En los últimos días, proveedores del servicio de camiones aljibe advirtieron que suspenderán la entrega si la Delegación Presidencial Regional no regulariza pagos atrasados. Desde el 1 de octubre, sectores rurales de La Serena, La Higuera, Andacollo y Las Cardas podrían quedar sin suministro. Se trata de apenas 350 litros semanales por familia, el mínimo para beber, cocinar e higienizarse. La ecuación es brutal, si el Estado no paga, el agua no llega.

Este episodio no es una simple disputa financiera, es la expresión de un diseño institucional precario. Lo que nació como paliativo frente a sequías excepcionales se ha transformado en una política crónica de abastecimiento. Emergencia hecha rutina. La continuidad depende de burocracias que no pagan a tiempo y de deudas opacas, mientras comunidades rurales terminan pagando más por un servicio caro, discontinuo y con mínima transparencia.

En lo político, los relatos son contrapuestos. Autoridades aseguran que “se está regularizando”; los proveedores responden “no podemos operar sin cobrar”; y las comunidades reclaman “agua hoy, no explicaciones”. Cada retraso erosiona confianza y concentra el mercado en pocas empresas con espalda financiera, marginando a operadores locales y debilitando la competencia.

El problema es estructural. Hay demasiados actores, públicos y privados, sin coordinación real. La normativa (Código de Aguas, Ley de SSR, decretos sanitarios) fue diseñada para tiempos normales, no para crisis prolongadas. Falta un marco que asegure continuidad mínima y transparencia obligatoria.

El caso de Coquimbo refleja procesos más amplios. A nivel global, las “emergencias permanentes” se repiten frente al cambio climático. En Latinoamérica, Lima o Ciudad de México muestran que los más pobres pagan más por el agua de camión que quienes acceden a red. En Chile, Petorca o Malleco ya han sufrido deudas millonarias y dependencia crónica del aljibe. Coquimbo no es excepción, es espejo.

Medidas mínimas serían publicar mensualmente deudas y pagos, crear un fondo regional de liquidez para servicios vitales, establecer cláusulas de continuidad en contratos y generar una ventanilla única hídrica con plazos vinculantes. En simple, que cada familia pueda entrar a una web y saber si tendrá agua la próxima semana.

La imagen final es clara, una familia midiendo litros, pendiente de si el Estado paga. No se trata de camiones, sino de garantías y confianza. Coquimbo tiene la oportunidad de mostrar que no aceptará vivir en emergencia eterna. La pregunta es inevitable ¿seremos capaces de pasar del parche a derecho  garantizado?

La investigación, liderada por el académico Álvaro Leyton-Hernández junto a estudiantes de la carrera de Enfermería, analizó los niveles de cohesión, comunicación y apoyo dentro de los hogares de la región de Coquimbo. El estudio se llevó a cabo en establecimientos educativos de La Serena y contó con una muestra de 385 participantes: 201 apoderados y tutores legales y 184 estudiantes de enseñanza media, seleccionados mediante muestreo probabilístico estratificado.

Los resultados mostraron un contraste significativo, ya que mientras los apoderados valoran de manera positiva la comunicación familiar, los estudiantes no siempre comparten esa visión. Esta brecha generacional abre interrogantes sobre cuánto están siendo escuchadas realmente las voces juveniles.

Otro hallazgo relevante fue la diferencia según género, en este sentido, las mujeres señalaron un mayor respaldo en redes externas –amistades y vínculos emocionales–, mientras que los hombres reportaron menores niveles de apoyo percibido fuera del hogar. Esto, advierte el equipo investigador, podría traducirse en vulnerabilidades específicas para el desarrollo social y académico de los estudiantes varones.

“Si bien los adultos creen que existe una comunicación sólida, los jóvenes no lo sienten de la misma manera. Ese desfase requiere atención inmediata, pues la cohesión familiar está directamente vinculada al bienestar emocional y al rendimiento académico”, explicó Leyton.

Los resultados del estudio evidencian la necesidad de diseñar herramientas e intervenciones que permitan detectar de manera temprana las áreas de riesgo en la funcionalidad familiar, con especial atención a aspectos como la comunicación, el afrontamiento del estrés y la existencia de redes de apoyo.

