Darwin Cortés defendió las medidas impulsadas por el Ejecutivo y recalcó que la reforma constitucional sigue en discusión, con disposición a perfeccionarla y construir acuerdos en el Congreso

El Seremi de Gobierno, Darwin Cortés, respondió a los cuestionamientos formulados por los parlamentarios comunistas de la región, señalando que las diferencias políticas son legítimas, pero en materia de seguridad deben ir acompañadas de propuestas concretas.

Respecto de las críticas realizadas por el diputado Salinas a la Operación Cancerbero, luego de que cuatro internos trasladados a la cárcel La Laguna debieran regresar a Alto Hospicio por resolución judicial, Cortés sostuvo que ese episodio no puede utilizarse para desacreditar una operación que involucró a cerca de 1.500 personas privadas de libertad.

“Las resoluciones judiciales se respetan, eso no está en discusión. Pero lo ocurrido con estos internos también da cuenta de por qué necesitamos avanzar en cambios en materia penitenciaria y revisar las herramientas legales con las que cuenta el Estado. Si las normas actuales muestran limitaciones frente a decisiones que buscan fortalecer el control de las cárceles, la respuesta no puede ser dejar todo igual. Tenemos que modernizar nuestra legislación y seguir enfrentando al crimen organizado con mayor capacidad”, afirmó.

El vocero regional también respondió al senador Daniel Núñez, quien declaró “muerta” la reforma constitucional de seguridad. Cortés recordó que la propuesta del Gobierno continúa vigente y que ya existe una vía para iniciar su discusión en la Comisión de Constitución del Senado durante el mes de septiembre.

“Decir que una reforma está muerta cuando se están abriendo los espacios para discutirla en el Senado no coincide con lo que está ocurriendo en la realidad. Nosotros estamos disponibles para perfeccionarla, escuchar propuestas y construir los acuerdos necesarios. No abandonaremos el objetivo de entregar más y mejores herramientas para combatir al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo”.

Darwin Cortés también rechazó el tono de las declaraciones realizadas por Núñez contra integrantes del gabinete. “Un senador puede estar en desacuerdo, incluso profundamente, pero el Congreso está justamente para debatir esas diferencias. Si existen alternativas mejores, que se presenten. Las descalificaciones personales pueden generar un titular, pero no entregan más seguridad a ninguna familia”.

Finalmente, el Seremi de Gobierno de la Región de Coquimbo sostuvo que la administración del Presidente José Antonio Kast seguirá impulsando su agenda tanto mediante proyectos de ley como a través de las atribuciones que actualmente tiene el Estado.

“Nosotros vamos a conversar todo lo que sea necesario para proponer una buena solución, pero no vamos a renunciar a recuperar la tranquilidad de las familias. En seguridad se pueden discutir los instrumentos; lo que no podemos hacer es acostumbrarnos a las limitaciones actuales y asumir que no hay nada que cambiar”, concluyó el Seremi Darwin Cortés.

El exgeneral director de Carabineros abordó la discusión que acompaña la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), planteando que las Fuerzas Armadas pueden aportar capacidades logísticas, de inteligencia y de apoyo a las policías, sin reemplazar sus funciones. En tanto, el exsubsecretario del Interior Juan Francisco Galli destacó el nuevo rol que deben asumir las cárceles frente al avance de las organizaciones criminales.

Agosto, 2026. La discusión sobre cómo debe responder el Estado chileno al avance del crimen organizado volvió a instalar en el centro del debate el rol que deben cumplir las distintas instituciones encargadas de la seguridad. La reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) propone, entre otras medidas, un nuevo estado de excepción de seguridad pública y contempla la posibilidad de que las Fuerzas Armadas apoyen a las policías en labores de vigilancia, logística, control perimetral y apoyo técnico.

En medio de esta discusión, el general (r) y exdirector de Carabineros Ricardo Yáñez planteó en el programa “Punto de Encuentro” de Bio Bio TV, que el escenario actual obliga al Estado a utilizar de manera coordinada todas las capacidades disponibles, diferenciando claramente las funciones de las policías de aquellas que pueden aportar las Fuerzas Armadas.

