● Representantes de los armadores artesanales del puerto de San Antonio, de la Asociación Gremial de Pescadores y Armadores Artesanales Pelágicos de la región del Biobío, además del Sindicato de Pescadores y Armadores Artesanales del Mar y la Federación Sonapesca, entre otros, denunciaron que a dos semanas de entrar en régimen la nueva distribución, la autoridad desvirtuó el criterio técnico que fundamenta el manejo de las pesquerías en plena explotación.

En Chile, según indica el artículo 50 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, para realizar actividades de pesca extractiva artesanal es requisito habilitante inscribirse en el Registro Pesquero Artesanal (RPA) que administra el Servicio Nacional de Pesca. Y, para pesquerías como el jurel, la jibia, la reineta, o langostino amarillo, que se encuentran en plena explotación, o para la merluza común que se mantiene en un estado de agotado, la inscripción en el RPA se suspende, por lo que no es posible solicitar la inscripción de un pescador artesanal. Esto, con el fin de velar por la preservación de los recursos hidrobiológicos.

Sin embargo, en noviembre pasado, la Subsecretaría de Pesca emitió una Resolución Exenta que ordenó al Servicio Nacional de Pesca abrir el Registro Pesquero Artesanal por oficio a miles de nuevas embarcaciones en todo el país, lo que representantes de la pesca artesanal e industrial unidos, consideran peligroso e ilegal, por lo que solicitaron a Contraloría su revisión y nulidad.

Lo anterior fundado en que el organismo que lidera el subsecretario Julio Salas, sin habilitación legal alguna, saltándose la consulta a los Consejos Zonales de Pesca ya que se requiere informe técnico de estos organismos, decidió arbitrariamente ordenar la apertura del Registro, lo que contraviene de manera directa el deber del Estado de resguardar la conservación de los recursos hidrobiológicos, vulnerando lo establecido en la Ley de Pesca y desnaturalizando el carácter cerrado de las pesquerías que alcanzaron su rendimiento máximo sostenible, exponiendo al país a un deterioro irreversible de su ecosistema marino.

En el escrito presentado ante la Contraloría Regional de Valparaíso, se establece que, “la Resolución impugnada ordena una incorporación masiva, excepcional y por una sola vez de nuevos armadores artesanales, sin que exista vacancia que reemplazar, sin procedimiento legal previo y sin modificación legal alguna de las normas de cierre de acceso”, expresando que “un régimen de acceso solo puede ser modificado por ley”.

Frente a esto, y a solo dos semanas de que inicie el periodo legal de vigencia del nuevo fraccionamiento pesquero, el requerimiento solicita al ente contralor emitir un dictamen en que declare la ilegalidad contenida en la Resolución de la Subsecretaría de Pesca.

“Lo que buscamos es que Contraloría declare ilegal y deje sin efecto la resolución 2.563 porque cambia reglas de acceso que sólo pueden modificarse por ley. Aquí vemos dos peligros. Primero, abre la puerta a nuevas incorporaciones, a que haya más actores sin respetar el sistema de vacantes, lo que aumenta la presión sobre el recurso y crea un precedente muy peligroso. Y el otro punto, es que usa como excusa la ley de fraccionamiento, pero esa ley solo redistribuye porcentajes, y no autoriza a abrir registros ni incorporar nuevos actores al sistema. Si esto se normaliza, mañana cualquier cierre o cualquier norma legal se puede desarmar por una simple resolución”, comentó Victoria Rubio, presidenta de A.G Coordinadora Nacional de Armadores Pesqueros Artesanales Costeros (CONAPESCA).

Las 7 medidas

Cabe señalar que en noviembre, la Subsecretaría de Pesca dio a conocer siete medidas pro artesanal con que indicaban habría “un beneficio concreto” para el sector de pequeña escala, entre las que destacaban permitir la extracción de jurel (en plena explotación con registro cerrado) para embarcaciones menores a 12 metros; el fomento de flotas “multiespecies” asignando recursos como reineta (en plena explotación con registro cerrado); la incorporación de la sardina española en la captura de anchoveta y jurel entre las regiones de Arica y Coquimbo (contrario a lo señalado por el Comité Científico), entre otras acciones cuestionadas de manera transversal.

