Tras más de dos años de discusión, el Congreso Nacional despachó a ley la reforma previsional presentada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, luego de la Cámara de Diputadas y Diputados, en tercer trámite constitucional, aprobó la iniciativa por 110 votos a favor, 38 votos en contra y ninguna abstención.

Este hito fue valorado por la Vocera Regional de Coquimbo, Paulina Mora, quien señaló que dentro de las modificaciones al sistema se corrigen medidas injustas que hasta hoy afectan a las mujeres. “Primero queremos destacar el amplio acuerdo que se logró en el parlamento entorno a esta problemática, que día a día afecta a nuestros mayores, que no pueden pasar sus últimos años de forma digna. Por esto, los aumentos en la jubilación van a ser entre un 14% y un 35%, con un foco especial en reconocer, especialmente, a tantas mujeres que han debido trabajar doble jornada, dentro y fuera del hogar, para poder sacar adelante a sus familias a través de un beneficio por año cotizado y la compensación por tener mayores expectativas de vida”, explicó la autoridad.

Por su parte, el Seremi de Trabajo y Previsión Social, Francisco Brizuela, detalló que con el despacho de esta ley más de 62 mil pensionados y pensionadas de la Región de Coquimbo verán incrementada su Pensión Garantizada Universal (PGU), aumento que iniciará a hacerse efectivo a seis meses de publicada la norma.

“Es un gran paso el que estamos dando como país, precisamente respondiendo al sentir de la ciudadanía que es tener mejores pensiones para Chile. Con esta reforma se está avanzando en la creación de un Seguro Social, el aumento de la PGU a $250 mil, en establecer un nuevo aporte de los empleadores y una regulación más exigente para la industria de las AFP, entre otras materias, lo que pone el foco en mejorar las jubilaciones de los actuales y futuros pensionados”.

La autoridad del trabajo agregó que “son más de 62 mil los pensionados y pensionadas que recibirán el aumento de la PGU en la región de Coquimbo y en total 75.420 personas, en su mayoría mujeres, serán beneficiadas con los diferentes mecanismos  para corregir la discriminación injusta que han sufrido en materia previsional”.

CONTENIDO DE LA REFORMA. Propone la creación de un Seguro Social que entregará dos prestaciones, el Beneficio por Año Cotizado y la Compensación a Mujeres por las mayores expectativas de vida.

También considera una nueva cotización de cargo del empleador de 7% de la renta imponible. Esta se sumará al 1,5% que ya aportan los empresarios al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), con lo que los empleadores totalizarán una cotización de 8,5% en beneficio del trabajador.

Ese total se distribuirá en 4,5% para capitalización individual, con el objetivo de fortalecer las pensiones futuras. El 4% restante será administrado por el Seguro Social y tendrá la siguiente composición: con 2,5% se cubrirá las contingencias del SIS —invalidez y sobrevivencia— y la Compensación a Mujeres por mayores expectativas de vida. Con la diferencia de 1,5% se financiará el Beneficio por Año Cotizado, instrumento que mejorará las pensiones actuales y que será transitorio.

En cuanto a las características de los beneficios, la Compensación a Mujeres por la mayor sobrevida resultará en que una mujer y un hombre que se jubilan a los 65 años con la misma edad, mismo saldo, y grupo familiar obtengan la misma pensión, con un valor mínimo de 0,25 UF (aproximadamente $10.000 mensuales) para compensar esa diferencia.

Al Beneficio por Año Cotizado accederán las mujeres con al menos 10 años cotizados, umbral que permanecerá durante la primera década de vigencia de la prestación. Luego, ese requisito de acceso aumentará a 15 años cotizados. En el caso de los hombres, se beneficiarán aquellos con un mínimo de 20 años cotizados.

