto Dominga, siendo incluso redactor de uno de los fallos.

Cabe recordar que la diputada Castillo solicitó anteriormente la inhabilidad del ministro para redactar uno de los fallos, luego de conocerse que Jean Pierre Matus había incorporado en su listado de inhabilidades al abogado Marcelo Castillo, gestor de intereses del proyecto Dominga.

“La querella presentada por Greenpeace Chile es de tremenda relevancia, porque vuelve a poner sobre la mesa antecedentes que no pueden esconderse bajo discursos de crecimiento económico. Si las organizaciones ambientales, comunidades y expertos coinciden en advertir riesgos institucionales y ambientales, el Estado tiene la obligación de escuchar y actuar con responsabilidad”, concluyó la parlamentaria.

Esta infraestructura permitiría procesar el material cerca de los yacimientos, optimizando la recuperación de oro grueso y fino.

El caso se remonta a una apropiación indebida de más de 72 millones de pesos por parte de un exfuncionario de la Seremi de Minería, situación que afectó directamente a 27 socios del sindicato. El exfuncionario, Patricio Bolvarán, se habría presentado en representación de la autoridad de la época, Roberto Vega, para posteriormente huir con el dinero, el cual fue cobrado mediante cuatro vales vista endosados a su nombre.

“Estamos hablando de 27 familias que vieron truncadas sus posibilidades de desarrollo producto de un fraude grave. Aquí no solo hay un perjuicio económico, hay un daño social profundo que el Estado tiene que hacerse cargo de reparar”, señaló la parlamentaria.

En esa línea, la diputada anunció una serie de gestiones, entre ellas, solicitar una audiencia en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputadas y Diputados, además de coordinar reuniones con la Fiscalía de Los Vilos y con la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), con el objetivo de gestionar recursos que permitan reactivar la planta.

Como consecuencia de este fraude, el sindicato contrajo una deuda con la Sociedad de Servicios a la Minería Portilla Hermanos Limitada, empresa encargada de ejecutar las obras. El Juzgado de Garantía de La Serena condenó al responsable a tres años de presidio, junto con cinco años de inhabilitación para ejercer cargos u oficios públicos y el pago de una multa de 14 millones 400 mil pesos, por el delito reiterado de fraude al Fisco.

Actualmente, la infraestructura no se encuentra operativa, pese a contar con recursos aprobados por el Gobierno Regional desde el año 2014.

“Vamos a activar todas las instancias institucionales necesarias. Esto no puede quedar solo en una condena judicial. Aquí hay familias que dependen directamente de esta planta para su sustento, y el Estado tiene que estar a la altura para garantizar su recuperación”, enfatizó Castillo.

Desde el sindicato valoraron la disposición de la diputada y subrayaron la urgencia de obtener respuestas concretas tras años de incertidumbre.

“Nosotros venimos de familias pobres pero jamás nuestros padres nos dijeron que estuviéramos metiendo las manos en cosas que no nos corresponde. Nosotros somos humildes y somos pobres. Veremos qué va a pasar de aquí en adelante con las peticiones que nosotros como sindicato estamos haciendo”, señaló Israel Del Carmen Barraza, presidente del sindicato.

La diputada Nathalie Castillo exigió al gobierno y al presidente de la Comisión de Pesca y Acuicultura, Alejandro Bernales, destrabar la tramitación de la nueva Ley General de Pesca (Boletín 16500-21), iniciativa que, pese a haber sido ingresada en enero de 2024, permanece sin avances y estancada en su primera etapa legislativa.

La parlamentaria, integrante de la comisión, emplazó al Ejecutivo a no seguir dilatando la discusión de una normativa clave para el futuro de la pesca artesanal en la región de Coquimbo y en todo el país, advirtiendo que el sector continúa enfrentando incertidumbre y demandas estructurales pendientes. En ese contexto, recordó que la anterior administración impulsó la Ley de Fraccionamiento -publicada en junio de 2025-, que abordó la distribución de cuotas entre el sector artesanal e industrial.

“Le pedimos al gobierno que le ponga urgencia a la tramitación de la Ley de Pesca. Acá no estamos hablando sólo de una ley, estamos hablando de la economía familiar de miles de hombres y mujeres que viven de la pesca artesanal y que sostienen las economías locales a lo largo de Chile. Mientras seguimos esperando la derogación definitiva de la corrupta Ley Longueira, vemos una verdadera ofensiva empresarial para frenar cualquier avance hacia una distribución más justa de los recursos pesqueros, incluso recurriendo al Tribunal Constitucional para defender privilegios”, sostuvo la diputada.

“Chile necesita una ley efectiva que proteja a la pesca artesanal. Hoy, al mantener este proyecto fuera de tabla y sin urgencia en la comisión, lo que se hace es prolongar la incertidumbre y postergar soluciones que el sector lleva años esperando”, concluyó Castillo.

Las dificultades para controlar el incendio forestal en Altovalsol, en La Serena, volvieron a dejar en evidencia un problema que los vecinos vienen advirtiendo hace tiempo: la falta de agua en el sector. El punto más cercano de abastecimiento estaba en Algarrobito, lo que complicó el trabajo de Bomberos y reactivó la urgencia de contar con un cuartel rural en la ruta D-41, camino al Valle del Elqui.

Este proyecto no es nuevo. Lleva más de un año de gestiones impulsadas por la diputada Nathalie Castillo, junto a organizaciones como la UCAM rural, el municipio, autoridades regionales y Bomberos. La idea es mejorar la capacidad de respuesta en sectores rurales que hoy siguen quedando atrás cuando ocurren emergencias.

Como parte de ese trabajo, ya se cuenta con un camión 4×4 para patrullaje en la zona. El año pasado, el MOP se comprometió a realizar un estudio de factibilidad técnica para garantizar el suministro de agua a la futura brigada.

Para la parlamentaria Castillo, “este es un trabajo que venimos impulsando desde 2025 junto a las organizaciones sociales, vecinos y Bomberos, autoridades locales y de gobierno, porque sabemos las brechas que existen en los sectores rurales cuando ocurre una emergencia. Aquí hay una comunidad organizada que ha empujado este proyecto y que necesita respuestas Esperamos que las nuevas autoridades le den continuidad a este esfuerzo, porque en una emergencia el tiempo es clave, y vivir en una zona rural no puede significar menor acceso a una atención oportuna.”

Eduardo Ortega, dirigente de la Junta de Vecinos Rurales, valoró el avance, pero también puso el foco en lo que viene. Recordó, además, con tristeza, la muerte de un adulto mayor en 2025, producto de un incendio que afectó su vivienda en el sector Gabriela Mistral, quien se encontraba en un contexto de vulnerabilidad. “Ahora el desafío es organizar a la comunidad, hacer un llamado al voluntariado y levantar una brigada. Ese es el primer paso para después pensar en un cuerpo de Bomberos rural”, señaló.