Para la presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío y vicepresidenta de Sonapesca, Macarena Cepeda Godoy, “el subsecretario Salas actuó más con un criterio político que siguiendo las recomendaciones científicas para el manejo sustentable de las pesquerías. Esto es grave, porque, por ejemplo, el jurel chileno hoy es un caso de éxito en todo el mundo porque en una década pasó de estar en una condición sobreexplotada a estar sano en su rendimiento máximo sostenible. Esto se debió a que el criterio técnico ha prevalecido, respetando la regulación, por lo que el precedente que está marcando la Subsecretaria de Pesca le hace un grave daño a los ecosistemas marinos del país y a la institucionalidad pesquera que ha permitido recuperar pesquerías”.

La líder gremial agregó que, “si se debilitan o desconocen las reglas de acceso y se omite la evidencia científica en la administración pesquera, se pone en riesgo no solo la sustentabilidad de los recursos, sino también el trabajo y el futuro de miles de familias que dependen del mar. Por eso recurrimos a Contraloría, para que se asegure un manejo responsable de los recursos pesqueros del país”.

Con todo, la ley de Fraccionamiento dispone de una nueva distribución a partir del 1 de enero de 2026, sin embargo, aún no es pública la distribución regional de cuotas entre actores del sector artesanal.

El requerimiento ingresado a Contraloría está firmado por Sonapesca; el Sindicato Independiente de Armadores y Pescadores Artesanales Afines; el Sindicato de Pescadores y Armadores Artesanales del Mar; el Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales, Armadores Artesanales Pelágicos, Actividades Afines y Actividades Conexas de la Caleta de San Vicente en la comuna de Talcahuano; la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales, Armadores Artesanales Pelágicos y Actividades Afines de la Caleta de Lota VII Región; Sierra Azul Asociación Gremial; los Armadores Artesanales del Puerto de San Antonio; y la Asociación Gremial de Pescadores y Armadores Artesanales Pelágicos de la Región del Biobío.

Según el material difundido, “¡una ley que fue aplaudida en todo el mundo!” vio la luz en 2008, con la promulgación de la Ley 20.249 que reconoció los derechos de los pueblos originarios sobre el borde costero. Esta legislación surgió desde la lucha de las comunidades mapuche-lafkenche, marcando un precedente en la defensa del mar como fuente de vida y cultura.

El especial reseña que entre 2010 y 2015 se presentaron las primeras solicitudes de espacios costeros en Mehuín, Tirúa, San Juan de la Costa, Hualaihué y Chiloé por parte de comunidades mapuche. Posteriormente, en 2015, SUBPESCA entregó el primer espacio costero a la comunidad indígena de Punta Capitanes, en Fresia, región de Los Lagos.

En 2017, nuevas solicitudes fueron ingresadas por la Comunidad Kawesqar y la Comunidad Diaguita, mientras que en 2019 se aprobó un ECMPO en Tirúa con una extensión de 12 millas marinas. Más tarde, en 2022, la Comunidad Chango presentó su primera solicitud, consolidando así la presencia de diversos pueblos en este marco legal.

La publicación también recordó que la Ley Lafkenche ha sido reconocida internacionalmente por la ONU como un modelo alineado con el Convenio 169 de la OIT y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, resaltando su valor para la protección de la biodiversidad y la preservación de tradiciones culturales vinculadas al mar.

Sin embargo, no todo ha sido celebración. En el período 2024-2025, la industria salmonera impulsó una ofensiva contra los espacios costeros, logrando rechazar solicitudes en Magallanes, Aysén, Los Lagos y Los Ríos, mientras en el Congreso se tramitaron proyectos de ley para modificar los ECMPO, generando amplio rechazo de comunidades y observadores internacionales.

La cronología concluye con el hito de 2025, cuando el Tribunal Constitucional rechazó el intento de modificar la Ley 20.249 a través de la ley de presupuestos, reafirmando la vigencia del marco legal que protege los derechos costeros indígenas.

“Hoy, la Ley Lafkenche sigue siendo un símbolo de lucha y orgullo”, destaca el especial, reafirmando que su legado permanece vivo gracias a la fuerza de los pueblos que defienden el mar, su identidad y su futuro.

Mira a continuación la publicación original de Espacios Costeros sobre hitos de la Ley Lafkenche

Según el material difundido, “¡una ley que fue aplaudida en todo el mundo!” vio la luz en 2008, con la promulgación de la Ley 20.249 que reconoció los derechos de los pueblos originarios sobre el borde costero. Esta legislación surgió desde la lucha de las comunidades mapuche-lafkenche, marcando un precedente en la defensa del mar como fuente de vida y cultura.

