Cuando comenzó el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, Chile estaba golpeado: inflación disparada, inseguridad creciente, fronteras sin control y una sensación instalada de que el país se caía a pedazos. Esa fue la herencia. Y mientras algunos apostaron por seguir instalando la idea de la fatalidad permanente, este Gobierno se dedicó a lo esencial: estabilizar, avanzar y transformar. Esos fueron los ejes para mejorar las condiciones materiales de vida de las personas.

Hoy no lo decimos nosotros: lo dicen los hechos. Más de mil avances concretos muestran que Chile está mejor que ayer. No mejor en discursos: mejor en la mesa de las familias.

En la Región de Coquimbo, ese progreso no se mira desde estadísticas abstractas, sino desde el territorio. Nuestra región conoce bien sus desafíos estructurales: la sequía que tensiona el mundo rural y productivo, las brechas de conectividad, la necesidad de mejorar el acceso a salud oportuna, el costo de la vida, la seguridad y la recuperación de espacios públicos. Por eso, cuando hablamos de avances, hablamos de medidas que devuelven certezas y de inversiones que se materializan en el territorio, comuna por comuna.

El primer deber de un gobierno responsable es estabilizar: ordenar la casa, recuperar la gobernabilidad y asegurar condiciones mínimas para que las familias planifiquen su vida. Eso ha significado enfrentar la inflación, proteger la economía familiar y fortalecer la presencia del Estado donde por años estuvo ausente o debilitado.

En Coquimbo, estabilizar también es seguridad. Y aquí hay decisiones concretas: la instalación del OS7 Limarí–Choapa y del OS9 Coquimbo refuerza el combate al narcotráfico y al crimen organizado con capacidades especializadas, articulando mejor la prevención, la investigación y el control en nuestros territorios. Esto no reemplaza el trabajo comunitario ni el rol de los municipios, pero sí fortalece una línea de acción indispensable: perseguir con eficacia a quienes lucran con la violencia y el miedo.

Una vez que se estabiliza, se puede avanzar con mayor fuerza en lo esencial: ingresos, salud, transporte, educación y calidad de vida.

En salud, la región vive un hito que proyecta futuro: el inicio de la construcción de tres hospitales para la Región de Coquimbo —La Serena, Coquimbo e Illapel—. Hablar de hospitales no es hablar solo de infraestructura; es hablar de dignidad, de reducir tiempos de espera, de mejorar el acceso a especialidades, de acercar la atención a las personas y de fortalecer la red pública en zonas que por años han requerido mayor capacidad resolutiva.

En movilidad y modernización urbana, la llegada de buses eléctricos para la conurbación La Serena–Coquimbo es más que un cambio tecnológico. Es una señal de que la transición a un transporte público más limpio y moderno puede —y debe— llegar también a las regiones. Menos ruido, menos contaminación y un estándar de servicio que mejora la experiencia cotidiana de miles de usuarias y usuarios.

Hay transformaciones que son, además, apuestas estratégicas. En Coquimbo, hablar de futuro obliga a hablar de agua. Por eso, el impulso a una planta desalinizadora para la conurbación no es un tema técnico aislado: es una respuesta estructural ante una realidad ineludible. Asegurar abastecimiento para las ciudades, dar mayor resiliencia al sistema y planificar con visión de largo plazo es parte de la responsabilidad pública en una región marcada por la escasez hídrica.

Pero transformar no es solo infraestructura y seguridad. Transformar también es fortalecer el tejido social, la organización y la capacidad de las comunidades para incidir en su propio desarrollo. En ese marco, la Escuela de formación para más de 370 dirigentes campesinos y campesinas de la Región de Coquimbo representa una convicción profunda: no hay desarrollo territorial posible sin liderazgos locales con herramientas, sin organizaciones fortalecidas y sin reconocimiento a quienes sostienen la ruralidad y la producción local en condiciones muchas veces adversas.

Ese trabajo con dirigencias, con organizaciones y con comunidades no es accesorio: es democracia en acción. Es presencia del Estado en el territorio, con sentido, escuchando y construyendo con la gente.

