En la conmemoración del 19 de diciembre, la cartera reforzó el llamado a fortalecer la prevención, atención y reparación, destacando la entrada en vigencia de la Ley Integral y las cifras regionales y nacionales sobre femicidio.

En el marco del Día Nacional contra el Femicidio, que se conmemora cada 19 de diciembre, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género impulsó diálogos en todas las regiones del país orientados a reflexionar sobre los avances y desafíos del Estado frente a las violencias que afectan a mujeres y niñas, así como a identificar los pasos necesarios para seguir fortaleciendo las políticas de prevención, atención y reparación.

La fecha fue establecida en memoria de Javiera Neira Oportus, asesinada en 2005 por su padre cuando tenía seis años, en un contexto de violencia ejercida contra su madre. A ello se suma que el reconocimiento legal del femicidio en Chile es relativamente reciente: solo hace 15 años existe esta figura en el Código Penal; hace cinco años se incorporó para relaciones sin convivencia y hace tres años se tipificó el suicidio femicida o la inducción al suicidio.

En este contexto, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Camila Sabando Vega, subrayó la necesidad de respuestas estatales más sólidas y coordinadas. “Como sociedad seguimos enfrentando desafíos para erradicar la violencia de género contra las mujeres, una realidad que exige respuestas decididas del Estado. Por eso, desde el inicio de nuestro gobierno pusimos urgencia legislativa, logrando aprobar y promulgar la Ley Integral, una normativa que fortalece de manera concreta la respuesta del Estado frente a la violencia contra las mujeres, a través de una articulación interinstitucional efectiva, que involucra a distintos servicios y niveles del Estado, y que nos permite avanzar en la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género en contra de las mujeres, también con un fuerte énfasis en el trabajo territorial que desarrollamos en la Región de Coquimbo”, afirmó.

En junio de 2024, tras siete años de tramitación legislativa, se promulgó la Ley N.° 21.675, conocida como Ley Integral, que establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres por razones de género. Entre sus principales avances, la norma fortalece el seguimiento judicial de las medidas cautelares, refuerza la representación jurídica en casos de femicidio y suicidio femicida, reconoce a niñas, niños y adolescentes como víctimas directas cuando la violencia busca dañar a sus madres o cuidadoras, y crea un sistema de gestión integral de casos para mejorar la coordinación institucional y evitar la revictimización.

Cifras que alertan

Según el Informe CIF 2024, a nivel nacional se registran hasta la fecha 40 femicidios consumados y 283 femicidios frustrados, cifras que se han mantenido relativamente estables en los últimos años. Además, datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito indican que el 31,1% de las mujeres asesinadas en el país este año fueron víctimas de femicidio, concentrándose mayoritariamente en contextos de violencia intrafamiliar.

Respecto de los espacios donde ocurren estos delitos, el 47,2% se produce en el domicilio común, el 23,6% en la vivienda de la víctima y el 17,2% en la vía pública, confirmando que el hogar compartido sigue siendo el principal escenario de riesgo.

En materia de acompañamiento, en los casos de femicidio frustrado el SernamEG logró contactar al 95,6% de las víctimas, ofreciendo representación jurídica y atención psicosocial, apoyo que fue aceptado por el 53,2%. En los femicidios consumados, el servicio presentó querellas en el 85,7% de los casos.

En cuanto a la reparación, desde diciembre de 2023 se comenzaron a entregar las primeras pensiones a hijas e hijos de mujeres víctimas de femicidio. A noviembre de 2025, ya se han tramitado 206 pensiones a niñas, niños y adolescentes menores de 18 años a nivel nacional.

A nivel regional, durante 2025 se han registrado 2 femicidios consumados, 7 femicidios frustrados y ningún femicidio tentado. En paralelo, 14 niños, niñas y adolescentes han sido beneficiados con la pensión de reparación, asociada a 8 mujeres víctimas de femicidio consumado.

