• El instituto anuncia evaluación de las acciones del Estado que presentará en 2026 en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Cuando se cumplen seis años de la crisis social de 2019, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) recuerda que esta es la crisis de derechos humanos más grave vivida por el país desde la restauración de la democracia, afirmación que estableció de manera unánime el Consejo del INDH a través del Informe Anual de ese año.

Con el fin de examinar cuál ha sido hasta ahora la respuesta del Estado en el ámbito de la justicia, el instituto realizó una revisión de las acciones judiciales que interpuso por las graves violaciones a los derechos humanos, que tuvieron lugar entre el 17 de octubre de 2019 hasta el 18 de marzo de 2020. Además, anunció que realizará una indagatoria minuciosa de las respuestas del Estado en materia de verdad, reparación y garantías de no repetición.

En relación a las querellas interpuestas por el INDH, se trata de 3 mil 247, de las cuales 145 ya se encuentran finalizadas, pero sólo 68 de ellas concluyeron con sentencias condenatorias para los agresores. A través de diversas entrevistas a medios de comunicación, el director del INDH, Yerko Ljubetic ha indicado que estos resultados son preocupantes.

Del total de estas querellas, 2 mil 311 fueron por apremios ilegítimos, 566 por torturas, 249 por violencia innecesaria y 121 por otro tipo de vulneración. Este universo de querellas da cuenta de las denuncias de 3 mil 842 víctimas: 2 mil 861 hombres (75%) y 978 mujeres (25%). Mientras que la edad promedio es de 26 años.

Víctimas registradas por el INDH

Además, del universo total de víctimas registradas por el INDH, mil 492 corresponden a personas de uno o más grupos de especial protección. Entre éstas destacan 605 niños, niñas o adolescentes (16%), 34 personas mayores, 28 que tienen alguna discapacidad, 25 personas LGBTIQ+ y 20 personas migrantes. Es importante señalar que una persona puede ser parte de más de un grupo de especial protección.

Si la cifra de víctimas se analiza por las consecuencias de los ataques, siete personas fallecieron, en tanto que 3 mil 648 (el 95%) sufrieron algún tipo de lesión física. 228 de ellas (6%) fueron afectadas por alguna lesión ocular. Además, el 20% de las mujeres denunciantes indicaron que fueron víctimas de violencia sexual, mientras que en el caso de los hombres, esta cifra corresponde al 10%.

Reparación y garantías de no repetición

En cuanto a las medidas de reparación, es importante recordar a las más de 464 personas con algún tipo de lesión ocular registradas por el Ministerio Público y a las miles que presentaron lesiones graves de otro tipo. Del mismo modo, considerar a las personas que sufrieron violencia institucional en el contexto de la crisis social y que durante los años siguientes se han suicidado.

Al respecto, el INDH ha sostenido que la reparación integral a las víctimas debe considerar medidas dirigidas a la restitución, la indemnización, la rehabilitación y la satisfacción. Referido a lo anterior, el director Yerko Ljubetic ha indicado que “los esfuerzos emprendidos en materia de reparación han sido insatisfactorios”.

En esa línea, el instituto ha determinado indagar rigurosamente las medidas que ha adoptado o no el Estado respecto de las graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de la crisis social, atendiendo especialmente a las recomendaciones formuladas por el INDH en sus informes, de manera de dar a conocer durante 2026 una evaluación sobre el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades estatales relativas a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

En relación con las garantías no repetición, el instituto ha sostenido que es incuestionable que la violencia de la que fueron víctimas las personas, no puede volver a ocurrir en el país y para eso se necesitan fuerzas del orden capacitadas, con pleno respeto a los derechos humanos.

Informe del Ministerio Público

Además, el director del INDH indicó que “las cifras que ha dado a conocer el Ministerio Público en su balance de lo ocurrido en el contexto de la crisis social, confirman la preocupación planteada desde el INDH a partir del resultado de nuestras propias querellas”, dijo Ljubetic.

Según recordó el director, “del total de casos investigados por el Ministerio Público relativos a violencia institucional, que fueron más de 11 mil 500, sólo en 385 se terminó con una sentencia, y de ellas sólo 219 fueron condenatorias. El resultado desde el punto de vista de establecer la verdad y la justicia es francamente insatisfactorio”, concluyó.

Es importante indicar también que, según el balance del Ministerio Público, más del 90% de las causas por delitos por violencia institucional se encuentran concluidas. Las causas vigentes representan sólo 8,8% del total, el resto ha sido objeto de Decisión de No Perseverar (3.215) o archivo (6.821).

Con la instalación de equipos locales y puntos de escucha seguros, la Región de Coquimbo da inicio formal al Proceso de Escucha impulsado por la Comisión Presidencial Verdad y Niñez. Esta iniciativa prioriza la recepción confidencial y protegida de relatos, el acompañamiento psicosocial y la sistematización territorial de experiencias para que las propuestas de reparación.

La Comisión Asesora Presidencial fue creada mediante Decreto Supremo N°150 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el 10 de diciembre de 2024 y tiene plazo para cumplir con su mandato hasta abril del 2027.

En esa línea el Delegado Regional Presidencial, Galo Luna subrayó que “Esto es un compromiso que asumió el presidente, por eso se constituyó esta comisión asesora presidencial y aquí lo importante es poder conocer y trabajar en base a los relatos de quienes puedan compartirlo para generar este proceso de indagación y reparación”.

La seremi de Justicia y Derechos Humanos, María José Rojas, señaló respecto a la labor de la comisión en la toma de relatos que, “los profesionales son del área psicosocial quienes van a funcionar aquí en la región y, por tanto, ellos tienen las herramientas y la expertise necesaria para la toma de estos relatos. Tiene también ese componente, no es solo ir y contar una historia, porque entendemos que lo que te lleva, y por eso también relevamos la valentía de las personas que van a prestar estos relatos, es una violación a los derechos humanos y más perjudicialmente que estas violaciones fueron durante la niñez”.

Finalmente, Paulina Mora, Seremi Gobierno destacó que, “Queremos reiterar el llamado a todas las personas que estuvieron bajo la custodia del Estado a través del Senam entre los años 79 y el 2021 que puedan dar su testimonio, ya sea presencial, virtual o también de manera escrita. El testimonio sin duda es un acto de dignidad, pero también es un derecho de todas las personas. Por eso es que estamos aquí haciendo precisamente este llamado para quienes fueron violados sus derechos humanos precisamente en este marco”.

Según un estudio realizado por UNICEF para la Comisión, basado en el análisis de diversas fuentes de información disponibles, se estima que aproximadamente 689.288 personas pasaron por un centro residencial de protección especializada o un centro de justicia juvenil durante su infancia o adolescencia en el período 1979-2021.

Las personas interesadas en participar pueden solicitar una entrevista a través de los canales habilitados por la Comisión Presidencial Verdad y Niñez; en la Región de Coquimbo se dispondrá de horarios y modalidades flexibles para facilitar el acceso y se garantizará acompañamiento psicosocial desde la inscripción hasta el cierre del proceso.

www.comisionverdadninez.gob.cl

testimonial@comisionverdadninez.gob.cl

]]> 24009