Podrán decir que no fue suficiente o que la velocidad de los cambios fue distinta a la esperada. Pero resulta demasiado simplista —y muchas veces oportunista— sostener que este ha sido un gobierno desconectado de las necesidades de la ciudadanía. En Coquimbo, los avances se pueden nombrar con claridad: hospitales que comienzan a construirse, una respuesta estructural al agua mediante desalación, buses eléctricos modernizando la conurbación, unidades policiales especializadas fortaleciendo la seguridad y formación concreta para dirigencias campesinas que sostienen la vida rural.

En definitiva, gobernar ha sido mucho más que administrar lo posible. Ha sido estabilizar cuando todo temblaba; avanzar aun cuando el camino era cuesta arriba; y transformar con justicia y sentido de realidad, poniendo la vida cotidiana de las personas en el centro.

Claro que queda mucho por hacer; nadie lo niega. Pero negar lo avanzado no es una crítica honesta: es desconocer resultados que ya se expresan en la vida cotidiana. Más de mil avances no caben en un eslogan, pero sí se ven cuando las políticas públicas llegan al territorio y mejoran, concretamente, la vida de las familias.

Por eso, invito a todas y todos a visitar www.1000avances.cl, una plataforma que permite conocer, de manera clara y ordenada, cómo Chile está mejor que ayer. Luego de cuatro años de trabajo intenso, los números y las historias de vida muestran cambios contundentes. Y en ese camino, seguiremos trabajando hasta el último día de nuestro Gobierno.

Paulina Mora Lara, Seremi de Gobierno de la Región de Coquimbo

A poco más de un año de la promulgación de la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Ley N° 21.675), Chile cuenta por primera vez con un marco legal que reconoce la violencia de género como un problema estructural y de derechos humanos. Esta ley, fruto de más de siete años de trabajo y del esfuerzo de muchas mujeres, organizaciones y autoridades, representa un cambio profundo en la forma cómo el Estado aborda la violencia, ahora desde una mirada integral y ya no sólo desde la sanción, sino también desde la prevención, la reparación y la coordinación interinstitucional.

Para este 2025, cumpliendo con la meta presidencial, nuestra región cuentan también con un Centro de Atención Especializada en Violencia de Género (CAEVG), que trabaja para la restitución de los derechos de las mujeres víctimas de violencia grave o extrema.

Este nuevo centro, sumado a los 4 Centros de las mujeres desplegados en la región, han permitido atender a más de 1.200 mujeres entre 2024 y 2025 donde no solo reciben representación jurídica, sino que también, un proceso reparatorio para que puedan recuperar su autonomía. En suma, no son solo números, son mujeres de todas las edades a las que vemos mucho más allá de víctimas, las vemos llenas de posibilidades.

También hemos reforzado el trabajo preventivo, porque sabemos que la violencia de género no comienza con la agresión física y se expresa de muchas formas; económica, psicológica, simbólica o digital. Por eso, hemos impulsamos acciones educativas y de sensibilización en comunidades, escuelas y espacios laborales, promoviendo el reconocimiento de las violencias y la corresponsabilidad que tenemos como Estado y sociedad en su eliminación. Hemos fortalecido, además, la coordinación con las instituciones a través del Circuito Intersectorial de Femicidios, donde está Carabineros, PDI, Fiscalía, entre otras instituciones, para asegurar una respuesta oportuna y con enfoque de género ante cada caso.

La campaña “Una Ley en Nombre de Todas”, impulsada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, busca justamente eso: acercar la ley a las personas, informar sobre los derechos que consagra y promover una cultura de prevención y respeto. Porque esta ley no pertenece solo a quienes la promovieron o aprobaron: es de todas las mujeres, de quienes han vivido violencias y de quienes hoy trabajamos para erradicarla. “Una Ley en Nombre de Todas” es también en nombre de Patria, Minerva y María Teresa.