Desde el Ministerio de la Mujer reiteraron que el Día Nacional contra el Femicidio no solo es una fecha de memoria, sino también un llamado urgente a reforzar la acción del Estado y de la sociedad en su conjunto, para prevenir la violencia extrema, proteger a las víctimas y avanzar hacia una vida libre de violencia para todas las mujeres.

Canales de orientación y denuncia

Ante situaciones de violencia de género, existen canales de denuncia como Carabineros (133 y 149), PDI (134), *4242 Denuncia Seguro, Fiscalía y Tribunales. Asimismo, se puede solicitar orientación a través del 1455 SernamEG Te Orienta, el WhatsApp silencioso +569 9700 7000, el Programa de Apoyo a Víctimas y los Centros de las Mujeres disponibles en cada territorio.

Gracias a la oportuna acción de Carabineros de Chile, el individuo fue detenido en el lugar. Afortunadamente, ninguna de las tres funcionarias que se encontraban en la oficina resultó con lesiones físicas, sin embargo, se encuentran visiblemente afectadas por el nivel de violencia del episodio. Todas ellas ya se encuentran en sus hogares, recibiendo el acompañamiento y la contención necesarios. Desde el Servicio se activó de inmediato el protocolo institucional del Programa de Apoyo y Contención ante situaciones de agresión en oficinas, garantizando el apoyo psicológico y emocional a las funcionarias afectadas.

La oficina de Salamanca permanecerá cerrada mientras se evalúan los daños materiales, que incluyen la destrucción completa de equipos y mobiliario, además de la revisión del funcionamiento de los sistemas operativos internos, por lo que apelamos a la comprensión de nuestros usuarios y usuarias, con el compromiso de reestablecer a la brevedad posible nuestro funcionamiento, lo que será comunicado por los canales institucionales oficiales. La directora regional del Registro Civil, Daniela Jacob, junto a un equipo operativo, se trasladó de inmediato a la comuna para apoyar en las gestiones correspondientes, presentar las denuncias respectivas y constatar en terreno tanto los daños como las necesidades de reparación y apoyo a las funcionarias expuestas. Paralelamente, dos funcionarios de la oficina de Illapel se han dispuesto a colaborar con sus colegas de Salamanca, reforzando las labores administrativas y de contención en esta compleja situación.

Como Servicio, reiteramos nuestro repudio absoluto ante cualquier acto de violencia que afecte a nuestros trabajadores y trabajadoras, reafirmando nuestro compromiso con su seguridad, dignidad y bienestar. Informamos además que la persona involucrada se encuentra detenida y que, al momento del incidente, no mantenía ningún trámite pendiente con nuestro servicio.

En el marco del mes de la mujer, ESET analizó esta problemática que según estadísticas, afectan a un 85% de las mujeres que ocupan la red.

Se va marzo, un mes que conmemora la lucha de las mujeres por mayores reivindicaciones en distintos ámbitos, como su seguridad. Diferentes datos confirman que hoy las mujeres son violentadas no sólo físicamente, sino además a través de lo digital.

Según un estudio de la ONU, entre el 16% y el 58% de las mujeres y niñas fueron víctimas de violencia en línea. Además, de acuerdo con una investigación realizada por ProPrivacy, el 85% de las mujeres fueron testigo o sufrieron algún tipo de acoso en línea. En lo que respecta a ataques sexuales en la red y según las cifras de una muestra de The State of Online Harrasment, el 16% de las mujeres reportaron haber sido acosadas sexualmente en línea, comparado con el 5% de los hombres.

En ese sentido, las compañías de ciberseguridad han ido jugando un rol fundamental, mejorando las tecnologías y educando a la sociedad para una mayor protección de los usuarios que se conectan a internet a través de distintas plataformas.