El alza de la nueva cotización de 7%, para alcanzar un 8,5%, se implementará con una gradualidad de 9 años. Esto podría extenderse en dos años en la medida que una evaluación externa sobre la Ley de Cumplimiento Tributario, que se efectuará al tercer año, dé cuenta de un menor efecto recaudatorio al esperado, conforme a las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo.

La reforma, además, considera un aumento de la PGU a $250.000 gradual. A los seis meses de publicada la ley, el nuevo monto lo recibirán los beneficiarios de PGU de 82 años o más; a los 18 meses de publicada la ley, lo recibirán los beneficiarios de 75 años o más; a los 30 meses de publicada la ley, el nuevo monto llegará a las personas de 65 años o más. Con igual gradualidad y cortes etarios accederán los beneficiarios de leyes reparatorias (Valech, Rettig y exonerados).

Por otro lado, la iniciativa incluye cambios regulatorios a la industria previsional, que derivarán en más transparencia y competencia, con menores costos para las personas. Por ejemplo, se establece la licitación del stock de afiliados, proceso que se efectuará cada dos años y en los cuales se licitará, aleatoriamente, al 10% de los afiliados actuales. El proceso será adjudicado al oferente con la menor comisión, la que deberá mantener por cinco años. Los afiliados podrán desistir o cambiarse de inversor en cualquier momento.

Las AFP tendrán la posibilidad de subcontratar las funciones de soporte, entre los cuales podrá actuar el Instituto de Previsión Social (IPS). Además, deberán reportar separadamente las funciones de soporte y administración de cuentas.

Asimismo, la reforma considera diversas medidas para incrementar la densidad de cotizaciones. Entre otras, la ampliación del Seguro de Lagunas Previsionales, el reemplazo de los multifondos por los fondos generacionales, modelo que busca maximizar la rentabilidad y acotar riesgos. También, un sistema de cobranza previsional centralizado, que permitirá una recuperación más eficiente de las cotizaciones impagas. Dicho sistema se licitará y podrá participar la Tesorería General de la República. Este proyecto debe ir ahora a control preventivo al Tribunal Constitucional.

A partir de febrero, las personas con Pensión Garantizada Universal (PGU) comienzan a recibir su pago desde el Instituto de Previsión Social, IPS, con el reajuste anual correspondiente. El nuevo monto máximo del beneficio es de $214.296.

El Instituto de Previsión Social, IPS, comienza a pagar -a partir de este jueves 1 de febrero- la PGU con el reajuste anual previsto por ley, que incrementó el monto máximo del beneficio desde $206.173 a $214.296. Es preciso recordar que, a algunas personas, dependiendo del valor de su pensión base, les corresponde una parte del monto de la PGU, y en esos casos el reajuste se aplica de manera proporcional.

El aumento se calculó a partir de la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el período enero a diciembre de 2023, que alcanzó un 3,9 %, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Las personas recibirán el pago de su beneficio incrementado a través de su modalidad de cobro habitual, ya sea a través de depósito o de manera presencial.

Una invitación a consultar por la PGU

• En línea, a través del sitio www.chileatiende.cl, con ClaveÚnica.
• Presencialmente, en las 200 sucursales ChileAtiende del Instituto de Previsión Social, IPS.
• A través de videoatención, ingresando por el sitio www.chileatiende.cl o www.ips.gob.cl.
• En las municipalidades en convenio con el IPS.
• En las AFP o compañías de seguros a la que estén afiliadas las personas.

Es importante recordar que la PGU es un beneficio que entrega el Estado para apoyar a las personas de 65 y más años de menores ingresos, sean pensionadas o no. Los principales requisitos son: no integrar un grupo familiar perteneciente al 10 % más rico de la población de Chile; acreditar residencia en el país por 20 años (continuos o discontinuos) desde que la persona cumple los 20 años, y además cuatro años, dentro de los últimos cinco anteriores a la solicitud de la PGU; y contar con una pensión base calculada menor a la pensión máxima determinada por la normativa para este beneficio. Para verificar si se cumplen las condiciones para acceder a la PGU, se puede consultar en los canales de atención de la red ChileAtiende del Instituto de Previsión Social.