Priscilla Olivares Verasay

Directora Regional

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Región de Coquimbo

]]> 25174 https://www.coquimbonoticias.cl/2025/09/30/agua-en-suspenso-la-fragilidad-del-abastecimiento-rural-en-coquimbo/24350 Tue, 30 Sep 2025 22:43:50 +0000 https://www.coquimbonoticias.cl/?p=24350 [...]]]> Alan Sepúlveda Rodríguez – Académico Universidad Central sede Región de Coquimbo

En los últimos días, proveedores del servicio de camiones aljibe advirtieron que suspenderán la entrega si la Delegación Presidencial Regional no regulariza pagos atrasados. Desde el 1 de octubre, sectores rurales de La Serena, La Higuera, Andacollo y Las Cardas podrían quedar sin suministro. Se trata de apenas 350 litros semanales por familia, el mínimo para beber, cocinar e higienizarse. La ecuación es brutal, si el Estado no paga, el agua no llega.

Este episodio no es una simple disputa financiera, es la expresión de un diseño institucional precario. Lo que nació como paliativo frente a sequías excepcionales se ha transformado en una política crónica de abastecimiento. Emergencia hecha rutina. La continuidad depende de burocracias que no pagan a tiempo y de deudas opacas, mientras comunidades rurales terminan pagando más por un servicio caro, discontinuo y con mínima transparencia.

En lo político, los relatos son contrapuestos. Autoridades aseguran que “se está regularizando”; los proveedores responden “no podemos operar sin cobrar”; y las comunidades reclaman “agua hoy, no explicaciones”. Cada retraso erosiona confianza y concentra el mercado en pocas empresas con espalda financiera, marginando a operadores locales y debilitando la competencia.

El problema es estructural. Hay demasiados actores, públicos y privados, sin coordinación real. La normativa (Código de Aguas, Ley de SSR, decretos sanitarios) fue diseñada para tiempos normales, no para crisis prolongadas. Falta un marco que asegure continuidad mínima y transparencia obligatoria.

El caso de Coquimbo refleja procesos más amplios. A nivel global, las “emergencias permanentes” se repiten frente al cambio climático. En Latinoamérica, Lima o Ciudad de México muestran que los más pobres pagan más por el agua de camión que quienes acceden a red. En Chile, Petorca o Malleco ya han sufrido deudas millonarias y dependencia crónica del aljibe. Coquimbo no es excepción, es espejo.

Medidas mínimas serían publicar mensualmente deudas y pagos, crear un fondo regional de liquidez para servicios vitales, establecer cláusulas de continuidad en contratos y generar una ventanilla única hídrica con plazos vinculantes. En simple, que cada familia pueda entrar a una web y saber si tendrá agua la próxima semana.

La imagen final es clara, una familia midiendo litros, pendiente de si el Estado paga. No se trata de camiones, sino de garantías y confianza. Coquimbo tiene la oportunidad de mostrar que no aceptará vivir en emergencia eterna. La pregunta es inevitable ¿seremos capaces de pasar del parche a derecho  garantizado?

Pero ¿qué es exactamente el BRICS y por qué es tan relevante que Chile participe, aunque sea como país invitado? Es un bloque de economías emergentes originalmente conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y que hoy ha crecido para incluir a países como Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Indonesia, entre otros. Además, cuenta con un grupo de naciones socias conocidas como BRICS+, como Bolivia, Vietnam o Nigeria. En conjunto, representan más del 40% de la población mundial y una creciente influencia en la economía global.

Este foro tiene como objetivo principal fortalecer la cooperación entre los países del Sur Global, fomentar un desarrollo económico más equitativo y promover una gobernanza internacional más inclusiva. En otras palabras, busca equilibrar el poder global y dar mayor protagonismo a regiones y pueblos que históricamente han estado al margen de la toma de decisiones internacionales.

Como Seremi de Gobierno de la Región de Coquimbo, veo con bastante optimismo las puertas que esta participación puede abrir para nuestros territorios. Porque cuando el Presidente habla de fortalecer la cooperación económica, de ampliar nuestras relaciones internacionales más allá de los marcos tradicionales, también está pensando en regiones como la nuestra, que concentran un potencial exportador diverso y competitivo.