“Cuando hay situaciones tan graves como las que están ocurriendo hoy día, yo creo que el Estado no puede privarse de ocupar ninguna de las capacidades que puede tener disponible”, afirmó Yáñez, quien sostuvo que el desafío está en determinar cómo organizar y coordinar esas capacidades de manera eficiente.

El exgeneral director apuntó a que la naturaleza de las amenazas actuales es distinta a la que existía cuando se diseñó el actual marco constitucional. “Yo creo que efectivamente cuando se hizo la Constitución del 80 no vivíamos lo que estamos viviendo hoy día. Por lo tanto, los estados de excepción y la regulación que tienen no están acordes a los nuevos tiempos”, señaló.

En esa línea, Yáñez marcó una diferencia entre utilizar las capacidades militares en apoyo de las policías y una eventual militarización de la seguridad pública. A su juicio, las FF.AA. pueden contribuir con inteligencia, medios logísticos y recursos humanos en tareas específicas, como cierres perimetrales en zonas complejas, sin asumir las funciones propias de las instituciones policiales.

“Sin que se militarice un país, sin que los militares vayan a suplir las funciones de la policía, puedan coadyuvar con sus capacidades, inteligencia, medios logísticos, incluso con recursos humanos”, sostuvo.

El planteamiento se produce mientras el Ejecutivo busca avanzar en el Congreso con la reforma constitucional que forma parte de ACOT. El proyecto contempla ocho modificaciones a la Carta Fundamental, entre ellas la creación de un nuevo estado de excepción de seguridad pública, un registro de organizaciones criminales y terroristas, regímenes penitenciarios diferenciados para sus integrantes y nuevas herramientas para perseguir sus bienes.

La iniciativa, sin embargo, enfrenta un debate político respecto de sus alcances y de las atribuciones que entregaría al Ejecutivo. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, señaló esta semana que el Gobierno está disponible para modificar aspectos de la propuesta con el objetivo de alcanzar acuerdos parlamentarios, enfatizando que el propósito central es dotar al Estado de nuevas herramientas frente al crimen organizado y el terrorismo.

“Las cárceles pasaron a ser el centro de la política de seguridad”

En paralelo a la discusión constitucional, el exsubsecretario del Interior y académico de la Universidad del Alba, Juan Francisco Galli, puso el foco en otro de los componentes de la estrategia de seguridad: el sistema penitenciario.

A propósito de la denominada Operación Cáncerbero, Galli valoró que el Ejecutivo haya puesto énfasis en la segregación de las personas privadas de libertad que son consideradas de mayor peligrosidad o que cumplen roles de liderazgo dentro de organizaciones criminales.

“El énfasis en algo que era muy necesario, que es la segregación de aquellas personas que son realmente peligrosas, aquellas que son cabecillas o participan de organizaciones delictuales o criminales respecto de aquella persona que está privada de libertad por haber sido condenada por un delito común”, explicó.

Para el exsubsecretario, el desafío penitenciario adquiere una relevancia creciente debido a la experiencia de otros países de la región, donde organizaciones criminales han logrado mantener estructuras de mando y operación desde las propias cárceles.

“Las cárceles pasaron a ser el centro de la política de seguridad”, afirmó Galli, quien sostuvo que Chile debe anticiparse a una dinámica que ya se observa en otros países.

En ese sentido, planteó que quienes lideran organizaciones criminales deben cumplir sus condenas bajo condiciones especialmente estrictas. “Aquellas personas que lideran organizaciones criminales estén privadas de libertad, efectivamente incomunicadas y con regímenes muy estrictos de encarcelamiento, porque son de por sí riesgosas”, señaló.

Coordinación como desafío

Para Yáñez, el debate no debería centrarse exclusivamente en qué institución debe asumir determinadas tareas, sino en cómo generar una coordinación efectiva entre las capacidades existentes, por ejemplo, en la persecución del crimen organizado.

“Se trata de que las instituciones coordinadamente puedan trabajar con un fin común, con un objetivo común, que es la seguridad”, afirmó.

El exdirector de Carabineros sostuvo que para avanzar en esa dirección se requieren reglas claras y condiciones que permitan a los funcionarios actuar con respaldo jurídico.

