El Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar Arévalo, señaló “el presupuesto contempla una significativa disminución de los recursos disponibles para los Servicios Locales de Educación Pública, SLEP.  Esto nos parece gravísimo porque precisamente lo que se necesita es exactamente lo contrario, se necesita más presupuesto para la educación pública, no menos”.

El líder gremial docente acusó que “esta medida va con la orientación que está dando la Dirección de Presupuesto, la DIPRES, que, de aquí a marzo, los SLEP deben ajustar la dotación, por lo tanto, en términos prácticos, sin eufemismos, eso significa despido de docentes”.

Mario Aguilar enfatizó “no se necesita despedir más docentes en el sistema público, por el contrario, se necesita dar estabilidad para que la Educación Pública pueda seguir teniendo desarrollo, porque todo el mundo entiende que los profesores y profesoras; asistentes y funcionarios, son claves para el desarrollo de la educación en cualquier establecimiento. Estoy diciendo una obviedad, pero parece que hay gente que no entiende estas obviedades, solo son capaces de ver cifras y números”.

El líder docente denunció “nosotros nos oponemos terminantemente a estas directrices que está dando la Dirección de Presupuesto, donde incluso amenazan a los directores de los servicios locales de educación pública, de los SLEP, que, si no implementan los despidos masivos de profesores, los van a despedir a ellos. Eso es amenazante, eso es actuar como en dictadura”.

El líder docente expresó “no corresponde que un Gobierno que se dice cercano a los trabajadores, esté amenazando y exigiendo a los SLEP, pasando por sobre sus propias atribuciones, que tienen que despedir profesores, porque eso de ninguna manera es lo que se necesita. ¿Qué están haciendo? Disminuir la calidad de la educación, con cursos con 45 estudiantes, cursos fusionados, quieren cerrar escuelas. Ese no es el camino para mejorar la educación en Chile”.

Por último, el Presidente Nacional del Gremio Docente, Mario Aguilar, instó al Congreso Nacional a rechazar el Presupuesto de la Nación “nosotros como Colegio de Profesoras y Profesores nos oponemos terminantemente y exigimos a los parlamentarios de todos los sectores políticos que de ninguna manera prueben este presupuesto en esas condiciones”.

En medio del debate por la Ley de Presupuestos 2026, el Gobierno ha defendido con firmeza una propuesta que busca combinar la responsabilidad fiscal con un marcado enfoque social. La Seremi de Gobierno, Paulina Mora, entrega su visión regional sobre el impacto que tendrá este presupuesto en la vida diaria de las familias chilenas, destacando los avances en salud, pensiones, vivienda y empleo, y respondiendo a las principales críticas que han surgido en torno a temas como la eliminación de la glosa republicana o el financiamiento a los gobiernos regionales.

En conversación con este medio, la autoridad regional refuerza el llamado a aprobar una ley que, asegura, no es solo un plan de gasto, sino una apuesta por mayor justicia social y cohesión territorial.

¿Cuál es el foco central del Presupuesto 2026 que propone el Ejecutivo?

Este presupuesto tiene un sello claro: responsabilidad social y responsabilidad fiscal. No se trata solo de cifras, sino de cómo el Estado responde a las necesidades más urgentes de las personas. Hablamos de salud, pensiones, educación, seguridad pública y apoyo directo a las familias. En resumen, estamos cuidando las cuentas públicas, sí, pero también cuidando a nuestra gente.

Se ha mencionado la eliminación de la llamada “glosa republicana”. ¿Cómo se explica esta decisión a la ciudadanía?

Primero, es importante aclarar que no fue una medida improvisada. Fue una recomendación del Consejo Asesor de Gasto Público, un órgano autónomo y transversal. Lo que hizo el Ministerio de Hacienda fue reasignar recursos desde áreas de menor prioridad hacia otras más urgentes para las familias, como salud, cuidados, pensiones y seguridad. La glosa republicana daba libertad de uso al gobierno de turno, y hoy preferimos que esos fondos vayan donde realmente se necesitan.

¿Qué beneficios concretos trae este presupuesto para las familias chilenas?