La Región de Coquimbo ha demostrado tener capacidad de liderazgo en sectores clave para el desarrollo sostenible. La agricultura de precisión, con productos como la uva de mesa, las mandarinas y los limones, encuentra en mercados como China o la India nuevas oportunidades de expansión. La pesca y la acuicultura, con productos del mar como ostiones, erizos o jibia, pueden posicionarse en circuitos comerciales donde la calidad y trazabilidad son cada vez más valoradas.

Asimismo, no podemos dejar de mencionar nuestros recursos mineros, especialmente el hierro y el cobre, que son esenciales para la transición energética global y la infraestructura tecnológica en países como Brasil o Sudáfrica. La creciente demanda en estas naciones por materias primas sostenibles y procesos responsables puede convertir a Coquimbo en un actor relevante del nuevo comercio internacional.

Pero esta apertura no solo tiene que ver con cifras o exportaciones. Tiene que ver también con valores. Chile está apostando por una política exterior activa, que no se encierra en la lógica del poder por el poder, sino que busca consensos, soluciones colectivas y desarrollo con equidad. La presencia del Presidente Boric en este espacio reafirma nuestro compromiso con un orden internacional más justo, más representativo y más humano.

La integración con el mundo no puede construirse solo desde Santiago. Debe nacer desde cada región de nuestro país, desde nuestras capacidades, nuestros productos y, por supuesto, desde nuestra gente. La voz de Coquimbo también tiene algo que decir en esta conversación global. Y lo hará mejor si entendemos que participar en foros como los BRICS no es alejarse del territorio, sino justamente ponerlo en el centro de una nueva estrategia para el desarrollo integral.

Por Paulina Mora, Seremi de Gobierno de la Región de Coquimbo

Es por eso que el reciente anuncio del Presidente Gabriel Boric, en su Cuenta Pública, marcó un hito muy importante para muchas familias que reconocen a los animales de compañía como integrantes del hogar. El mandatario indicó que se habilitará una línea de financiamiento piloto para cementerios municipales de mascotas, entendiendo que la muerte de nuestros animales no solo es dolorosa, sino que —al no existir lugares adecuados para enterrarlos— representa también un problema sanitario.

Como consecuencia de esta carencia, hemos visto a lo largo del país la proliferación de cementerios de mascotas en lugares no autorizados, lo que ha generado un problema sanitario, medioambiental y social.

Desde el punto de vista sanitario, la disposición de cuerpos animales sin medidas de control puede generar focos de contaminación, proliferación de plagas y riesgos para la salud pública. En términos medioambientales, estos cementerios improvisados pueden afectar los suelos, las napas subterráneas y la biodiversidad local. Y en el plano social, evidencian una necesidad insatisfecha de las comunidades, especialmente de aquellas con mayor densidad poblacional y escaso acceso a servicios formales de disposición final de mascotas.

Los cementerios municipales no solo brindarán consuelo emocional, sino que también garantizarán un manejo sanitario adecuado de los restos, previniendo posibles focos de infección y protegiendo el medio ambiente.

Por ello, se habilitará una línea de financiamiento en la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), a través del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, para la implementación de cementerios municipales de mascotas, con un plan piloto en cinco comunas del país. Este deberá contar con la debida autorización de la autoridad sanitaria y, una vez implementado, la Subdere evaluará su continuidad para replicarlo a nivel nacional.

A este anuncio se suman otras medidas, como el fortalecimiento del delito de maltrato animal y una mayor protección para los tutores, mediante —por ejemplo— la prohibición del robo de mascotas. Incluso se creará un registro de personas condenadas por maltrato animal, una herramienta clave para prevenir reincidencias.

Estas propuestas no ocurren en el vacío, sino que se enmarcan en el compromiso del Gobierno con la tenencia responsable. Recordemos que la Subdere cuenta con el Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, una iniciativa que ha ejecutado diversas acciones informativas para promover el cuidado de nuestras mascotas, como la campaña “Ellos confían en ti”, a través de la cual se busca generar conciencia respecto a las distintas dimensiones de la tenencia responsable: los cuidados, la inscripción en el registro, la responsabilidad comunitaria y la prevención del abandono y el maltrato animal.