Una evaluación anticipada en estas dimensiones no solo fortalecería la preparación de las familias frente a posibles escenarios de dependencia, sino que también contribuiría a reducir la carga futura de los cuidadores principales, favoreciendo un entorno más saludable y sostenible para todos sus integrantes.

Karla Rivera Aguilera, académica Universidad Central sede Región de Coquimbo. En la formación inicial docente, cada vez toma más fuerza la necesidad de transitar desde metodologías tradicionales hacia enfoques pedagógicos que articulen el aprendizaje académico con el compromiso social. En este contexto, la metodología de Aprendizaje y Servicio (A+S) surge como una valiosa herramienta para formar profesionales integrales, especialmente en carreras como Educación Diferencial, donde el compromiso con la equidad y la justicia social son pilares fundamentales.

A+S permite a las y los estudiantes aplicar sus conocimientos en contextos reales, colaborando con comunidades o instituciones que enfrentan desafíos concretos relacionados con la mejora de la calidad de vida y el desarrollo integral de las personas y comunidades, desde una perspectiva inclusiva y de equidad educativa. Esta experiencia no solo fortalece las competencias profesionales, también exige una profunda reflexión y compromiso a nivel personal, ético y valórico, generando aprendizajes profundos.

Un ejemplo concreto y valioso de esto lo han protagonizado las estudiantes de quinto año de la carrera de Educación Diferencial, quienes se han vinculado activamente con diversas organizaciones comunitarias —como agrupaciones de personas mayores, colectivos de personas en situación de discapacidad y clubes infantiles— para poner a su servicio el conocimiento técnico adquirido durante su formación. A partir de este relacionamiento, elaboran propuestas de proyectos que responden a necesidades reales del territorio, demostrando que la educación puede y debe tener un impacto directo en la calidad de vida de las personas y comunidades.

Esta experiencia no solo enriquece la formación de nuestras estudiantes, sino que también reafirma una convicción: el conocimiento cobra verdadero sentido cuando es compartido y puesto al servicio del bien común. La posibilidad de diseñar propuestas en conjunto con la comunidad, desde una lógica colaborativa y no asistencialista, permite comprender que la inclusión no se decreta, sino que se construye desde la práctica, la escucha activa y el respeto por los saberes locales.

Frente a un sistema educativo que todavía reproduce barreras, segmentaciones y exclusiones, formar docentes capaces de leer críticamente la realidad y actuar con compromiso se vuelve una urgencia ética y política. Por ello, integrar la metodología A+S en la formación de Educadoras Diferenciales no es solo una estrategia innovadora, sino una responsabilidad con las infancias, las comunidades y el país que queremos construir.

La universidad, al vincularse activamente con el medio, no solo cumple con una función pública, sino que se convierte en un espacio de transformación, donde el conocimiento se construye en diálogo con la realidad. En este proceso, las estudiantes no solo aprenden sobre inclusión, sino que la viven, la sienten y la hacen posible.

]]> 24283 https://www.coquimbonoticias.cl/2025/02/24/universidades-inclusivas/21488 Mon, 24 Feb 2025 15:41:51 +0000 https://www.coquimbonoticias.cl/?p=21488 [...]]]> Cristina Orozco Canelo
Educadora Diferencial y académica U.Central

Chile en los últimos años ha avanzado significativamente en la implementación de políticas púbicas destinadas a garantizar el acceso a la educación superior de personas con discapacidad, especialmente con la promulgación de la Ley N° 21.091 sobre “Educación Superior”. Pese a ello, resulta fundamental adoptar una perspectiva crítica sobre su verdadera efectividad, particularmente en lo que respecta a la inclusión de personas con discapacidad intelectual.

La inclusión en educación superior no se refiere únicamente a la mera presencia de estudiantes con discapacidad en las aulas, sino a la integración real en todos los aspectos de la vida universitaria, donde el acceso a oportunidades, apoyos y recursos adecuados sea una realidad concreta. La Ley de Inclusión establece que las universidades deben proveer los ajustes razonables necesarios para garantizar la participación plena de los estudiantes con discapacidad.

Sin embargo, la implementación de estos ajustes es desigual, lo que revela las tensiones entre la norma y la práctica. Las universidades no siempre están preparadas para atender las necesidades específicas de este grupo, lo que conlleva una experiencia educativa fragmentada, en la que los estudiantes con discapacidad intelectual son relegados a ser “observadores” más que participantes activos.