“Las empresas de ciberseguridad tienen un papel crucial en la protección tanto de las mujeres como a usuarios en general en el ámbito digital. Esto, por un lado porque desarrollan tecnologías y estrategias para detectar y prevenir ataques cibernéticos, y también porque concientizan sobre los riesgos a los que se está expuesto y educan a la sociedad sobre buenas prácticas de seguridad que permiten disminuir las amenazas. Existen también muchas empresas que colaboran con organizaciones para favorecer que los entornos digitales sean más seguros y menos hostiles”, explica Fabiana Ramírez Cuenca, Investigadora de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

Las mujeres están más expuestas

Siguiendo con la vulnerabilidad que patentan las mujeres en el ámbito digital, hay cifras que demuestran que están mucho más expuestas que los hombres. De acuerdo a los informes entregados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Amnistía Internacional, el 38% de las mujeres han experimentado abuso en línea, mientras que las más jóvenes (18 a 24 años) son más propensas a recibir todas las formas de violencia cibernética.

En su constante compromiso de contribuir a la seguridad de las personas, desde el equipo de investigación de ESET comparten las siguientes recomendaciones para mujeres mientras navegan en las redes:

• Educación: es importante concientizar e informar a las mujeres de todas las edades sobre los riesgos que implica la actividad en línea así como aprender a detectarlos para poder prevenirlos y protegerse.

• Se recomienda siempre configurar adecuadamente las opciones de privacidad en redes sociales y aplicaciones.

• Utilizar soluciones de seguridad para evitar intrusiones en los dispositivos como computadoras y móviles, que quizás pudieran filtrar información sensible.

• Actualizar los sistemas operativos y aplicaciones para proteger de vulnerabilidades a los equipos  y evitar así el acceso a estos.

• Además, es importante que la sociedad se comprometa en abordar integralmente esta problemática y se dé asistencia y acompañamiento a mujeres víctimas.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, visitó la Región de Coquimbo para inaugurar este nuevo centro que desarrollará un modelo de atención integral para las mujeres de la zona, incluyendo prestaciones psicológicas y jurídicas. Esta medida es parte del compromiso presidencial de contar con centros de este tipo en todas las regiones del país.

Hasta la Región de Coquimbo llegó la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello, para inaugurar un nuevo Centro de Atención Especializada en Violencia de Género del Servicio Nacional de la Mujer y la EG (SernamEG), como parte del compromiso presidencial anunciado por el Presidente Gabriel Boric y que hoy se hace realidad en la Región de Coquimbo.

La ceremonia fue encabezada por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello, quien destacó el aporte del municipio de La Serena a este centro “que va a irradiar a toda la región, porque van a derivarse casos desde los otros centros comunales, oficinas de la mujer, desde el Ministerio Público y desde las policías, porque este es un centro para casos graves de violencia de género, que entregará una atención más especializada a través de profesionales como psiquiatras y abogados que atenderán casos específicos como femicidios frustrados, lesiones graves, exposición a la violencia por largo tiempo o también delitos sexuales. Eso nos permite centrar las intervenciones menos complejas en los territorios y por supuesto, aumentar así nuestra capacidad de atender mujeres”, señaló la autoridad.

La ministra Orellana añadió que “el equipo de este centro, que va a poder atender hasta 130 mujeres este año, ha sido seleccionado por la directora regional de SernamEG con mucho ahínco para tener el nivel que las mujeres esperan de nuestro servicio y va acompañado de las acciones que estamos realizando como Ministerio de la Mujer, con un año de vigencia de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, con la Ley de Reparación Integral a víctimas de femicidio y sus familias, y también con la reciente aprobación de la Ley Integral”. 

Este centro -que tendrá una inversión anual de más de 130 millones de pesos y será ejecutado por la Municipalidad de La Serena- contará con atención psicológica, psiquiátrica, jurídica y social para las mujeres de la región. Para acceder a estos servicios, no es requisito haber interpuesto denuncia, pues el objetivo es orientar y apoyar a las mujeres en la búsqueda de justicia y reparación.