Hoy se estima que en Chile existen alrededor de 7 millones de perros y 3 millones de gatos, lo que significa que hay un perro por cada 2,7 personas y un gato por cada 6,2. La amplia presencia de mascotas en los hogares hace innegable la existencia de una demanda ciudadana por mayor bienestar animal. Por eso, estas propuestas nos parecen necesarias para seguir avanzando en el desafío de entregarles a nuestros regalones una vida llena de cariño y cuidados.

Paulina Mora Lara, Seremi de Gobierno de la Región de Coquimbo

Con una gestión eficiente, responsable y empática, poniendo en el centro de la discusión política el rol del Estado y su importancia para mejorar la vida de las personas, podemos decir que el Chile de hoy es mejor que el de ayer. Tenemos un Estado más presente y preparado para dar más tranquilidad a las familias de nuestro país.

Este trayecto no ha sido fácil, hemos gobernado siendo minoría en el Congreso, enfrentamos bloqueos sistemáticos por parte de la oposición, con una ultraderecha que ha intentado frenar cada una de nuestras iniciativas. Rechazaron el alza al sueldo mínimo, dijeron que las 40 horas eran imposibles, se opusieron al Ministerio de Seguridad y a la Reforma a las Pensiones. Pero aquí estamos, gracias a la capacidad de diálogo y a poner los intereses comunes por sobre los particulares logramos hacer realidad estos proyectos. Avanzamos concretando acuerdos y reformas que están cambiando y mejorando la vida de las personas.

El Sistema Nacional de Cuidados “Chile Cuida”, la Ley TEA, la Ley de las 40 Horas, la Ley “papito corazón”, el Copago Cero en salud, el Pago de la deuda histórica a profesoras y profesores, el Royalty Minero, entre muchas otras iniciativas hablan por sí mismas, estamos cumpliendo con Chile, con la responsabilidad que asumimos y con trabajar por el bienestar de nuestra gente.

Porque cuando se gobierna con convicción, con compromiso con el pueblo y con un sentido profundo de justicia social, es posible avanzar convirtiendo los desafíos en logros. A diferencia de quienes prefieren bloquear, criticar y negar, nuestro gobierno optó por construir, con diálogo abierto e insistencia, para que hoy, miles de familias tengan un sueldo más digno, un sistema de seguridad más robusto y la esperanza de contar con pensiones que no los condenen a la pobreza. Estos logros no son retórica, son hechos concretos. Chile está mejor que hace tres años.

En nuestra Región de Coquimbo, también, hemos crecido y lo hemos hecho abordando problemas de los que nadie se había hecho cargo antes con medidas concretas, como la sequía, la seguridad y el transporte. Hoy contamos con la licitación de la planta Desaladora, los 42 buses eléctricos para la conurbación y el OS7 Limarí-Choapa. También, estamos avanzando en proyectos muy sentidos para la ciudadanía como son los hospitales de Coquimbo, La Serena e Illapel y los centros comunitarios en Monte Patria, Illapel, y próximamente Coquimbo, Los Vilos y Paihuano.

Estas son algunas muestras concretas de que el Gobierno está haciendo la pega, sabemos que nos quedan muchos desafíos y los seguiremos afrontando hasta el último día de nuestra administración por las mujeres, por la juventud, por los y las trabajadoras, por las hijas e hijos y sus familias. Por todos aquellos que aún pensamos que es posible un Chile más justo y solidario con todas y todos.

Paulina Mora Lara, Seremi de Gobierno de la Región de Coquimbo.

Todo eso, en medio de un sistema político que muchas veces es percibido como polarizado y fragmentado, las y los parlamentarios, en su mayoría, lograron poner en el centro el interés común de la ciudadanía, llegando a acuerdos que permitieron avanzar y mostrar que la política, cuando se ejerce con responsabilidad y visión de futuro, permite ofrecer soluciones concretas a los problemas de la gente.