El especial reseña que entre 2010 y 2015 se presentaron las primeras solicitudes de espacios costeros en Mehuín, Tirúa, San Juan de la Costa, Hualaihué y Chiloé por parte de comunidades mapuche. Posteriormente, en 2015, SUBPESCA entregó el primer espacio costero a la comunidad indígena de Punta Capitanes, en Fresia, región de Los Lagos.

En 2017, nuevas solicitudes fueron ingresadas por la Comunidad Kawesqar y la Comunidad Diaguita, mientras que en 2019 se aprobó un ECMPO en Tirúa con una extensión de 12 millas marinas. Más tarde, en 2022, la Comunidad Chango presentó su primera solicitud, consolidando así la presencia de diversos pueblos en este marco legal.

La publicación también recordó que la Ley Lafkenche ha sido reconocida internacionalmente por la ONU como un modelo alineado con el Convenio 169 de la OIT y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, resaltando su valor para la protección de la biodiversidad y la preservación de tradiciones culturales vinculadas al mar.

Sin embargo, no todo ha sido celebración. En el período 2024-2025, la industria salmonera impulsó una ofensiva contra los espacios costeros, logrando rechazar solicitudes en Magallanes, Aysén, Los Lagos y Los Ríos, mientras en el Congreso se tramitaron proyectos de ley para modificar los ECMPO, generando amplio rechazo de comunidades y observadores internacionales.

La cronología concluye con el hito de 2025, cuando el Tribunal Constitucional rechazó el intento de modificar la Ley 20.249 a través de la ley de presupuestos, reafirmando la vigencia del marco legal que protege los derechos costeros indígenas.

“Hoy, la Ley Lafkenche sigue siendo un símbolo de lucha y orgullo”, destaca el especial, reafirmando que su legado permanece vivo gracias a la fuerza de los pueblos que defienden el mar, su identidad y su futuro.

Mira a continuación la publicación original de Espacios Costeros sobre hitos de la Ley Lafkenche

Con estas acciones, el Gobierno busca contribuir a incrementar el consumo de productos del mar en el país, que actualmente corresponde a 17,54 kilos por persona (2022). Así también, el desafío planteado por el proyecto de Nueva Ley de Pesca, impulsado por el Ejecutivo, pretende aumentar la actual cifra de consumo y se busca alcanzar los 20 kg promedio mundial al año 2027. Lo anterior, se materializaría mediante un aumento considerable de las cuotas de pesca destinadas a consumo humano y fortaleciendo la cadena de valor de los recursos.

“Lo que hoy firmamos junto a JUNAEB constituye un paso importante en ir cerrando brechas históricas para materializar un anhelo del sector pesquero y de la misma pesca artesanal: contribuir de manera concreta al sistema de alimentación escolar público”, indicó el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas.

Adicionalmente, Salas agregó que fortalecer el consumo humano directo y la pesca artesanal implica también “fortalecer una actividad de gran importancia social, económica y cultural, que se manifiesta principalmente por su contribución a la fuerza laboral, a las economías territoriales y al abastecimiento de productos pesqueros para consumo en fresco”. En esta línea, el subsecretario relevó la importancia de los más de 92 mil pescadores y sus familias, las más de 12.500 embarcaciones en el país que dan vida al sector. “Es una actividad que va mucho más allá del valor económico que genera, sino también genera arraigo cultural con nuestras propias raíces. Por eso, este convenio es un anhelo que por años han manifestado nuestros pescadores artesanales”, precisó Salas.

Junaeb, a través de su Programa de Alimentación Escolar (PAE), es la principal institución del mercado público compradora de alimentos. Con uno de los presupuestos más grande del Estado, después de Obras Públicas, entrega diariamente servicios de desayuno, almuerzo, once, colaciones y cena, según corresponda, a alumnos de todo el país. En esta línea, la autoridad máxima de Junaeb señaló que desde el año 2023 se ha incentivado a las empresas licitadoras del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para que adquieran altos volúmenes de productos marinos, como, por ejemplo, casi una tonelada mensual de pescados, mariscos y algas, los que, de adquirirse a pescadores artesanales, impulsarán significativamente las economías locales.

