Un violento asalto ocurrido en pleno centro de Ovalle quedó al descubierto luego que la Fiscalía formalizara a un sujeto acusado de protagonizar un brutal robo con violencia al interior de un centro de distribución de gas.

El hecho se remonta al 25 de noviembre de 2025, cuando el imputado, identificado con las iniciales J.A.R.R., llegó junto a otro individuo hasta un local ubicado en calle David Perry.

Según los antecedentes expuestos en la formalización, el sujeto portaba un arma y no dudó en usar la violencia: golpeó en reiteradas ocasiones a la víctima mientras le exigía abrir la caja registradora, amenazándolo de muerte si no obedecía.

La agresión no terminó ahí. El trabajador fue trasladado a otra oficina del recinto, donde los delincuentes concretaron el robo, llevándose 300 mil pesos en efectivo, tres teléfonos celulares y una máquina para pagos con tarjeta.

Tras cometer el delito, ambos sujetos huyeron del lugar, dejando a la víctima con lesiones de carácter leve, pero con el impacto de haber enfrentado una situación extrema.

La investigación avanzó gracias a una denuncia y al trabajo conjunto de la Fiscalía de Ovalle con Carabineros, específicamente con la unidad especializada OS9, lo que permitió ubicar a uno de los implicados y concretar su detención.

“El imputado fue formalizado y se solicitó la prisión preventiva por constituir su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad”, explicó José Tolosa, abogado de la Fiscalía local de Ovalle.

El tribunal acogió la solicitud y decretó la medida cautelar más gravosa, fijando además un plazo de 60 días para el desarrollo de la investigación.

La Corte de Apelaciones de La Serena confirmó la prisión preventiva de J.E.V.P. y S.A.Q.G., imputados por el Ministerio Público —junto a M.A.Z.R.— como autores del delito consumado de homicidio simple, hecho ocurrido el miércoles de la semana recién pasada al interior de un bar restorán de la comuna.

La resolución fue adoptada de manera unánime por la Primera Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Felipe Pulgar Bravo, Jimena Pérez Pinto y la abogada (i) Pía Bustos Fuentes, quienes descartaron errores en la decisión previamente dictada por el Juzgado de Garantía de La Serena.

Según el fallo, tras revisar las alegaciones y las imágenes de cámaras de seguridad del local, se estableció que el imputado J.E.V.P. tuvo participación activa desde el inicio de los hechos, involucrándose en la discusión que posteriormente escaló a una agresión física contra la víctima.

Respecto de S.A.Q.G., el tribunal indicó que, si bien inicialmente parecía intentar frenar la agresión, posteriormente se sumó de forma directa al ataque grupal, incluso cuando la víctima ya se encontraba gravemente herida, participando en golpes mientras el afectado evidenciaba un notorio debilitamiento.

Los jueces concluyeron que existen antecedentes objetivos que permiten justificar la existencia del delito y la participación de los imputados, considerando además la gravedad de los hechos, la penalidad probable y la forma de comisión, lo que hace pertinente mantener la medida cautelar más gravosa.

De esta manera, la corte resolvió confirmar la prisión preventiva decretada el 12 de febrero de 2026, al estimar que la libertad de los acusados representa un peligro para la seguridad de la sociedad.

Violenta agresión al interior del local

De acuerdo con los antecedentes acreditados en primera instancia, cerca de la 1 de la madrugada del 11 de febrero de 2026, al interior de un bar restorán del sector céntrico de La Serena, los tres imputados agredieron a la víctima con golpes de puño y manotazos en distintas partes del cuerpo.

En medio del ataque, uno de ellos lo hirió reiteradamente con un arma blanca —cuchillo o cortaplumas— en la zona del tórax y la espalda, provocándole lesiones de extrema gravedad.

La víctima fue trasladada hasta el Hospital de La Serena, donde falleció mientras recibía atención médica producto de la gravedad de las heridas.

Con esta resolución, los imputados deberán continuar cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva mientras avanza la investigación del caso.

La Fiscalía formalizó al hombre de 36 años por daños calificados y porte ilegal de arma blanca. El imputado fue detenido tras causar destrozos en la oficina del Registro Civil e Identificación de Salamanca, lo que obligó al cierre temporal del servicio.

