La Fiscalía lo acusa de generar pagos indebidos por más de $4.600 millones en subsidios. El profesional se convirtió en el mayor emisor de licencias médicas del país durante 2024.

Un caso que ha encendido las alarmas en el sistema de salud y en el uso de recursos públicos quedó al descubierto en Coquimbo, luego de que el Juzgado de Garantía de la comuna decretara prisión preventiva para un médico acusado de emitir 11.880 licencias médicas fraudulentas en poco más de dos años.

El imputado, identificado como L.R.C.Z., médico cirujano de nacionalidad ecuatoriana, fue formalizado por el Ministerio Público como autor de delitos reiterados de emisión fraudulenta de licencias médicas y fraude de subvenciones, ilícitos que habrían sido cometidos entre enero de 2023 y junio de 2025.

Durante la audiencia de formalización, el magistrado Darío Díaz Peña y Lillo ordenó el ingreso inmediato del facultativo a prisión preventiva, argumentando peligro de fuga, además de fijar un plazo de investigación de 120 días.

Casi 12 mil licencias en dos años

Según los antecedentes presentados por la Fiscalía, el médico emitió 11.880 licencias médicas electrónicas utilizando las plataformas I-Med y Medipass, tanto para afiliados a Fonasa como a isapres.

De ese total:

• 11.239 licencias fueron para afiliados a Fonasa

• 935 licencias para afiliados a isapres

Las licencias eran emitidas bajo su nombre como prestador individual y también a través del centro de salud Surmédica SpA, empresa creada por el imputado junto a su madre y con domicilio en la comuna de Coquimbo.

Lo más llamativo del caso es que solo 275 licencias fueron otorgadas de forma presencial, mientras que 11.065 se emitieron de manera remota, lo que generó fuertes cuestionamientos sobre el control de estos procesos.

De hecho, durante 2024 el imputado llegó a convertirse en el mayor emisor de licencias médicas de todo Chile.

Diagnósticos sin especialidad

Otro elemento que llamó la atención de los investigadores es que la mayoría de las licencias correspondían a patologías mentales y enfermedades osteomusculares, pese a que el médico no cuenta con especialidad registrada en la Superintendencia de Salud.

Funcionarios con licencia… y de viaje

La investigación también detectó situaciones que evidenciarían el uso irregular de estas licencias.

Entre los casos detectados se encuentran:

• 36 licencias otorgadas a 34 funcionarios públicos que viajaron al extranjero durante el reposo médico.

• 6 licencias emitidas a funcionarios que asistieron a casinos de juego mientras estaban con licencia.

Estos antecedentes forman parte de la investigación que busca determinar la magnitud del fraude.

Más de $4.600 millones en pagos indebidos

De acuerdo con la Fiscalía, 10.741 licencias tramitadas en Fonasa generaron pagos improcedentes por $4.639.802.932 en subsidios por incapacidad laboral, recursos provenientes del sistema público.

La cifra ha generado fuerte preocupación debido al impacto que este tipo de prácticas puede tener en el financiamiento del sistema de salud.

Tribunal considera contundentes los antecedentes

Al decretar la prisión preventiva, el juez sostuvo que los antecedentes presentados por la Fiscalía son lo suficientemente sólidos para acreditar la existencia del delito en esta etapa del proceso.

“Básicamente por el número de licencias que el imputado emitió, las circunstancias en que aparentemente se habrían extendido, el número de atenciones diarias, los promedios mensuales y los horarios de emisión de estas licencias médicas. Eso es un antecedente demasiado contundente”, señaló el magistrado.

Además, el tribunal consideró que existe riesgo de fuga, ya que el imputado habría intentado salir del país.

“Sabemos que existen problemas para los controles migratorios en este país y el hecho que el imputado pretendiera salir del país constituye un antecedente objetivo que permite estimar la posibilidad de fuga”, indicó el juez.

Con el médico ahora en prisión preventiva, la Fiscalía tendrá 120 días para profundizar la investigación, en un caso que podría convertirse en uno de los mayores escándalos por fraude con licencias médicas en Chile.

La Corte de Apelaciones de La Serena confirmó la prisión preventiva de J.E.V.P. y S.A.Q.G., imputados por el Ministerio Público —junto a M.A.Z.R.— como autores del delito consumado de homicidio simple, hecho ocurrido el miércoles de la semana recién pasada al interior de un bar restorán de la comuna.