Estos proyectos, que hoy los llamamos avances legislativos, llevaban una larga data debatiéndose en nuestra sociedad y hasta hoy no tenían una respuesta clara. Ejemplo de ello es el Ministerio de Seguridad que tardó 18 años en ser realidad, si bien desde el 2006 existía un acuerdo transversal sobre la necesidad de contar con un nuevo Ministerio de Seguridad, no lograba el respaldo necesario para convertirse en ley. En base a voluntad política, logramos destrabar esta discusión en el parlamento y promulgar un Ministerio especializado, con lo que tendremos un Estado más fuerte, con más atribuciones y más moderno para combatir la violencia y el crimen organizado y, así, lograr proteger a nuestras comunidades.

Otra de las prioridades que fijamos en nuestro programa de Gobierno fue mejorar las pensiones. Fue una tarea difícil, pero logramos lo que algunos tildaron como imposible. Después de diez años de discusión estéril, es el gobierno del Presidente Gabriel Boric, nuestro Gobierno, el que ha logrado sacar adelante la reforma más importante al sistema desde su creación, una propuesta que permitirá mejorar la vida de los actuales y de los futuros jubilados, además de corregir injusticias que han afectado a las mujeres durante largo tiempo. La reforma de pensiones marca un antes y un después cuando se trata de pensar en las jubilaciones y en cómo proyectamos acuerdos que beneficien a las personas. Esta es sin duda la mayor transformación al sistema que se implementó en dictadura, pasando de una lógica meramente individual a una complementada con un seguro social.

Llegar a eso, no fue tarea fácil. Como todos saben el proyecto aprobado no es lo que originalmente se propuso, y todos fueron testigos que el debate no estuvo exento de tensiones y presiones. Sin embargo, la reforma aprobada cumple con mejorar las pensiones para hoy y mañana y abre nuevos caminos para futuras discusiones previsionales, siempre y cuando existan las mayorías parlamentarias que así lo permitan, demostrando una vez más el poder que tiene la ciudadanía con su voto, al escoger a quienes los representarán en la Cámara de Diputados y el Senado, porque son ellos quienes finalmente deciden sobre el futuro de todo el pueblo de Chile.

Por otra parte, más de 40 años significaron lograr una reparación de la deuda histórica con las y los docentes. Gracias a un amplio acuerdo en el Congreso, esta ley beneficiará a más de 57 mil profesores y profesoras que verán compensado el daño causado por la dictadura, cuando se produjo el traspaso de la educación a los municipios, proceso en que se vulnera sus derechos laborales. Este acto de justicia no solo representa una reparación económica, sino también un reconocimiento al invaluable aporte de los educadores en la formación de generaciones de chilenos.

Esta construcción de consensos que ha logrado el Presidente Gabriel Boric y su Gobierno hoy nos permite decir que avanzamos en corregir los efectos que dejó la dictadura en las personas mayores y profesoras y profesores de nuestro país, como también nos permite dar cuenta que dejaremos a Chile con un Estado más fuerte y sólido, que permita dar mayor respuesta y seguridad a todas y todos.

Estas propuestas cumplidas, en una semana histórica, reflejan el compromiso del Gobierno con la construcción de un Chile más justo, seguro y equitativo para todos y todas. A través de estas iniciativas, estamos mejorando la calidad de vida, fortaleciendo la confianza en las instituciones públicas y avanzando hacia un país más justo, equitativo y seguro para las familias de nuestra región y de todo Chile.

Paulina Mora Lara, Seremi de Gobierno de la Región de Coquimbo.

La deuda histórica no solo representa un perjuicio económico, sino también moral y político. Durante la dictadura, el traspaso de la educación pública a las municipalidades desconoció el aumento salarial decretado para los profesores, reduciendo sus ingresos y pensiones. Desde entonces, generaciones de docentes lucharon por el reconocimiento de esta injusticia. Hoy, tras décadas de lucha, esa reparación comienza a materializarse.

El Gobierno ha presentado una propuesta concreta, viable y, lo más importante, validada democráticamente. Más del 82% de los docentes afectados respaldaron esta iniciativa en una votación organizada por el Colegio de Profesores. Este consenso refuerza el espíritu de diálogo y participación que caracteriza al Gobierno, marcando un hito histórico en la relación entre el Estado y el gremio docente.

La propuesta contempla un pago único de 4,5 millones de pesos reajustables por persona, en dos cuotas, priorizando el pago a los docentes de mayor edad.

