Con el objetivo de abordar de manera coordinada los recientes hechos que han afectado a las comunidades educativas, el Seremi de Educación, Marcelo Salvo Meneses, convocó a una mesa técnica de trabajo con equipos especializados del sector.

La instancia reunió a representantes de las áreas de convivencia escolar, jurídica, calendario escolar y subvenciones de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, además de la Superintendencia de Educación, con el propósito de analizar la situación actual y definir criterios comunes de actuación frente a este tipo de contingencias.

Durante la jornada, se destacó la importancia de reforzar el acompañamiento a los establecimientos educacionales, priorizando una respuesta oportuna y coordinada, con foco en el resguardo de las comunidades. En este contexto, se abordaron aspectos clave como la aplicación de protocolos, la toma de decisiones fundadas ante eventuales suspensiones de clases y la necesidad de evitar acciones que puedan generar mayor alarma.

El Seremi de Educación, Marcelo Salvo Meneses, expresó que “el foco de esta reunión está en acompañar a las escuelas, colegios y liceos, así como al sistema educativo en su conjunto, entregando orientaciones claras y evitando que situaciones de amenaza escalen o afecten el normal desarrollo del proceso educativo”.

Asimismo, se destacó la importancia de actuar con criterio ante este tipo de hechos, promoviendo el uso adecuado de los protocolos existentes y el trabajo articulado con instituciones como Carabineros y la Policía de Investigaciones, cuando corresponda.

En la instancia también se abordó la necesidad de fortalecer el trabajo preventivo en convivencia escolar y salud mental, considerando el aumento sostenido de situaciones complejas al interior de las comunidades, fenómeno que responde a dinámicas sociales más amplias y que requiere un abordaje intersectorial.

En este marco, el Seremi relevó la reciente promulgación de la Ley N° 21.809 sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, normativa que refuerza el enfoque preventivo, promueve ambientes escolares seguros y establece mayores exigencias para la actualización de los reglamentos internos y protocolos de actuación. Asimismo, esta ley fortalece el rol de los equipos educativos en la gestión de la convivencia escolar, incorporando herramientas para una intervención más oportuna, formativa y articulada con la red de apoyo institucional.

Finalmente, la autoridad anunció que este espacio de coordinación se mantendrá de manera periódica, con el objetivo de consolidar una respuesta institucional articulada que permita entregar certezas y apoyo efectivo a las comunidades educativas de la región.

Durante su intervención, Velasco advirtió que “el proyecto, tal como está formulado, impone exigencias y responsabilidades desproporcionadas a los establecimientos educacionales sin otorgarles los apoyos necesarios para cumplirlas”. En su opinión, esto no solo genera una sobrecarga burocrática innecesaria, sino que además erosiona la autoridad pedagógica de los docentes, esencial para mantener un clima de aprendizaje y respeto en las aulas.

La Asociación manifestó su preocupación por una creciente judicialización de las relaciones dentro de las comunidades escolares. “Se pretende reemplazar los vínculos educativos, basados en la confianza y el diálogo, por relaciones puramente jurídicas, mediadas por protocolos y coerciones”, señaló Velasco. Ejemplificó esta situación con casos en que profesores han sido denunciados y suspendidos simplemente por intervenir en peleas entre estudiantes.

ASEDUCH afirmó que el actual enfoque normativo no ataca las causas de fondo de la violencia escolar y que solo aumentará los costos y cargas administrativas en los establecimientos sin resolver los conflictos que afectan la convivencia diaria. Además se “generará una sobrecarga de trabajo, aumentará el estrés y posiblemente la frustración en las comunidades educativas”, indicó Aseduch.

Un llamado a un nuevo pacto educativo

La Asociación aprovechó la instancia para reiterar la urgencia de construir un gran acuerdo nacional por la educación, que involucre a todos los actores del sistema: familias, educadores, estudiantes, gremios, Estado y sociedad civil. “Necesitamos una ley que devuelva a los educadores las atribuciones necesarias para enseñar y formar en ambientes seguros y ordenados, no más reglamentos que limitan su acción y autoridad”, sostuvo Velasco.

En este contexto, ASEDUCH reafirmó su compromiso con una educación centrada en los estudiantes y en el respeto a la labor docente, y advirtió que sin cambios reales, las políticas públicas seguirán desconectadas de la realidad que se vive en las salas de clases a lo largo del país.

Se trata de un trabajo que involucra talleres, ferias y charlas estadísticas, y que ha sido muy bien recibido por la comunidad estudiantil. Entre ellas Valeria, estudiante de segundo medio, quien sostuvo que “me parece bien porque así la gente se informa de las cosas, está más como clara y es necesario saber para las niñas de nuestra edad”.

De la misma forma, Mateo, estudiante del mismo nivel, agregó que “nos pareció bastante entretenido porque igual tienen harta ayuda para educar a los chicos y saber sobre las cosas que pueden hacer o cómo evitar la violencia”.

Dicha jornada se lleva adelante en convenio con el municipio de Coquimbo y apunta a la prevención a nivel comunitario, beneficiando directamente a unas 100 personas, pero con un impacto hacia todo el sector de Guayacán.

Al respecto, el Coordinador Regional de Seguridad Pública, Abel Lizama, explicó que “estamos interviniendo diversos varios barrios en la región, donde estamos preocupados por la violencia escolar, que es un tema transversal. En ese contexto los profesionales del programa Somos Barrios, que están trabajando en el territorio, conforme a las instrucciones de nuestro Delegado Presidencial Galo Luna, a realizar intervenciones con las diferentes instituciones para ir disminuyendo la sensación de inseguridad y entregarle herramientas a los alumnos para que vayan avanzando en estas materias”.

Jorge Carvajal, Director del Liceo José Tomás Urmeneta, destacó que “lo recibimos con mucho optimismo y con mucha expectativa. Nos plantearon la posibilidad de participar e hicimos varias reuniones y a partir de allí se creó un cronograma de acciones y lo que nos gustó fue la abertura a escucharnos y a entender que nosotros que trabajamos con estudiantes, sabemos qué cosas sí provocan impacto y qué cosas no provocan impacto”.

El proyecto cuenta con la participación de Carabineros, Sernameg, el Centro Amigable para Jóvenes de Coquimbo, la agrupación Habilidades para la Vida, la Casa de la Juventud, SENDA y Seguridad Pública.