El IPS enfatiza que no es necesario estar pensionado para solicitar la PGU desde los 65 años, dado que pueden solicitarla tanto personas que no tengan acceso a pensión, como aquellas que ya estén pensionadas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la ley.

Otros beneficios que se reajustan

Adicionalmente, y dado a que el valor de la PGU influye en otros beneficios previsionales y sociales, a partir de febrero se reajustarán, además, la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI), cuyo monto desde febrero será el mismo de la PGU, es decir, $214.296; el Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años, el cual ascenderá a $107.148; y el Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI), cuyo incremento varía en función del monto del beneficio. Si a las más de 2 millones 140 mil personas que reciben la PGU se suman los otros beneficios sociales mencionados, serán en total y a nivel nacional más de 2 millones 400 mil personas las que recibirán diversos montos de incrementos desde febrero.

Aparte de los canales de atención ya mencionados, para obtener más información las personas pueden ingresar a www.ips.gob.cl y www.chileatiende.cl; a las redes sociales @ChileAtiende en Facebook, X (ex Twitter) e Instagram o llamar al Call Center 101.

El Delegado Presidencial Regional, Ignacio Pinto, valoró el avance de la iniciativa impulsada por el Presidente Piñera la que, en caso de convertirse en Ley, entregará un aporte de hasta $185.000 para todos los mayores de 65 años que pertenecen al 90% de la población más vulnerable

La Cámara de Diputados aprobó este lunes por unanimidad la iniciativa que crea una Pensión Garantizada Universal (PGU).

“Esta iniciativa está pensada para los mayores de 65 años, pensionados y trabajadores del 90% de la población más vulnerable. Hemos tenido un compromiso con mejorar su calidad de vida y este proyecto va en esa línea y nos va a permitir que puedan recibir ingresos por sobre la línea de la pobreza y su aprobación es una muy buena noticia. Valoramos el apoyo de los Diputados hacia este proyecto porque representa un importante avance hacia la dignidad de los pensionados”, valoró el Delegado Presidencial Regional, Ignacio Pinto.

Y es que la medida impulsada por el Presidente Sebastián Piñera busca entregar un aporte de hasta $185.000 para los mayores de 65 años que se encuentren en el rango de vulnerabilidad (90% de menores ingresos), estén pensionados o no, beneficiando a 2,4 millones de personas. “Con esto entregaremos tranquilidad a nuestros pensionados. En el fondo, es un proyecto que tiene muchas ventajas, ya que incentiva el ahorro previsional de cada persona y el trabajo voluntario más allá de los 65 años, beneficiando principalmente a la clase media y a las mujeres”, acotó la autoridad regional.

En cuanto a los requisitos para acceder al beneficio serán:

– Haber cumplido 65 años de edad

– No integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población entre 65 o más años de Chile

– En caso ser extranjero, acreditar residencia por un lapso no inferior a veinte años continuos o discontinuos.

Para aquellas personas que cumplan estos requisitos, pero que tengan una pensión base autofinanciada superior a $630 mil pesos y de hasta $1 millón, el monto de la PGU disminuirá gradualmente.

La Asesora Regional de Hacienda, Karen Leichtle, indicó que “es muy importante que podamos seguir avanzando en la aprobación de este proyecto ya que es un punto de partida en el proceso de mejoras de las pensiones de los chilenos. Ahora continúa la discusión en la comisión de Trabajo y en la de Hacienda, para luego seguir en el Senado y esperamos que su aprobación sea igual de rápida para que podamos partir con el pago en febrero”.

La AREMI detalló que el costo fiscal de la iniciativa será de un máximo de 0,95% del PIB entre 2028 – 2034, alcanzando un promedio de 0,92% del PIB en la década de 2040, considerando el envejecimiento de la población en las próximas décadas.