Esta medida se enmarca en el rediseño de la oferta de programas para mujeres que han vivido violencia que se encuentra implementando desde este año el SernamEG, como resultado de un extenso proceso evaluativo con el propósito de fortalecer la línea preventiva y la atención especializada reparatoria, de modo de hacer estos programas más eficaces respecto a su objetivo principal, que es prevenir la violencia de género y restituir los derechos y la autonomía de las mujeres que han vivido violencia.

“Sabemos que siempre es difícil denunciar, que muchas veces es difícil acceder a un tratamiento sicológico, por ejemplo, y nuestro servicio se va a encargar de acompañar a las mujeres dándoles atención sicosocial, pero también jurídica”, señaló la directora regional de SernamEG Coquimbo, Priscilla Olivares Verasay.

Con este nuevo centro, emplazado en Huanhualí #805, La Serena, el SernamEG contará con 5 dispositivos de atención en la región, los cuales están desplegados en las tres provincias, cubriendo todo el territorio. Además de la Residencia Transitoria, de cobertura regional, que entrega atención residencial a mujeres derivadas que se encuentren en riesgo grave/vital por violencia de género.

El delegado Presidencial Regional, Galo Luna Penna, señaló que “en nuestra realidad, en la ruralidad y también en los centros urbanos, hay una incidencia importante de la violencia intrafamiliar, tema que también ha sido priorizado, por ejemplo, en nuestro Plan Regional de Seguridad Pública. Y hoy estamos contentos de poder cumplir con un compromiso del Presidente de la República, en este caso, con la región de Coquimbo”.

La Diputada por la zona, Carolina Tello, también valoró la creación de este nuevo centro de atención integral a víctimas de violencia de género, así como otras iniciativas que se han llevado adelante en este periodo, como “leyes importantes que se han tramitado en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados, en la cual participo y la cual también tuve el honor de presidir, como la Ley de Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, la ley que otorga una reparación a los hijos e hijas menores de 18 años de víctimas de femicidio y su familia y, por supuesto, lo que se viene también con la Ley Integral contra la Violencia. Con mucho cariño y mucha seriedad, vamos a seguir trabajando, impulsando estas iniciativas para poder seguir dando respuesta a las mujeres”.

Finalmente, el director de Desarrollo Comunitario del Municipio de La Serena, Flavio Escobar, remarcó el compromiso municipal como entidad ejecutora, “hoy se hace real este centro, el que nos ayudará a llegar en tiempo y forma para ayudar a las mujeres de la comuna”.

A partir de esta mirada se comprende la realidad desde una madeja compleja de vivencias, ideales, sensaciones y afectos que intrincan y justifican actitudes y lealtades, por ello, somos indulgentes con el propio subterráneo y simpatizamos con los subterráneos ajenos. “La ropa sucia se lava en casa” y, por lo tanto, muchas veces justificamos conductas violentas propias y ajenas, ya que rechazarlas o cuestionarlas, resulta muy amenazante.

Maltrato hacia la infancia y violencia de pareja quedan expuestas en noticias que diariamente reciben atención morbosa, pero que, sin embargo, no han calado lo suficiente y siguen considerándose una realidad ajena, propia de sectores desfavorecidos, sin percatarnos que es una realidad al acecho, que mantiene diversas variables explicativas.

Tanto la pobreza como la exclusión social son ingredientes estresantes que aumentan el riesgo de violencia, pero no podemos confundirnos y justificar la violencia intrafamiliar como un efecto meramente social y económico. Existe evidencia de que el maltrato hacia los miembros más vulnerables de la familia no se vincula directamente con la condición socioeconómica de las personas. Es así que el 56,9% de los cuidadores de niños, niñas y adolescentes reconocen el uso de agresión psicológica en la crianza y un 32,5%, informan agresión física, porcentajes que superan los índices de vulnerabilidad socioeconómica, y nos obligan a pensar que, en esas familias, la violencia no solo se ejerce hacia los hijos, sino que se instala desde el inicio de la historia familiar, en la relación pareja.

