El documento, sustentado en la ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, aborda uno de los nudos más críticos del sistema: superar la fragmentación institucional y dar continuidad a las intervenciones cuando un adolescente ha sido víctima de vulneraciones de derechos y, a la vez, cumple medidas o sanciones en el sistema penal juvenil, desde un enfoque que busca comprender al adolescente en su dimensión individual y contexto.

En la capacitación, participaron más de cien profesionales de programas de protección, centros de cumplimiento de medidas y sanciones y equipos de los organismos del intersector, quienes recibieron la transferencia técnica sobre los fundamentos y flujos de gestión establecidos en este protocolo, que el año 2024 fue piloto en cuatro regiones del país, incluida la Región de Coquimbo.

La directora (s) regional del Servicio de Protección, Macarena Tapia Vallejos, explicó que “En el marco de las gestiones integradas de ambos Servicios, se han definido líneas de acción prioritarias para enfrentar el desafío de dar respuesta simultanea y una mejora integral en la protección y restitución de derechos de adolescentes y jóvenes. Este protocolo favorece la intervención psicosocial continua y su preparación para una la vida independiente, con una atención más completa y efectiva de los programas especializados de protección y reinserción juvenil, más aún cuando las derivaciones para atenciones han aumentado”.

En tanto, la directora del Servicio de Reinserción Juvenil de Coquimbo, Loreto Rebolledo Risetti, señaló que “El énfasis es trabajar en intervenciones coordinadas, dada la complejidad de las trayectorias de los jóvenes con los que intervenimos, que muchas veces han vivido vulneraciones de derechos en su niñez que requieren de reparación, pero al mismo tiempo deben cumplir una medida o sanción. Es de toda justicia que, teniendo un Sistema Integral de Garantías, podamos trabajar coordinadamente para su bienestar, la promoción de sus derechos y concebir la reinserción como un sistema”.

El rol de los Ministerios de Desarrollo Social y Familia y de Justicia y Derechos Humanos, así como la coordinación con el sistema penal juvenil, resultan claves en la implementación, por lo que este protocolo también se dará a conocer a todos los actores judiciales y administrativos, en función de alcanzar los objetivos de los planes de intervención.

En ese contexto, el seremi de Desarrollo Social y Familia, Celso López San Francisco, planteó que “En el camino de este nuevo paradigma del Estado como garante de los derechos de niños, niñas, adolescentes, es esencial insistir en la articulación de la gestión y la colaboración en los procesos, y en este caso nos encontramos con una gran parte del ecosistema intersectorial de protección y garantías, para un trabajo lo más pertinente y oportuno en base a lo que ha definido la ley como nuestro mandato”.

“Estuvimos presentes con el Servicio de Protección y el Servicio de Reinserción Social Juvenil, donde lo más relevante es coordinar, comunicar y complementar estas intervenciones, ya que lo más importante es reconocer a adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho, considerando sus historias de vulneración y sus trayectorias de vida, donde el Estado es responsable de mantener esta protección y de darles espacio a la reinserción”, dijo la seremi de Justicia y Derechos Humanos, María José Rojas Erbetta.

Es importante mencionar que se contempla la conformación de un equipo regional integrado por profesionales de ambos Servicios, con el fin de garantizar decisiones coordinadas y una atención integral eficiente que contribuya a la reparación, restitución de derechos y reinserción de adolescentes y jóvenes, asegurando, de esta manera, la correcta implementación del protocolo antes mencionado.

Este material tiene como propósito fortalecer el conocimiento y la sensibilización sobre la Ley N° 21.057, la cual regula las entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo para menores de edad que han sido víctimas de delitos sexuales. Esta guía proporciona orientaciones prácticas para abordar procesos de develación, protección y denuncia de hechos constitutivos de delitos que pudieran afectar a un niño, niña o adolescente en contextos escolares, de salud y otros espacios.

María José Rojas, seremi de Justicia y Derechos Humanos de Coquimbo señaló al respecto que, “esta guía es una herramienta clave para quienes trabajan directamente con niñas, niños y adolescentes. Les permitirá tener el conocimiento necesario para abordar situaciones complejas de manera informada y empática, garantizando la protección y el respeto a los derechos de las víctimas”.