“Me siento muy orgullosa, porque crecí a un par de cuadras de este colegio, conozco muy bien este lugar, conozco muy de cerca la educación pública. Junaeb lleva 60 años entregando alimentación a muchos niños, niñas y generaciones que hoy son adultos. Hoy estamos haciendo cambios, nosotros queremos que las y los estudiantes se coman la comida que estamos entregando, y para eso queremos que la comida sea mucho más fresca y nutritiva. Ya partimos con la agricultura familiar campesina, eso significa que la fruta y las verduras que llegan a las escuelas son más frescas, directamente del campo. En Chile tenemos una costa enorme, queremos que esos pescados y productos del mar llegue a las cocinas, lleguen a las escuelas para que ustedes puedan comer de forma sana y nutritiva”, sostuvo la directora nacional de Junaeb, Camila Rubio.

La autoridad máxima de Junaeb, también agregó “quiero agradecer al subsecretario de Pesca por hacer posible esta alianza, y de esa forma apoyar a la pesca artesanal para que los niños y niñas se alimenten adecuadamente con los productos del mar”.

Por último, las autoridades de Gobierno afirmaron que con el convenio “Del Mar a tu Escuela”, Junaeb y Subpesca se comprometen a fortalecer sus relaciones en colaboración técnica, proyectos de estudio, diagnósticos, intercambios y asistencia en sus áreas de interés común. 

La medida se alinea con recomendaciones de Subpesca y del Comité Científico Técnico de Recursos Bentónicos, así como con planteamientos formulados por las propias organizaciones artesanales de la zona.

En la práctica, el decreto exento respectivo da continuidad a una veda del mismo tipo que se encontraba vigente desde el año 2016.

De este modo, en los próximos 10 años estará -por norma general- prohibida la captura, comercialización, transporte, procesamiento, elaboración y almacenamiento de la macha, en la Región de Coquimbo.

La medida, sin embargo, contiene dos excepciones específicas, conforme a la ley.

Una de ellas permite extraer machas en AMERB, vale decir áreas de manejo (espacios marítimos) a cargo de pescadoras y pescadores, cuyos planes de manejo tengan ese recurso como especie principal, y a quienes se les determine una cuota anual de captura.

La segunda excepción faculta la extracción de este molusco en reservas marinas y espacios costeros de pueblos originarios (ECMPO) en que, como en el caso anterior, la macha figure como especie principal en su plan de manejo o de administración vigente.

Las eventuales vulneraciones a esta nueva veda de la macha por 10 años en la Región de Coquimbo se sancionarán conforme a la ley.

Horas antes de la firma del acuerdo, los primeros módems (dispositivos de conexión a la red de datos) fueron entregados por Prodemu en Punta de Choros y Chungungo, dos caletas rurales ubicadas al norte de la Región de Coquimbo, casi en el límite con Atacama.

El acceso permanente a internet, junto con mejorar la calidad de vida en las caletas, potenciará el trabajo de las mujeres pescadoras y contribuirá a su desarrollo.

El convenio entre Subpesca y Prodemu fue suscrito ayer por la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, Alicia Gallardo Lagno, y la directora nacional de Prodemu, Paola Diez Berliner, durante una visita de ambas a la caleta San Pedro, en La Serena, cuya cooperativa está integrada por más de 40 mujeres dedicadas a la extracción y procesamiento de machas.

En la actividad en terreno participaron también el seremi de Economía Coquimbo, Fomento y Turismo, Carlos Lillo; la directora regional de Prodemu, Vinka Herrera; la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Ivón Guerra; y la directora regional de Sernapesca, Cecilia Solís, entre otras autoridades.

“Uno de los objetivos de nuestro Gobierno es avanzar efectivamente hacia una mayor equidad de género en el sector pesquero artesanal. Gracias a este convenio que hemos firmado con Prodemu, mujeres de caletas alejadas podrán -literalmente- conectarse con el desarrollo y las oportunidades”, afirmó la Subsecretaria Gallardo.

PRODEMU: “PILOTO EN TODO CHILE”

La directora nacional de Prodemu, Paola Diez Berliner, se refirió a este convenio y señaló que las mujeres realizan un amplio trabajo en este rubro, haciendo tareas complementarias para el funcionamiento de la cadena productiva. “Estamos acá para poder aportar un grano en sus luchas. Este convenio con la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura nos permitirá hacer un plan piloto en todo Chile, que llevará esta conexión wifi a las caletas del país. Queremos llegar a más de 300 mujeres en Chile y que ellas tengan conectividad en su lugar de trabajo”, sostuvo.