Históricamente la conducta violenta se ha naturalizado y justificado como biológicamente propia de los hombres, sin embargo, en el seno familiar también se tejen historias y dinámicas transgeneracionales, que van a exacerbar factores personales violentos.

¿Qué caracteriza a las personas que ejercen violencia hacia sus parejas? Estos sujetos habitualmente son inestables emocionalmente, tienen estilos afectivos en los que se entremezclan sentimientos amorosos y rabiosos, con gran dificultad para tolerar la frustración. Mantienen expectativas idealizadas de las relaciones amorosas, con una tendencia infantil a esperar que su pareja esté siempre disponible y satisfaga la totalidad de sus necesidades. Por otro lado, presentan una constante sensación de inseguridad que resulta de la dificultad para sentirse realmente valiosos, sus herramientas personales son débiles para enfrentar desafíos emocionales, y ante situaciones de crisis, las distorsiones cognitivas y la rigidez conductual, impiden que busquen ayuda o visualicen alternativas creativas para enfrentar el conflicto, utilizando una y otra vez la violencia y el control para brindarse seguridad y disminuir la angustia. Igualmente, tienen gran temor al abandono pese a que evidencian una supuesto dominio de la relación, ya que no logran visualizarse fuera de esta, entablando vinculaciones de gran dependencia emocional, que muchas veces inspira arrepentimientos momentáneos, en los que se comprometen a cambiar, pero que no pueden sostener en el largo plazo, no obstante, las víctimas al verlos sumisos y vulnerables, sienten alivio y esperanza, perpetuándose patrones recursivos, tremendamente dañinos.

El daño como consecuencia de actos violentos, maltratadores y abusivos que tienen escenario dentro de las relaciones de pareja y la familia, genera secuelas emocionales, cognitivas y sociales a largo plazo, que van a ofrecer condiciones desventajosas para el desarrollo de los nuevos miembros de la familia, por lo que es tiempo de que brindemos importancia al bienestar y salud mental de la familia, que seamos capaces de sanar las propias historias en favor de la salud de los que más amamos.

El Congreso aprobó de forma transversal la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, la cual establece las bases y lineamientos para abordar la violencia contra las mujeres en sus distintas expresiones, y los deberes del Estado en la materia.

El Gobierno del Presidente Boric dio prioridad legislativa a la iniciativa, que fue ingresada por la primera ministra de la Mujer de Chile, el año 2017.

“Las mujeres siempre partimos desde el punto que nos dejaron las anteriores. Y si nuestras abuelas pudieron ser de las primeras en ingresar al trabajo remunerado formal, si las mujeres recuperaron la democracia, si pudimos tener las primeras leyes de violencia intrafamiliar, femicidio y la creación del Ministerio de la Mujer, hoy también hemos dado un nuevo paso para las próximas generaciones, para poder tener una Ley Integral en contra de la violencia”, señaló la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello, luego de aprobarse esta iniciativa que llevaba cerca de siete años de tramitación y a la cual el Gobierno puso prioridad legislativa e introdujo diversas actualizaciones.

Junto con reconocer a la sociedad civil, “que mantuvo vivo este proyecto durante siete años”, la ministra agradeció la votación transversal que tuvo la ley en la Cámara y el Senado. “Eso nos muestra que la violencia contra las mujeres es una prioridad que debe ser de Estado y que no está circunscrita tan solo a un sector, sino que podemos enfrentarla a través de acuerdos amplios”. En este sentido, valoró el trabajo transversal de las diputadas y senadoras e hizo mención especial a las parlamentarias de Demócratas, Renovación Nacional y de la UDI, “que nos acompañaron en este trámite y que vieron lo importante que es esto para la mayoría de las mujeres y también del país y que estuvieron dispuestas a encontrar acuerdos”.

Se trata de un marco normativo para abordar la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en razón de su género, que establece las bases y lineamientos para su abordaje, y los deberes de los distintos órganos del Estado en esta materia, acorde a los compromisos emanados de la Convención de Belém do Pará, instrumento internacional suscrito y ratificado por Chile desde 1996.