Es imprescindible fomentar un cambio de paradigma que cuestione la concepción tradicional de la educación y que promueva un enfoque verdaderamente equitativo, en el que cada estudiante, sin importar su discapacidad, pueda aprender y desarrollarse en igualdad de condiciones.

La integración social y académica de las personas con discapacidad intelectual debe ser vista como un beneficio para toda la comunidad universitaria, ya que fomenta la diversidad, la empatía y el respeto hacia la diferencia.

Sólo así podremos avanzar hacia una sociedad realmente inclusiva, donde las personas con discapacidad intelectual tengan la misma posibilidad de acceder a una educación de calidad, sin discriminación ni exclusión.

Este año, el Día Internacional de las Personas Mayores nos invita a reflexionar sobre el tema “Envejecer con dignidad”, destacando la importancia de reforzar los sistemas de apoyo y cuidado para mejorar la calidad de vida de las personas mayores en todo el mundo.

Desafortunadamente, en nuestra sociedad, muchas personas mayores enfrentan barreras que limitan su posibilidad de envejecer dignamente. Estas dificultades provienen de factores sociales, culturales, económicos y educacionales, tanto individuales como estructurales. El derecho a una vejez digna no siempre se ve garantizado, y en gran parte, esto se debe a la forma en que nuestra sociedad percibe y trata a las personas mayores.

Una de las grandes barreras es la discriminación por edad, también conocida como Edadismo. De acuerdo con el Informe Mundial sobre el Edadismo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2022, esta forma de discriminación no sólo reduce la calidad de vida de las personas mayores, sino que también aumenta su soledad y aislamiento, restringe su capacidad para expresar su sexualidad y eleva el riesgo de sufrir violencia y abuso. Estos factores afectan la salud mental y física de las personas mayores, pudiendo disminuir su esperanza de vida.

En este contexto, es fundamental que como sociedad tomemos medidas para combatir el edadismo. Una de las vías para lograrlo es a través de los medios de comunicación, que juegan un papel clave en la construcción del imaginario colectivo sobre la vejez y el envejecimiento en la población. La forma en que los medios presentan a las personas mayores influye directamente en cómo la audiencia percibe el envejecimiento, en el fondo si solo se destacan imágenes de enfermedad y fragilidad, estaremos perpetuando estereotipos negativos, base para la exclusión social de la población mayor.

En Chile, hemos visto avances en la representación mediática de la vejez. Cada vez más, las teleseries incluyen personajes mayores en roles protagónicos, mostrándolos como sujetos plenos, con vidas activas y significativas. Además, en los últimos años, la prensa, los espacios radiales, cuentas de Instagram, podcasts, han comenzado a explorar relatos y experiencias de envejecimiento, contribuyendo a modificar esa imagen histórica que asocia la vejez con dependencia y enfermedad.

La Gerocomunicación, o comunicación sobre el envejecimiento, es clave para transformar la percepción social de la vejez. Al mostrar una imagen diversa y realista de las personas mayores, los medios no solo combaten estereotipos, sino que también respaldan políticas públicas inclusivas que reconocen la variedad de formas de envejecer. Reforzando la necesidad de sistemas de atención que respeten las particularidades de las diversas trayectorias de envejecimiento, asegurando que se reciban apoyos acordes a las necesidades y circunstancias.

Sólo si comenzamos a cambiar la narrativa, podremos construir una sociedad que no tema envejecer, que valore a la población mayor y garantice su derecho a una vida plena y digna. Es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con un futuro en el que todas las personas envejezcan con dignidad, respeto y participación plena en la sociedad, hasta el final de su vida.

En los últimos años hemos sido testigos de un importante flujo de información en diferentes medios de comunicación sobre el consumo y tráfico de drogas, lo que contribuye a aumentar la percepción de riesgo por delincuencia en la población.

Según un informe de “Espacio Público”, en 2023, la delincuencia se convirtió en el principal motivo de preocupación para el 59% de los chilenos, relacionando esta preocupación con la presencia de mafias organizadas y el narcotráfico. La Policía de Investigaciones también informó sobre un aumento en el ingreso y de las formas de ingreso de sustancias como cannabis sativa y cocaína a nuestro país durante el mismo año.