Este convenio, además de la entrega de conectividad, da acceso a las rutas de aprendizaje de Prodemu para promover sus procesos de empoderamiento. Con esto, las mujeres podrán capacitarse y tener más voz en las organizaciones y sindicatos de la pesca.

Actualmente en la Región de Coquimbo existen 33 caletas y 5.191 pescadores: 496 mujeres y 4.695 hombres.

La Primera Dama y presidenta de Prodemu, Cecilia Morel, envió un saludo a las mujeres de Coquimbo que serán beneficiadas con este convenio y señaló que “es una gran alianza en beneficio de las mujeres de la pesca artesanal. Sabemos que es un mundo sacrificado y que son mujeres fuertes que, a través de distintos rubros, extraen recursos marinos y sostienen a sus familias. Por ello, en Prodemu vimos la necesidad de entregarles conectividad para potenciar su desarrollo”.

MÚLTIPLES LÍNEAS DE TRABAJO

La iniciativa para “alumbrar” a las caletas con internet se suma a otros programas que lleva adelante el Gobierno -a través de diversas instituciones públicas- con el fin de apoyar a las mujeres de la pesca artesanal en todo el país.

Así, por ejemplo, Indespa está poniendo al alcance de las usuarias diversos instrumentos que propicien un desarrollo sostenible de sus actividades. Uno de esos mecanismos corresponde a la disposición de un capital semilla que permitirá a las pescadoras diseñar, evaluar e implementar ideas de negocio, con la debida asistencia técnica. La inversión asociada es de $650 millones.

En paralelo, están ejecutándose planes en áreas tan diversas como la capacitación, el reconocimiento patrimonial o el diálogo. En este último plano, una de las iniciativas considera la creación o activación, según el caso, de mesas de la mujer en todas las regiones del país, espacios destinados a oírlas y atender sus requerimientos. Algunas de las mesas ya están plenamente operativas, mientras que otras comenzarán a sesionar próximamente.

¿CUÁNTAS SON A LO LARGO DEL PAÍS?

En el Registro Pesquero Artesanal (RPA) -repertorio clave para el funcionamiento del sector- se encuentran inscritas a nivel nacional más de 23 mil mujeres (pescadoras, patronas de lanchas, recolectoras y buzas), en su mayoría jefas de hogar.

A ellas se suman las acuicultoras de pequeña escala y quienes desempeñan oficios vinculados con la pesca en las caletas: encarnadoras, fileteadoras y charqueadoras, entre otras (en conjunto, sumarían alrededor de 20 mil).

Los CZP –ocho a lo largo del país- hacen efectiva la participación de agentes vinculados con la pesca y la acuicultura a nivel regional o zonal, en materias relacionadas con el sector. Además, tienen la misión de fomentar la descentralización de las medidas administrativas adoptadas por la autoridad.

En el caso de las regiones de Atacama y Coquimbo, corresponde renovar los siguientes cargos: miembros de las universidades o de institutos profesionales (segundo cargo); de las organizaciones gremiales del sector laboral (oficiales de naves especiales y trabajadores de la industria); de las organizaciones gremiales del sector artesanal de Atacama (mariscador o alguero); y el cargo de las entidades sin fines de lucro.

Las nominaciones y apoyos de las respectivas organizaciones podrán presentarse hasta el 17 de mayo en la oficina de partes de Subpesca (Bellavista N° 168, piso 16, Valparaíso), o en la dirección zonal del organismo, ubicada en Coquimbo.

En atención a la pandemia, los antecedentes también podrán entregarse en las oficinas del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) ubicadas en dichas regiones.

La apertura de los sobres que contienen las nominaciones y apoyos se realizará en las oficinas de Subpesca, en Valparaíso, con la presencia de un notario público, quien certificará cada uno de los documentos contenidos en los sobres y estampará en ellos su firma y timbre.

Las mencionadas nominaciones y apoyos serán evaluadas por las divisiones Jurídica y de Desarrollo Pesquero del organismo. En tanto, los resultados constarán en un informe de cómputos que será elaborado para estos fines.

Para más detalles, los interesados pueden acceder a la resolución exenta N° 785 de 2021, publicada en la página web de Subpesca con fecha 16 de marzo de 2021, en el siguiente link: https://bit.ly/3sbIZEb.