En la ocasión Juan Pablo Segovia, encargado del programa en la región, que entrega defensa jurídica especializada, interdisciplinaria e independiente, a niños, niñas y adolescentes (NNA) que se encuentran en modalidades alternativas de cuidado, señaló que, “el sistema de persecución penal considera a los niños y adolescentes como sujetos de derecho. Ya no meramente como un objeto de prueba, sino reconociendo toda su calidad, con todo el enfoque que ha importado este cambio de paradigma, fundamentalmente de que se aprobó y promulgó también en nuestro país la Convención sobre el Derecho al Niño. Así que, agradecido de haber compartido (la guía) con nuestro programa y siempre dispuesto a poder aportar lo que se estime necesario que como programa especializado podamos entregar”, indicó.

Los principales destinatarios de este material son profesionales y/o funcionarios del sector de educación, salud y protección especializada de niños, niñas y adolescentes. Por esta razón, durante los próximos días se distribuirá este material en dichos sectores.

Este y otros documentos relacionados con la Ley N° 21.057 también están disponibles en formato digital en el banner de Entrevistas Videograbadas en la web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

]]> 19402 https://www.coquimbonoticias.cl/2024/03/26/violencia-intrafamiliar-una-historia-transgeneracional/17364 Wed, 27 Mar 2024 01:16:13 +0000 https://www.coquimbonoticias.cl/?p=17364 [...]]]> La constitución emocional de la familia, en la que priman dependencias afectivas y biológicas en un contexto de habitualidad, brinda un espacio para dar y recibir amor, protección y contención, pero igualmente puede ser el escenario de conductas que ocultamos de otros. En familia desplegamos nuestra esencia, entablándose una norma social implícita que señala lo que allí ocurre como resorte de lo privado, por lo tanto, la familia si bien es la principal institución de la sociedad, igualmente resulta ser un subterráneo que alberga experiencias dolorosas.

A partir de esta mirada se comprende la realidad desde una madeja compleja de vivencias, ideales, sensaciones y afectos que intrincan y justifican actitudes y lealtades, por ello, somos indulgentes con el propio subterráneo y simpatizamos con los subterráneos ajenos. “La ropa sucia se lava en casa” y, por lo tanto, muchas veces justificamos conductas violentas propias y ajenas, ya que rechazarlas o cuestionarlas, resulta muy amenazante.

Maltrato hacia la infancia y violencia de pareja quedan expuestas en noticias que diariamente reciben atención morbosa, pero que, sin embargo, no han calado lo suficiente y siguen considerándose una realidad ajena, propia de sectores desfavorecidos, sin percatarnos que es una realidad al acecho, que mantiene diversas variables explicativas.

Tanto la pobreza como la exclusión social son ingredientes estresantes que aumentan el riesgo de violencia, pero no podemos confundirnos y justificar la violencia intrafamiliar como un efecto meramente social y económico. Existe evidencia de que el maltrato hacia los miembros más vulnerables de la familia no se vincula directamente con la condición socioeconómica de las personas. Es así que el 56,9% de los cuidadores de niños, niñas y adolescentes reconocen el uso de agresión psicológica en la crianza y un 32,5%, informan agresión física, porcentajes que superan los índices de vulnerabilidad socioeconómica, y nos obligan a pensar que, en esas familias, la violencia no solo se ejerce hacia los hijos, sino que se instala desde el inicio de la historia familiar, en la relación pareja.

Históricamente la conducta violenta se ha naturalizado y justificado como biológicamente propia de los hombres, sin embargo, en el seno familiar también se tejen historias y dinámicas transgeneracionales, que van a exacerbar factores personales violentos.

¿Qué caracteriza a las personas que ejercen violencia hacia sus parejas? Estos sujetos habitualmente son inestables emocionalmente, tienen estilos afectivos en los que se entremezclan sentimientos amorosos y rabiosos, con gran dificultad para tolerar la frustración. Mantienen expectativas idealizadas de las relaciones amorosas, con una tendencia infantil a esperar que su pareja esté siempre disponible y satisfaga la totalidad de sus necesidades. Por otro lado, presentan una constante sensación de inseguridad que resulta de la dificultad para sentirse realmente valiosos, sus herramientas personales son débiles para enfrentar desafíos emocionales, y ante situaciones de crisis, las distorsiones cognitivas y la rigidez conductual, impiden que busquen ayuda o visualicen alternativas creativas para enfrentar el conflicto, utilizando una y otra vez la violencia y el control para brindarse seguridad y disminuir la angustia. Igualmente, tienen gran temor al abandono pese a que evidencian una supuesto dominio de la relación, ya que no logran visualizarse fuera de esta, entablando vinculaciones de gran dependencia emocional, que muchas veces inspira arrepentimientos momentáneos, en los que se comprometen a cambiar, pero que no pueden sostener en el largo plazo, no obstante, las víctimas al verlos sumisos y vulnerables, sienten alivio y esperanza, perpetuándose patrones recursivos, tremendamente dañinos.

