El sábado 22 de febrero, por el Diario Oficial, Chile se enteró de todas las facilidades, resguardo y respaldo dadas a los delincuentes y extremistas, para actuar en contra de miembros o instalaciones de las Fuerzas Armadas.
En resumen, una turba de bandidos, delincuentes, extremistas o idealistas, sin armas de fuego y utilizando la fuerza de una superioridad numérica, podrán ingresar a cualquier instalación militar -lógicamente acompañados por algún Diputado y por el INDH- ocuparla o tomársela y, con tanta ayuda del Gobierno, quizás en el futuro próximo, expropiarla.
Responsables de esta medida son quienes firmaron el documento: el Presidente de la República y el Ministro de Defensa, no los mandos y los miembros de las Fuerzas Armadas que, por Ley, no podrán disponer ni hacer uso de armas de fuego frente al ataque de una turba desarmada. De lo contrario, arriesgan su destitución, su enjuiciamiento, su encarcelamiento, su imposibilidad de jubilarse con los años requeridos y la suspensión de sus remuneraciones.
Todo para los extremistas y delincuentes, nada para las Fuerzas Armadas.
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