El pago será transmisible a los herederos, en aquellos casos en que los titulares beneficiarios de la reparación fallezcan durante el periodo de pago que les corresponda. Este mecanismo asegura que ninguna familia quede desprotegida, reconociendo el sacrificio de quienes no alcanzaron a ver esta justicia en vida.

Este avance no es solo una solución económica; es un acto de respeto y dignidad hacia los profesores y profesoras de nuestro país. Muchas de ellas, mujeres que durante décadas enfrentaron no solo la precariedad laboral, sino también la discriminación de género, fueron las más afectadas. Al saldar esta deuda, Chile reconoce el rol fundamental de los docentes en la construcción de nuestra sociedad.

Desde la Región de Coquimbo, este paso marca un nuevo horizonte para la educación pública. Es tiempo de cerrar heridas, honrar el legado de las y los profesores y construir un sistema educativo que valore y respete su labor. Aún queda mucho por hacer, pero hoy avanzamos con dignidad hacia un país más justo y solidario.

En nombre del Gobierno y de nuestra región, agradezco profundamente la perseverancia de los docentes que nunca dejaron de luchar. Este acto de justicia no borra las décadas de espera, pero sí nos acerca a un país que reconoce a quienes lo han construido con esfuerzo y compromiso. Chile salda su deuda histórica con los profesores, y con ello, fortalece su compromiso con la educación y el futuro.

Por Paulina Mora Lara, Seremi de Gobierno de la Región de Coquimbo

En el ámbito económico, los proyectos conservadores suelen priorizar el mercado y las libertades económicas por sobre lo colectivo. Un proyecto progresista entiende que el Estado tiene un rol fundamental en la redistribución de los recursos. Esto significa políticas tributarias más justas, donde quienes más tienen aporten más, permitiendo financiar educación, salud y vivienda dignas para todos. Por eso, las políticas implementadas como ejecutivo, como el Plan de Emergencia Habitacional, tiene como pilar fundamental, el reconocimiento de que la casa propia no es un sueño, sino un derecho.

En la Región de Coquimbo, según cifras del mes de noviembre, se han construido y/o entregado más de 8.200 soluciones habitacionales para la región, lo que significa el cumplimiento del 66% de la meta regional.

Por el contrario, quienes abogan por un Estado mínimo, consideran que lo público sólo debe involucrarse subsidiariamente, es decir, cuando el privado no puede o no quiere intervenir, esto implica necesariamente que en aquellas zonas no rentables económicamente  para las empresas, existan carencias de las cuestiones más esenciales para la vida humana, como el acceso a servicios básicos.

Como Gobierno progresista creemos en la necesidad de hacernos cargo de las cuestiones esenciales de la vida humana, por eso hemos implementado políticas públicas como el Copago Cero en salud, Chile Cuida y tantas más, no solo para promover el fortalecimiento de las instituciones públicas, sino que reconociendo los cuidados y la salud, como parte fundamental de las garantías que debe brindar un Estado comprometido con una sociedad más inclusiva.

Es por esto que hemos impulsado una política pública con perspectiva de género, donde se ha reconocido el rol de cuidado que mayoritariamente ejercen las mujeres, entregando en la región más de 8 mil credenciales que dan cuenta de su labor, también incorporamos el pago de un beneficio para quienes cuidan a personas con discapacidad y creamos 3 centros comunitarios en Monte Patria, Illapel y,uno por construir, en la Parte Alta de Coquimbo, recintos que buscan ser un espacio seguro, de esparcimiento y bienestar para quienes ejercen el trabajo de cuidar.

Seguimos trabajando en saldar deudas históricas que tenemos con las mujeres, como el pago efectivo de pensiones de alimentos. Gracias a esta iniciativa hoy el Estado es quien debe perseguir al deudor y en más de un año, desde su implementación, se ha logrado el pago de $588 mil millones para apoyar el desarrollo y mantención de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional y hoy, en nuestra Región de Coquimbo esto ha significado que más de 5800 deudores, cerca de un 45% del total de los inscritos en el registro nacional de deudores, ya se están poniendo al día con sus obligaciones.