El Juzgado de Garantía de Illapel decretó la prisión preventiva para un ciudadano extranjero de 36 años, imputado por los delitos de daños calificados al Registro Civil e Identificación de Salamanca y porte ilegal de arma blanca, tras una audiencia en la que se contó con apoyo de traductor para garantizar su derecho a defensa.

Los hechos ocurrieron el jueves 3 de julio, pasadas las 9:00 horas, cuando el imputado habría comenzado a provocar destrozos ante testigos, lo que motivó su detención por parte de Carabineros.

Durante la formalización, el fiscal (s) de Illapel, Cristian Arcos, sostuvo que “por estos hechos, se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Esto, en atención principalmente a las circunstancias y la gravedad de los delitos, ya que la integridad psíquica de las funcionarias se vio afectada y el servicio público ha cesado momentáneamente debido a los destrozos ocasionados por este imputado”.

El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público, ordenando su reclusión en el centro penitenciario de Illapel y fijando un plazo de 60 días para el desarrollo de la investigación.

Debido a los daños provocados, se informó que la oficina del Registro Civil de Salamanca permanecerá cerrada hasta el lunes 7 de julio, mientras se evalúan los destrozos materiales y se restablecen los sistemas informáticos, además de implementar medidas de seguridad y contención para las funcionarias afectadas.

Durante más de dos años, los imputados viajaban con armas de grueso calibre a la región de Coquimbo. Elegían a sus víctimas, en sectores rurales y alejados dentro de las tres provincias, y se hacían pasar por policías para cometer una serie de delitos violentos.

“Robo con homicidio, violencia e intimidación, secuestro, mutilaciones, torturas, violación, abusos sexuales y amenazas son parte de los delitos que comete esta estructura criminal organizada, entre el año 2022 y 2023. En un trabajo coordinado con el Ministerio Público, logramos identificar a sus integrantes, su funcionamiento, y la ubicación de los blancos de investigación. Con todas las evidencias, dimos cumplimiento a la orden de entrada y registro para 15 domicilios, donde logramos detener otros 6 imputados”, informó el prefecto inspector Ernesto León, jefe de la Región Policial de Coquimbo.

Diversos delitos violentos y complejos atribuidos a esta organización criminal, conformada por chilenos y mayores de edad, principalmente contra víctimas que se dedicaban al cultivo y resguardo de cannabis procesada, incluso dos sujetos murieron en un enfrentamiento armado, en medio de una de sus “quitadas de droga”.

“Es un grupo organizado violento, que llama la atención porque se traslada a la región de Coquimbo. Seguramente pensaban que aquí no los iban a identificar como autores de estos delitos. El buen trabajo realizado por la PDI y la Fiscalía de Focos Investigativos, permite desarticular esta estructura criminal, ponerlos a disposición de la Justicia, son 16 imputados que están privados de libertad, para entregar la tranquilidad a esas localidades que fueron afectadas”, destacó Patricio Cooper, Fiscal Regional de Coquimbo.

Detrás de este arduo trabajo se encuentra un grupo especializado multidisciplinario de fiscales e investigadores de diversas unidades de la PDI, que fue conformado mediante la estrategia del “Plan Calles sin Violencia”. Precisamente su labor se concentra en investigaciones dirigidas a las estructuras organizadas criminales, focalizando las capacidades y recursos institucionales para lograr resultados en delitos de alta complejidad y connotación social, además de la incautación de armas y municiones.

“La Seguridad es la principal preocupación de nuestra gestión. Nosotros los vamos a combatir para devolverle la tranquilidad a la comunidad, como nos pidió el Presidente Gabriel Boric, que trabajemos de manera coordinada para favorecer que las instituciones funcionen. Esto no solo se combate con más presencia en las calles, aquí hay mucha inteligencia y una investigación excelente de largo aliento. Hoy damos un golpe fuerte al Crimen Organizado, a las bandas criminales, estamos retirando armas con un alto poder de fuego, que es parte de nuestra Política Nacional contra el Crimen Organizado”, señaló el Delegado Presidencial Regional de Coquimbo, Galo Luna.

Resultados de la Operación “Pantan”, que contó con una Fuerza de Tarea de la PDI integrada por detectives de las Regiones Policiales de Coquimbo y de Valparaíso. Las diligencias siguen en desarrollo, aún siguen los pasos a 7 prófugos de esta banda criminal que están identificados y con órdenes de detención en su contra, incluso las coordinaciones internacionales para detener a dos, en el extranjero.