El “Informe Mundial de Drogas 2023” de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló un aumento del 23% en el consumo de sustancias en la última década, además de un incremento del 45% en las personas que padecen trastornos por consumo de drogas. En Chile, a pesar de la disminución en el consumo de alcohol y tabaco, el 15° Estudio de Drogas en Población General del Observatorio Chileno de Drogas (SENDA) señaló que el consumo de drogas ilícitas se ha mantenido estable, con un 10,9% en el consumo de marihuana y un 0,9% en el consumo de cocaína. No obstante, este estudio no aborda las nuevas presentaciones de algunas drogas de abuso, como la ketamina, cuyo consumo ha aumentado significativamente, principalmente a través del Tusi, cuya incautación se ha cuadruplicado en los últimos años. Además, la desigualdad social es un factor crucial que debe considerarse en este contexto, sobre este punto la OMS ha destacado que “el derecho a la salud no está garantizado para muchas personas que consumen drogas”, lo que revela la necesidad de un enfoque integral y equitativo en la lucha contra el consumo de drogas.

Para abordar efectivamente esta problemática, se hace necesario entonces un enfoque interdisciplinario que permita una reducción significativa y sostenida del consumo de drogas ilícitas, un aumento en la percepción del riesgo y una mejor comprensión del impacto del consumo en la población, tanto adulta como joven, cuyo impacto del consumo veremos a futuro, así como en la Salud Pública del país. En este sentido, el gobierno de Chile ha tomado medidas importantes con la creación del “Comité Interministerial para la Prevención y Recuperación del Consumo de Drogas” en julio de 2023, y el reciente lanzamiento en mayo del Plan de Acción 2024-2030, el cual se centra en el control delictual de las drogas, y también pone el foco en las personas, los barrios y la aparición de nuevas drogas, adoptando una perspectiva más acorde con la realidad nacional.

El abordaje de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas en Chile requiere por tanto de un esfuerzo intersectorial que no sólo se enfoque en aspectos delictuales, sino que también considere factores sociales, económicos y de salud pública, sólo una mirada integral, posibilitará mejorar la salud y la seguridad de toda la población.

Esta semana, el Ministerio de Educación presentó la propuesta de actualización al currículum escolar de 1° básico a 2° medio que comenzó a ser sometida a consulta pública junto a las comunidades educativas y a partir del 1 de julio con la sociedad civil.

Respecto a la disciplina de educación física, se incorporan cinco ejes formativos: 1) Corporeidad y Manifestaciones Motrices, 2) Recreación, Ocio y Vinculación con el Entorno, 3) Vida Activa y Alfabetización Física, 4) Desarrollo Personal y Social en la Salud, 5) Leer y escribir para aprender Educación Física y Salud, lo cuales se presentan de forma muy coherente y se caracterizan por su facilidad de integración.

La corporalidad junto al quinto eje mencionado, nos permitirá implementar una educación física que interconecte conocimientos con el quehacer y con el sentir, es decir, nuestros estudiantes podrán comprender y adquirir una mayor conciencia del cuidado de su cuerpo como la única manera de estar mejor en relación con el mundo, con el otro y consigo mismo.

Lo señalado, es una gran oportunidad para la Educación Física y para que el estudiantado vaya conectando información que favorezca la toma de conciencia respecto a los estilos de vida saludable, entregando así, una visión de un cuerpo estrechamente conformado por la comprensión y expresión de su dimensión afectiva, social, emocional y sustentable.

Académico de la Facultad de Medicina, U.Central

En su influyente obra “El don de la sensibilidad”, la psicóloga Elaine Aron arroja luz sobre un rasgo de personalidad que ha sido, durante mucho tiempo, mal comprendido y subestimado: la alta sensibilidad. Contrario a la percepción común, Aron propone que la sensibilidad extrema no es una debilidad, sino un don único que poseen algunas personas. Este don se manifiesta en una mayor capacidad para percibir sutilezas emocionales y sensoriales, así como una profundidad de procesamiento cognitivo.