“Voluntad, confianza y por sobre todo respeto”, resumió Yáñez, quien insistió en que ninguna institución debe buscar interferir en las funciones de otra, pero sí poner sus capacidades al servicio de un objetivo común.

La discusión se instala así en uno de los principales desafíos de la agenda de seguridad del Ejecutivo: cómo dotar al Estado de nuevas herramientas para enfrentar organizaciones criminales cada vez más complejas, fortaleciendo simultáneamente la capacidad de las policías, el sistema penitenciario y los mecanismos de coordinación institucional.

El vocero regional, Darwin Cortés, destacó que la Agenda ACOT contempla una reforma constitucional, mayor respaldo a las policías y nuevas herramientas para desarticular organizaciones criminales

El seremi de Gobierno, Darwin Cortés, destacó la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, ACOT, presentada por el Presidente José Antonio Kast como la principal prioridad legislativa en seguridad para el segundo semestre. La estrategia reúne medidas legales y de gestión para recuperar el control territorial, fortalecer a las policías y enfrentar las nuevas formas de criminalidad.

La agenda propuesta adquiere especial relevancia para la Región de Coquimbo donde, durante 2025, se registraron 5.331 ingresos por robos violentos y fueron incautadas nueve toneladas de droga. En 2026, la Fiscalía Regional ha informado 13 homicidios y ha advertido sobre la relación entre narcotráfico, armas y robo de vehículos.

“Lo que anunció el Presidente José Antonio Kast es una respuesta contundente frente al principal problema que preocupa a las familias. No es solamente la agenda de un Gobierno, sino una decisión del Estado y del país para recuperar la seguridad, respaldar a las policías y enfrentar a organizaciones que buscan controlar nuestras calles, fronteras y cárceles”, afirmó Cortés.

La ACOT contempla una reforma constitucional que consagrará la seguridad pública como deber del Estado y permitirá establecer una nómina de organizaciones criminales y terroristas. También busca sancionar la pertenencia a estos grupos, aplicar regímenes penitenciarios diferenciados, crear un nuevo estado de excepción por grave alteración de la seguridad pública y facilitar la incautación de patrimonios ilícitos.

A ello se suman una nueva Ley Orgánica de Gendarmería, que le entregará carácter de policía penitenciaria, y una agencia especializada en decomisar, liquidar o destruir bienes provenientes del delito. La estrategia también incorpora control fronterizo, recuperación de barrios, fortalecimiento policial y uso de tecnología e inteligencia.

“Tenemos que dejar de normalizar el miedo. La señal debe ser clara: se acabó la pasividad frente a bandas que trafican drogas, extorsionan y pretenden dominar territorios. Esta reforma permitirá identificarlas, perseguir a sus integrantes y golpear su estructura financiera, porque al crimen organizado también se le combate quitándole el dinero”, agregó el vocero regional.

Durante las próximas semanas, el Gobierno avanzará en la presentación de las iniciativas y mantendrá el diálogo con el Congreso para acelerar su tramitación. El objetivo es consolidar la seguridad como una política de Estado capaz de proteger a las familias y recuperar los espacios públicos.

Medidas y ejes de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT)

-Persecución a cúpulas: Creación del Registro Oficial de Organizaciones Criminales para identificar, perseguir y desarticular a los líderes delictivos.

-Control penitenciario absoluto: Respaldo total a Gendarmería de Chile, régimen penal duro, segregación estricta y bloqueo de señal celular en las cárceles.

-Agencia Nacional de Decomiso: Organismo especializado para administrar, rematar y destruir bienes y fondos del narcotráfico.

-Desmonopolización de peritajes: Fin al monopolio del Servicio Médico Legal en pruebas de ADN y del Ministerio de Salud en análisis de drogas, facultando a Carabineros y PDI para agilizar los procesos.

-Control fronterizo: Incautación y destrucción inmediata de vehículos, camiones y carga que ingresen por pasos no habilitados, eliminando su devolución tras el pago de multas aduaneras.

-Herramientas operativas: Flagrancia ampliada a 24 horas, sanción efectiva a todo tipo de barricadas o bloqueos de vías, juicio en ausencia y mayores facultades autónomas para las policías.