Entre muchos otros aspectos, una vez promulgada, la ley permitirá mejorar la fiscalización de las medidas cautelares y establecer un mecanismo de supervisión judicial para garantizar su cumplimiento y pertinencia. Además, amplía las medidas cautelares a delitos y agresiones que ocurran fuera de relaciones filiales, afectivas o de convivencia. Hasta ahora, solo se pueden decretar medidas cautelares inmediatas en los casos de violencia intrafamiliar.

Asimismo, la ley fortalecerá el rol de representación jurídica del SernamEG en casos de femicidios o suicidios femicidas para llegar antes y más rápido; garantiza la asistencia y representación judicial gratuita a las víctimas de violencia de género; incorporará a los niños y niñas como víctimas de la violencia que viven sus madres o cuidadoras y no solo como testigos, y permitirá contar con un sistema de gestión integral de casos, para que todos los organismos que trabajan en la prevención, atención y reparación de la violencia contra la mujer, cuenten con la misma información y puedan intervenir y articularse eficientemente, evitando -además- la revictimización.

Esta ley define el concepto de violencia de género y sus distintas expresiones, como, por ejemplo, física, psicológica, sexual, económica, gineco-obstétrica, entre otras. Desde un enfoque preventivo, el objetivo es propiciar la elaboración e implementación de planes, programas y protocolos para su prevención.

Algo fundamental es que esta iniciativa -ingresada por la primera ministra de la Mujer de Chile, Claudia Pascual- establece los deberes de los órganos del Estado en materia de prevención, investigación protección, sanción y reparación de violencia contra las mujeres, y les mandata a actuar con estándares de debida diligencia, lo que implica que investiguen o juzguen hechos de violencia de género, según corresponda, y adopten medidas oportunas, idóneas, y exhaustivas para garantizar el acceso a la justicia, y así evitar el archivo de casos.

Otro cambio fundamental es que dispone que no se podrá aplicar la atenuante de haber actuado por arrebato o una ofuscación tenaz.

El 25 de noviembre se conmemoró el día internacional de la eliminación de violencia hacia las mujeres y niñas. Esta fecha es un llamado y un recordatorio a denunciar y exigir a los Estados leyes, políticas públicas, programas y proyectos que no sólo sancionen desde lo punitivo, sino que exista un compromiso con la investigación, prevención y promoción en torno a las violencias experimentadas. Considerando que esta tiene múltiples expresiones como lo son la física, psicológica, económica, sexual y emocional.

Según cifras de ONU Mujeres la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y generalizadas del mundo. Se calcula que, a nivel global, 736 millones de mujeres -casi una de cada tres- han sido víctimas de violencia física y/o sexual al menos una vez en su vida.

Parece paradójico que en los espacios educativos las mujeres y cuerpos disidentes se vean muchas veces transgredidas por estas mismas opresiones y flagelos, generando espacios inseguros y vulneradores.

Desde los espacios universitarios tenemos el deber de visibilizar estas violencias y desde la educación trabajar con un enfoque preventivo y desde los derechos humanos. Promoviendo una educación integral donde queden fuera los estereotipos hegemónicos, se generen espacios igualitarios y democráticos, libres y sin discriminación.

El llamado es a conocer las unidades de genero con las que cuentan las universidades, conocer la ley 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y discriminación de género en las entidades de educación superior. Velar por su cumplimiento y socialización para que como comunidad educativa podamos avanzar en el desarrollo de una sociedad libre de violencias donde mujeres y niñas puedan desarrollarse en plenitud y libertad, sin temor y con la certeza que no habrá retroceso en los derechos ya obtenidos y garantizados.