El título del libro alude a cómo Aron reconoce en la sensibilidad una cualidad especial, una perspectiva desde la cual experimentar el mundo de manera más rica y significativa. Para ella, la sensibilidad no es simplemente un obstáculo a superar, sino una fuente de fortaleza y creatividad. Por otra parte, la alta sensibilidad también puede acarrear desafíos significativos. Las personas altamente sensibles pueden ser más propensas al estrés y la sobreestimulación, lo que puede dificultar su adaptación a entornos ruidosos o caóticos. Además, pueden ser más susceptibles a emociones intensas, lo que puede llevar a estados de ansiedad o depresión si no se manejan adecuadamente.

Culturalmente, la sensibilidad rara vez ha sido valorada positivamente en una sociedad que tiende a favorecer la competencia y el éxito a cualquier costo. En este contexto, las personas altamente sensibles pueden ser percibidas como débiles o excesivamente emocionales, lo que les lleva a sentirse marginadas o incomprendidas.

Sin embargo, la sociedad tiene mucho que aprender de las personas altamente sensibles. Su alta empatía les permite conectarse profundamente con los demás y comprender mejor sus necesidades emocionales. Su marcada creatividad les lleva a pensar de manera innovadora y a encontrar soluciones originales a los problemas. Además, su afinidad con el arte y lo estético añade belleza y profundidad al mundo que habitamos.

En definitiva, reconocer y valorar la sensibilidad como un don podría ser crucial para construir una sociedad más compasiva, creativa y empática en un contexto mundial actual convulso y violento. En lugar de ver la sensibilidad como una debilidad, deberíamos celebrarla como una fuerza que enriquece nuestras vidas y nos posibilita conectar más profundamente con nosotros mismos y con los demás.

Carlos Guajardo

Académico Facultad de Educación U.Central

La denominada “generación de cristal” o “generación Z”, suele asociarse a aquellos individuos nacidos a partir del año 2000 en adelante. Un grupo importante, corresponde a jóvenes que han ingresado por primera vez a la educación superior o se encuentran actualmente cursando una carrera universitaria. Algunas de las características que los distinguen de quienes nacieron en décadas anteriores, son tener un acceso ilimitado a la información, estar permanentemente conectados a las redes digitales y tener la capacidad de expresar las emociones más allá de lo que piensen los demás.

Sin embargo, al interior de las aulas universitarias, se oculta una serie de dificultades que van perjudicando la salud mental de los estudiantes. Quizás, para sus familias y profesores pasan desapercibidos, puesto que tendemos a naturalizar que el cursar una carrera profesional, representa exigencias como desvelarse para una prueba, autoexigirse más de la cuenta y tener que demostrar que son los mejores en su campo de estudio. Esto, ha incrementado enfermedades como depresión, estrés y ansiedad que a ratos pueden llegar a ser silenciosas ante los ojos de los demás o mal vistas.

Gran parte de las instituciones de educación superior cuentan con unidades de apoyo y seguimiento para insertar gradualmente a los estudiantes a la vida universitaria, lo cual no se trata de hacer “la vida fácil”, sino que brindar consejerías en temas relacionados con estrategias de estudio, atención psicológica, talleres deportivos, meditación, autorregulación, entre otros.

Lo importante, es que al interior de las familias y las mismas universidades se brinden instancias de conversación con los estudiantes, sin tener que normalizar que cursar una carrera profesional, involucra una pretensión “sobrenatural” en que los estudiantes se terminan enfermando o simplemente desertando de la carrera.

Dr. Marco Moreno
Académico Escuela de Gobierno y Comunicaciones, U.Central

Impacto en la opinión pública han tenido los hechos dados a conocer por el Ministerio Público a propósito de una investigación que lleva adelante la fiscalía y que terminaron con la renuncia y formalización del ex director de la PDI. Sin embargo, lo que estamos observando en este caso son los síntomas de una enfermedad. Pensar en la acción terapéutica es necesario remitirnos a las causas para no equivocar el remedio para la enfermedad.