El daño como consecuencia de actos violentos, maltratadores y abusivos que tienen escenario dentro de las relaciones de pareja y la familia, genera secuelas emocionales, cognitivas y sociales a largo plazo, que van a ofrecer condiciones desventajosas para el desarrollo de los nuevos miembros de la familia, por lo que es tiempo de que brindemos importancia al bienestar y salud mental de la familia, que seamos capaces de sanar las propias historias en favor de la salud de los que más amamos.

SANTIAGO, 18 DE NOVIEMBRE DE 2023.- En medio de los trágicos eventos que han tenido lugar en los campamentos de Coronel y Valparaíso, donde ocho niños perdieron la vida en incendios, World Vision Chile se pronuncia sobre la situación de la niñez migrante en el país. Stephanie Coscing, coordinadora de Proyectos Especiales de la organización especializada en niñez vulnerable, enfatiza la necesidad de una protección especial para los niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio.

“Los niños migrantes requieren de una protección especial, considerando también la protección de sus familias. Esta protección no puede estar supeditada a su nacionalidad o estatus migratorio. Con la entrada en vigencia de la Ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, el Estado tiene el deber de diseñar políticas que proporcionen una protección integral a todos los niños, niñas y sus familias que se encuentran en el territorio, aunque en el contexto migratorio se encuentren de manera irregular, reconociendo sus necesidades y vulnerabilidades específicas”, precisa la experta.

Añade que la migración, aunque debería ser un proceso voluntario y regulado, se convierte en una crisis cuando se pierde el control de la situación, exponiendo a muchas personas, especialmente a niños, a riesgos y desafíos significativos.

ESTUDIO

En este contexto, el año 2019 World Vision Chile llevó a cabo junto a otras organizaciones pro-infancia el “Estudio exploratorio de caracterización de niños, niñas y adolescentes migrantes de América Latina y el Caribe y sus familias en Chile”, centrado en explorar el estado de la inmigración infantil en comparación con la población chilena, con foco especial en el ejercicio de sus derechos y el acceso a servicios públicos.

Los resultados del estudio indicaron que, aunque el porcentaje de niños y jefes de hogar en situación migratoria irregular era bajo, existía un considerable número que alguna vez estuvo sin visa vigente o en trámite. El 35% de los niños y el 32% de los jefes de hogar, según el sondeo, han experimentado alguna vez la irregularidad migratoria.

En este contexto, entre los NNA haitianos un 73% estuvo alguna vez en situación migratoria irregular, porcentaje significativamente mayor a lo observado en otras nacionalidades.

En cuanto a la vivienda, el 48% de las familias migrantes arriendan su vivienda con contrato versus un 37% que arrienda sin contrato, según el informe. Además, el 13% de las familias extranjeras viven en tomas o campamentos.

En educación, la encuesta indicó que entre los niños, niñas y adolescentes que se encuentran irregulares un 57% no asiste a la educación formal. Entre los NNA con situación migratoria en trámite, este porcentaje desciende a 37%, siendo – eso sí – una de las formas de inclusión o integración con mayor acceso y demanda.

En salud, en tanto, la indagación de la organización no gubernamental de origen internacional destacó que un 25% de los niños migrantes no tienen previsión, en comparación con un 2% de los niños chilenos.

Con estos números sobre la mesa, los que deben actualizarse más sistemáticamente, World Vision Chile insta a la sociedad y a las autoridades a considerar estas realidades y trabajar en conjunto para garantizar un entorno seguro y adecuado para la niñez migrante en Chile, reconociendo sus derechos y necesidades específicas, en especial, para que no ocurran eventos tan dolorosos y dramáticos como los mencionados.

“La migración es un proceso que todos los seres humanos deberíamos poder hacer de manera voluntaria y regulada.  Sin embargo, cuando se produce una crisis migratoria, se pierde el control de la situación y muchas personas sufren las consecuencias de quedar al margen de la ley y expuestas a un sinfín de riesgos”, precisó Coscing.

Finalmente, la organización reafirma su compromiso de seguir abogando por la protección y el bienestar de todos los niños, independientemente de su origen o estatus migratorio