La resolución fue adoptada de manera unánime por la Primera Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Felipe Pulgar Bravo, Jimena Pérez Pinto y la abogada (i) Pía Bustos Fuentes, quienes descartaron errores en la decisión previamente dictada por el Juzgado de Garantía de La Serena.

Según el fallo, tras revisar las alegaciones y las imágenes de cámaras de seguridad del local, se estableció que el imputado J.E.V.P. tuvo participación activa desde el inicio de los hechos, involucrándose en la discusión que posteriormente escaló a una agresión física contra la víctima.

Respecto de S.A.Q.G., el tribunal indicó que, si bien inicialmente parecía intentar frenar la agresión, posteriormente se sumó de forma directa al ataque grupal, incluso cuando la víctima ya se encontraba gravemente herida, participando en golpes mientras el afectado evidenciaba un notorio debilitamiento.

Los jueces concluyeron que existen antecedentes objetivos que permiten justificar la existencia del delito y la participación de los imputados, considerando además la gravedad de los hechos, la penalidad probable y la forma de comisión, lo que hace pertinente mantener la medida cautelar más gravosa.

De esta manera, la corte resolvió confirmar la prisión preventiva decretada el 12 de febrero de 2026, al estimar que la libertad de los acusados representa un peligro para la seguridad de la sociedad.

Violenta agresión al interior del local

De acuerdo con los antecedentes acreditados en primera instancia, cerca de la 1 de la madrugada del 11 de febrero de 2026, al interior de un bar restorán del sector céntrico de La Serena, los tres imputados agredieron a la víctima con golpes de puño y manotazos en distintas partes del cuerpo.

En medio del ataque, uno de ellos lo hirió reiteradamente con un arma blanca —cuchillo o cortaplumas— en la zona del tórax y la espalda, provocándole lesiones de extrema gravedad.

La víctima fue trasladada hasta el Hospital de La Serena, donde falleció mientras recibía atención médica producto de la gravedad de las heridas.

Con esta resolución, los imputados deberán continuar cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva mientras avanza la investigación del caso.

La rutina delictual parecía tan instalada como silenciosa en el sector Las Torres de Coquimbo. Una simple tela instalada en la puerta de acceso era la señal para que compradores y adictos supieran que el negocio estaba abierto. Ese código, que durante meses marcó la actividad de microtráfico en pequeñas cantidades, fue clave para que la Policía de Investigaciones lograra acreditar la venta de sustancias ilícitas desde el inmueble intervenido en la llamada Operación Romané.

El procedimiento fue desarrollado por el equipo del Modelo Territorial Cero (MT-0) de la PDI, en coordinación con la Fiscalía de Coquimbo, que reunió pruebas suficientes para solicitar la entrada y registro judicial del domicilio, donde finalmente fueron detenidos un hombre de 37 años y una mujer de 47, ambos con antecedentes policiales por delitos como robo, hurto y porte de arma cortante.

“Los detectives del Modelo Territorial Cero desarrollaron diversas técnicas de investigación y, en coordinación con la fiscalía de Coquimbo, materializaron el ingreso al domicilio”, informó el subprefecto Patricio Matamala, jefe (s) de la Brigada de Investigación Criminal Coquimbo.
“Con la orden del tribunal detuvieron a dos imputados (…) En el inmueble, incautan cocaína base, ketamina, cannabis, clorhidrato de cocaína, fármacos, además de un arma de fuego, municiones y dinero en efectivo”.

La intervención permitió además sacar de circulación una escopeta artesanal, municiones y diversas sustancias dosificadas para su comercialización, cuyo hallazgo confirmó la existencia de un punto de venta activo y con permanencia en el sector, donde el tránsito de consumidores se había normalizado bajo la discreta señal de la tela.

Tras el control de detención, ambos imputados quedaron inicialmente con medidas cautelares decretadas por el Juzgado de Garantía de Coquimbo. Sin embargo, la Fiscalía local apeló ante la Corte de Apelaciones de La Serena, argumentando el volumen de evidencia reunida y los antecedentes criminales de los detenidos.

La Corte revirtió la resolución y decretó prisión preventiva para ambos, al considerar que constituían un “peligro para la sociedad” mientras avanza la investigación liderada por el Ministerio Público.

Con este operativo, la PDI reafirmó la efectividad del Modelo Territorial Cero para desarticular puntos de microtráfico de alto impacto barrial, mientras la comunidad de Las Torres espera que el procedimiento marque un antes y un después en la seguridad del sector.