Lo que hemos visto son en los últimos días corresponde a la punta del iceberg. En la base lo que debemos observar es la captura del Estado por los circuitos no formales del poder. Nuestra democracia viene mostrando la persistencia de los que Antonio Cortés Terzi llamo “El circuito extrainstitucional del poder”. Estos son una serie de prácticas, fenómenos y estructuras que operan en paralelo a la institucionalidad democrática. La constatación de Cortés Terzi tenía que ver con que los mecanismos formales para la toma de decisiones públicas son sorteados cuando no remplazados por redes informales o circuitos «extrainstitucionales» que se dan en un marco de opacidad y en los cuales se toman en definitiva las decisiones relevantes del país.

Estos circuitos operan cuando determinadas élites políticas, económicas y/o sociales actúan sin necesariamente violar de modo ostensible la ley y terminan ejerciendo una influencia o control determinante en los poderes del Estado y en el contenido de medidas o políticas públicas que le son de su interés.

Diversas investigaciones periodistas y, aunque con mayor rezago las investigaciones judiciales, muestran algunos nombres que se repiten como los del abogado Luis Hermosilla o el empresario Julio Ponce Lerou quienes en el imaginario colectivo asociamos con los circuitos extrainstitucionales del poder.

Luis Hermosilla era hasta ante del escándalo político del caso audios el más influyente penalista de la plaza. Con conexiones transversales con la elite del poder y empresarial había tejido una amplia red de influencias. Sus numerosos clientes eran los nexos con la elite. La investigación por soborno y pago de coimas en el SII y CMF destapo ahora vínculos del abogado ya no solo con actores políticos, medios de comunicación y empresarios, sino que también con un ex Director de la PDI quien debió renunciar a su cargo y está siendo procesado por revelación de secreto en causas que investiga el Ministerio Público. A quien se benefició con la información filtrada fue al abogado Hermosilla y sus clientes. De este modo la exautoridad policial aparece como parte de una red del otrora poderoso abogado que se jactaba de su cercanía con la elite del poder.

Otro poderoso tejedor de redes informales es Julio Ponce Lerou. Fue por más de dos décadas accionista controlador y presidente del directorio de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM o Soquimich). En ese rol, se vio involucrado en casos de delitos tributarios y corrupción en temas de financiamiento irregular de la política.

Su nombre representa para muchos una suerte de epitome de cómo operan los circuitos extrainstitucionales del poder. La crítica de lideres del FA y el PC (varios de estos hoy en funciones de gobierno) por las prácticas de Ponce Lerou son públicas. Paradójicamente hoy es el principal aliado de Codelco para la explotación del litio de conformidad al acuerdo preliminar que se dio a conocer en diciembre de 2023 entre Codelco y SQM destinado a establecer una alianza publico privada para la explotación del litio.

Este acuerdo preliminar parece haber sido una salida intermedia que permitió mostrar un avance en el tema de la modalidad elegida para la explotación del litio, pero que evidenció las dificultades de alcanzar el acuerdo completo en un plazo tan breve como el autoimpuesto por Máximo Pacheco presidente del directorio de la cuprífera estatal.

La jugada de SQM ha obligado a exponer al Presidente Boric a dar a conocer este compromiso por cadena nacional, generándose la falsa idea de que una demora en el cierre de este complejo

acuerdo implicaría un fracaso de la estrategia gubernamental o del acuerdo en sí mismo. El contrasentido es que El Gobierno piensa que negocia con SQM, cuando en realidad negocia solo con los representantes de Ponce Lerou. En este escenario, de concretarse el acuerdo en el plazo comprometido por Pacheco del 31 de marzo próximo, este se efectuará en la más absoluta opacidad, y sin la participación de los demás accionistas de la empresa, entre los cuales se encuentran también fondos de pensiones. Todo a espalda de los chilenos.

¿Que une a Hermosilla y Ponce Lerou en clave de los círculos no formales del poder? El elemento común a estos actores es el intento por obtener beneficios por parte del Estado y el ambiente de opacidad en que su movimientos y redes operan.

Los actos de corrupción dados a conocer en los últimos años en Chile junto con la evidencia de una serie de ilícitos están dando cuenta del espacio y peso que han ido ganado las instituciones informales en la política chilena. Estas están amenazando y erosionado el efecto de las formales.

Una de lecciones que nos dejan las prácticas vinculadas con el peso de los circuitos extrainstitucionales del poder es que debemos mejorar la institucionalidad del sector público para evitar la «captura del Estado» por grupos de interés o corporativos. Esta tarea está aún pendiente.