En el marco de la conmemoración del día 25N de Eliminación de Violencia contra la Mujer, la Dirección Regional del Trabajo informa cuáles son las principales formas de violencia en razón de género que puede ocurrir en el lugar de trabajo. Además, que los datos indican que quienes más lo sufren son las mujeres:

La Directora Regional, Carolina Ojeda Galaz, al respecto señaló: “en el día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desde la Dirección del Trabajo tenemos el desafío de erradicar toda forma de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Actualmente en los registros correspondientes a la región de La Araucanía el 66% de las denuncias realizadas por acoso laboral y el 96% de las denuncias por acoso sexual fueron realizadas por mujeres por lo que es un imperativo ético y legal para nuestro servicio avanzar en la erradicación de todas estas prácticas con un énfasis en las trabajadoras”.

ACOSO SEXUAL LABORAL

Se produce acoso sexual cuando una persona, hombre o mujer, realiza en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por la persona requerida (hombre o mujer) y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo (Artículo 2, inciso segundo, del Código del Trabajo).

CUÁLES SON LAS MANIFESTACIONES O CONDUCTAS DEL ACOSO SEXUAL:

¿Qué hacer si soy víctima de acoso sexual?

La persona víctima de acoso sexual debe hacer llegar su reclamo por escrito a la empresa, establecimiento o servicio en que trabaja o a la Inspección del Trabajo.

El empleador que recibe la denuncia por acoso sexual puede optar entre hacer directamente una investigación interna o, dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la denuncia, derivarla a la Inspección del Trabajo, la que (Artículos 211 B y 211 C del Código del Trabajo).

La investigación interna efectuada por el empleador debe realizarse en un plazo de 30 días, de manera reservada, garantizando el derecho a que ambas partes sean escuchadas. Una vez concluida la investigación, los resultados deben enviarse a la Inspección del Trabajo (Artículo 211 C del Código del Trabajo). Si la denuncia fue hecha por el afectado (hombre o mujer) o fue derivada por el empleador a la Inspección del Trabajo, ésta debe efectuar una investigación en los mismos términos descritos anteriormente.

En cualquiera de los dos casos, se deben adoptar medidas de resguardo, es decir, de separación de los puestos de trabajo o redistribución de la jornada para impedir el contacto de cualquier forma entre la persona denunciante con la denunciada.

Por último, una vez finalizada la investigación debe comunicar los resultados al empleador, de haber comprobado la existencia del acoso sexual le sugerirá adoptar medidas concretas (Artículos 211 D y 211 E del Código del Trabajo).

¿Qué pasa si se comprueba el acoso sexual?

Si se comprueba, luego de la investigación, el acoso sexual, el empleador debe aplicar las medidas o sanciones, que estén establecidas en el reglamento interno (Artículo 154 n° 10 y 12 del Código del Trabajo), lo anterior, dentro de un plazo de 15 días de terminada la investigación interna o desde que se le hayan comunicado los resultados de la investigación efectuada por la Inspección del Trabajo (Artículo 211 E del Código del Trabajo).

La sanción más gravosa para dicha conducta es el despido del trabajador o trabajadora cuando se ha comprobado su condición de acosador, sin derecho a indemnización, ya que se ha incorporado el acoso sexual como causal de despido (Artículo 160 N°1 letra b) del Código del Trabajo).

Datos regionales

Cantidad de materias denunciadas presuntivas^[1] de acoso sexual, interpuestas ante oficinas de la Dirección del Trabajo en la Región de la Araucanía, según sexo afectado y año. Desde 01 enero 2019 al 31 octubre 2023:

Como se aprecia en el cuadro, las principales denunciantes de acoso sexual son mujeres. Este año sólo 1 de 25 denuncias, fue ingresada por un hombre.

ACOSO LABORAL

El acoso laboral es toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. (Artículo 2 inciso 2 Código del Trabajo)

[1] Cabe hacer presente al lector/a que las denuncias se califican como presuntivas toda vez que se refieren a todas aquellas que son interpuestas ante la DT. Todas estas deben ser investigadas y el resultado de esta indagatoria puede dar como resultado si hubo o no acto de acoso sexual.