La medida se mantendrá hasta que el recinto subsane las deficiencias y éstas sean verificadas nuevamente por los equipos fiscalizadores.

Frente a esta situación, la diputada Nathalie Castillo (PC) valoró la decisión, enfatizando que “la seguridad y la salud de las personas debe estar plenamente garantizada, más aún cuando se aproxima la temporada estival y aumenta considerablemente la afluencia de turistas”.

La parlamentaria informó que ya había oficiado a la Seremi de Salud solicitando los detalles del proceso de fiscalización, así como las medidas exigidas al resort para recuperar su funcionamiento. También ingresó un oficio a la Dirección General de Aguas (DGA) para requerir información sobre la fuente de abastecimiento de agua de las piscinas, consultando si proviene de pozos, derechos debidamente inscritos o si existe un origen no registrado.

“Situaciones como esta demuestran que la fiscalización debe ser permanente y rigurosa. No puede ocurrir que un recinto funcione con observaciones que pongan en riesgo a la gente o que existan dudas respecto del uso del agua. El turismo es clave para la zona, pero no puede construirse a costa de relajar los estándares sanitarios ni de usar agua sin claridad. Esperamos que el resort corrija rápidamente y entregue información completa a la autoridad”, señaló.