Asimismo, explicó que el beneficio se financiará a través de la modificación de exenciones tributarias, de las Provisiones ya incorporadas en la Ley de Presupuestos 2022 y su Programación Financiero, y mediante la disminución del aporte obligatorio al Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), de tal manera de destinar una parte al financiamiento de la PGU.

Ejemplos del monto de ingresos que recibirían beneficiarios de PGU pertenecientes al 90% más pobre de la población mayor a 65 años.

En bonos entregados por el Estado, a abril del 2021, se retuvieron y pagaron $ 2.137.439.759 por concepto de deudas de pensiones alimenticias a mujeres y cuidadores de niños y niñas y adolescentes. Hasta el momento se han solicitado 9.200 retenciones correspondientes al Bono Clase Media.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett junto a la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar y a la subsecretaria de la Niñez, Blanquita Honorato, realizaron un balance de Bono de Clase Media y la retención que se efectúa a los deudores de pensión de alimentos.

A diferencia del Bono Clase Media del año pasado, este año se podrá retener hasta el 75% del monto que recibe por el Bono Clase Media o por el Préstamo Solidario.

A la fecha, la Tesorería General de la República registra pagos por este concepto, por beneficios entregados por el Estado. Sólo en la Región Metropolitana por $1.026.000.000, seguida de la Región de Bío Bío con $187.000.000 y en tercer lugar Valparaíso con $155.000.000.

En cuanto a las solicitudes del Bono de Clase Media -que comenzaron el 17 de abril- ya se han presentado 9.200 solicitudes de retención en la página del Poder Judicial.

“En Chile todavía tenemos un problema sin resolver. El 84% de las demandas por pensiones de alimentos no se pagan. Esta es una gran injusticia, hay miles de niños, niñas y adolescentes que han tenido que vivir ese abandono por parte de sus padres; mujeres que han tenido que mantener solas a sus hijos. Por eso urge sacar la ley de Registro Único de Pensión de Alimentos para que tengamos una ley que zanje este problema y el futuro sea distinto en materia de lo que es una responsabilidad de los padres, que es compartir la manutención de sus hijos e hijas”, señaló la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett.

La ministra Rubilar, en tanto, explicó que “ese esfuerzo que hemos hecho entre todos y que salió de la conversación con el Congreso Nacional durante la tramitación del Bono Clase Media permite retener el 75% del bono y del préstamo social que se comienza a pedir el 8 mayo. Estamos hablando que ya en el mes de abril en retención hay más de 2.100 millones de pesos. En este beneficio, ya se han solicitado 9.200 retenciones que estamos haciendo afectivas para poder pagarles a esos niños, niñas y adolescentes para que los recursos económicos lleguen hasta ellos, porque hasta el momento no les han llegado a tiempo”.

La titular de Desarrollo Social y Familia agregó que “una vez más queremos transmitir la importancia que los padres y madres recuerden que cuando hay una pensión de alimentos que entregar, eso no es un favor, sino que es una obligación. Es nuestra responsabilidad y lamentablemente hay que recordar en estos tiempos nos hemos visto a tomar decisiones dentro de la Red de Protección Social y los beneficios que vamos a entregar permitir la retención de parte de esa red de protección para pagar esa deuda que no se ha saldado lamentablemente con tantos niños, niñas y adolescentes”.

La jefa de la cartera de la Mujer y Equidad de Género agregó que “se debe acabar con la cultura del incumplimiento, la mantención de hijos e hijas es prioritaria. Este es un problema urgente, que va más allá de la coyuntura de la pandemia, por ello que en el Congreso ya está avanzando el proyecto de ley que presentamos el 8 de marzo pasado que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Este establece una serie de inhabilidades y restricciones para los deudores. Queremos cambiar la cultura e impulsar el pago de pensiones de alimentos”.