El informe revela que cuatro pesquerías relevantes para el sector progresaron en su estatus: anchoveta (entre Valparaíso y Los Lagos), langostino colorado (Arica-Parinacota-Coquimbo), sardina austral (Los Lagos) y sardina austral (Aysén).

La ley dispone que Subpesca informe anualmente sobre la evolución de 27 recursos, sin perjuicio de que el reporte entregue antecedentes sobre un total de 44 pesquerías.

En los hechos, el informe opera como un barómetro que refleja la condición en que se encuentran peces, moluscos, algas y crustáceos sobre los que opera el sector pesquero.

26 RECURSOS MEJORAN O MANTIENEN SU CONDICIÓN

De los 27 recursos evaluados anualmente, el reporte indica que 26 mejoraron o mantuvieron su condición en 2020, mientras que uno bajó de rango: la merluza de tres aletas (pasó de sobreexplotada a agotada).

“Una de nuestras prioridades es avanzar hacia una mayor sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos. Solo por esa vía, la actividad pesquera nacional podrá proyectarse de modo saludable hacia el futuro. Este nuevo informe contiene indicios positivos. El desafío que tenemos ahora por delante es muy claro: mantener aquello que está dando resultado en la recuperación de las pesquerías y hacer los ajustes donde sea necesario”, afirmó la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, Alicia Gallardo Lagno.

DISMINUYEN PESQUERÍAS SOBREEXPLOTADAS

Una de las revelaciones del informe anual se vincula con el hecho de que las pesquerías sobreexplotadas disminuyeron. Así, cuatro recursos que mostraban ese estatus en 2019, mejoraron y ahora se encuentran en plena explotación: anchoveta (entre Valparaíso y Los Lagos), langostino colorado (Arica-Parinacota-Coquimbo), sardina austral (Los Lagos) y sardina austral (Aysén).

Lo anterior, a la vez, permitió que los recursos en plena explotación o sanos aumentaran de 8 a 12. En este rango están, por ejemplo, el pez espada (Arica-Parinacota-Magallanes), el jurel (Arica-Parinacota-Los Lagos) y el camarón nailon (Antofagasta-Biobío).

INDICIOS POSITIVOS EN LA MERLUZA COMÚN

Entre las 22 pesquerías que mantienen su condición, figura una relevante para el sector artesanal: la merluza común. Técnicamente, está sobreexplotada, pero sigue dando señales de recuperación.

Subpesca viene trabajando desde un tiempo en un plan de recuperación de este recurso. Así, en concordancia con el comité de manejo correspondiente -integrado, entre otros, por pescadores artesanales-, se ha establecido una estrategia de captura enfocada en alcanzar un máximo rendimiento sostenible. De ese modo, desde 2014 a la fecha ha sido posible casi duplicar la cuota de la merluza común, a partir de los indicios de recuperación observados.

Con el jurel, el cuadro es aún más auspicioso. Se mantiene en plena explotación, y la información disponible ha permitido ir aumentando su cuota, a razón de un 15%, en los últimos tres años.

AUMENTA NÚMERO DE COMITÉS DE MANEJO

Distintas medidas de Subpesca están incidiendo en el mejoramiento de los recursos que evidencia el nuevo informe anual.

Una de esas acciones se vincula con la creación de nuevos comités de manejo, entidades que apoyan una administración sustentable de las pesquerías. En 2020, esos grupos de trabajo crecieron de 28 a 37.

La estrategia considera igualmente la aplicación de 17 planes de reducción de descarte (devolución de capturas al mar) y pesca incidental (no deseada), lo cual contribuye a la sustentabilidad de los recursos.

Repercute también positivamente el trabajo de los comités científico-técnicos de los 27 recursos evaluados, que determinan el estado de las pesquerías y las cuotas de capturas aconsejables.

El informe revela que cuatro pesquerías relevantes para el sector progresaron en su estatus: anchoveta (entre Valparaíso y Los Lagos), langostino colorado (Arica/Parinacota-Coquimbo), sardina austral (Los Lagos) y sardina austral (Aysén).

La ley dispone que Subpesca informe anualmente sobre la evolución de 27 recursos, sin perjuicio de que el reporte entregue antecedentes sobre un total de 44 pesquerías.

En los hechos, el informe opera como un barómetro que refleja la condición en que se encuentran peces, moluscos, algas y crustáceos sobre los que opera el sector pesquero.