Optar por un gobierno progresista es elegir un camino hacia un país más igualitario, inclusivo y sostenible. Es entender que el progreso no se mide solo en cifras económicas, sino en el bienestar de las personas, la justicia social y el cuidado del planeta. La historia ha demostrado que avanzar juntos siempre será mejor que caminar divididos ¿Qué tipo de futuro queremos construir?, la respuesta está en nuestras manos.

Paulina Mora Lara, Seremi de Gobierno de la Región de Coquimbo

Como bien sabemos, los cuidados han sido históricamente invisibilizados por la sociedad, hoy, en pleno siglo XXI, es inaceptable que continúen siendo vistos como una responsabilidad exclusiva de las familias. Es por ello que como gobierno, desde que asumimos hemos trabajado activamente en el reconocimiento de los cuidados como una labor fundamental en la sociedad, mediante la elaboración de una política de Estado que establezca a los cuidados como un derecho. Según datos de la Encuesta Nacional de Empleo del INE, el 85% de las personas que cuidan son mujeres, quienes en su mayoría deben abandonar su desarrollo personal, profesional y económico. Este desequilibrio tiene consecuencias profundas en la vida de las cuidadoras y en la desigualdad de género de nuestro país. Es por esto que nuestro Gobierno reconoce que los cuidados son un pilar esencial para el desarrollo social y económico, y, por lo tanto, deben convertirse en un derecho garantizado.

El Sistema Nacional de Cuidados, propuesto por el Presidente Gabriel Boric, precisamente busca abordar de manera integral esta necesidad. Este sistema no solo implica el fortalecimiento de políticas públicas que reconozcan y valoren la labor de las personas cuidadoras, sino también la creación de una red de apoyo sólida que permita un acceso equitativo a servicios de cuidado de calidad. Esto incluye la capacitación de cuidadores y cuidadoras, acceso a prestaciones económicas y servicios de respiro, además de la implementación de infraestructuras adecuadas, como los Centros Comunitarios de Cuidados que tenemos en Illapel y Monte Patria, donde se entregaran prestaciones tanto para quienes cuidan, como para quienes requieren servicios de atención y rehabilitación.

Un aspecto clave de esta política es el enfoque de derechos y equidad de género. A través de este sistema, avanzamos en la construcción de una sociedad en la que el cuidado no sea una carga individual sino una responsabilidad compartida y garantizada por el Estado. Al reconocer y dignificar el rol de las personas cuidadoras, también aseguramos que quienes son cuidados reciban una atención de calidad, el reconocimiento y el respeto, acorde con los derechos que como sociedad hemos decidido consagrar.

Es importante señalar que este compromiso no es solo del Gobierno, sino un desafío que nos convoca a todos como sociedad. Por esto, requerimos el esfuerzo y la colaboración de diversos sectores, de la sociedad civil, del ámbito político y del mundo empresarial, además de una concienciación colectiva sobre el valor del trabajo de cuidador o cuidadora. Este 5 de noviembre no es solo un día para homenajear a quienes cuidan; es una oportunidad para recordar que, en algún momento de nuestras vidas, todos necesitamos de cuidados, y que construir una red de apoyo accesible y digna es fundamental para avanzar hacia un Chile más humano y solidario.

El Gobierno del Presidente Gabriel Boric está impulsando con fuerza la implementación de este Sistema Nacional de Cuidados con la convicción de que solo así podremos construir un Chile donde todas y todos tengan las mismas oportunidades de desarrollarse y vivir con dignidad. Porque cuidar debe ser una responsabilidad compartida y no un peso que deba enfrentar una sola persona.

A la fecha en nuestra región se han registrado más de 8 mil cuidadoras y cuidadores, sabemos que aún nos queda mucho por hacer, por eso el llamado es a continuar haciendo visible lo invisible, por nuestra parte seguiremos trabajando para que sientan nuestro apoyo, porque no están solas ni solos: todos estamos junto a ustedes.

Cuidar es un trabajo y hoy necesitamos de que sea reconocido como tal.

Paulina Mora Lara, Seremi de Gobierno.