Por su parte, la subsecretaria de la Niñez, Blanquita Honorato afirmó que “el pago de las pensiones alimenticias es una responsabilidad de los padres y madres que tienen niños a su cargo. Es un derecho de los niños, y el llamado es que se hagan responsables. Si eso no ocurre, nosotros como gobierno, trabajaremos en hacer todo lo que este en nuestras manos para garantizar a todos los niños de Chile, el derecho a tener un nivel de vida adecuado para su desarrollo”.

Hasta el momento, se han aceptado y aprobado 1.803.035 solicitudes para la obtención del Bono Clase Media. Mientras que el Poder Judicial tiene habilitado en su sitio web http://tramitefacil.pjud.cl un botón para realizar en línea el trámite de retención respecto de este beneficio. Una vez hecho el trámite ellos notifican a la Tesorería General de la República para que los dineros retenidos se entreguen a las madres y cuidadores a quienes se les adeuda la pensión de alimentos.

“Esta es una ley que va a ayudar en la dignidad y que va a ayudar en garantizar mayor bienestar en materia de seguridad social”, declaró la titular de Trabajo y Previsión Social.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, valoró el despacho a ley del proyecto que establece una nueva modalidad de pensión para enfermos terminales, luego que la Sala de la Cámara de Diputados lo aprobara por unanimidad en su tercer y último trámite legislativo.

La nueva normativa beneficiará a todos aquellos afiliados activos o pensionados que, producto de una enfermedad terminal, ven drásticamente reducida su expectativa de vida a un rango inferior a 12 meses, los que podrán acceder de una manera especial a los recursos que ahorraron para su futura jubilación.

“Esta es una ley que va a ayudar en la dignidad y que va a ayudar en garantizar mayor bienestar en materia de seguridad social. Consagra el derecho de aquellas personas que están enfrentando una situación tan difícil como el haber recibido la noticia de tener una enfermedad terminal, ahora pueda tener una manera distinta de disponer de los recursos que durante toda su vida activa acumularon pensando en una futura pensión”, señaló la ministra Zaldívar.

La Secretaria de Estado agradeció el apoyo transversal que obtuvo de parte de los parlamentarios esta moción que, en definitiva, “lo que se hace es ajustar el cálculo de la expectativa de vida de estas personas, a fin de que puedan recibir estos recursos en un período más acotado y puedan también disponer libremente de los excedentes que se generen por esta razón”.

En tanto el Subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, explicó que, aunque esta norma entrará en vigencia el próximo 1 de julio, “en el intertanto implementaremos junto a la Superintendencia de Pensiones una fórmula transitoria, para que se pueda acceder de inmediato a estos beneficios, porque entendemos la urgencia, entendemos la necesidad de poder contar con este instrumento que ayudará a muchos chilenos”.

Según explicó el Subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, para acceder al beneficio, se creará el Consejo Médico de la Superintendencia de Pensiones, quien será el organismo encargado de calificar o certificar la calidad de enfermo terminal. Este último se entenderá a toda persona con una condición patológica grave diagnosticada, progresiva e irreversible, sin tratamiento específico curativo o que permita modificar su sobrevida, o bien cuando los recursos terapéuticos utilizados han dejado de ser eficaces, y con una expectativa de vida inferior a 12 meses.

La medida permitirá el retiro de sus fondos previsionales como Excedente de Libre Disposición, manteniendo al menos los recursos necesarios para financiar: una Renta Temporal por 12 meses igual a lo menos a la Pensión Básica Solidaria; la Cuota Mortuoria (15 UF) y las pensiones de sobrevivencia, de corresponder.

Los beneficiarios serán: afiliados activos al sistema de pensiones de AFP; pensionados por vejez, vejez anticipada, invalidez total o parcial o sobrevivencia, bajo todas las modalidades, salvo Renta Vitalicia; y pensionados de la Ley de Accidentes y enfermedades profesionales N° 16.744.