Son múltiples. Por ejemplo, el presupuesto de salud crecerá en 900 mil millones de pesos. Esto permite avanzar en cirugías, consultas médicas, salud mental y vacunación. También estamos financiando el aumento de la PGU a 250 mil pesos, apoyando a mujeres con bonos por año cotizado y cerrando brechas en pensiones. En vivienda, alcanzaremos la meta de 260 mil soluciones habitacionales, y se entregarán más de 100 centros comunitarios de cuidados en todo el país y 9 para nuestra Región de Coquimbo. Todo esto impacta directamente en la calidad de vida de miles de familias.

Algunos sectores han criticado recortes en gobiernos regionales. ¿Cómo se equilibra ese tema con el desarrollo territorial?

Lo primero es decir que no hay un recorte como tal. Lo que hay es una redistribución responsable. Además, los gobiernos regionales han recibido un impulso histórico gracias al Royalty Minero, que permite inyectar recursos directamente a regiones y comunas más rezagadas. Lo que buscamos es mayor justicia territorial y eficiencia en el uso de los recursos.

¿Cuáles son las prioridades para lo que queda del gobierno del Presidente Boric?

Nos quedan desafíos importantes: el proyecto de Sala Cuna para Chile, la reforma al financiamiento de la educación superior —para terminar con el CAE—, el fortalecimiento del empleo juvenil y femenino, el levantamiento del secreto bancario para perseguir el crimen organizado y la consolidación del Plan de Emergencia Habitacional. Todos estos son compromisos concretos con la ciudadanía, que buscan dejar bases sólidas para el futuro.

Finalmente, ¿qué mensaje le daría a las familias chilenas respecto al Presupuesto 2026?

Que este presupuesto está pensado para ellas. Para las madres, los adultos mayores, los niños y jóvenes, para quienes esperan atención médica o necesitan una vivienda digna. No es solo una ley de números, es una hoja de ruta que refleja el compromiso de un gobierno que quiere dejar un país más justo, más próspero y más unido.

Señor director:

En el Presupuesto 2025 las enfermedades raras, que necesitan un tratamiento de alto costo como la Atrofia Muscular Espinal (AME), han sido olvidadas. En el erario 2024, se aprobaron más de $27.000 millones para pagar judicializaciones, lo que no es suficiente ni equitativo. En tanto, en el primer semestre el presupuesto quedó corto y se desembolsaron más de $38.000 millones, reflejando un uso poco eficiente de los recursos, en lugar de establecer un protocolo transparente de acceso para todos los pacientes.

Son miles de familias que requieren financiamiento para terapias que salvan vidas y queremos hacer un llamado al Parlamento para que en el 2025, las partidas presupuestarias consideren fondos para cubrir las necesidades de acceso de pacientes con enfermedades raras como la AME, permitiendo al Estado acceder a mejores condiciones de compra, optimizar el uso de los recursos existentes y dar cobertura a un mayor número de pacientes.

El Gobierno ha reconocido problemas de holgura fiscal para asegurar el tratamiento de pacientes con AME, lo que se podría solucionar -al menos

en parte-, con la reasignación de los recursos disponibles, para lo cuál solo se necesita voluntad política.

A través de una cadena nacional, el Presidente Gabriel Boric presentó el Presupuesto 2025, erario que entre sus principales focos se encuentra la  seguridad pública, la protección social y el crecimiento económico. “Es un presupuesto para cumplir con Chile” dijo el mandatario.

“Este lunes 30 de septiembre, nuestro Presidente Gabriel Boric enviará al Congreso el proyecto de Presupuesto 2025, una propuesta responsable y que va a reforzar el trabajo que venimos realizando. En materia de recursos, tendrá un aumento de un 2,7% para consolidar los avances en seguridad pública, seguridad económica y  social, gracias a iniciativas como la Ley de cumplimiento tributario tendremos nuevos recursos para seguir avanzando”, explicó la Seremi de Gobierno Paulina Mora.

En ese sentido, la seguridad pública y la justicia, una de las principales preocupaciones de las personas serán uno de los ejes claves, con un incremento de US$ 1.500 millones respecto a 2022. Lo  que permitiría sumar 243 efectivos a la Policía de Investigaciones (PDI) y 1.300 nuevos funcionarios a Carabineros.

También, se destinarán más de $28 mil millones para enfrentar el crimen organizado en las cárceles, instalando inhibidores de señal en siete penitenciarías, el equipamiento policial verá mejoras; se repondrán más de mil vehículos; se financiará un Sistema de Huella Balística para investigar homicidios; y la creación del Ministerio de Seguridad Pública, que actualmente se debate en el Congreso.

