La querella surge luego de una investigación del medio Reportea, que reveló pagos realizados por la empresa Andes Iron entre marzo y diciembre de 2023 al estudio jurídico Lagos, Vargas & Silber, una de las oficinas vinculadas a la denominada “trama bielorrusa”. Los montos ascienden a $255,5 millones, pese a que la representación legal de la minera estaba radicada en otro estudio jurídico.

“Dominga vuelve a demostrar algo que las comunidades vienen denunciando por años: cuando el poder económico presiona para acelerar proyectos a cualquier costo, quienes terminan pagando las consecuencias son las familias, el medio ambiente y la confianza pública en las instituciones. Lo hemos dicho mil veces, no se trata de un megaproyecto que impacta al Archipiélago de Humboldt también ha destacado por  sus redes de influencia, conflictos de interés y actos de corrupción vinculados a decisiones judiciales y actores relacionados con la tramitación de Dominga”, señaló Castillo.

”Lo denunciamos en la tramitación de la megareforma cuando existen sospechas de corrupción lo mínimo es fortalecer la transparencia, aumentar los controles y robustecer la institucionalidad ambiental. Pero ocurre exactamente lo contrario: quieren acelerar aprobaciones, limitar revisiones y reducir exigencias ambientales en favor del poder económico en Chile”, complementó.

La querella agrega un nuevo antecedente: Cecilia Ramírez, esposa del ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus, habría desempeñado funciones en el estudio jurídico, recibiendo pagos por un total de $18 millones entre 2023 y 2024, periodo que coincide con los pagos realizados por Andes Iron al bufete, según el escrito judicial.

Greenpeace sostiene que este mecanismo habría operado como una “pantalla” para canalizar beneficios económicos hacia el ministro o su círculo cercano. El abogado querellante Mauricio Daza recordó además que Matus votó en dos oportunidades a favor del proyecto Dominga, siendo incluso redactor de uno de los fallos.

Cabe recordar que la diputada Castillo solicitó anteriormente la inhabilidad del ministro para redactar uno de los fallos, luego de conocerse que Jean Pierre Matus había incorporado en su listado de inhabilidades al abogado Marcelo Castillo, gestor de intereses del proyecto Dominga.

“La querella presentada por Greenpeace Chile es de tremenda relevancia, porque vuelve a poner sobre la mesa antecedentes que no pueden esconderse bajo discursos de crecimiento económico. Si las organizaciones ambientales, comunidades y expertos coinciden en advertir riesgos institucionales y ambientales, el Estado tiene la obligación de escuchar y actuar con responsabilidad”, concluyó la parlamentaria.