TODOS LOS RECURSOS MEJORAN O MANTIENEN SU CONDICIÓN

De los 27 recursos evaluados anualmente, el reporte indica que la totalidad mejoró o mantuvo su condición en 2020. El informe de 2019, en cambio, daba cuenta de una baja: el langostino colorado (Arica/Parinacota-Coquimbo).

“Una de nuestras prioridades es avanzar hacia una mayor sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos. Solo por esa vía, la actividad pesquera nacional podrá proyectarse de modo saludable hacia el futuro. Este nuevo informe contiene indicios positivos. Es clave, por ejemplo, que ningún recurso haya visto empeorar su condición y que, por el contrario, cuatro hayan mejorado de estatus. El desafío que tenemos ahora por delante es muy claro: mantener aquello que está dando resultado en la recuperación de las pesquerías y hacer los ajustes donde sea necesario”, afirmó la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, Alicia Gallardo Lagno.

DISMINUYEN PESQUERÍAS SOBREEXPLOTADAS

Una de las revelaciones del informe anual se vincula con el hecho de que las pesquerías sobreexplotadas disminuyeron. Así, cuatro recursos que mostraban ese estatus en 2019, mejoraron y ahora se encuentran en plena explotación: anchoveta (entre Valparaíso y Los Lagos), langostino colorado (Arica/Parinacota-Coquimbo), sardina austral (Los Lagos) y sardina austral (Aysén).

Lo anterior, a la vez, permitió que los recursos en plena explotación o sanos aumentaran de 8 a 12. En este rango están, por ejemplo, el pez espada (Arica/Parinacota-Magallanes), el jurel (Arica/Parinacota-Los Lagos) y el camarón nailon (Antofagasta-Biobío).

INDICIOS POSITIVOS EN MERLUZA COMÚN

Entre las 23 pesquerías que mantienen su condición, figura una relevante para el sector artesanal: la merluza común. Técnicamente, está sobreexplotada, pero sigue dando señales de recuperación.

Subpesca viene trabajando desde un tiempo en un plan de recuperación de este recurso. Así, en concordancia con el comité de manejo correspondiente -integrado, entre otros, por pescadores artesanales-, se ha establecido una estrategia de captura enfocada en alcanzar un máximo rendimiento sostenible. De ese modo, desde 2014 a la fecha ha sido posible casi duplicar la cuota de la merluza común, a partir de los indicios de recuperación observados.

Con el jurel, el cuadro es aún más auspicioso. Se mantiene en plena explotación, y la información disponible ha permitido ir aumentando su cuota, a razón de un 15%, en los últimos tres años.

AUMENTA NÚMERO DE COMITÉS DE MANEJO

Distintas medidas de Subpesca están incidiendo en el mejoramiento de los recursos que evidencia el nuevo informe anual.

Una de esas acciones se vincula con la creación de nuevos comités de manejo, entidades que apoyan una administración sustentable de las pesquerías. En 2020, esos grupos de trabajo crecieron de 28 a 37.

La estrategia considera igualmente la aplicación de 17 planes de reducción de descarte (devolución de capturas al mar) y pesca incidental (no deseada), lo cual contribuye a la sustentabilidad de los recursos.

Repercute también positivamente el trabajo de los comités científico-técnicos de los 27 recursos evaluados, que determinan el estado de las pesquerías y las cuotas de capturas aconsejables.

Los evaluadores participan en la elaboración de términos técnicos de referencia (TTR) de los proyectos, en el análisis de las propuestas de los consultores que postulan a estas iniciativas, y en la evaluación de los informes sobre aquellos proyectos que se encuentran en fase de ejecución.

Los requisitos para postular al Registro de Evaluadores del FIPA son: poseer un título profesional o grado académico con especialización en pesca, acuicultura u otras disciplinas relacionadas; contar con una experiencia profesional de al menos tres años; y no tener vínculo laboral, ni de prestación de servicios profesionales de ningún tipo con Subpesca o la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño; entre otros.

Para postular al Registro de Evaluadores del FIPA, los interesados deben completar los formularios de inscripción para personas naturales y/o jurídicas, disponibles en la pestaña “evaluadores” del sitio web www.subpesca.cl/fipa.

En la página también está disponible un instructivo o guía de postulación al registro, que detalla los documentos necesarios para optar al cargo, así como su modo de envío.