Por su parte, en Salud, el presupuesto aumentará en un 42% para el programa de inmunización y en un 68% para reducir las listas de espera. Asimismo, en Vivienda habrá un incremento del 11% para cumplir con la meta de construir 260 mil casas del Plan de Emergencia Habitacional.

“Este presupuesto profundiza el trabajo que hemos venido haciendo, por ejemplo con el Plan de Emergencia Habitacional en la Región de Coquimbo, el que a agosto de este año lleva más de 7.763 viviendas entregadas a sus beneficiarios alcanzando un 62,2% de cumplimiento de la meta local. Con esto damos cuenta que con responsabilidad fiscal y mirada social seguimos avanzando en mejorar la calidad de vida de las personas”, precisó la Vocera Regional Paulina Mora.

Asimismo, la autoridad local destacó los anuncios realizados en materia de inversión pública, donde el mandatario nombró la licitación de la Planta Desaladora para La Serena y Coquimbo, proyecto que no solo busca dar una respuesta a la problemática de la escasez hídrica, sino que también contribuir a dinamizar la economía local.

Otro punto que valoró la Seremi de Gobierno, Paulina Mora, fueron los anuncios que realizó para las personas cuidadoras. En ese sentido, el mandatario comprometió que los “recursos para el Sistema Nacional de Cuidados, Chile Cuida, van a crecer casi en un 40% respecto del 2024″.

Gracias a esto, se podrán atender a 75 mil personas que tienen hoy dependencia severa y a sus cuidadores y cuidadoras, quienes podrán acceder a sesiones telemáticas de atención psicológica. Además, se resaltó la construcción de 40 centros de cuidados comunitarios, de los cuales siete ya están inaugurados, correspondiendo 2 a la Región de Coquimbo, uno ubicado en Illapel y otro en la comuna de Monte Patria.

Para finalizar, la Vocera Regional indicó que el Presupuesto 2025 busca cumplir con los compromisos asumidos con las chilenas y los chilenos en materia de  seguridad, en crecimiento económico y en una política más solidaria, por lo que llamó al Congreso a apoyar la iniciativa.

Para su convocatoria 2024, la iniciativa incrementó su presupuesto en un 52% respecto al año anterior, superando los $339 millones, y amplió los tipos de organizaciones que pueden postular, incorporando a los institutos auxiliares.

La subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Javiera Petersen, destacó la importancia de programa, asegurando que “es un programa de gran relevancia ya que permite fortalecer a las asociaciones gremiales. Estamos convencidos que robustecer la asociatividad económica es el camino correcto, para así tener más y mejores capacidades de representación en espacios de incidencia en la elaboración de las políticas públicas. Con este programa estamos dando nuevas herramientas que permitirán implementar mejoras y adaptarse a los cambios dentro de las distintas asociaciones”.

Con esta inversión se espera que las organizaciones beneficiarias puedan implementar un plan de trabajo orientado a fortalecer su asociatividad y capacidad de gestión a través del financiamiento de capacitaciones; asistencia a ferias, exposiciones y eventos; misiones comerciales y/o tecnológicas; inversión en activos fijos e intangibles; y habilitación de infraestructura, entre otros ítems.

Una de las novedades del programa en esta nueva versión es que considerará la participación de los institutos auxiliares de Cooperativas, lo cual permite, entre otras cosas, fortalecer los principios cooperativos: “Esto considera impulsar las temáticas de sustentabilidad, asociatividad, internacionalización y enfoque de género. Asimismo, se fortalecen entidades que se configuran desde las bases cooperativas, hay un robustecimiento y generación de especialización técnica en la asistencia y acompañamiento a las cooperativas. Generación de nichos de formación de gestores de cooperativas y hay una proyección de creación de institutos auxiliares a nivel regional desarrollando capacidades en la región”, entre otros beneficios, explicó la gerenta general de Sercotec, María José Becerra Moro.

Al programa pueden acceder confederaciones, federaciones, institutos auxiliares o asociaciones gremiales que posean carácter nacional, cuyos socios tengan domicilio en más de una región del país.

Las organizaciones interesadas pueden postular hasta el 31 de julio en el sitio www.sercotec.cl.